Guanajuato está sumido una crisis institucional y estructural, con un gobierno rebasado, la sociedad civil atemorizada, las familias de las víctimas amenazadas y obligadas a enmudecer mientras esperan noticias de seres queridos que han sido desaparecidos, en tanto que en las fosas clandestinas se pudren los cadáveres, mas los registros de cuerpos depositados en estos lugares, a ras de tierra, semienterrados o totalmente cubiertos, permanecen, de manera oficial, en ceros.

En el reciente primer informe de Carlos Zamarripa Aguirre como Fiscal General del Estado, el tema de las personas desaparecidas fue omitido del texto entregado a los tres Poderes, mas para su presentación "en vivo" abrió un pequeño espacio en su discurso, sin duda por la presión de los colectivos, para anunciar la creación del Centro Estatal de Localización e Identificación de Personas.

Mientras los anuncios rimbombantes son coronados con aplausos perfectamente sincronizados, en varias partes del estado brotan los restos humanos gracias al fino olfato de los perros o de la denuncia ciudadana que consigue superar el temor ante la pestilencia que un día sí y otro también inunda colonias enteras, en espera de que la autoridad investigadora, que no es otra que la Fiscalía, se decida a actuar.

Carlos Zamarripa (izq) intentó deslindar a la Fiscalía de los altos índices delictivos en el estado a la falta de prevención, responsabilidad que corre a cargo del secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca (izq), su "team" en los últimos 7 años. Foto: archivo /FGE

25 cuerpos en fosa de Moroleón

Unos días antes de que el fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, presentara su primer informe de actividades se registró un hallazgo del que se desconocen los detalles oficiales porque la Fiscalía no ha dado información. De acuerdo con versiones extraoficiales fueron al menos 25 cuerpos semienterrados, algunos calcinados, los que se localizaron en una fosa clandestina al interior de una casa en el municipio de Moroleón,

Se conoce es que elementos de la policía municipal hacían un rondín de rutina en la colonia Hoyo de San Isidro, cuando encontraron 10 vehículos abandonados, nueve de ellos con reporte de robo y al ingresar al domicilio se encontraron con una fosa.

La casa donde se localizaron los cuerpos y los vehículos estaba abandonada al momento que llegaron los agentes, está ubicada en zona de acceso complicado, primero porque se localiza en un área cerril, además de que los caminos no están pavimentados. Para los vecinos ya se había hecho común ver entrar y salir hombres de ese inmueble, aunque regularmente lo hacían de noche.

De acuerdo con testimonios, desde hace varios meses los hombres que entraban y salían del domicilio llamaban la atención de los vecinos, pues llegaban en vehículos, situación que no es común en la colonia donde hay casas construidas apenas con láminas.

Vecinos narraron que era frecuente que del domicilio se desprendieran olores desagradables a quemado, pero por el temor no se denunciaba. Fue hasta el 19 de febrero cuando conocieron el motivo de los olores: en el lugar se quemaban cuerpos de personas.

Ilustración: Pinche Einnar.

Los perros revelan el horror que la autoridad no alcanza a percibir

Ante el abandono sistemático de las autoridades, las redes sociales se han convertido en un gran catalizador de la sociedad. En el municipio de Acámbaro, entre publicaciones que dan los buenos días, que ofertan zapatos y demás anuncios, sobresalió una:

“Espero no importunar a nadie, lo hago para hacer un llamado a la policía, ya que les he hablado varias veces y hacen caso omiso, en la colonia Eduardo Morales tengo mi terreno atrás de la calle Jacarandas, fui a ver mi terreno y ahí hay algo enterrado, los perros han escarbado y se ve una bolsa negra de basura inflada y se logra ver una sábana y de hecho hasta un bote de suero de hospital, ya huele feo y me da miedo abrir (para ver) qué es”. La publicación se realizó el 26 de febrero.

Contactada por POPLab, esta persona explicó hace unos días que debido a la publicación hecha en redes, un par de policías municipales acudieron a la zona, “nada más se bajaron de la patrulla y se regresaron, ni siquiera vieron qué es”. Sin embargo, la denuncia al 911 la hizo hace más de un mes, solo hasta que hizo la publicación en Facebook, llegaron los municipales mas ningún perito. Aseguró que los perros que tiene en la propiedad fueron quienes realizaron el hallazgo al escarbar, añadió que hay hasta gusanos y el olor era insoportable.

