“No estamos de acuerdo en que nos quiten el agua, vamos a levantarnos todos en alto, no vamos a dejar que ni el alcalde ni la gobernadora nos la quiten. Que dé la cara el alcalde. Les pedimos que nos ayuden, somos mujeres, tenemos que pelear por nuestros niños, por nuestros nietos”, dicen en un video las hermanas Durón Robledo, residentes de la comunidad El Malacate, mientras máquinas excavadoras trabajan para entubar la zona.

Desde mediados de julio, el Modelo Integral de Agua de Aguascalientes (MIAA) –la dependencia municipal encargada de la distribución de agua potable en la capital– comenzó un proyecto para bombear agua desde esa comunidad hacia fraccionamientos y condominios de la zona sur-oriente de la ciudad, pero la información que la dependencia ha dado es insuficiente, sin detalles claros y con datos engañosos para quienes habitan en El Malacate, a quienes les prometieron, primero, que no se llevarían el agua y después que cancelarían el proyecto.

Por eso, la comunidad ha mostrado su desacuerdo y este lunes, cuando arribaron camiones llenos de tubos para extraer el agua, detuvieron los trabajos con plantones, sobre todo de mujeres y niños junto con el acompañamiento de activistas locales. Hasta este jueves, la zona permanece bajo presión: los trabajadores de la obra no se han ido y las máquinas excavadoras permanecen ahí. Mientras que el alcalde de afiliación panista, Leonardo Montañez, no ha acudido al lugar.

Maquinaria detenida en El Malacate (Mónica Cerbón)

El Malacate es un conjunto de poblados asentados de forma legal –como El Relicario– en el sur-oriente de la capital, cerca del Bosque de Cobos, un área natural protegida. La zona, que carece de diversos servicios básicos como transporte público y seguridad, es un área de recarga natural amenazada por la industria inmobiliaria y el crecimiento de la mancha urbana. Los pobladores dicen que el municipio les toma como un asentamiento irregular, aunque ahí pagan servicios como predial, agua y luz.

De acuerdo con información pública y de organizaciones civiles, en la zona hay empresas de la industria inmobiliaria construyendo o intentando construir proyectos de vivienda, como Grupo San Cristóbal, EXURB, y la familia Rugarcía.

El sábado 7 de septiembre, Jesús Vallín Contreras, el titular de MIAA, acudió a la zona buscando convencer a la comunidad del proyecto, pero de acuerdo con las personas que asistieron a la reunión, no respondió a las preguntas de los pobladores, ni mostró el permiso que afirma haber obtenido de la comunidad el año pasado.

“De todo lo que preguntábamos nos decía que no sabía, no trajo un solo documento, a cada rato nos callaba. Se portaron muy groseros, pedantes, muy soberbios, con comentarios clasistas como por qué teníamos hijos. También nos preguntaban qué teníamos en contra de las inmobiliarias. Fue una reunión con puro discurso demagógico”, dice un habitante del lugar, que prefirió no mencionar su nombre por temor a represalias.

En entrevista con POPLab, el titular de MIAA, explicó que el agua es principalmente para otros fraccionamientos y condominios de la zona sur-oriente, que sufre de escasez, pero no supo con exactitud cuántas y qué colonias serían beneficiadas. Y aunque dijo que enviaría la información, hasta la publicación de este reportaje el departamento de comunicación no la hizo llegar.

“Manifestamos nuestra preocupación por las reiteradas intenciones de urbanizar y privatizar el agua y el territorio de la cuenca de Cobos, afectando su riqueza biocultural y a la gente de las comunidades de El Malacate y El Relicario (...) para abastecer fraccionamientos en una zona que debe ser de conservación”, dice un comunicado firmado por una veintena de organizaciones civiles en defensa del medio ambiente, como el “Colectivo Malacate, guardianes del monte” y la Alianza Ciudadana por la Conservación del Bosque de Cobos.

Las organizaciones exigieron que toda obra o fraccionamiento en la cuenca debe ser suspendida, y que cualquier modificación o proyecto que se pretenda realizar tiene que hacerse con la aprobación de las comunidades afectadas, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional firmado por México en 2018 que busca garantizar la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y proteger a defensores de derechos humanos.

En el comunicado también acusaron que, frente a las protestas de la comunidad –donde habitan entre 600 y 3 mil personas, sin que exista un dato claro– el municipio ha enviado a policías armados, lo que consideraron una afrenta grave.

“Las autoridades de MIAA se comprometieron a no continuar con las obras, pero el acuerdo fue traicionado. No permitiremos hostigamiento ni asedio como el que han vivido por defender su territorio”, concluye el mensaje.

