Tiene un nombre peculiar. Se llama Sofía Esmeralda María Balbinita González Ledesma. Tiene 15 años, cabello ondulado y color castaño, de longitud media; sus ojos son de color café oscuro, tamaño mediano. Mide 1.62 cms y pesa 55 kilos. Sofía salió de su casa el 4 de agosto de 2019 en el municipio de Apaseo el Grande, hasta hoy, no se conoce su paradero. Y apenas el pasado sábado nos enteramos de que su familia y las autoridades la buscan gracias a que se activó la Alerta Amber...

El "sistema de alerta inmediata" de Guanajuato informó de su desaparición, 5 meses y 21 días después del hecho.

Como su ficha fue publicada el fin de semana pasado en el portal de la Fiscalía General del Estado y replicada en las redes sociales de Alerta Amber Guanajuato (Facebook y Twitter) y del fiscal estatal, Carlos Zamarripa, la denuncia saltó a las páginas digitales de los periódicos de la región.

Y mientras las cifras de personas desaparecidas crecen, organismos especializados como REDIM, la Red por los Derechos de la Infancia, denuncian que "las autoridades no están buscando a los niños", niñas y adolescentes, porque en este delito hay participación criminal, que podría alertarse y prevenirse, no solo resolver los casos ya registrados.

Misinformation, tan cercana a las fake news

El pasado 6 de enero, la Secretaría de Gobernación, a través del Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, dieron a conocer las estadísticas actualizadas sobre personas desaparecidas: entre el 1 de diciembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019, las fiscalías estatales reportaron 5,184 personas desaparecidas o no localizadas.

Respecto a los menores de edad, se indicó que en 13 meses se tiene un conteo total de dos mil 720 desaparecidos, de los cuales mil 713 fueron localizados (63 por ciento) y mil siete aún no.

Estos datos (relativamente más) actualizados hicieron que el promedio de niños, niñas y adolescentes desaparecidos pasara de 4 casos diarios en 2018, a 6.9, casi 7, a inicios de 2020.

Destaca que por entidad, Jalisco, Puebla, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León albergan el mayor número de reportes de niños desaparecidos.

Pero este dato resulta "impreciso", por decir lo menos, porque aunque los periódicos y grupos de Facebook en Guanajuato circulan por docenas fotografías sonrientes de niños, niñas y adolescentes (NNA) y sus familias claman ayuda para encontrarlos, la Fiscalía a cargo de Carlos Zamarripa, informó a la federación de un solo caso de desaparición de menores de edad en esos 13 meses.

Fuente: Informe sobre fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas, Segob, 2020

¿Falta de cuidado, de capacitación o de voluntad?

Tarde, incompleta y mal, pareciera ser la regla y no la excepción, cuando se habla de la investigación del paradero de los menores de edad en Guanajuato.

La ficha de Sofía, la jovencita desaparecida en Apaseo el Grande, no menciona la última ropa que vestía o si posee alguna seña particular, que permita una rápida identificación. Menciona su edad actual y no la que tenía al momento que se le perdió el rastro, que correspondería a la foto publicada.

Si bien, anteriormente se han conocido casos donde la Fiscalía de Guanajuato tarda hasta 10 días en activar la Alerta Amber tras interponerse la denuncia por desaparición (como ocurrió en diciembre en el caso de Dulce Ivana), no es extraño encontrar errores en las edades (que luego, no obstante, son corregidas) o que las fotos (importantísimas) salgan deformadas o poco cuidadas (pixeladas, borrosas, etc.).

Peor aún, no quedar claro al grueso de la población, pero mucho menos a las familias de niños, niñas y adolescentes desaparecidos, qué significan las leyendas "(persona) LOCALIZADA" o "DESACTIVADA", lo que ha llevado a los afectadas, que están atentos a las publicaciones de la Alerta Amber, a creer erróneamente que las autoridades han encontrado (vivo) a su ser querido, cuando en ocasiones es todo lo contrario.

Dulce Ivana. Foto: archivo

Fue lo que ocurrió con los familiares y amigos de Dulce Ivana Núñez Martínez, de 16 años, cuando incluso reclamaron que era mentira la publicación que informaba de su localización, pues la menor aún no regresaba con ellos. Pocas horas después se les confirmó que ella fue asesinada y su cuerpo fue identificado como el encontrado dos días antes en el camino a la comunidad de Mesa de Ibarrilla, al norte de la ciudad de León.