POPLab solicitó información sobre este hecho a la Fiscalía General de Guanajuato, pero a la fecha de publicación de esta nota, no ha indicado si sus agentes acudieron a la zona o sobre el hallazgo.

Segunda amenaza y persecución contra integrantes de colectivo

“Tengo las placas (de su auto), tengo su foto, no van a llegar a su destino” fueron las palabras que policías ministeriales les dijeron a cinco madres, esposas y hermanas de desaparecidos que llegaron al Servició Médico Forense (Semefo) de León en busca de respuestas de sus ausentes y por no “querer acompañarlos” y negarse a borrar los videos de sus celulares las jalonearon. Con miedo, lograron huir y denunciar públicamente las amenazas.

Ante estos hechos dijeron tener la intención de presentar su denuncia en el ministerio público y en la Comisión de los Derechos Humanos, por esta segunda amenaza contra los integrantes del colectivo "A tu encuentro".

En su narración, comentaron que ellas, cinco mujeres, se juntaron para gastar menos al trasladarse a la Semefo de León para buscar entre los muertos a sus familiares desaparecidos. El 29 de febrero llegaron al Semefo al preguntar y una “doctora” del área les negó la atención y las envió a sacar un oficio a la agencia del Ministerio Público 8 o 10, así lo hicieron, pero el personal de las agencias las regresó a Semefo “porque no tenían que dar ningún oficio, solo llegar al Semefo, dar datos generales de los desaparecidos” y si había personas con las características de sus seres queridos, les enseñarían las fotografías.

Mujeres que buscan a sus seres queridos denuncian amenazas directamente de los agentes de la Fiscalía. Foto: Edith Domínguez

Regresaron al interior de Semefo, ahí, una de las mujeres revisaba su celular cuando fue abordada por una agente ministerial, quien “de forma grosera preguntó qué estás haciendo, deja tu teléfono, no puedes grabar”, las integrantes de Colectivo le explicaron por qué estaban en el lugar y “en voz agresiva dijo ahorita van a ver, habló por teléfono, después llegaron dos agentes ministeriales, Manuel Figueroa y Jorge Martínez, que me pidieron que saliera afuera de las instalaciones del Semefo, le pregunté cuál era el objeto de eso y me dijeron que tenía que borrar los videos de mi celular y les dije que no tenía video, no sé cuál es el delito que estaba cometiendo, me dijeron que era una resistencia de particulares y dije no creo que sea delito preguntar por mis familiares”.

La mujer se identificó y los ministeriales “me dijeron que me iban a detener, les pregunté ¿por qué?, ¿traes un mandamiento judicial, una orden de aprehensión?, yo no estoy cometiendo un delito, y me dijeron que sí estaba cometiendo un delito en flagrancia, yo les dije si era un delito preguntar por mis familiares, eso no está contemplado en ningún código le dije y me empezaron a jalonear”.

Para entonces, las otras integrantes del colectivo preguntaron por qué la detendrían y dijeron que por “resistencia de particulares… Nos sacaron del Semefo, trataron de meternos a un cuarto, no sabemos para qué, no quisimos ir, (dijeron) que nos dejarían arremetidas 24 horas, salió otro ministerial, intenté subirme al vehículo, me empezaron a jalonear, logré subir al vehículo, (los policías) empezaron a grabar, tomaron las placas y dijeron 'tengo el número de placas, tengo su foto, no van a llegar a su destino'. Salimos de la fiscalía espantadas, vimos que una patrulla venía atrás de nosotros, nos escondimos y estamos denunciando, no somos criminales, somos víctimas, estamos buscando a nuestros familiares” denunciaron las mujeres.

"Guardaron" un mes los cuerpos de dos desaparecidos

Las mujeres acudieron a las instalaciones de Semefo de Irapuato, Celaya y León para buscar entre los muertos a sus familiares desaparecidos, después que los cuerpos de Alejandro León Cárdenas y Miguel Flores López, hombres que desaparecieron en el municipio de Irapuato el 10 de enero de 2019, que desde el 18 del mismo mes fueron encontrados en Silao y los mantenían en el lugar, y ante la insistencia de familiares, después de un mes, les avisaron que ahí estaban sus restos.

