Colectivas feministas interpusieron demandas de amparo para sancionar y revertir las omisiones en que ha incurrido el Congreso del Estado al no despenalizar el aborto, pero en estos litigios ya recibieron como respuestas expresiones que son consideradas como violencia estructural del Estado por las activistas, pues se desestima el interés legítimo de las demandantes por “no probar que están embarazadas” e, incluso, al comparar la interrupción del embarazo con el delito de narcomenudeo. 

Los frentes, conformados por colectivas y defensoras locales que tuvieron una participación activa en la elaboración de los dictámenes con respaldo de los Grupos Parlamentarios de Morena y Movimiento Ciudadano, recurrieron a la vía judicial con dos demandas de amparo por omisión legislativa luego de que las iniciativas para derogar el delito de aborto del Código Penal y la garantía para prestar este servicio desde el sistema de salud fueron archivados por la mayoría del Congreso. 

Asimismo, ante la Secretaría de la Mujer federal, la organización Chicas Biless solicitó la activación de una Alerta de Género por Agravio Comparado.

A la argumentación del legislativo, se sumaría el desinterés del gobierno encabezado por Libia Denisse García, cuya Consejería Jurídica se deslindó de su responsabilidad en el proceso por garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

En el informe justificado, enviado por la Dirección Jurídica del Congreso al Juzgado Primero de Distrito donde recayó la demanda presentada por colectivas como la Red Feminista de León, el legislativo desestimó el interés legítimo de las demandantes por no demostrar que forman parte de un colectivo cuyo objeto social sea el apoyo y defensa de los derechos humanos de las mujeres. 

Asimismo, en la respuesta del órgano parlamentario, se señala que  las demandantes no demostraron “encontrarse en proceso de gestación ni tener la intención de abortar, ni estar sujetas a proceso penal por la comisión del delito de aborto”.

En el informe justificado, el Congreso califica como “absurdo” que las demandantes sostengan que el tipo penal del aborto constituya una forma de discriminación hacia las mujeres y personas gestantes en Guanajuato, y compara este tipo penal con el narcomenudeo. 

“La tipificación de los delitos, justamente tiene como finalidad (...) la definición de conductas que se consideran ilegales a la luz del derecho y por ende, les corresponde una pena o sanción previo proceso judicial; pues dichas conductas "típicas" lesionan el tejido social al afectar un BIEN JURÍDICO TUTELADO por la propia Carta Magna, que al caso en concreto se trata de la VIDA del producto en gestación, sostener criterio contrario sería tan ilógico como el admitir que, la sanción penal a los narcomenudistas, es DISCRIMINATORIA DEL DERECHO AL TRABAJO LIBRE, pues se les estaría privando de su medio de subsistencia”, señala el informe. 

Para Verónica Cruz, directora del Centro Las Libres, la respuesta del Poder Legislativo a la demanda de amparo forma parte de la violencia estructural ejercida desde el Estado, al comparar la interrupción del embarazo con el narcomenudeo. La defensora, que ha acompañado a mujeres para ver garantizados sus derechos sexuales y reproductivos, la postura del Congreso responde a una “ceguera e irracionalidad” frente al reconocimiento de los derechos de las mujeres y otros grupos históricamente vulnerados. 

“Raya en lo absurdo y en lo brutal, y es bastante discriminatorio, bastante ofensivo que un tema tan importante como es el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, ellos mismos estén colocando un ejemplo como el crimen organizado”, declaró en entrevista para *POPLab*.

En el mismo sentido, Patricia López Romero, Coordinadora Nacional de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México recalcó que los argumentos dados por el legislativo “minimizan el fondo del reclamo al intentar ridiculizar y desviar la atención de una exigencia legítima”.

“Desestimar la legitimidad del amparo con tecnicismos sobre el “interés jurídico” de las colectivas, sin reconocer su labor como defensoras de derechos humanos y su papel en la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones del Estado, es una estrategia dilatoria que desconoce los principios de participación, acceso a la justicia y reparación integral.”, advirtió. 

Ernesto Barajas, director de la organización Defensa Queer y asesor legal de la demanda presentada por Chicas Biless, explicó que esta respuesta incumple con las exigencias y los parámetros del Juzgado, desde donde se solicitaron argumentos para sostener la penalización del aborto y su negativa a legislar en la materia. 

“Es una respuesta sumamente deficiente, pues nos siguen comparando a las personas que luchamos por derechos humanos con delincuentes. Hay una analogía que está dentro de la respuesta del Congreso de que despenalizar el aborto es como si nosotras despenalizáramos el narcomenudeo, entonces seguimos viendo como somos señaladas como criminales”, declaró en entrevista para *POPLab*. 

Nayeli Tello, integrante de la Red de Acompañantes de León, colectivo por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, reiteró que, desde las mesas de trabajo y la discusión en el pleno por la interrupción legal del embarazo hubo un “bajo nivel argumentativo” por parte de representantes del Congreso. 

“Nunca nos había pasado que nos compararan con narcomenudistas, nunca habíamos visto un nivel tan bajo de contestación a una demanda”, declaró a *POPLab*.  

En el caso de la demanda presentada por un grupo de mujeres independientes, acompañadas por el Grupo Parlamentario de Morena, el Poder Legislativo no ha enviado al Juzgado su informe justificado, pese a que la audiencia está programada para este viernes 18 de julio en el Juzgado Segundo de Distrito. Al respecto, la diputada Hades Aguilar consideró que se trata de “una estrategia para retrasar el proceso judicial” pues la audiencia tendŕa que ser diferida. 