Este caso, que conmovió a la opinión pública en Guanajuato al cierre de 2019, fue emblemático porque evidencia el trato deficiente que los agentes investigadores dan a estas familias, que de por sí viven un infierno: no les informan como es debido, no hay acompañamiento, hay revictimización del menor (más si es mujer):

"... a su hermana (de Ivana) le decían que no publicara, que no estuviera compartiendo la foto, que porque difundir (el caso) podía entorpecerlo, y que aparte si no la encontraban, los iba a desprestigiar (a ellos, los ministeriales), que de por sí nadie los quería", declaró a POPLab una activista que dio acompañamiento a la familia de la jovencita.

Los agentes le dijeron a la hermana que a lo mejor Ivana "estaba de fiesta", y que la niña tenía la culpa "porque parecía más grande", y que no tenía edad para "estar de novia". Esa situación (que se repite) de juzgar a una mujer y decir que se merece que la maten, por "x" razón, es indignante, reprochó.

No solo es la Alerta Amber, faltan y fallan protocolos: REDIM

Si bien, como comenta Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, la Alerta Amber no es una estrategia de búsqueda sino una herramienta para solicitar la ayuda al público, la realidad es que las autoridades no están buscando a los niños, niñas y adolescentes.

Este delito se ha disparado en el último año, y se tienen claramente identificados dos grupos de edad que están siendo más afectados: los niños pequeños y mujeres adolescentes de 15 a 17 años de edad, con alta probabilidad de ser víctimas de los grupos criminales para explotación sexual.

Las fiscalías no han especializado la búsqueda para NNA, pese a la leyenda que integran en cada una de estas denuncias públicas: "se teme por su integridad dada su minoría de edad y pueda ser víctima de un delito" .

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsquedas, aprobada y publicada en 2017 incorpora, entre otras cosas, la instrucción de que la búsqueda de un menor de edad tiene que ser INMEDIATA, no tiene que abrirse una carpeta de investigación y eso no se está cumpliendo, dijo el especialista.

También está faltando la aplicación de un protocolo especial de búsqueda que permita comparar cómo están haciendo los estados esta búsqueda, y mucho menos la generación de un sistema de información "vivo", que posibilite generar alertas tempranas, "porque este delito obviamente forma parte de acciones criminales" y si pudiéramos alertar y prevenir, nada de lo cual se ha logrado.

Y aunque a lo largo de los años, desde el inicio de la llamada "Guerra contra el Narco" ha ido creciendo el fenómeno de desaparición de menores; "como su desaparición ocurrió siendo menores de 18 años, siguen siendo prioridad en la búsqueda y el tratamiento de su investigación, no cambia su estatus por haber alcanzado la mayoría de edad", aseguró el titular de REDIM.

Ilustración: Pinche Einnar

Urgen a prevenir y atender el fenómeno de los desaparecidos

En el "BALANCE ANUAL 2019. ENTRE LA INVISIBILIDAD Y LA VIOLENCIA. Desafíos del nuevo gobierno para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en México", la Red por los Derechos de la Infancia en México hace un exhorto al presidente Andrés Manuel López Obrador a desarrollar una “Estrategia Nacional de prevención y atención a la violencia armada contra niños, niñas y adolescentes” con apoyo de expertos internacionales y sociedad civil, que permita establecer con claridad los tramos de responsabilidad institucionales a nivel federal, estatal y municipal.

Pero más allá de las cifras y de las carpetas de investigación, están las personas y sus proyectos de vida truncos, en algunos casos, para siempre.

En un texto de Ximena Antillón, publicado en Animal Político, la investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación hace importantes reflexiones al respecto:

"La información presentada por la Comisión Nacional de Búsqueda es un paso importante, pero para que las cifras no se conviertan en la repetición vacía de significado, es necesario que nos permitan hacer preguntas: ¿quiénes desaparecen?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿quiénes son los responsables?, ¿con qué delitos están relacionadas las desapariciones?, ¿cómo han sido encontrados?, ¿qué estrategias de búsqueda han funcionado? Transparentar la metodología y la publicación de datos abiertos es fundamental para que estos hallazgos cobren sentido con la participación de las víctimas y la sociedad civil, las personas desaparecidas dejen de ser número y realmente cuenten".