Ninguna de las autoridades que participaron en la extinta comisión para la implementación del sistema de justicia penal acusatorio: Secretaría de Gobierno, Poder Judicial, Fiscalía General del Estado y el Poder Legislativo, tienen registros del trabajo que hizo el abogado Plinio Martínez Tafolla como secretario técnico, y que luego cobró al Congreso de Guanajuato 1.2 millones de pesos por tres años de salarios caídos.

Plinio Martínez Tafolla, actual responsable jurídico de la Jefatura de Gobierno de Diego Sinhue Rodríguez, justificó ante el Congreso el cobro con cientos de hojas de documentación repetida, impresiones de correos electrónicos con invitaciones a foros y borradores de un plan de mejora del sistema de justicia penal del estado que nunca se aprobó.

Con el argumento de que durante tres años representó al Congreso de Guanajuato ante la comisión estatal para la implementación de la reforma en materia de justicia penal y seguridad pública del estado sin cobrar como funcionario estatal, el abogado que colabora con administraciones panistas reclamó el cobro de los salarios caídos.

Pretendía que le pagaran alrededor de 3 millones de pesos -70 mil pesos por cada mes-, pero después de negociaciones en Justicia Alternativa y en lo particular con el secretario general, Christian Cruz Villegas, el acuerdo final ascendió a 1.2 millones de pesos, monto al que se sumaron otros 290 mil pesos por un contrato para trabajar en la actualización de la Ley de Movilidad del Estado, estudio que terminó en una iniciativa presentada por el grupo parlamentario del PAN.

El cobro de los tres años que, asegura, trabajó sin cobrar, coincide con el regreso de Christian Cruz Villegas al Congreso, de quien recibió el nombramiento de titular del Instituto de Investigaciones Legislativas en 2015, en la primera gestión de Cruz Villegas como secretario general.

Plinio Martínez salió del Instituto de Investigaciones Legislativas en octubre de 2018 con el cambio de Legislatura, aunque, de acuerdo con lo manifestado por el abogado en el convenio que firmó para recibir el cobro, se mantuvo como representante del Congreso en una comisión que ya no existe y decidió cobrar cuando se declaró que ésta desaparecería, en diciembre de 2021.

Portada Juan José Plascencia

En un documento de recensión, Plinio Martínez expone que se mantuvo en secretaría técnica porque había pendientes, pese a que había dejado la titularidad del Instituto de Investigaciones Legislativas, el cargo por el que le tocó representar al Congreso en la comisión especial.

Entre los asuntos pendientes, enlistó que estaba en marcha la tercera etapa de distribución de equipo de salas de oralidad que operan con recursos de la hoy extinta Iniciativa Mérida -programa de cooperación de seguridad por Estados Unidos para combatir el narcotráfico y el crimen organizado-, además de la comprobación de ejecución de proyectos aprobados con recursos federales de 2015 y 2016 que se extendieron hasta 2017:

"Con la finalidad de que el Congreso del Estado estuviese en la posibilidad de cumplir con sus responsabilidades, compromisos y objetivos trazados en la comisión estatal para la implementación de la reforma en materia de justicia penal y seguridad pública, fue necesario que continuara contando con servicios profesionales en la actuación del secretario técnico".

Incluso, recordó que en años anteriores Francisco Javier Ramírez y Eduardo López Mares, éste último ahora dirigente estatal del PAN, fueron secretarios técnicos de la comisión estatal, con percepciones mensuales de 70 mil pesos.

En el convenio CONV/LXV-LEG/DGA/C-CTOPLIN/192/2022, firmado para pagarle a Plinio Martínez 1.2 millones de pesos, se señala que deberá entregar al Congreso documentos que acrediten el trabajo que hizo como secretario técnico de la comisión y representante del Legislativo.

Estos entregables se presentaron a POPLab en una caja que contenía copias repetidas de invitaciones a foros enviadas por correo electrónico y borradores de un plan integral de mejora del sistema de justicia penal en el estado.

Presenta borradores de plan para recibir 1.2 mdp

Al solicitar por transparencia los documentos que comprueban que Martínez Tafolla estuvo tres años (2018-2021) representando al Congreso en una comisión que ya no existe y sin cobrar, la respuesta fue que no estaban digitalizados los archivos que consistían en más de 1 mil 600 páginas, por lo que se pondrían a disposición para consulta directa.