La familia de Alejandro supo que había sido "levantado" y por más de un mes no tuvo rastro de él, cuando su cadáver estaba en la fiscalía desde una semana después de la privación de la libertad. Foto: archivo

El día que desaparecieron, sus captores impactaron el auto donde circulaban sobre el Cuarto Cinturón Vial, en Irapuato, por lo que la unidad de Uber se volcó y los agresores los privaron de la libertad. Ambos cuerpos fueron localizados en el municipio de Silao, desde ese entones sus cuerpos se encontraban en el Semefo local, pero las autoridades no avisaron a sus familiares, que desde su desaparición acudían una y otra vez al Semefo pero la respuesta siempre fue la misma.

El 22 de febrero, los familiares de Alejandro y Miguel tenían que salir fueras y antes de irse, decidieron pasar al Semefo a preguntar y ahí les dijeron “por suerte que ahí tenían a su esposo, y tenían a Alejandro, es decir, duraron un mes con 4 días para dar información, por esta situación y las promesas de las Fiscalía (General de Guanajuato) de 'no se preocupen, les vamos a decir si aparece', vemos con desagrado que no dan la información, no llevan un protocolo”.

Explicaron que presentarían la denuncia por amenazas ante el Ministerio Público así como ante Derechos Humanos. No obstante, reconocieron “tenemos miedo, anteriormente había amenazas contra integrantes del colectivo y ahora a nosotros nos tocó. Que se nos garantice la seguridad, no somos criminales, ningunos delincuentes, estas actitudes no son para nosotros, no buscamos más que la autoridad nos devuelva a nuestros familiares”.

Lista de sus desaparecidos

Desde 2017 buscan a Marco Antonio Montoya Juárez.

De 2018, a Luz María García Sierra, Daniel Alejandro y Salvador González Rodríguez (hermanos), Brian Jesús Ortiz Cervantes, Edgar Eduardo Villanueva, Jorge Peralta, Ricardo Miranda Mendoza, Nancy Aidé Ceja López, Monserrat Frausto, Moisés Valadez, Maricela Rodríguez y Alfredo Rayas.

Del año 2019 buscan a Alejandro Gasca Montoya, Edgar Joel Rodríguez, Elliot Janick Barrios, Henry Rosique Vargas, Jesús Damián Almanza, Kevin Damián Martínez Barrón de 18 años, Juan Rodríguez, Darío Ibarra Narváez, Moisés Rodríguez Razo, Alberto Guadalupe Vázquez Ochoa, Iván Arturo Silva y Mayra Fabiola Huerta.

De este año, buscan a Sara Fernanda Mendoza López y a Juan Valentín Martínez.

Ellos exigen protección ante amenazas para que dejen de buscar

Los familiares de la víctimas de desaparición en Guanajuato por años estuvieron solos y fueron revictimizados, maltratados, menospreciados por las autoridades y en ocasiones por la misma sociedad, al ser señalados y criminalizados.

Una noche en la sala de juntas de un templo de Irapuato llegaron familiares de algunas personas desaparecidas a la convocatoria, ese fue el primer acercamiento con activistas y catedráticos y de ahí siguió el colectivo, que hoy suma a 150 familias de diversos municipios de Guanajuato, todas en busca de saber dónde están sus familiares y quién se llevó.

Desesperación por no saber dónde están. Foto: Edith Domínguez.

El pasado 18 de febrero, familiares de personas desaparecidas, arropados por activistas, realizaron una marcha en León para exigir las carpetas de investigación de casos en este municipio para revisar el actuar de la Fiscalía General.

Posterior a ello, “recibimos amenazas y una persona nos siguió”, denunció José Gutiérrez Cruz Almanza, titular del Colectivo de desaparecidos “A Tu Encuentro” en el estado de Guanajuato. La amenaza telefónica que recibió Gutiérrez (quien al momento iba acompañado de Janet Miranda, otra activista del colectivo "Sembrando Comunidad") ocurrió en el municipio de Irapuato, cuando una camioneta los perseguía.

En su denuncia pública, el activista de los derechos humanos hizo responsable de su seguridad y de la de los integrantes del colectivo al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, al secretario de Seguridad Pública Alvar Cabeza de Vaca y al fiscal Carlos Zamarripa Aguirre.

