La detención de tres policías y el director de Seguridad Pública de Romita evidencia la grave crisis que atraviesan las policías municipales de Guanajuato, pues queda al descubierto que ni las certificaciones del Gobierno Estatal en materia de control y confianza garantizan que los elementos y titulares estén al margen de las operaciones de los cárteles de la delincuencia organizada.

En el municipio de Romita su policía carente de recursos que despacha en instalaciones oscuras por la falta de lámparas, sin internet y con equipo obsoleto, se entregó al crimen organizado, según las primeras averiguaciones de la Fiscalía General del Estado.

Frente al embate de la violencia en Guanajuato, las policías municipales operan con personal que se presume tiene nexos con grupos criminales, algunos incluso aprueban los exámenes de control y confianza, como el caso de Roberto López, quien hasta hace unas semanas se desempeñó como titular de Seguridad Pública en Romita, y ahora está en prisión preventiva acusado de desaparición forzada en agravio de tres jóvenes. En el proceso penal lo acompañan tres policías municipales más, dos de ellos identificados por la Fiscalía del Estado como sus escoltas.

Los resultados que ofrecen las corporaciones municipales no solo son cuestionadas por la ciudadanía, sino objeto de crítica constante por parte del Gobierno del Estado, que a través del secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, reclamó que nueve de cada 10 detenciones en la entidad corren a cargo de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y el 10 por ciento restante son de la Guardia Nacional o las policías municipales.

"Requerimos más de ustedes, alcaldes y alcaldesas. No decimos que este mal su trabajo, simplemente es un poco más para seguir avanzando en el tema de seguridad pública municipal", manifestó Alvar Cabeza de Vaca durante la entrega de equipamiento a los municipios con recursos del año pasado. En redes sociales se exhibió que los chalecos que el jueves pasado entregó el Gobierno estatal estaban usados.

Ha sido la misma Secretaría de Seguridad Pública del Estado la encargada de exhibir a los seis gobiernos municipales incumplen con la obligación de tener una persona titular al frente de la seguridad pública certificada: Abasolo, Jerécuaro, Valle de Santiago, Santa Catarina, Pueblo Nuevo y Silao.

Sin embargo, la certificación que entrega el Centro de Evaluación de Control de Confianza del Gobierno del Estado tampoco ha significado una garantía para la confiabilidad en los mandos de policía municipal.

En el marco de la presentación de su informe como fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre anunció la detención de Roberto López, director de la policía en Romita, acusado junto con tres policías más de la desaparición de Daniela, Juan Pablo y Carlos.

Las respuestas de las autoridades ante la crisis en Romita han sido escasas: el alcalde, Oswaldo Ponce, se limitó a señalar que su director de policía es una persona “noble, humilde” que ingresó hace 13 años a la corporación como policía y fue escalando. Mientras desde la Secretaría de Gobierno, Libia García Muñoz Ledo prometió que se reuniría con el presidente municipal para llegar a acuerdos “importantes” por la seguridad del municipio.

Ilustración Pinche Einnar

Tras la difusión que hizo el mismo Carlos Zamarripa del caso de los policías de Romita y sin dejar espacio a la presunción de inocencia, el diputado priista Alejandro Arias Ávila cuestionó la actuación de las Fuerzas de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado al intervenir en las corporaciones municipales, pues dijo, queda la suspicacia de que obedece a un asunto político.

"En algunos casos nos dicen que no pueden entrar, que necesitan la autorización, y en otros llegan y a raja tabla se hace... No podemos actuar de manera diferenciada en un municipio que no es de mi partido, en otro que es de mi partido, porque entonces se genera la percepción que pareciera que solo en los municipios de tal partido sucede eso y en los municipios del partido gobernante que no sucede, cuando es generalizado", aseguró.

Alejandro Arias desmarcó al alcalde de extracción priista, Oswaldo Ponce Granados, de las acusaciones a los policías municipales y llamó a la Fiscalía a que actúe por igual en todos los municipios donde se presuma que el crimen organizado está infiltrado en las policías.

“A mí me parece que si la Fiscalía tiene elementos suficientes, que dice que los tiene, y presenta estas personas acusadas de un delito, que de igual manera se pueda actuar en cualquiera de los otros episodios que se dan en los municipios, que se castigue a quien haya cometido un delito sin distingo de si es de un partido o de otro partido”, sostuvo.

Arias también ha salido a defender a Juan Lara, alcalde de Villagrán que recientemente se reintegró al partido, ante las acusaciones que hizo Carlos Zamarripa de que la policía está controlada por un cártel de la delincuencia organizada.

