Producción: Juan José Plascencia

Ilustración: Pinche Einnar

Entre el 1 de enero y el 4 de mayo de 2022, en Guanajuato fueron asesinados 18 oficiales y un expolicía, en los que cuatro de las víctimas eran mujeres, esto, en medio de señalamientos de fuga de información desde las propias corporaciones de seguridad.

El rubro más afectado es el de los municipios, registrando hasta hoy 13 bajas por homicidio. Celaya es el que encabeza la lista, con cuatro, y es Celaya también, a donde señaló directamente el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, al confirmar que hubo que intervenir su C4 en el trienio anterior, el de Elvira Paniagua, por sospechas de permitir actividades delictivas.

Expertos en seguridad pública a nivel nacional denuncian la falta de inversión en el rubro, no solo en equipo, sino en capacitación e infraestructura.

Ilustración: Pinche Einnar.

El gobierno de Guanajuato destinó un presupuesto de poco más de 5 mil 268 millones de pesos para la seguridad pública este año, la entidad es segunda en este tipo de asesinatos a nivel nacional, muy cerca de Zacatecas y muy retirada de Veracruz, siguiente en la lista.

Destaca que el 85 por ciento de los atentados con saldo fatal han ocurrido cuando la/el oficial estaba desarmado, de ahí que desde hace meses se hable de una posible reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego, que les permitiría al menos usar su arma de cargo aún cuando están francos. Sin embargo, que se apruebe dicha iniciativa en el Congreso de la Unión aún está lejano.

Que los ataques se realicen durante estos traslados evidencia la vulnerabilidad en que están los integrantes de las corporaciones locales, advierte la investigadora de Causa en Común Angélica Canjura, “no se aprecia que exista ningún protocolo para evitar que perezcan por una amenaza previa; me atrevería a decir que o no existen o no se dan a conocer. Si existen, no funcionan”.

Y respecto a permitir el uso del arma del cargo en días de descanso, dijo que “es una solución paliativa y al final, discursiva”, pues si las y los agentes “no están bien entrenados, bien preparados y no existen controles de confianza eficaces”, de poco servirán, y es ahí cuando surgen la dudas de otorgar o no este beneficio.

Mientras, las autoridades estatales han señalado la urgencia de depurar las corporaciones locales y de aplicar exámenes de control y confianza a todos los elementos de seguridad, empezando por cada secretario, algo que a casi 7 meses de iniciadas las administraciones, sólo han cumplido a cabalidad 34 de 46 municipios.

Celaya es la ciudad donde se han perpetrado y consumado más ataques contra elementos de seguridad, independientemente de la corporación, con seis, seguido de San Luis de la Paz y Silao, con dos asesinatos cada una.

De los últimos cuatro ataques, dos ocurrieron a la hora de salida de los agentes, rumbo a sus domicilios. Y en dos más, las oficiales mujeres fueron ultimadas en sus propias casas. Fueron los casos de Ana Lidia, en Silao, y de Lucy, en Abasolo.

Para una policía de proximidad hace falta sobre todo, voluntad política: Angélica Canjura

En entrevista con la investigadora de la organización Causa en Común Angélica Canjura, esta reconoció que en el tema de asesinatos de policías está más activo en la zona centro del país, no sólo Zacatecas y Guanajuato, también en Veracruz y el estado de México.

Dijo “no hay una protección de las instituciones correspondientes hacia los policías locales” y sí un debilitamiento de las mismas como “una cosa sistemática, simplemente se asume que son incapaces o que están rebasados en capacidades y se envía a la Guardia Nacional o al Ejército sin mayor consideración de cuáles son las necesidades a nivel local”, desdeñando la importancia de estas corporaciones locales para el combate a la violencia del país, así como su vulnerabilidad.

Son “la primera línea de contacto con la ciudadanía pero también con la delincuencia”, lo que se refleja en el bajo reclutamiento o en las renuncias ya percibidas tanto en Zacatecas como en Guanajuato, mientras que en otras entidades “ha habido manifestaciones o amagos de paro por parte de elementos locales en relación a mejoras salariales, remoción de mandos por maltrato, homologación de prestaciones, seguros de vida”.

Incluso, dijo la investigadora, “organizaciones de viudas de oficiales denuncian que tras la muerte de su pareja no reciben el apoyo que les corresponde, lo que evidencia no solo abandono sino indiferencia por parte de los gobiernos estatales y el gobierno federal para atender esta situación”.

Respecto a la propuesta de permitir a los y las elementos cargar con un arma incluso en sus días de descanso, Canjura Luna destacó que el ser policía es una carrera de tiempo completo, una persona “al dejar su uniforme y tener su día franco no se convierte en otra cosa, sigue siendo policía 24 horas al día”, por lo que dicho permiso suena coherente, sin embargo el tema es más complejo: requiere capacitación y eficaces controles de confianza.

