La llegada de Vicente Esqueda Méndez a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) ha representado un retroceso para la institución: mientras aumentan las quejas por violaciones a derechos humanos, desde la oficina del ombudsperson apuestan por reducir las recomendaciones con diversas estrategias como llevar a las víctimas a conciliar o concentrar expedientes para que en la estadística parezca que las violaciones de organismos como la Fiscalía General del Estado van a la baja.

Desde la designación del primer militante panista al frente del organismo responsable de velar por el respeto a los derechos humanos, el número de recomendaciones ha disminuido hasta en un 92 por ciento, además de que los expedientes se acumulan año con año.

En 2018, con Raúl Montero de Alba al frente de Derechos Humanos, salieron 424 recomendaciones dirigidas a autoridades estatales y municipales, mientras que en el año 2022 con Esqueda Méndez apenas se emitieron 34 recomendaciones, principalmente dirigidas a autoridades estatales, y en concreto, a la Fiscalía General del Estado a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre, el fiscal que acumuló 14 años en el poder con la protección del PAN.

Ilustración de Pinche Einnar

"En el periodo que se informa y respecto de hechos acaecidos en el mismo, se atendió al 100 por ciento las ocho recomendaciones que se emitieron -desde la PRODHEG-" presumió Carlos Zamarripa Aguirre en el mensaje del 23 de febrero pasado, a propósito de su cuarto informe al frente de la Fiscalía de Guanajuato.

Sin embargo la estadística de la que alardeó el fiscal no coincide con el histórico de recomendaciones en versiones públicas que tiene en su portal la PRODHEG. De las 34 resoluciones de recomendaciones que salieron de la oficina de Vicente Esqueda, 16 se dirigieron a la Fiscalía General del Estado, aunque solo dos de ellas son de quejas presentadas en 2022, el resto son de años anteriores.

Frente a la crisis de derechos humanos en la que está sumergido Guanajuato, que se agudiza con los altos niveles de violencia, desde el Congreso de Guanajuato la mayoría panista renuncia, por primera vez, a llamar al ombudsperson a rendir cuentas en una mesa de trabajo que desahogue las dudas que tienen diputadas y diputados.

A la par, el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo nombró como secretaria ejecutiva del Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Sippina) a Rosario Corona Amador, quien hasta el lunes fue la secretaria general del Comité Directivo Estatal del PAN y esposa de Vicente Esqueda.

La designación más controvertida de ombudsperson en Guanajuato se vivió en diciembre de 2020, cuando la mayoría en el Congreso de Guanajuato palomeó la llegada del panista Esqueda Méndez, a pesar de que fue el único perfil de quienes aspiraron al cargo que no acreditó experiencia en la defensa de los Derechos Humanos.

La falta de experiencia en la materia del ahora procurador de Derechos Humanos intentó diluirse cuando la comisión de Derechos Humanos le asignó el mayor puntaje en una evaluación, misma de la que no conocieron detalles de los criterios para asignar la calificación.

A Vicente Esqueda Méndez tocó presentar en el mes de marzo de 2021 los resultados de 2020, el último año de gestión de Montero de Alba, es así que únicamente los informes de 2021 y 2022 corresponden a su función como titular de la PRODHEG.

Vicente Esqueda en la entrega del informe de las actividades 2022 en marzo pasado

Pocos resultados en la era de Esqueda

En los últimos tres años de José Raúl Montero de Alba -2018 a 2020- al frente de la PRODHEG, el organismo emitió, en promedio por año, 334 recomendaciones, pero a partir de que Vicente Esqueda Méndez se hizo cargo el promedio bajó a 32.5 recomendaciones en los dos años que lleva como ombudsperson: 31 recomendaciones en 2021 y 34 durante 2022.

Como un logro, Vicente Esqueda ha dado a conocer que en en los últimos dos años 267 expedientes de queja se han resuelto a través de la conciliación entre la víctima y la autoridad responsable de las violaciones a los derechos humanos.