Aunque también presentó la denuncia ante las autoridades, tuvo que salir temporalmente del país, pero como ya hizo suya la lucha de encontrar a las personas desaparecidas que comenzó hace meses con cuatro familias, regresó a México y en una reunión que tuvo con los senadores de Guanajuato por Morena y el PAN pidió seguridad para todo el colectivo y que se den las condiciones para comenzar con la búsqueda de estos hombres y mujeres a quienes aún esperan en sus casas.

“No es para crear problemas políticos… la solidaridad y el nivel de descomposición en el que se encuentra Guanajuato me trajo a trabajar y caminar con las víctimas. El presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) dijo que en Guanajuato no marchan, sí marchamos a pesar del miedo”.

Gutiérrez solicitó una reunión los legisladores Malu Mícher, Antares Vázquez, José Erandi Bermúdez y Alejandra Reynosa, y la directiva de la Comisión de Derechos Humanos: Kenia López, Néstora Salgado y Emilio Álvarez Icaza, para dar seguimiento a los acuerdos con gobierno del estado en el mes de enero.

También “ver el tema de la seguridad del colectivo, la seguridad para que se den las condiciones adecuadas para las búsquedas en el estado. (Pedimos) Nos apoyen y envíen un exhorto al Congreso del Estado para la armonización de las leyes en temas de víctimas y personas desaparecidas con los estándares internacionales y (cambiar) el concepto de persona no localizada, que ha permitido que no se investigue de manera inmediata la desaparición de personas en el estado”

“Que me regresen a mi hijo, vivo o muerto”

La mayoría de las familias, en solitario, se convirtió en buscadores y detectives, porque las denuncias, las cartas a los políticos no sirvieron, dice la madre de Alfredo Rayas, joven desaparecido. “Entregué una carta a López Obrador y a (Carlos) Zamarripa, (en donde les pedía) que me regresen a mi hijo vivo o muerto, pero que me lo regresen, que nos dejen enterrarlo, meto las manos por mi hijo”.

En su andar, esta madre llegó a lugares inimaginables. Alfredo Rayas desapareció el 21 de octubre del 2018 en la comunidad de San José en el municipio de Villagrán, junto con Nancy Aidee Ceja López, Monserrat Frausto, Maritza Rodríguez y el esposo de esta última, Moisés Valadez, todos se dirigían al palenque. Desde esa fecha la progenitora de Alfredo comenzó a buscarlo, recorrió cada calle de la comunidad, después que supo que la credencial de elector de su hijo fue encontrada en una de las casas de lujo de Antonio Yépez alias “El Marro”.

Al salir de la comunidad, hombres vestidos de civil a bordo de una patrulla, que portaban armas de grueso calibre, “una metralleta”, los pararon a ella y a sus acompañantes; al bajarse del vehículo en el que iban, les pidieron sus credenciales de elector a las que les tomaron fotografías y luego los dejaron salir, nunca supo si eran policías porque no se identificaron, “ya no regresamos, nos dio miedo e impotencia de no poder hacer nada”.

Hoy su esperanza la tiene en el Colectivo, al asegurar que cuando sucedieron los hechos presentó la denuncia, pero la autoridad “no investigó”, incluso recuerda que a cada rato llegaba, visitaba la Subfiscalía región B para preguntar de los avances, y “ya no me dejaron pasar, me dejaban afuera del Cereso, ni me contestaban, cansados mandaron el caso a Celaya” y ahora acude a Celaya donde tampoco han investigado y el ir a la fiscalía de ese municipio “es un gasto en balde, porque ya no investigan”.

Foto: Edith Domínguez.

Para Sophia Huett, las amenazas a activistas son "distractores"

La desaparición de personas “No es un tema ahorita, yo vengo a otro evento, si fuera una reunión de desaparecidos donde tuviéramos que rendir cuentas pues claro que presentamos gráficas” dijo Sophia Huett, comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad, en una visita al municipio de Irapuato, cuando se le cuestionó en cómo afectaría que diera las cifras de los desaparecidos en Guanajuato.

Antes, se le cuestionó a cuántas familias atiende gobierno del estado y qué consiste esta atención.

La funcionaria tampoco quería tocar el tema de las amenazas contra el activista José Gutiérrez, del colectivo "A tu encuentro", porque no lo creía "prudente". “No creo que valga la pena en este momento distraer la conversación a otros temas”, y es que aseguró que el objetivo del estado era apoyar a las familias de las personas desaparecidas y el de la Fiscalía, hacer su trabajo.

