Defender “el derecho a la vida” y reforzar la moral frente a la despenalización del aborto, e impedir la “ideologización” de niñas y niños en las escuelas públicas, son algunos de los temas que se discuten al interior de la Secretaría de la Familia, una oficina de estado que ha sido señalada, entre otras cosas, por sus nexos con grupos de ultraderecha y por atender únicamente al modelo tradicional de familia.

Creada en 2021, el penúltimo año del sexenio panista de Martín Orozco Sandoval, y como resultado de una de sus promesas de campaña, la Secretaría fue polémica desde sus inicios: se le criticó por considerarse un aparato burocrático innecesario, con duplicidad de funciones con el Sistema DIF y con otros organismos públicos que atienden problemáticas sociales; y fue señalada por, presuntamente, fungir como un pago de favores para la iglesia católica, donde el PAN ha encontrado apoyo electoral.

De acuerdo con documentos de transparencia, organizaciones como el Frente Nacional por la Familia, el Consejo de Laicos de la Diócesis de Aguascalientes y la asociación civil Transforma tu Metro Cuadrado, todas de corte religioso, son —entre otras similares— las voces cantoras en el Órgano Ciudadano para la Familia, un grupo de consulta, investigación y “opinión en materia de fortalecimiento del bienestar y desarrollo armónico de la familia”, donde los cargos son honoríficos.

“No hemos invitado a otras organizaciones, pero tampoco veo que feministas abran el diálogo con asociaciones interesadas en el tema familiar. Los constructores no participan en asociaciones de médicos. No puedo hablar de un pago de favores, (la creación de la Secretaría) fue en una administración pasada de la que tanto hablan de un pago de favores. Yo ni siquiera formo parte de ese partido político (el PAN)”, dijo en entrevista con POPLab Norma Guel Saldívar, una priista que desde 2022 es titular de la dependencia.

La Secretaría también es sostén de cuadros políticos vinculados con la ultraderecha, como Jesús Morquecho Valdez, un líder evangélico que fue diputado local de 2016 a 2018 y presidente estatal del extinto Partido Encuentro Social, organización también considerada de ultraderecha. Según datos de transparencia, desde 2023 ostenta una plaza como jefe de departamento y ocupa el cargo de Ejecutivo del Programa “Familias Gigantes”, uno de los dos programas ejes de la Secretaría en el que se ofrecen talleres de “inteligencia emocional y salud mental familiar”. Por su cargo, el ex diputado percibe un sueldo mensual bruto de $31 mil 107 pesos.

Como legislador, Morquecho Valdez impulsó, en 2018, una reforma constitucional local para “proteger la vida desde la concepción hasta la muerte”, cambio que se logró hasta 2021 y es considerado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su paso por el Congreso, Morquecho Valdez también condenó la educación sexual en escuelas de educación básica.

“No podemos permitir que la educación pública se quiera meter y transformar la identidad de la familia, cuando, al contrario, la ha destruido y quiere seguir destruyéndola”, declaró en aquél momento.

En mayo de 2023, cuando el entonces aspirante a candidato presidencial Eduardo Verástegui Córdoba visitó la entidad para realizar eventos proselitistas de corte religioso, la Secretaría de la Familia fungió como una pieza clave en la organización, y es la dependencia que representó al Poder Ejecutivo en la firma de la carta de intención para la erradicación de la trata y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, promovida por el Movimiento Restaurador Viva México, una organización civil nacional con miras a convertirse en partido político, inspirada en la agrupación española ultraderechista Vox.

Con Verástegui Córdoba como vocero, el Movimiento Viva México ha promovido discursos anti-aborto, transfóbicos y homofóbicos.

De acuerdo con Norma Guel Saldívar, tras la firma de esa carta sólo se ha logrado una política pública: la creación de un protocolo en la Secretaría de Turismo para evitar que niñas y niños ingresen a hoteles sin acompañamiento de un familiar. Hasta ahora no existen detalles ni informes sobre el resultado que se ha obtenido.