El comandante Roberto fue asesinado en Irapuato el 26 de abril.

“Un revólver que es el arma que ellos pudieran llevar a su domicilio”, sin embargo, según como lo establece la propuesta, ante un ataque directo “difícilmente pudieran defenderse” con eso, “tendría que existir un mecanismo de detección y de prevención de cualquier tipo de amenaza contra un elemento”, algo que ya parece existir en la policía estatal Guanajuato, “ahí tendría que haber una investigación muy minuciosa de cuál es la naturaleza de la amenaza y qué se puede hacer al respecto”.

La analista en seguridad comentó que conoce al menos tres casos de elementos que han tenido riñas con su propia familia y que han derivado en homicidio/suicidio del agente, “esto nos habla de una total falta de seguimiento de su situación psicológica, de las condiciones en las que viven los elementos del orden local”, además de que, “no todas las corporaciones locales están en posibilidad de hacer eso, tenemos corporaciones que ni siquiera tienen armas o chalecos para todos y que ni siquiera tienen un entrenamiento real, efectivo, para todos sus elementos”.

Angélica Canjura detalló: “Se obtiene una licencia colectiva para el uso de las armas pero no tiene un seguimiento puntual de las habilidades que se requieren, de las condiciones psicológicas y todo lo que implica que un elemento esté armado”.

En cuanto a los protocolos de prevención por amenazas, “son prácticamente inexistentes”, que también nos habla no solo de una impunidad, sino de exhibición, “porque no hay consecuencias: una persona puede considerar que es sencillo asesinar a un policía porque no le va a pasar nada” y mencionó un caso reciente en Chihuahua donde un comandante que fue asesinado junto con su esposa, algo similar a lo ocurrido el pasado 25 de abril en Silao, donde la agente municipal Ana Lidia fue ultimada junto a su pareja frente a su propia casa en su día de descanso.

Ana Lidia, policía municipal asesinada en Silao junto con un civil, su pareja.

Eso demuestra una total falta de respeto a la autoridad y al estado de Derecho, aunque a los agentes “nadie los esté cuidando y al contrario, ellos están arriesgando la vida por la sociedad y la sociedad no les devuelve nada a cambio”.

Sobre el tan mencionado proyecto de “Policía de Proximidad”, la especialista de Causa en Común dijo que “en primera instancia se requiere voluntad política”, pero también la asignación de recursos, “mientras no haya dinero, no se puede llevar a cabo porque eso implicaría no solamente que se tiene suficiente personal para cubrir territorialmente cada municipio y entonces se tiene también recursos para que todos ellos tengan un salario digno”.

Reconoció que Guanajuato es uno de los estados que cuentan con los mejores sueldos para policías sin embargo, ahí las fallas estarían en otro lado, sugirió que pueden ser las “estrategias del modelo judicial o bien, que existe un manejo de recursos que no está siendo el adecuado”, “para que funcione se necesita que toda la maquinaria institucional vaya en la misma dirección y sobre todo que exista una voluntad política para que siga funcionando”, porque muchas veces “el municipio se desentiende muy fácilmente, también por la falta de recursos”, sobre todo tras la desaparición de ciertos fideicomisos.

Angélica también advirtió que el consejo de presidentes municipales no ha sesionado recientemente, ni el Sistema Nacional de Seguridad Pública ha dado seguimiento a este nuevo modelo de policía, no hay alguna asignación especial de presupuesto ni alguna evaluación, señalamientos no sólo hacia los funcionarios: “tampoco como sociedad hemos construido una idea de que la policía es una institución ideal para trabajar y donde haya respeto y confianza hacia los elementos”.

Destacó que la Policía de Querétaro, la de Mérida, la de Nezahualcóyotl, tienen un modelo de Proximidad Social, en donde no hay incidencia relevante de policías asesinados, “mientras más local sea la estrategia, más acorde va a estar con su realidad”.

Para finalizar, comentó que el pendiente que tenemos como ciudadanía para terminar con la violencia es exigir transparencia y rendición de cuentas y conocer el mejor uso de los recursos.

Abandono institucional: Alejandro Hope

Por su parte, el analista en seguridad Alejandro Hope informó que unos 2 mil oficiales han sido asesinados desde 2017 en todo el país, de los cuales aproximadamente la mitad son policías municipales, “es ahí donde está el eslabón más débil”, en tanto que el 40 por ciento estaba franco, es decir, desarmado, al momento del ataque.

“El riesgo en que incurre el policía no termina cuando terminan sus horas de servicio; sí es una situación muy delicada y los estados en general tienden a invertir poco en la protección de sus policías”, explicó.

