La resistencia de algunos sectores de la población, como la Pastoral católica, respecto a la circular que se giró a todas las oficialías del Registro civil en el estado para que el matrimonio igualitario fuera vigente a partir del 20 de diciembre, no puede utilizarse como justificación para no garantizar derechos humanos, particularmente, derechos de personas LGBTI+: el deber estatal es enfrentar estos discursos intolerantes y discriminatorios para evitar la exclusión y la negación de la diversidad sexual y de género, afirmó el activista Juan Pablo Delgado.

“Si bien estos grupos -de la Iglesia Católica- pueden ser intolerantes a las orientaciones no heterosexuales, esto no puede ser una excusa para que los gobiernos se abstengan de hacer efectivos derechos como reconocimiento al matrimonio igualitario”, declaró a POPLab el director ejecutivo de la organización Amicus.

Lucía Verdín y Juan Pablo Delgado, activistas. Foto: @WeraDeLimon.

Mientras que colectivas como Chicas Biless León afirman que la circular resulta insuficiente porque el tema de derechos humanos va más allá del matrimonio entre personas del mismo sexo, “hay una serie de derechos que emanan de una figura jurídica en cuanto a seguridad social, vivienda, herencias, etc., que tendrían que estar muy claros en la ley y que no dependiera de una persona o de una administración en concreto”, aseguró la directora, Naye Tello.

En ese sentido de apertura se pronunció otra activista y actual regidora (MC) en León, Lucía Verdín “La Wera” Limón, quien dijo que no solo es el reconocimiento, tardío, al matrimonio, sino también a la existencia y a los derechos de todas las personas.

“Es una vergüenza que seamos de los cinco estados que no han hecho cambios sustanciales en materia de matrimonio igualitario, además de que no todos los derechos se resuelven con el matrimonio igualitario”, por el tiempo que se tardó y que aún se va a tardar en resolver de fondo y no de forma, “se van a acumular otras situaciones específicas”, a las que agregó el reconocimiento y registro de niños y niñas, del concubinato, identidad de género, resguardo de actas, entre otras.

En ese sentido, la diputada local Yulma Rocha mencionó que se ha solicitado a la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado de Guanajuato a que se pronuncie sobre el tema. “No lo ha hecho, en función del documento que nosotros entregamos, no le entró al fondo y nosotros pedimos que ya, una recomendación, al Congreso del estado en atención a sus facultades que le da la ley, para que recomiende que ya legislen ante la omisión en que se encuentra” el Poder Legislativo.

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Sobre las manifestaciones específicas de la Iglesia Católica, Juan Pablo Delgado dijo que la libertad religiosa o la profesión de una religión (la que fuera) no les da a las personas el poder de marginar, reprimir o discriminar a otras personas, ni perpetrar actos violentos contra estas.

El abogado y activista destacó, respecto a la opinión de la Pastoral católica, de que las parejas de la diversidad sexual “no están capacitadas a responder a una tarea tan alta” como lo es la institución del matrimonio, que la visión sostenida de organismos de las Naciones Unidas, es de que depende de cómo se manifiesten las ideologías fundamentalistas, estas pueden llegar a causar varias violaciones a derechos humanos.

En particular “estas expresiones que patologizan, que estigmatizan a las poblaciones, después pueden generar incentivos a que se presenten actos que trasciendan a la violencia verbal, no por restarle importancia a este tipo de violencia, porque esta exacerba en algunos sectores de la población estas visiones discriminatorias”.

Foto: especial.

Mencionó también la postura de Víctor Madrigal, experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género de la ONU, respecto que no hay una relación directa entre la religión y la exclusión de las orientaciones sexuales no heterosexuales, puesto que en varios países y en diversas instituciones religiosas “ya se han adoptado interpretaciones inclusivas de la diversidad sexual y eso, espero que sea el futuro de la Iglesia Católica en México, porque tiene que modernizarse, y la Iglesia Católica tiene que ver que muchas de las personas que se identifican como católicas” -el 90.8 % de los guanajuatenses, según el Censo 2020 de Inegi, “forman parte de nuestras poblaciones”.

“Esto quiere decir sin duda que habrá muchas personas de la diversidad sexual y de género que se sigan identificando como católicas y ojalá que en el futuro cercano estas personas puedan profesar esta religión sin sentirse excluidas y discriminadas por la propia institución de la que forman parte”.

En este punto coincidió la Wera Limón: “ya lo dijo su Papa”, en el sentido de que todas las relaciones se iban a respetar, porque “no se pueden anteponer las ideologías teológicas sobre la realidad: no podemos solo cerrar los ojos y decir, ‘No está pasando, no quiero reconocerlo, entonces no está sucediendo’”.