Según información de transparencia, la titular de la dependencia ha asistido, con cargo al erario, a eventos organizados por grupos religiosos en los que se discuten políticas públicas en torno al concepto de familia tradicional, como la Expo Familia en el Congreso Internacional de las Familias, celebrada en Guadalajara, Jalisco en marzo de este año, que de acuerdo con su página de internet, estuvo a cargo de organizaciones como Juntos por México-Unión Nacional de Movimientos Católicos, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Unión Nacional Cristiana, y Fapace, entre otras. En contraste, la titular nunca ha asistido a eventos en donde se discutan políticas públicas para otros modelos de familia, como aquellas que forman parte de la diversidad sexual.

“Yo no les llamaría de corte religioso. Son organizaciones con interés en la familia, no me voy a meter en el tema religioso, no lo veo así. Que tengan en común algo en particular es otra cosa”, objetó la funcionaria.

Desde su creación, la dependencia ha recibido importantes aumentos presupuestales. En 2022, su primer año de operaciones, el gobierno de Orozco le entregó poco más de 3 millones de pesos, entonces su estructura orgánica formaba parte del Sistema DIF. Para 2023, el primer año de gobierno de la panista Teresa Jiménez, la dependencia recibió una ampliación superior al 355%, con 13.9 millones de pesos que ayudaron a que contara con una estructura propia; mientras que en 2024 se le etiquetaron 29.3 millones, un incremento del 109.7%.

Para 2025, la administración estatal propone un presupuesto poco menor, de 28.7 millones de pesos. Esa cantidad es superior, por ejemplo, a lo que se busca destinar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con 23.4 millones de pesos, de acuerdo con el Paquete Económico Estatal que el Congreso local analiza para su aprobación.

“La Secretaria fue construida como un elefante blanco y como respuesta a la insistencia de estos grupos de ultraderecha. Ahora tiene un presupuesto grande, pero la mayoría se invierte en nómina, es una tendencia desde que tiene presupuesto, y no tienen ningún proyecto emblemático o alguna política pública, no presentan nada. Si la creación de la Secretaría buscaba atender problemáticas que se dan en las familias, pues ¿en dónde están? No se está observando nada”, considera Angélica Contreras, de la organización local Cultivando Género.

Objetivos no cumplidos

De acuerdo con su decreto de creación, la dependencia tiene entre sus principales objetivos “desarrollar programas y acciones tendientes a fortalecer el desarrollo armónico de la familia como base fundamental de la sociedad”, pero los resultados no han sido tangibles.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), desde el año en el que se creó la Secretaría los delitos contra la familia, que incluyen la violencia intrafamiliar, la violencia de género y el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, entre otros, han ido a la alza, pasando de 2 mil 554 carpetas de investigación abiertas en 2021, a 2 mil 836 en 2022 y 3 mil 550 en 2023. Hasta septiembre de 2024, se había registrado la apertura de 2 mil 850 carpetas por los mismos delitos.

"Sí ha habido aumento, pero también es por la confianza para denunciar. Hemos estado trabajando en mesas con instituciones educativas, funcionarios y por supuesto sociedad civil, en donde analizamos cuáles son los factores que la provocan, siendo los más predominantes el alcoholismo y la drogadicción, también el hacinamiento y la falta de vivienda digna", explica Guel Saldívar, que acepta que desde la dependencia aún no se ha puesto en marcha ningúna política pública derivada de esas mesas de trabajo.

“Se están diseñando, estamos por presentarlas al gobierno. No podemos hablar aún de ellas”, añadió la funcionaria.

La priista asegura que, para este año, la Secretaría ya cuenta con 14 sedes en donde se ofrece atención psicológica y orientación familiar, y se han atendido a más de 40 mil personas.

Entre otros objetivos, la dependencia también fue creada para “desarrollar acciones en materia de prevención de adicciones, y concientizar a las familias sobre esta problemática y su gravedad”, sin embargo, de acuerdo con Héctor Grijalva, director de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría estatal de Salud, las adicciones son un problema que registra incrementos anuales en la entidad del 30%. Mientras que Mario Jesús García Martínez, director del Centro de Integración Juvenil de la entidad, ha señalado que la problemática crece entre adolescentes de 13 a 14 años.

Guel Saldívar dice que en la Secretaría se encargan de ofrecer terapias y acompañamiento para un “plan de vida” a personas con adicciones. La salud mental en esos casos, sin embargo, también es atendida por otras instituciones, como la Secretaría de Salud a través del Centro de Salud Mental Agua Clara.