Pero incluso “no hay una reacción vigorosa cuando muere un policía, a muchos los revictimizan, se asume que si fue asesinado estaba metido” con grupos criminales.

Aproximadamente, uno de cada mil integrantes de las corporaciones policiales es víctima de homicidio cada año. Eso se traduce en una tasa de homicidio casi cuatro veces superior a la de la población en su conjunto, cita en su artículo más reciente sobre el proyecto Azul Cobalto del investigador Daniel Gómez-Tagle, donde también comparte que ninguna entidad federativa invierte más de 7 mil 500 pesos al año por agente policiaco en equipo de protección personal.

Esto es por un evidente abandono: “los policías en México están mal pagados, mal equipados, mal capacitados, mal supervisados, mal controlados, con condiciones materiales y laborales terribles, con horarios que son casi tortura, con escasez del estado de fuerza… Tiene problemas estructurales, de fondo y mucho de eso fluye de una subinversión crónica que hay en el sector de seguridad y justicia, gastamos muy poco en las instituciones y se nota”.

“Esto es particularmente visible en las policías municipales, que la mayoría de las cuales carecen de una fuente permanente y estable de financiamiento”.

El investigador advirtió que “hay que evitar la tentación de simplemente asumir” que hay la colusión con la delincuencia, “sólo por haber sido víctima, porque eso es muchas veces lo que sucede y simple y sencillamente no se investiga”.

Aunque para la asignación de armas de cargo en tiempos no oficiales, hay que balancear el riesgo de mayor posibilidad de desvío, de robos, con el riesgo real que sí corre el policía estando desarmado.

Además, en el tema de la militarización de la seguridad pública también se requiere una reforma “que limite con mucho mayor precisión los ámbitos de competencia de los tres niveles de gobierno” pues “lo que es responsabilidad de todos acaba siendo responsabilidad de nadie y eso genera una confusión sobre qué es lo que tiene qué hacer cada una de las policías y por lo tanto ahí tienes a policías municipales con armas largas pegándose a tiros con huachicoleros y tienes a la Guardia Nacional revisando mochilas…”.

“Y sí, a la Guardia Nacional no le toca ser policía de proximidad, ni siquiera estar en entornos urbanos, mayormente debería estar en zonas rurales”, esto, en referencia a las declaraciones del gobernador Diego Sinhue Rodríguez sobre los hechos ocurridos en Irapuato.

Hope explicó que “se requiere una transformación del modelo de financiamiento de la seguridad en México y eso implica reformas más grandes”, como que una parte de lo que los municipios captan del predial se destine a los policías, además de hacer una escisión entre el mando operativo, evidentemente local, y la gestión administrativa de las policías, es decir “quitarle” a los municipios “la carga de reclutar, la formación inicial, de hacer las compras de equipo, hacerlas desde el poder central, manteniendo el control operativo en lo local”, con lo cual “garantizar algunas condiciones materiales homogéneas para todas las policías”.

“Tenemos que cuidar a quien nos cuida”, concluyó.

La policía municipal en León sufrió la pérdida de Manuel Alejandro, de 36 años.

“Mientras el país no regule las drogas, aquí seguiremos”: Santiago Roel

Otra es la opinión del director del Semáforo Delictivo de México, Santiago Roel: “Queremos que los policías municipales resuelvan todo, pero son una de las tantas víctimas de esta guerra estúpida”, “sí, podríamos darles más recursos, más capacitación, más protección” pero los grupos del crimen organizado, del narcotráfico, seguirán fuertes “mientras les estemos dando tanto dinero a los narcos”, puesto que “al prohibir las drogas, creamos mercados negros y se lo damos a los narcos y a los narcopolíticos, para que se hagan ricos y para que nos hagan la guerra a todos los ciudadanos”.

No obstante, reconoció que los policías municipales, los estatales y los de las fiscalías son las grandes víctimas de esta “guerra” que se libra desde 2008, pues han quedado “en medio de un fuego cruzado y los quieren doblar con plata o con plomo”.

Lo único que queda, dijo “es quitarles el negocio”, algo que se logra con una regulación de ese mercado, “un tema que México no quiere entender”, tampoco la ciudadanía de Guanajuato, si les preguntas, lamentó.

Según cifras del Observatorio Ciudadano de León, basadas en datos oficiales, una comparativa entre los meses de enero y febrero de 2022 respecto a 2021 muestra que en el estado hubo un aumento del 20 % en el número de carpetas abiertas por narcomenudeo.

Sin embargo, las autoridades locales nada pueden hacer ante esta escalada: “quitas a un narcomenudista de la esquina y en media hora, está uno nuevo”, dijo el especialista en seguridad, “países más avanzados, como Estado Unidos, o han regulado drogas o se voltean para otro lado, el mensaje para los narcos es: «si tú no te metes con otros delitos, con policías, no hay problema. Si tú te metes con uno de los nuestros vamos a ir por ti con todo». Y en México no hacemos ni una cosa ni la otra”.