“Les habíamos anticipado a los diputados desde las mesas de trabajo que la invitación era avanzar por la vía legislativa y que no tuviéramos que llegar al punto en el que estamos ahora, que es la vía judicial, vía que ya le había tocado al Congreso y ya habían sido obligados por un juez a armonizar legislaciones o a avanzar en materia de derechos humanos, como por ejemplo en los derechos de las personas LGBTIQ+”, recordó Nayeli Tello en entrevista para POPLab*.

De acuerdo con la diputada Sandra Pedroza, legisladora por Movimiento Ciudadano, desde el área jurídica del Congreso, dirigida por Antonia Guillermina Valdovino Guzmán, se “han dado largas” para entregar las respuestas que fueron otorgadas al Juzgado Primero de Distrito. 

A las dos demandas de amparo, se suma una solicitud de Alerta de Género por Agravio Comparado que fue presentada ante la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal por la organización Chicas Biless, cuya labor se ha enfocado en el acompañamiento y defensa de derechos de mujeres lesbianas y bisexuales. No obstante, este requerimiento fue rechazado y se ofreció a las solicitantes revisar en incumplimiento legislativo desde la Alerta de Violencia de Género activa en Guanajuato desde septiembre pasado.

De acuerdo con Lucía Verdín, directora de Chicas Biless, la solicitud fue rechazada por la Secretaría al no haberse “subsanado” los requerimientos para su activación.

Este mecanismo busca proteger los derechos de las mujeres cuando existen leyes, regulaciones o políticas públicas que las discriminan o las ponen en desventaja frente a los hombres o frente a mujeres de otras entidades federativas. En este caso, la desventaja de las mujeres y personas gestantes en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

En la reunión, encabezada por la subsecretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracibar, también estuvo presente la diputada emecista Sandra Pedroza y la propia Lucía Verdín. 

Aunque en el marco de la discusión por la despenalización del aborto, el Instituto de la Mujer Guanajuatense se transformó en Secretaría por iniciativa de la gobernadora Libia García, hasta este momento su titular, Itzel Balderas Hernández no se ha pronunciado respecto a los procesos judiciales que enfrenta el Congreso y el Poder Ejecutivo. 

Poder Ejecutivo da la razón, pero se deslinda

En la respuesta a la demanda de amparo, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, reafirmó la postura de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, que ante cuestionamientos de la prensa respecto a la posición de su partido en el legislativo, aludió a la separación de poderes. 

“De la titular del Ejecutivo podemos ver desinterés por el juicio. Tampoco hay una argumentación jurídica, digamos, sólida que le permita defenderse de lo que se le demanda, que es su inactividad en el proceso, pues el gobierno estatal tiene la posibilidad también de presentar estas iniciativas”, expresó Ernesto Bajaras. 

El abogado litigante explicó que, desde su perspectiva, la Consejería Jurídica da la razón a las demandantes al argumentar que es una obligación del Congreso legislar conforme a los tratados internacionales de derechos humanos, por lo que consideró que “hay una clara contradicción” entre las respuestas de ambos poderes.

Previo al cierre del primer periodo ordinario, el diputado y coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Espadas Galván, aceptó en entrevista que desde el legislativo sí se incurrió en una omisión al archivar el dictamen que pretendía eliminar el delito de aborto del Código Penal. 

“Omitimos legislar, sí. Cuando tú legislas, lo puedes hacer bien o mal. Cuando no legislas no legislaste (sic), en el caso concreto del Código Penal no legislamos, se archivó un dictamen”, afirmó. 

Argumentos obsoletos: organizaciones

Verónica Cruz insistió en que, en términos jurisprudenciales la Suprema Corte de Justicia ha impartido contenido claro del derecho al aborto, que imposibilita a los legisladores de tomar decisiones que corresponden a las mujeres como individuos y grupo poblacional. 

“Los legisladores no entienden que el producto de la concepción se tutela progresivamente. En en eso la Suprema Corte fue muy clara en 2021 al decir que no son los legisladores quienes tienen que legislar al respecto, porque son las mujeres y las personas con capacidad de gestar las que deciden cuándo sí y cuándo no se protege al bien jurídico que es el producto”, explicó Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Las Libres en entrevista para POPLab.

Patricia López Romero coincidió en que las afirmaciones del Congreso buscan negar que la autonomía sobre el propio cuerpo, la libertad reproductiva y el acceso a servicios de salud seguros son derechos humanos fundamentales para las mujeres y otras personas con capacidad de gestar.

En el mismo sentido, el litigante Ernesto Barajas señaló que el nivel de argumentación, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, responde a que se trata de un tema agotado, en el que el Congreso no intentó esbozar un argumento utilizado en amparos anteriores por el reconocimiento de derechos respecto a su libertad de configuración legislativa. Se refiere a la facultad de los órganos legislativos para crear, modificar o eliminar leyes dentro de los límites establecidos por la Constitución.

No obstante, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Suprema Corte de Justicia, han sido enfáticas en que mantener la criminalización del aborto constituye una violación a los derechos humanos. “Y creo que ahí no hay manera de defender la configuración legislativa, quizá no será en esta legislatura, pero tendrá que ocurrir eventualmente”, explicó Ernesto Barajas.