“Aquí somos un programa complementario”, defiende la titular de la dependencia, que explica que uno de sus programas actuales fue conseguir cirugías plásticas gratuitas (con costo de entre 7 y 15 mil pesos) para la reconstrucción del lóbulo en jóvenes que se habían realizado una expansión.

“Pudimos apoyar a chicos en rehabilitación, se ponen expansores, es un piercing, y han solicitado poder modificar estéticamente por algún tipo de estigma, ese es un ejemplo de cómo puede cambiar su entorno", asegura.

La dependencia es piedra angular de lo que el gobierno ha denominado ser “un estado familiarmente sostenible”, que incluye indicadores económicos, de salud, seguridad, educación, agua, igualdad de género, medio ambiente, industria y reducción de desigualdades. Pero en los últimos años, la entidad ha sido mal evaluada en algunos de esos rubros.

Por ejemplo, es uno de los tres estados a nivel nacional con mayor incremento en las tasas de incidencia y prevalencia delictiva, de acuerdo con la más reciente edición de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE); es considerada una entidad con un bajo promedio salarial, que no supera los 11 mil pesos mensuales; y especialistas ambientales han criticado lo que consideran una nula política ambiental.

Mientras que de acuerdo con el INEGI, el estado se encuentra entre los primeros lugares en el ranking nacional en tasa de suicidios por cada cien mil habitantes.

-¿Crees que en algún momento las políticas públicas de la Secretaría puedan verse reflejadas en las estadísticas?

-Sí, pero será a largo plazo. Dice Guel Saldívar.

Una familia tradicional

La Secretaría ha sido señalada por no contar con programas que atiendan a las familias diversas, o a aquellas que pertenecen a la comunidad LGBTQ+. En dos solicitudes de información enviadas por ciudadanos en 2023 preguntando si existían “programas o proyectos que brinden ayuda u orientación a las personas que pertenecen a la comunidad LGBTQ+” y “¿Cuál es el contenido que tienen dedicado a las familias homoparentales? ¿Qué programas han implementado para la aceptación de la comunidad LGBTQ+?”, la dependencia respondió que no contaba “con facultades legales y por lo tanto con el uso de recursos públicos para realizar programas que impliquen ayuda u orientación a las personas que pertenecen a la comunidad LGBTQ+”.

Sin embargo, en su decreto de creación se establece que tiene la facultad de “diseñar, evaluar y mejorar las políticas públicas para el desarrollo y fortalecimiento de las familias con una cultura de igualdad sustantiva”.

“He leído sus informes, hacen capacitaciones en escuelas y espacios públicos y promueven la idea de una familia hetero, monógama y tradicional que le funciona a muchas personas pero a otras no, no es solamente las familias LGBTQ+, hay muchos modelos de familia que están siendo desatendidos porque no entran en el modelo de familia tradicional que impulsa la Secretaría, desde su perspectiva, somos un peligro para ese núcleo”, dice Manuel Gutiérrez Flores, integrante del Colectivo local Sergay, organización que durante años ha encabezado la lucha por la aprobación del matrimonio igualitario en el estado, que permanece como una deuda al interior del Congreso local y es un obstáculo para el desarrollo de ese modelo de familia.

Para Guel Saldívar, la falta de políticas públicas se debe a que esas familias no se han acercado con la dependencia.

“Nuestro modelo es atender a la familia, y entiéndase familia como el grupo de personas, con consanguinidad o no, que habitan en un mismo espacio. No diferenciamos. Esos programas específicos no sabemos cuáles tendrían que ser. No contamos con programas específicos porque atendemos la generalidad, no limitamos la atención a esas familias pero no han llegado con nosotros, han determinado no acudir, a la fecha no tenemos ninguna situación así”.

Un órgano de ultraderecha

Instalado en el primer trimestre de 2023, en el Órgano Ciudadano para la Familia, grupo fundamental de opinión y consulta en la Secretaría, participan únicamente organizaciones civiles de corte religioso, quienes de acuerdo con Guel Saldívar, fueron invitadas por la administración de Orozco Sandoval, sin que existiera un mecanismo transparente de conformación, o una convocatoria para todas las organizaciones civiles.

“Son las que estaban cuando se creó la dependencia, quienes han estado interesados, por eso se les involucra como invitados, no son parte de la Secretaría. Fue una invitación directa desde la administración pasada, desconozco por qué”, explicó en entrevista.