Aunque en años anteriores también se manejó la conciliación como una vía para dar salida a las quejas, porque así lo permite la legislación actual, ha sido durante el periodo del panista que las conciliaciones se dispararon. Previo a la gestión de Esqueda el mayor número de expedientes que siguieron esta ruta fue de 80.

El 42 por ciento de los expedientes que ha concluido Vicente Esqueda se han dado con el sobreseimiento; es decir, de los 1 mil 482 resoluciones, 630 han sido por sobreseimiento que incluye, además de la conciliación, otros aspectos como considerar que las personas quejosas no tienen interés, por desistimiento y en menor número por acumulación.

Diputadas y diputados del PAN con Vicente Esqueda durante la entega del último informe de la PRODHEG

Para arrancar 2021, el actual procurador de los Derechos Humanos en el estado heredó 293 expedientes de su antecesor, pero la brecha de rezago se ha incrementado de manera considerable en los años que Esqueda ha estado como responsable del organismo.

Tan solo de 2021 para 2022 el número de quejas sin resolver fue de 503, mientras que al terminar el año 2022 el número de expedientes sin resolución se disparó a 1 mil 349, que se van a acumular a las quejas que se presenten durante 2023.

De acuerdo con los datos que son públicos a través de los informes que, históricamente, han presentado las personas que se han quedado al frente de la PRODHEG, durante los últimos tres años de Montero de Alba el porcentaje de expedientes que salían con recomendación estaba entre el 32 y 44 por ciento, pero con Esqueda el porcentaje de resoluciones con recomendaciones cayó al 4 por ciento.

En los tiempos del militante panista Vicente Esqueda no solo han ido a la baja las recomendaciones, sino que además las resoluciones se alentan y cada año va en aumento las quejas sin resolución.

Tan solo en 2022 se presentaron 1 mil 676 quejas por violaciones a derechos humanos, más los 503 expedientes que se quedaron rezagados del año 2021, da un total de 2 mil 179 expedientes y únicamente se les dio salida a 830 durante el año; es decir, para 2023 quedaron pendientes 1 mil 349 asuntos.

En 2018 el porcentaje de quejas que eran resueltas era de casi el 80 por ciento, pero en el último año el porcentaje bajó a 38.

De los 830 asuntos a los que se les dio salida en el año que terminó, únicamente 34 terminaron en recomendaciones. Del total de asuntos que terminaron en recomendación, únicamente cinco corresponden a expedientes abiertos en el 2022: tres dirigidos al gobierno municipal de Irapuato, de la administración de Lorena Alfaro, y dos más al fiscal regional B con sede en Irapuato de la Fiscalía General del Estado.

Una de las resoluciones que salió de la oficina de Vicente Esqueda fue el 24 de enero de 2022, en el que la PRODHEG optó por acumular 40 quejas diversas en contra de la actuación de la Agencia del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas de la Región B.

En un mismo expediente reunieron todo tipo de casos: desaparición de menores de edad, mujeres y hombres, aunque los protocolos de actuación son distintos dependiendo de la edad y el género, pero la PRODHEG decidió juntarlos todos para que salieran en una sola resolución las diversas violaciones a los derechos humanos cometidas por personal de la Fiscalía de Guanajuato.

Con la decisión de la Procuraduría de Derechos Humanos se redujeron en número las recomendaciones dirigidas a la Fiscalía de la que es responsable Carlos Zamarripa Aguirre, pero que no aparece en toda la revisión del expediente y se dirigen las recomendaciones al fiscal de la región B, Israel Aguado Silva.

FGE acapara recomendaciones por violaciones a DDHH

Las omisiones y dilaciones con que la Fiscalía General del Estado investiga la desaparición de personas en Guanajuato conforman el grueso de las recomendaciones que en el último año resolvió la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos.

De las 34 resoluciones de la PRODHEG en 2022, 16 se dirigieron a la Fiscalía, y de éstas, nueve están relacionadas con las violaciones a los derechos de las víctimas de desaparición en Guanajuato, aunque un solo expediente acumula 40 casos.