Esta no es la primera vez que el Colectivo Malacate defiende el territorio que habita la comunidad. En octubre de 2023, una inmobiliaria guanajuatense deforestó una parte de la zona para empezar a construir un fraccionamiento sin los permisos necesarios. Gracias a las protestas, la obra se detuvo y hasta ahora no ha vuelto a reactivarse.

Terrenos protegidos por el “Colectivo Malacate, guardianes del monte” (Mónica Cerbón).

Un proyecto sin información clara

En las comunidades que conforman El Malacate y la cuenca de Cobos, poco se entiende sobre el proyecto que se pretende construir, pese a que Jesús Vallín Contreras, el director de MIAA, asegura que desde el año pasado se les informó, aunque no recuerda la fecha ni quiénes asistieron a esa reunión.

El funcionario acepta que ha tenido problemas para convencer a los pobladores: “no hemos sido convincentes”, dice en entrevista con POPLab, aunque agrega que, legalmente, la comunidad no tiene derecho a detener la obra.

Los pobladores en protesta explican que comenzaron a dudar cuando la información dejó de ser clara: un comité del municipio les dijo que las obras eran para construir un pozo para El Malacate, luego les dijeron que en realidad esa agua se compartiría con los residentes de El Relicario, pero luego notaron que los tubos iban hacia la ciudad y, cuestionados por los pobladores, los trabajadores de las obras les dijeron que entubarían la zona para bombear el agua hacia otros fraccionamientos y condominios. La comunidad entonces decidió protestar y detener las obras.

“Con lo primero que el Municipio nos dijo estábamos de acuerdo, pero luego vimos las tuberías y eso ya no era normal, ahí fue cuando detuvimos por primera vez la obra, como a mediados de agosto, hasta que nos explicaran bien qué es lo que estaban haciendo. Los trabajadores se portaron agresivos, le aventaron las máquinas a las señoras”, cuenta Yoshiro Cruz, uno de los líderes del Colectivo Malacate.

Para el proyecto, MIAA destinó 25 millones de pesos y hay dos empresas subcontratadas: Codepro Construcciones –según lo comentado por los propios trabajadores de las obras– y una más cuyo nombre el titular de la dependencia no pudo recordar. Vallín Contreras tampoco sabe si las obras detenidas causarán costos extra.

Tubos de conducción de agua desde terrenos de El Malacate (Mónica Cerbón)

“El proyecto está basado en el Plan Maestro Hídrico que desde hace tres años venimos realizando y es tener agua de la reserva oriente con nuevos pozos y almacenarla en megatanques. Si tú tienes cisterna y tienes tinaco, puede acabarse el pozo durante dos o tres semanas y no sufres, eso es lo que queremos”, explicó en entrevista.

Megatanque ubicado en el fraccionamiento Mujeres Ilustres a donde llegaría el agua drenada desde El Malacate (Mónica Cerbón).

En la zona donde está situado El Malacate se pretenden construir tres líneas de conducción conectadas a igual número de pozos que llevarán el agua hacia un megatanque ubicado en el fraccionamiento Mujeres Ilustres, a pocos kilómetros de El Malacate. Desde ahí se bombearán 110 litros por segundo para otros fraccionamientos y a la comunidad se le darán 2 litros por segundo: “esa ya es mucha agua para ellos”, aseguró el titular de MIAA.

A diferencia de esa cantidad de agua, Luis Manuel Montoya Delgado, un habitante de El Relicario y dueño del pozo agrícola desde donde se dota de agua a los co-propietarios del lugar, explica que tan solo de su pozo se extraen 160 litros por segundo, la mayoría para las viviendas de esa comunidad, que son sólo una parte de la Ex Hacienda El Malacate. Y agrega que cerca de ahí MIAA construye un pozo con capacidad para extraer otros 360 litros por segundo.

“Dejen esta zona como zona de recarga, aquí está la vegetación, tienes aquí una capacidad de recarga brutal aunque no es inmediata, la recarga tarda mucho tiempo. Que se pare el crecimiento de la mancha urbana que devasta la vegetación e impide la infiltración, esa es la tragedia, no que la gente viva, aquí vivimos miles de personas pero no alteramos, la ocupación del suelo es mínima”, se queja Agustín Bernal Inguanzo, activista, guardabosques del lugar y habitante de El Relicario.

El pozo de Montoya Delgado ahora está en un proceso de compra-venta con el municipio de Aguascalientes, según los documentos que mostró a POPLab, aunque el caso está detenido por una sucesión testamentaria.