De acuerdo con la respuesta a una solicitud de transparencia, dicho órgano está conformado por Jaime Castro Chávez, integrante del Frente Nacional por la Familia; José López Valdivia, de la asociación Aguascalientes Gran Visión; Francisco López Rivera, del Consejo de Laicos de la Diócesis de Aguascalientes; Santiago Reinoso, del Proyecto Familia de la Universidad Panamericana, vinculada con el Opus Dei; Carlos García Villanueva por parte de la casa de descanso para ancianos Matilde Ruobroy de Villanueva, quien a su vez es coordinador del Frente Nacional por la Familia en la entidad; y Gustavo Morales Peña, de Transforma tu Metro Cuadrado, alineada con valores religiosos.

Mientras que, como invitado especial, ha participado el Instituto para la Familia Mexicana, una organización con tintes católicos.

Sesión del Órgano Ciudadano para la Familia realizada en octubre. Fuente: RRSS

En las cinco sesiones que han celebrado desde febrero del año pasado, según los documentos entregados por la dependencia, en el Órgano se han presentado programas como el de Reintegra —creado en el gobierno de Orozco Sandoval para jóvenes con algún tipo de adicción—, y asuntos relacionados con el trámite para adopciones de niñas y niños en el Sistema DIF. Pero las únicas ocasiones en las que los integrantes han tenido alguna opinión, ha sido con discusiones políticas y con una visión considerada como conservadora, como la distribución de los libros de texto gratuitos en 2023 —a la que el PAN se opuso—, y la despenalización del aborto.

A la sesión del 8 de septiembre de 2023 fue invitado Alan Capetillo, abogado y vocero del Frente Nacional por la Familia, en la que “explicó paso a paso el litigio que promovió la asociación civil que representa, juicio del que se tuvo como resolución la suspensión definitiva” a la distribución de los libros de texto gratuitos en escuelas de educación básica. En 2022, Capetillo Salas fue suspendido de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) por denostar protestas feministas durante una clase que impartía en la Facultad de Derecho.

Mientras que en la sesión del 13 de diciembre, un día antes de que el Congreso local despenalizara el aborto hasta las 12 semanas por mandato de la Suprema Corte, Jaime Castro, del Frente Nacional por la Familia, “propuso que se trabaje en conjunto para defender el derecho a la vida y reforzar la moral, los valores y los principios familiares”.

En esa misma sesión, Francisco Javier López Rivera, del Consejo de Laicos de la Diócesis de Aguascalientes, propuso “tener una plática con los diputados a fin de manifestarles sus argumentos para que la iniciativa se vote en contra, así mismo se solicita se trabaje en conjunto para cuidar la ideologización de los niños a través de los libros de texto”.

“Es absurdo que este tipo de espacios, promovidos y financiados por el Estado, permitan este tipo de discursos. Debe haber progresividad de derechos, el Estado no está para buscar que nadie pase por ninguna violencia sea cuál sea la decisión que tome, lo que buscan es obligar a una sola forma de pensar y hacer las cosas”, considera Angélica Contreras, que forma parte de las organizaciones que litigaron la despenalización del aborto.

“Ellos están en su derecho. El tema de los libros ellos solicitaron esa información, se aclaró cuál era el panorama. Nosotros no les podemos exigir qué discutir en el órgano, quiero aclarar que este es un órgano no deliberativo, es únicamente de consulta, de opinión”, defiende la titular de la dependencia.

Contreras lamenta que la opinión de asociaciones feministas o de disidencia sexual, no sean consideradas por la Secretaría

“Es lamentable que la participación ciudadana en los gobiernos, tanto estatal como municipal, sea pura simulación, incluyen la participación ciudadana pero para la foto y para aplaudir, cuando surgen cuestionamientos que tendría que hacer la ciudadanía, ya no les gusta, es incómodo. Es muy opaco cómo se conforman este tipo de consejos. ¿Para qué quieres una participación ciudadana si te molesta lo que van a opinar?”.

“Esa dependencia no tiene sentido, es un desperdicio de dinero pero para el gobierno es una inversión porque deja contentos a los grupos de la ultraderecha y entonces en las misas, en las iglesias, en los lugares afines, promueven el voto por el PAN y sus partidos aliados, el PRI y el PRD, que ya están derechizados”, agrega Manuel Gutiérrez Flores, del Colectivo Sergay.