Esqueda con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso local

Las investigaciones que hace la Fiscalía de Guanajuato en materia de desaparición de personas no son exhaustivas, diligentes y no respetan los protocolos homologados de búsqueda e investigación de personas desaparecidas.

Por ejemplo, en el caso de un menor de edad se tardó la Fiscalía 2 años y 76 días para emitir la Alerta Amber, a partir de que sus familiares denunciaron la desaparición, también postergaron durante 2 años ir al sitio donde fue visto por última vez el adolescente, aunque la Fiscalía ya tenía ésta información que fue dada por familiares.

Sin justificación, la Fiscalía posterga investigaciones para nutrir las carpetas que se inician por la desaparición de personas.

Las omisiones más recurrentes son: la ausencia de perfiles genéticos en las carpetas de investigación, tampoco piden a autoridades o particulares los videos de las cámaras cercanas a la zona donde son vistas por última vez las personas, pese a que familiares indican la ubicación de las cámaras. En la Fiscalía llegan a tardar hasta dos años en gestionar un análisis y peritaje de las redes sociales de la víctima, así como el rastreo de su teléfono celular.

Contrario a lo que se observa en las recomendaciones de Derechos Humanos, el fiscal Carlos Zamarripa dijo públicamente que existe el compromiso de investigar la desaparición de personas.

"Se refrenda el compromiso institucional respecto a la investigación, búsqueda, localización, identificación de personas desaparecidas en coordinación con las diversas autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como con la sociedad civil", sostuvo en el discurso de febrero pasado.

Incluso, mencionó que durante 2022 se iniciaron 3 mil 191 carpetas de investigación por desaparición, y en el 90 por ciento de los casos las personas habían sido localizadas.

De acuerdo con un corte hecho por 'Desaparecidos Guanajuato', con base en respuestas de acceso a la información pública y con corte al 26 de abril de 2023 son 3 mil 666 personas desaparecidas.

En fosas comunes municipales, el panteón forense y en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) hay 2 mil 88 cuerpos, algunos de ellos identificados, otros no identificados y/o sin reclamar.

Detenciones arbitrarias e ingresos a domicilios sin una orden judicial que realizan policías de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ocupa el segundo sitio de violaciones a derechos humanos que comete personal de la Fiscalía General del Estado. Las cuatro recomendaciones en este sentido se dirigieron a Ricardo Vilchis Contreras como director de la AIC.

Panistas frenan reunión con Esqueda

El Congreso de Guanajuato decidió renunciar a la facultad legal que tiene para llamar a comparecer al procurador de los Derechos Humanos, cuando desde la comisión en la materia que preside el morenista David Martínez Mendizábal la mayoría panista votó en contra de solicitar a Vicente Esqueda explicaciones sobre los resultados en el último año.

A propuesta del presidente de la comisión y como parte de la metodología para revisar el informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos, se puso sobre la mesa mandar llamar a Vicente Esqueda, pero fue frenada con el voto de las panistas Melanie Murillo, Briseida Magdaleno y Katya Soto; además se sumó el priista Gustavo Adolfo Alfaro.

David Martínez y Vicente Esqueda

En entrevista con David Martínez mencionó que después de revisar el informe advirtió el bajo número de recomendaciones que salieron durante todo un año, además de las otras vías como la conciliación por la que apuesta Vicente Esqueda.

"Pudimos haber preguntado cara a cara pero lo escondieron, ya no va a ir al Congreso, simplemente va a responder -preguntas por escrito que enviarán diputadas y diputados-, voy a esperar a leer las respuestas por escrito a ver qué dice al respecto".

Adelantó que va solicitar que se conforme una comisión especial que revise por qué la PRODHEG emitió tan pocas recomendaciones en un año y si en realidad las quejas que presenta la ciudadanía no están fundamentadas.

El presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Congreso local consideró que Vicente Esqueda Méndez ha gozado de más protección panista que sus antecesores: Raúl Montero de Alba y Gustavo Rodríguez Junquera, éste último actualmente magistrado del Poder Judicial a propuesta del gobernador.