“Yo no les puedo decir en qué usen el agua porque yo se las tengo concesionada, ellos deciden, pero mi convenio con ellos es que el agua es para la comunidad, si ellos quisieran sacarla yo no lo permitiría, aunque mi abogado me dice que si tengo concesionado el pozo ellos tienen el derecho de usarlo para lo que más les convenga porque son los que están pagando; pero mientras el pozo sea de nosotros, el agua no saldrá de aquí”, dice el hombre cuya familia ha vivido ahí desde hace al menos 70 años. En el siglo pasado, dice, su familia cosechaba uvas que vendían a Nazario Ortiz Garza, gobernador de Coahuila a finales de los años veinte.

El Relicario fue nombrado así por su padre cuando, desde antes de la década de los 90, compró una fracción de los terrenos de la Ex Hacienda El Malacate. El nombre es en realidad el de una asociación civil conformada para los co-propietarios de ese rancho.

“Era un rancho pero ahora somos co-propietarios. Queremos una carretera, que el pozo se quede aquí, seguridad, transporte y otros servicios. Nosotros no somos un desarrollo irregular, pagamos todos nuestros servicios, pagamos predial”, se queja.

Registro catastral de la AC “El Relicario”, en la Ex Hacienda El Malacate (Mónica Cerbón).

La industria inmobiliaria, ¿ganadores del agua?

El problema, afirman las organizaciones que respaldan la protesta de la comunidad, es que aunque el agua no es suficiente en el sur-oriente de la ciudad, los proyectos inmobiliarios no se han detenido.

En terrenos de El Relicario se construye una ampliación del fraccionamiento Asturias, propiedad de la familia Rugarcia Corral, por el que ya existe una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), presentada a principios de año por el guardabosques Agustín Bernal. En el documento se denuncia la deforestación de un área silvestre con mezquites y huizaches, árboles endémicos del estado y captadores de agua de lluvia.

Ampliación del fraccionamiento Asturias, denunciada ante la Profepa por deforestar la zona (Mónica Cerbón)

Mientras que Grupo San Cristóbal, una de las mayores desarrolladoras de vivienda en el estado, construyó, en 2020, el fraccionamiento Lunaria, que ambientalistas acusan ha afectado los recursos ambientales del Bosque de Cobos. La misma empresa busca construir el condominio Villa Portia, detenido a base de amparos y por el que se realizaron protestas ciudadanas.

Vista del Fraccionamiento Lunaria, de Grupo San Cristóbal, desde El Malacate. Pobladores creen que el agua será entregada a la empresa (Mónica Cerbón)

“El Área silvestre de Cobos desde hace mucho tiempo da sustento hídrico tanto a comunidades como a buena parte del área urbana al sur oriente de la ciudad, por lo cual debería vedarse de manera estricta y permanente a todo plan de urbanización de esta zona."El Malacate" tiene que establecerse como área prioritaria para la conservación por su alto valor como zona de infiltración de agua de buena calidad, biodiversidad y elementos culturales”, dice Miguel Velázquez, guardabosques de Cobos y activista ambiental.

En el corazón de Cobos, dice Vázquez, hay empresas queriendo construir proyectos: “hemos detectado maniobras con maquinaria como la elaboración de pozos de sondeo para el estudio de mecánica de suelos, son estudios previos para que el Municipio dé el visto bueno para fraccionar. Más allá de significar eso un crimen contra el patrimonio biocultural y la sustentabilidad en nuestro territorio, también implica fuertes impactos al presupuesto de las instituciones que acabarán ampliando avenidas o creando puentes para desalojar el caos vehicular cada vez es más notorio en esta zona”, añade.

El titular de MIAA, afirma que, pese a la falta del líquido en diversas colonias del oriente y a los estudios realizados por la Conagua respecto de la sobreexplotación de los mantos acuíferos y el agua contaminada con metales pesados, Aguascalientes tiene suficiente recurso hídrico para más vivienda. Para sustentarlo, dice que la dependencia ha realizado estudios que, aunque se le solicitaron, no compartió.

“Esto es lo que defendemos todos los años, esos árboles quemados es lo que nosotros tratamos de salvar, es la comunidad organizada, es importantísimo preservar esta zona. En los tres fraccionamientos que hemos echado para atrás en la zona de Cobos desde 2010, hemos utilizado el mismo argumento: hay en Aguascalientes 80 mil viviendas vacías, el problema no es la población, el problema es el exceso de capital que necesita ser lavado por provenir de fuentes no buenas, entonces la construcción de fraccionamientos ha sido la mejor estrategia”, dice, frustrado pero enérgico, el guardabosques Agustín Bernal.