Además, en el caso de Villagrán la Unidad de Inteligencia Financiera congeló durante más de siete meses 14 cuentas del gobierno municipal en 2019, tras darse a conocer una grabación en las que el sobrino del alcalde, presunto integrante del Cártel Santa Rosa de Lima, habla con el ex alcalde de Cortazar, Hugo Estefanía, sobre formas de desviar recursos públicos.

El recelo que generan titulares de las áreas de seguridad pública no se limita a los resultados de los exámenes que realiza el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Gobierno del Estado, sino que por los escasos resultados y actitud propicia el rechazo de la sociedad.

El trabajo y actitud de Mario Bravo Arrona, secretario de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, fue severamente criticado por el síndico del Ayuntamiento José Arturo Sánchez Castellanos, quien consideró que es un funcionario soberbio y arrogante.

Durante una entrevista para el noticiero radiofónico En Línea, Sánchez Castellanos declaró: "yo no sé si él se siente protegido o siente que no hay nada más que él para hacer el trabajo, pero definitivamente con esa actitud la ciudadanía no le va a dar la confianza y vamos a pensar lo que tú a veces piensas: que no hay una efectiva seguridad en la ciudad, operativos que estén funcionando".

El síndico recriminó que Mario Bravo, quien ha sido respaldado por el propio gobernador Diego Sinhue Rodríguez, no atienda las exigencias de la ciudadanía leonesa y tampoco a él como integrante del ayuntamiento, como cuando le preguntó sobre una balacera en Orangerie, pero no recibió respuestas.

"Le valió sombrilla, me ignoró, me mandó una tontería, me hizo quedar como un imbécil, yo creo que León no se merece un secretario como ese, que la soberbia, la arrogancia sea lo que lo mueva...Lamento mucho lo que sucede a los ciudadanos pero con esa actitud del secretario no vamos a llegar a ningún lado".

Más tarde, a través de redes sociales, tanto la Secretaría de Seguridad de León como la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos compartieron imágenes del secretario y el síndico en una reunión.

Probidad de titulares de seguridad

A propósito de la detención de Roberto López de Romita, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado mandó un boletín de prensa para dar a conocer los gobiernos municipales que incumplen tanto con la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública por no tener titulares con la certificación actualizada.

De los 46 municipios, en 40 casos los responsables de la seguridad pública tienen los exámenes de control de confianza aprobados, entre ellos figura Roberto López, quien hasta el cierre del mes de febrero estuvo el frente de la corporación en Romita, pero que fue detenido por la policía ministerial acusado de participar en la desaparición forzada de Daniela, Juan Pablo y César, jóvenes que luego de ser "entregados" al crimen organizado fueron asesinados y sus cuerpos depositados en una fosa clandestina.

En cinco municipios del estado la persona que está al frente de la seguridad no cuenta con las certificaciones de control y confianza aprobadas y vigentes: en Abasolo (PRI) y Valle de Santiago (PAN) hay encargados de despacho que no tienen la evaluación.

Los actuales titulares de Pueblo Nuevo (MC) y Santa Catarina (PAN) resultaron no viables para el cargo después de la evaluación. Felipe Hernández ocupó el cargo de secretario de Seguridad en Silao -gobernado por Morena- a pesar de haber reprobado los exámenes de control y confianza, pero al darse a conocer los resultados fue destituido. En Jerécuaro el presidente municipal, Luis Alberto Mondragón, no ha hecho la designación de titular de seguridad pública.

Aunque la exhibición del Gobierno del Estado incluyó a gobiernos del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y Morena, ha sido en municipios gobernados por partidos de oposición en donde se han hecho intervenciones de mandos estatales para investigar posibles nexos de los policías locales con grupos del crimen organizado.

Fotografía especial

Policías y sus presuntos nexos con el crimen organizado

El domingo 19 de febrero pasado fue la última vez que se vio con vida a Daniela, Juan Pablo y Carlos Esteban. Los tres jóvenes fueron detenidos esa noche por policías de Romita por faltas administrativas, luego las autoridades aceptaron que un hombre sin identificar pagara la multa para llevarlos a la fuerza, maniatándolos al salir de las instalaciones de seguridad pública. Cinco días después los cuerpos de los jóvenes fueron rescatados de una fosa clandestina.

El hallazgo de los cuerpos enterrados de manera ilegal en la comunidad "El Escoplo", en Romita, coincidió con el informe de Carlos Zamarripa Aguirre, quien cumple 14 años en el cargo. Mientras el fiscal pronunciaba un discurso desde su búnker con un público controlado que pudo entrar al recinto solo con invitación, a 30 kilómetros de distancia exhumaban los restos de Daniela de 27 años, Juan Pablo de 29 años y Carlos Esteban de 25 años de edad.