“Está la parte del colectivo, con el que han existido las reuniones, pero también no podemos dejar de hablar de casos alternos, donde la propia familia acude sin intermediarios a solicitar esta atención, más allá que haya la discusión sobre ese tema (diariamente) existe un esfuerzo sincero, fidedigno, real, una preocupación por parte del gobernador que sabemos que (es) tan necesaria para las familias”.

Se le insistió que siguen desapareciendo personas en los municipios del estado, ¿podría proporcionar el dato de en qué municipio han detectado más casos? Huett respondió nuevamente con evasivas: “los datos son públicos y están por hacerse públicos, que es el padrón de los desaparecidos, que es consultable”. Lo cierto es que hoy día no hay una cifra oficial y real de las personas desaparecidas en Guanajuato.

Se sobredimensionan las soluciones legislativas en este país: Alcántara Soria

EL abogado y exsecretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria, consideró “tenemos una crisis institucional y estructural en los tres órdenes de gobierno y en la sociedad civil para pedir y procesar situaciones de desaparecidos. No hemos resuelto aspectos fundamentales ni en el ámbito de la sociedad civil organizada y no organizada ni mucho menos en el ámbito de gobiernos”.

El especialista aseveró que el gobierno del estado “está muy rebasado” por la crisis de los desaparecidos: las denuncias, carpetas de investigación judicializadas o no y de “capacidades elementales desde lo municipal, estatal para prevenir y contener cualquier tipo de violencias, sin perder la perspectiva nacional (...) Guanajuato no es una isla”.

"Sí, le toca teóricamente a la autoridad (pero esta) está absolutamente rebasada, si vamos a seguir gritando, exigiendo, que la autoridad civil por sí sola nos resuelva este problema de desaparecidos, feminicidios o cualquier otro, me parece una perspectiva bastante ingenua”, por lo que deberá ser desde la sociedad civil organizada con quien se comenzaría a resolver.

“Son los familiares unidos, fortalecidos, empoderados (...) o las misma víctimas los que puedan construir soluciones temporales" pero hay que seguir exigiendo "y por todas las vías, incluyendo lo electoral, (para) que los niveles de autoridad política recuperen un proceso de construcción de capacidades institucionales”.

Para ello se deben crear los protocolos transparentes en conjunto: autoridades municipales y estatales, colectivos, activistas y medios de comunicación, con “un proceso de negociación política abierta" para generar condiciones para la localización de desaparecidos y segundo, "en el acompañamiento a las familias de las víctimas en los procesos de esa búsqueda de desaparecidos”.

En cuanto a que Guanajuato sigue lento en diseñar leyes para las personas desaparecidas, dijo que “tenemos ese vicio en México de pensar que, porque se cambian, reforman, abrogan las leyes vamos a resolver el problema, esto hay que decirlo fuerte y claro: el cambio de leyes puede tener la ley más perfecta del mundo en Guanajuato en México y eso por sí solo no va resolver un problema”.

Erandi sugiere protocolos de protección

Reunión de senadores con colectivos. Foto: @SembrandoComun1

Tras la reunión con los colectivos, el senador Erandi Bermúdez dijo que uno de los acuerdos fue pedir a la Secretaría de Gobierno de Luis Ernesto Ayala, al secretario de Seguridad Pública, y al Congreso de Guanajuato, una reunión conjunta para ir trabajando en un protocolo, ya que tanto la ONU como Cruz Roja Internacional tienen uno "y se requiere hacer algunas modificaciones" en el local.

"Nos informan de casos muy complicados de personas que fueron desaparecidas y que quienes se dedican a la búsqueda encuentran este terrible desenlace de estar desaparecidos o muertos y es activar estos protocolos, acompañarlos".

“Es un trabajo que todos reconocemos nos está faltando, la senadora Antares Vázquez solicitó un punto de acuerdo para que el gobernador, el fiscal, el estado, puedan informar (...) por el caso de las desapariciones, recordemos que es un caso que está tipificado federal y Morena tuvo que aceptarlo, se tiene que incluir a la Fiscalía General de la República por ser (de su) competencia (...), pero en lugar de estar repartiendo culpas es trabajar conjunto estado, municipio, federación, poderes legislativos y judicial en este trabajo que la sociedad nos está demandando”, concluyó.