Héctor Salgado Banda no solo fue el iniciador de GTO Leasing Services como director del ISSEG, sino que al llegar a la Secretaría de Finanzas dejó pasar el incumplimiento de la arrendadora en contratos con el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez. Tan solo en 2023 la Auditoría Superior del Estado (ASEG) observó que entre servicios no prestados y la aplicación de penas, la empresa proveedora debió regresar a las arcas estatales 757 mil 858 pesos.

Aunque el actual secretario de Finanzas del Gobierno del Estado ha señalado que la idea del modelo de negocio surgió del exgobernador, un acta del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG) revela que fue Salgado Banda el iniciador de la arrendadora desde antes de la llegada de Diego Sinhue Rodríguez a la gubernatura.

En la sesión del 30 de julio de 2018, poco menos de dos meses antes de que terminara el gobierno de Miguel Márquez Márquez, Héctor Salgado Banda, en su calidad de director del ISSEG, presentó ante el consejo directivo una propuesta para contratar a un despacho que analizara la conveniencia de que el Instituto participara en la operación de una arrendadora financiera.

Por acuerdo unánime de las personas que integraban el consejo directivo, en esa sesión presidida por Ángel Isidro Macías Barrón como representante de la Secretaría de Finanzas, el ISSEG destinó 380 mil pesos más IVA para contratar el despacho responsable de analizar la viabilidad de la arrendadora.

Con la llegada de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo a la gubernatura el 26 de septiembre de 2018, Héctor Salgado Banda asumió la titularidad en la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, y con ello la del consejo directivo del ISSEG.

En la sesión del 29 de noviembre de 2018, Salgado Banda presidió la reunión del consejo directivo para presentar el modelo de negocios GTO Leasing. Por unanimidad, las personas integrantes del consejo directivo aprobaron que el ISSEG participara con una aportación del 49.5 por ciento en el proyecto de la arrendadora financiera.

El proyecto llegó al consejo directivo del ISSEG dos días después de que pasó por el Comité de Evaluación de Proyectos de Inversión del ISSEG, donde se planteó que de origen la arrendadora operaría como una empresa con participación mayoritariamente de capital privado.

Cuando se le cuestionó al entonces director de ISSEG, Ricardo Sergio de la Peña Rodríguez, el motivo por el que se proyectaba que la arrendadora financiera tuviera más capital privado, su respuesta fue:

“Si se tuviera porcentaje de mayoría, se tendrían que respetar leyes de operación de una empresa paraestatal y queremos tener la misma flexibilidad de operación que las demás sociedades arrendadoras, porque finalmente estaremos participando en diferentes licitaciones y el mercado es competitivo” según consta en el acta del Comité de Evaluación de Proyectos de Inversiones del ISSEG de la sesión celebrada el 27 de noviembre de 2018.

En la búsqueda de accionistas, el ISSEG convocó a reuniones con organismos empresariales del estado. Entre julio y octubre de 2020, el ISSEG llevó a cabo once reuniones con alrededor de setenta potenciales inversionistas, la mayoría empresarios aglutinados en cámaras y asociaciones.

Después de un año de reuniones para convencer a empresarios, el 21 de junio de 2021 se realizó una asamblea general de accionistas; sin embargo, contrario a lo planeado inicialmente, el ISSEG aportó la mayor cantidad de dinero a la sociedad: el 55.5350  por ciento del capital social, mientras que el porcentaje restante lo aportaron los socios accionistas Guillermo Ernesto Webb Cruces, Guillermo Eduardo Webb Murra, Virginia Webb Murra, Milo Eduardo Webb Murra, Juan Yúdico Herrasti y Jorge Rodrigo Yúdico Herrasti.

Así se mantuvo la participación, y con ello la fiscalización pública de la arrendadora financiera, hasta que para el tercer semestre (julio-septiembre) de 2023 la ASEG fue notificada por el ISSEG de la baja de GTO Leasing Services como sujeto obligado porque el 50.5003 por ciento del capital era privado.

El movimiento para regresar al plan original y evitar que GTO Leasing estuviera bajo la observancia de una empresa paraestatal se concretó después de que la ASEG observó el incumplimiento en dos contratos por casi 760 mil pesos.

Así se mantuvo hasta abril pasado, cuando se anunció la conclusión de la sociedad entre ISSEG y sus socios: las familias Webb y Yúdico.

Obliga ASEG a GTO Leasing a pagar por incumplimiento

En la revisión de la cuenta pública del Poder Ejecutivo de 2023, la ASEG encontró el incumplimiento de GTO Leasing Services en los servicios de arrendamiento, administración y monitoreo vehicular al Gobierno del Estado.

Como parte de la verificación, la ASEG pidió a la Secretaría de Finanzas, a través de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, poner a disposición física los vehículos.

“ASEG identificó reportes de siniestros y mantenimientos preventivos y correctivos, en los cuales hubo vehículos cuyo tiempo de servicio en el taller mecánico o agencia superó las 72 horas, y de los cuales no se acreditó que se haya proporcionado una unidad en sustitución”, dice el informe de resultados de la cuenta pública 2023.

Lo anterior representa incumplimiento en los contratos firmados con la arrendadora financiera en agosto de 2021 y julio de 2023, mismos que establecen que en caso de que los servicios por mantenimiento o cualquier otra causa se extendiera por más de 72 horas, el proveedor estaba obligado a proporcionar otro vehículo en sustitución de manera temporal; en caso de que se extendiera por más de 72 horas hasta 21 días, el proveedor tenía que entregar un vehículo similar en condiciones óptimas de uso.  Cuando excediera los 21 días, debían entregar en sustitución un vehículo con las mismas especificaciones contratadas para la prestación del servicio.

De no cumplir, el proveedor se obligaba a cubrir como pena convencional la cantidad que resulte de aplicar un 2 por ciento semanal o fracción de semana sobre el valor de los servicios no prestados en el plazo de entrega al efecto pactado.

Para justificar el incumplimiento de la arrendadora financiera y las omisiones de la Secretaría de Finanzas en hacer efectivo el pago de penalización, la dependencia a cargo de Héctor Salgado Banda argumentó que los usuarios de los vehículos debían pagar por el daño.

Sin embargo, en los contratos con GTO Leasing Services no se especificó que mientras el usuario no pagara los daños, la empresa proveedora no estaba obligada a entregar un vehículo en sustitución.

La propia Secretaría de Finanzas mencionó que “hizo una interpretación” del fallo de la licitación que exenta al proveedor de obligaciones pactadas cuando las fallas resultan imputables al usuario de la unidad y este tiene que pagar el deducible.

Después del intercambio de varios oficios con las observaciones por el incumplimiento, la Secretaría de Finanzas dice, en “aras de tener por atendidas las observaciones”, que se procedió a la recuperación del pago determinado en exceso por el auditor, mismo que asciende a la cantidad de 757 mil 838.

Fueron poco más de 53 mil pesos por diferencias en la aplicación de penas convencionales, además de 704 mil pesos por servicios estimados como no devengados.

Aunque GTO Leasing Services hizo las transferencias a la Secretaría de Finanzas por el monto antes mencionado, la ASEG determinó que la observación no fue solventada porque “el pago se realizó de manera regulatoria, derivado de esta auditoría, situación que confirma el hecho observado”.

Es decir, sin las observaciones de la ASEG, la Secretaría de Finanzas no habría hecho los cobros a GTO Leasing Services.

En las conclusiones de la Auditoría también se determina que no hay acciones pendientes de realizar por el sujeto obligado, lo que no obliga al Ejecutivo a iniciar procedimientos a servidores públicos por omisión.