Frente a los señalamientos de la creciente impunidad y el recrudecimiento de la violencia en Guanajuato, Zamarripa aprovechó la gira en medios de comunicación que hace cada año a propósito del informe anual para difundir la versión de que los responsables del crimen habían sido policías municipales de Romita, incluido el director de la corporación, violentando la presunción de inocencia y con ello pone en riesgo el debido proceso.

Fotografía especial

La Fiscalía General del Estado ha orientado la investigación a una sola línea: la responsabilidad de los integrantes de la dirección de Seguridad Pública de Romita. A Roberto "N", director de la corporación con los exámenes de control de confianza acreditados, Roberto Carlos, César y Casimiro la Fiscalía les ha imputado el delito de desaparición forzada en agravio de los tres jóvenes.

Sin embargo, en la propia narrativa de hechos que ha construido la institución a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre se ha evidenciado que sigue sin investigarse el multihomicidio y posterior inhumación clandestina de los tres jóvenes. Tampoco se ha profundizado en la presunta infiltración del crimen organizado en la corporación de seguridad municipal, aunque un día después de que se filtró la detención del director se realizó el Operativo Trueno en la policía de Romita, sin que se hayan dado a conocer resultados.

La policía de Romita no es la primera que acapara, durante unos días, los titulares en la prensa por su presunta colaboración con criminales. Ha sido el mismo fiscal Carlos Zamarripa el que se ha encargado de difundir -primero con filtraciones y luego en declaración- otras detenciones de policías o jefes de seguridad para responder en lo inmediato a las críticas por la falta de resultados.

Tras el asesinato del entonces diputado Juan Antonio Acosta, la Fiscalía ligó ante la opinión pública a Juan Carlos Jiménez, coordinador de tránsito municipal de Juventino Rosas, con el homicidio del panista, pero frente al juez le imputó otros delitos como la posesión de armas de fuego, drogas y dinero.

Unos meses después, en agosto de 2021, previo a la transición de un gobierno perredista a uno panista en Juventino Rosas, Carlos Zamarripa declaró que existían nexos de la policía municipal con el crimen organizado. Apenas se concretó el cambio de gobierno, entraron las fuerzas estatales a Juventino Rosas, se despidió a los policías y la seguridad quedó a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Los señalamientos de integrantes de las corporaciones de seguridad ligados a grupos criminales ha sido una constante, incluso el fiscal ha dicho públicamente que los homicidios de policías están relacionados a éstos nexos. Guanajuato se ubica en primer lugar nacional por el número de policías asesinados.

Según el fiscal, la policía de Villagrán está al servicio del crimen organizado. Sin revelar cuántos, Carlos Zamarripa declaró en septiembre de 2022 que había elementos detenidos y que toda la corporación estaba bajo investigación, sin que se conozcan avances sobre el estatus jurídico de las personas detenidas.

En Celaya también fueron detenidos cuatro policías municipales que habían llegado a la corporación después de su paso por la Policía Federal cuando estuvo Miguel Ángel Simental al frente de la Secretaría de Seguridad de Celaya. Entre los detenidos se encuentra quien fungía como coordinador operativo de la corporación, Juan Federico Sigüenza, acusados de ejecución extrajudicial.

Daniela, Juan Pablo y Carlos, multihomicidio sin esclarecer

La noche del 19 de febrero, alrededor de las 19:00 horas, Juan Pablo chocó su automóvil con una camioneta en la calle Zapotecas en la colonia Cuauhtémoc en Romita. Se quiso negar a pagar por los daños, pero luego llegó a un acuerdo con el propietario del otro vehículo; sin embargo, un vecino ya había reportado el incidente al sistema de emergencias 911.

Al lugar llegaron dos tránsitos, pero momentos después también se presentó en el sitio el director de seguridad, Roberto, acompañado de dos policías más: Roberto Carlos y Casimiro. Por órdenes del director, el joven de 29 años quedó detenido por conducir bajo los influjos del alcohol, aunque no se le realizó el procedimiento ordinario como el papeleo para dejar el registro de la infracción.

De acuerdo con la declaración que rindió ante la Fiscalía General del Estado uno de los tránsitos el propio director de la corporación de seguridad pidió a los policías que llegaron con él que detuvieran a Juan Pablo, mientras que a él le ordenó no elaborar la boleta de inscripción y enviar el vehículo de Juan Pablo en grúa hasta los separos municipales y no a la pensión.