Esta falta de reconocimiento hasta en la muerte es muy fuerte para los agentes, “la mayor parte son honestos, pero la mafia sabe dónde estás, dónde vive tu familia, es muy difícil enfrentarse a esto. Luego tú como policía te quieres enfrentar, pero tus superiores te lo impiden, porque ellos también están metidos en esto”, comentó.

Pero ni siquiera es un tema de corrupción de los mexicanos, es cosa del sistema, aclaró Santiago Roel, “es un mercado que corrompe y que mata”.

Sobre la legislación para regular estas sustancias se mostró pesimista: “esta administración federal prometió hacerlo y como con muchas otras cosas, se han hecho tontos”, sin avance siquiera en la mariguana, “la droga más fácil”.

“Si atrapar capos resolviera las cosas, hace mucho que lo hubiéramos resuelto”, finalizó.

“Cacareada” reforma para asignarles armas fuera de turno

Actualmente, la Ley Federal de Armas de Fuego indica que los elementos de seguridad deben dejar sus armas al terminar su turno.

Sin embargo, desde enero de este año, el gobernador de Guanajuato se ha mostrado a favor de que las y los policías tengan el permiso de usarlas cuando salen, como defensa en caso de algún ataque en su contra y ha urgido a los legisladores a hacer las reformas respectivas.

Sin embargo también reconoce que es un asunto complejo, pues debe intervenir la Secretaría de la Defensa Nacional, instancia que otorga las licencias colectivas, que se dan por el total de policías en turno, por lo que habría que tener el doble de armas y su respectiva autorización.

Por lo pronto, el pasado 24 de febrero, el diputado federal Jorge Espadas (PAN) presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos con este tema de autodefensa para las y los oficiales, esto, ante la comisión de la defensa nacional, presidida por su compañero de bancada, Ricardo Villarreal. Podría resolverse en el mes de septiembre.

Fugas de información y evaluaciones de Control y Confianza

Hace una semana, después del asesinato del comandante Roberto en Irapuato, perpetrado cerca de su domicilio, la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sophia Huett López advirtió que desde los Centros de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) se filtra información para asesinar policías, al compartirse sus domicilios con la delincuencia, aquellos que han sido abatidos "caen víctimas por hacer bien su trabajo" dijo.

Por ello, la funcionaria estatal exhortó a presidentas y presidentes municipales a que revisen al personal en sus C4, el cual como cualquier oficial, debe tener aprobados sus exámenes de control y confianza; sin embargo, no especificó qué localidades han estado o están actualmente bajo sospecha.

Sin embargo, Diego Sinhue sí "dio nombres": Celaya fue uno de los casos donde el estado intervino su Centro de Comandos y Comunicación, por "halconeo" en la administración anterior, encabezada por Elvira Paniagua.

Cuestionado por la prensa sobre si en el caso del policía José Francisco, en Celaya, fue una filtración del C4, remitió a la Fiscalía General del Estado.

No obstante, tanto ese municipio como León e Irapuato refutaron a Sophia Huett y al gobernador, al asegurar que sus C4 son confiables.

Javier Mendoza Márquez, en particular, dijo que su C4 está blindado y no hay fuga de información, pues en Celaya se está realizando un proceso de depuración de elementos, registrándose en los primeros cinco meses al menos 279 bajas.

Destaca que en febrero pasado, dos ex policías municipales de Celaya, acusados durante el trienio anterior de apoyar a un grupo criminal en su ataque a colegas de las FSPE en 2020, fueron sentenciados a 157 años de prisión.

Celaya es también el municipio que ha registrado la mayor alza en casos de homicidios a nivel general, algo que se refleja a partir de la llegada de la nueva administración, el pasado 10 de octubre, según datos recogidos por el Semáforo Delictivo, con base en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Jesús Rivera Peralta reemplazó a Miguel Ángel Simental en la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Semáforo delictivo para el municipio de Celaya.

Por otra parte el pasado 20 de abril, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que hoy día sólo en 34 de los 46 municipios en Guanajuato, es decir, el 74 por ciento, los titulares de Seguridad Pública cuentan con la vigencia de su Evaluación de Control y Confianza, un requisito legal indispensable para que puedan fungir con ese cargo.

En cuatro municipios los Secretarios y/o Directores se desempeñan en calidad de encargados de Despacho, pero sin estar evaluados ni aprobados; en otros seis está pendientes de conocerse los resultados, mientras que un municipio tiene pendiente el nombramiento de su titular; en uno más el posible titular está programado para presentar su evaluación.

Estas omisiones, advirtió Sophia Huett, son por exceso de confianza y están costando vidas entre los uniformados.

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