Respecto a la falta de capacidad entre personas de la diversidad sexual de responder a un matrimonio, ella retó: “La pregunta sería más bien si estas relaciones heterosexuales sí tienen la capacidad (...) con base en qué estamos definiendo esa capacidad de mantener un vínculo (...) preguntarnos eso a nuestro alrededor cómo está afectando a las personas que conocemos”, que incluso no nos compartan su vida porque tienen miedo.

Diputada Yulma Rocha. Foto: especial.

La circular es insuficiente: Chicas Biless

Cuestionada sobre la postura radical de la Provincia Eclesiástica del Bajío sobre el matrimonio igualitario, la colectiva Chicas Biless León afirmó, a través de su directora, Naye Tello, que en temas de libertades o lucha por los derechos “las palabras de la Iglesia nos parecen irrelevantes”, sin embargo, reconocieron que la circular girada a las oficinas del Registro Civil, “si bien representa un avance administrativo en la reducción de tiempos y de dinero para parejas del mismo sexo que planean contraer matrimonio en el estado de Guanajuato”, dicho avance se consigue gracias al trabajo de las activistas a lo largo de los años.

La decisión, sin embargo, no cubre la necesidad de legislar en favor del matrimonio igualitario, porque es una medida administrativa que no modifica la ley.

“Nos parece indispensable que haya una legislación desde el Congreso del Estado para que el matrimonio igualitario esté plasmado en las leyes guanajuatenses” y se termine con esta concepción arcaica de que el matrimonio de que es una unión entre hombre y mujer con fines de procreación, sino que se adecúe la legislación “para que sea un derecho indistinto para todas las personas y que no tenga ningún tipo de connotación misógina sobre la reproducción de las mujeres”.

Para garantizar el resto de derechos que vienen con el matrimonio igualitario se requiere que se dictamine en el Congreso local la iniciativa que actualmente está en discusión, que se pase a votación y que se apruebe, “y que esté plasmado en las leyes oficiales del estado”.

Al respecto, Juan Pablo Delgado dijo que la consecuencia obvia de que las iniciativas legislativas se congelen “es que hoy no podamos verlo escrito en el Código Civil, en el reglamento del Registro Civil o en la Constitución, eso no significa que no haya la posibilidad de que suceda”.

La Wera Limón dijo que hay otros espacios desde los cuales se puede avanzar, como los Ayuntamientos, como el reglamento del Registro Civil. Porque “negar un derecho a una persona de cualquier tipo, cualquier derecho, es negar la existencia al respeto a la dignidad humana”.

Son temas ya ineludibles: diputados

Gerardo Fernández. Foto: especial.

Los legisladores locales Yulma Rocha (PRI) y Gerardo Fernández (PVEM) destacaron que hay separación entre iglesia y estado, por lo que las posturas de los grupos religiosos quedan como lo que son: opiniones, las cuales, se respetan, “lo que nos queda como diputados es hacer valer el derecho” y no el dogma, dijo el segundo, mientras que ella mencionó que el orden jurídico, evoluciona, y hoy se reconocen libertades que antes no se tenían, por un contexto global, nacional e incluso local.

“Todas las personas somos iguales y todos tenemos el mismo derecho a decidir sobre nuestra vida y a cómo queremos vivirla”, dijo Yulma Rocha. Lo dicho por la Pastoral católica forma parte de la diversidad de opiniones, sin embargo, “cualquier condición de una persona o de un grupo que esté siendo afectado su derecho desde la ley, nosotros los legisladores tenemos que trabajar” para subsanarla.

Por otra parte, Gerardo Fernández reconoció que aunque un porcentaje alto de guanajuatenses se declara católico o que profesa alguna de las ramas judeocristiana, “hay encuestas” que indican que una gran mayoría está de acuerdo con que todas las personas pueden y deben tener el derecho a amar a quien ellos decidan.

Agregó que la decisión que formaliza la circular a los Registros civiles es adecuada pero tardía y las parejas LGBTI+ aún quedan en la incertidumbre, pues sigue pendiente hacer las modificaciones legislativas para garantizar este derecho y que no quede como transitorio.

El diputado explicó que la actual iniciativa sobre el tema ya pasó a la Comisión de Justicia y a la de Gobernación para su análisis y, una vez que reinicie el periodo ordinario, para su posterior dictaminación en el Pleno.

Su colega priista reconoció que aún hay evidente resistencias de legisladores, del PAN, principalmente, aunque no son los únicos, pero este tema “nos guste o no nos guste” debe abordarse porque hay resoluciones de la Suprema Corte puesto que es un asunto de derechos humanos, donde también entran otros conceptos como el derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo, los crímenes de odio, y otros, que pareciera que en Guanajuato, por cuestiones ideológicas, no han encontrado eco, algo que tiene que cambiar.