El mismo testigo declaró que escuchó cuando uno de los policías le dijo a Juan Pablo que iban a "entregarlo a la maña por un pendiente que tenía".

Daniela y Carlos se quedaron en el lugar del accidente por un rato, de acuerdo con la declaración del hombre al que Juan Pablo chocó su camioneta, hicieron una llamada por teléfono y se retiraron. En una declaración del padre de Daniela ante la Fiscalía informó que en la llamada su hija advertía a sus padres de la detención de su pareja y la amenaza que había recibido de los policías.

Aproximadamente a las 20:00 horas, llegaron Daniela y Carlos a los separos municipales con la intención de pagar la multa de Juan Pablo. Por instrucciones del director, de acuerdo con la Fiscalía, los dos jóvenes fueron detenidos por Roberto Carlos, a quien identifican como uno de sus escoltas.

En la declaración que rindió Roberto Carlos frente al juez de control en la audiencia de vinculación a proceso, reconoció que fue él quien detuvo a Daniela y a Carlos en la puerta de las instalaciones de seguridad pública porque, dijo, en el lugar del accidente habían corrido y la falta que cometieron fue ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública.

Alrededor de las 23:00 horas un hombre, todavía sin identificar por la Fiscalía General del Estado, llegó para pagar la multa. César, el cuarto policía señalado por las autoridades como autor de la desaparición forzada de los tres jóvenes, recibió el dinero que cubría la multa y él mismo se hizo cargo de entregar el pago a la jueza cívica.

A falta de personal, César se encargó de abrir la puerta a los detenidos, los acompañó al portón de la entrada con una linterna que suplía la luz del alumbrado público. En la puerta, las cámaras del C5i captaron cuando el policía lanzó la luz hacía donde se encontraba el hombre que pagó la multa y que maniató a los jóvenes para obligarlos a subir al vehículo en el que se trasladó.

Con datos de prueba y la narrativa de los hechos, la Fiscalía de Guanajuato consiguió que se vinculara a proceso en una primera audiencia a Roberto, Roberto Carlos y César por el delito de desaparición forzada. Apenas terminó la audiencia de los tres policías cuando se dio a conocer la detención de Casimiro, el segundo escolta que participó en la detención de los jóvenes.

¿Quién es la persona que pagó 1 mil 245 pesos de multa? ¿Quién avisó a esa persona que los tres jóvenes habían sido detenidos? ¿Quién los asesinó y enterró de manera clandestina? ¿Hubo contubernio entre policías y delincuentes para concretar el multihomicidio?, son algunas de las interrogantes que quedan sin respuesta y sin que existan indicios de que la Fiscalía de Guanajuato esté investigando.

A pesar de que el equipo de defensa de los policías municipales alegó que la investigación de la Fiscalía local es deficiente y sigue sin llegar al fondo del asunto, el juez de control que conoció del caso precisó que independientemente de los aspectos que no ha planteado la Fiscalía, existen suficientes indicios de la probable participación de los policías en la desaparición forzada de los tres jóvenes.

Ser policía en Romita

La detención de Daniela, Juan Pablo y Carlos no quedó registrada en el Sistema Nacional de Detenciones, procedimiento que debe seguirse por protocolo. El argumento de la defensa, contratada por Armando Jaramillo, actualmente director operativo de seguridad en Romita, es que entre las múltiples carencias de la corporación de policía está que no hay internet ni el equipo capaz de soportar la plataforma para hacer los registros.

Sin embargo, para la Fiscalía de Guanajuato la omisión de registrar a los tres detenidos fue con dolo, para evitar dejar rastro de que Daniela, Carlos y Juan Pablo estuvieron en los separos municipales.

Con entrevistas y oficios del gobierno municipal de Romita, la defensa de los policías presentó ante el juez que las carencias no solo tienen que ver con la red de internet y el equipo de cómputo, sino que no hay iluminación en la entrada a los separos, tampoco alumbrado público.

Según el equipo de defensa, el policía César no pudo reconocer a la persona que pagó la multa por la oscuridad de la noche.
Otra de las carencias que tiene la dirección quedó de manifiesto, según la declaración del exdirector Roberto, es que él tenía que utilizar su vehículo particular para trasladarse, pues no había patrullas o vehículo oficial asignado para desempeñar sus funciones.

De acuerdo con el tabulador del municipio de Romita actualizado hasta el ejercicio fiscal 2022, el director de la corporación gana 30 mil 838 pesos al mes, mientras que un policía preventivo gana poco más de 14 mil pesos mensuales.