El concentrado de hojas se presentó en una caja. POPLab constató que los documentos estaban repetidos, lo mismo un borrador del plan integral para de mejora del sistema de justicia penal en Guanajuato, que los correos electrónicos con invitaciones a nombre de Plinio Martínez para foros y requerimientos que hizo el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad a la secretaría técnica porque Carlos Zamarripa Aguirre, fiscal del estado, no entregaba información al Gobierno Federal.

Documentos presentados como entregables al Congreso

En el convenio que firmó el Congreso del Estado para pagar a Plinio Martínez 1 millón 218 mil pesos por salarios caídos, el abogado se comprometió a presentar pruebas de que estuvo trabajando como secretario técnico de la comisión para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, a pesar de que en 2018, con el cambio de Legislatura, dejó el cargo público que lo hizo llegar a la extinta comisión.

Fue el 21 de noviembre de 2018, ya estando fuera del Congreso, que Plinio Martínez ingresó una petición dirigida al entonces secretario general, Ricardo Narváez Martínez, en el que pide viáticos y un vehículo para poder asistir a una reunión en la Ciudad de México. No existió evidencia de que el Congreso atendió la petición que hizo el abogado.

Entre los documentos para comprobar que siguió representando al Congreso en la comisión están unos boletos de avión del aeropuerto de León a la Ciudad de México del 1 de septiembre de 2021, sin que se conozca si el Legislativo pagó esos vuelos porque no hay factura.

Al menos seis versiones de borradores de un "plan integral de mejora del sistema de justicia penal del estado" forma parte de los entregables, aunque nunca quedó una versión aprobada para poner en marcha las estrategias.

El plan concluyó el 28 de mayo de 2019 y lo pasó a revisión del fiscal, Carlos Zamarripa Aguirre, en su calidad de presidente de la comisión especial. La respuesta del fiscal llega hasta el 30 de septiembre de ese año pidiendo más información. En los entregables, además de los borradores, se incluyó un proyecto de plan.

También presentó un documento en el que se asegura que desde 2018 se realizaron 36 sesiones de trabajo para la realización del citado plan.

Con esta documentación, que, según el Congreso del Estado, no tiene digitalizada, se justificó el pago de más de 1.2 millones de pesos a Plinio Martínez por tres años de salarios caídos.

Así se presentó la documental para justificar el pago que hizo el Congreso

Sin registro de trabajo de la comisión

Los tres Poderes y la Fiscalía General del Estado que integraron la extinta comisión para la implementación del sistema de justicia penal acusatorio no tienen registro de sesiones en las que Plinio Martínez haya fungido como secretario técnico durante los tres años que, dijo, no cobró y mantuvo el cargo.

Vía transparencia POPLab solicitó al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial y a la Fiscalía General del Estado las minutas o las actas de las reuniones de la comisión entre octubre de 2018 y el 7 de diciembre de 2021, pero ninguna autoridad encontró evidencia.

En diciembre de 2021, mediante decreto, desapareció la comisión para la implementación del sistema de justicia y dio paso a la creación de la comisión Especial para la Evaluación y Consolidación del Sistema de Justicia Penal en Guanajuato. Después de que se extinguió la comisión, Plinio Martínez cobró sus salarios al Congreso.

Por la petición que hizo POPLab, en la respuesta se adjuntan oficios firmados por las personas titulares de tres áreas del Congreso: Apoyo Parlamentario, Procesos Legislativos y Desarrollo Parlamentario y Asuntos Jurídicos, pero la respuesta fue que "no son documentos que genera, obtenga, adquiera, transforme, posea, custodio o conserve" alguna de las áreas.

La respuesta de la Fiscalía General del Estado es que "no tiene bajo su resguardo los documentos" porque cuando se suscribió el convenio para la creación de comisión especial (en 2009) la entonces Procuraduría General de Justicia formaba parte del Ejecutivo; además, con la conformación de la nueva comisión especial para la evaluación y consolidación del sistema de justicia penal, la Secretaría de Gobierno queda a cargo de la presidencia y la secretaría técnica, por lo que "compete la recepción del archivo documental de la comisión extinta".

Extracto de la respuesta de la FGE

El Poder Judicial también respondió a POPLab que las actas o minutas tendrían que estar a resguardo del Ejecutivo: "... no fueron localizados documentos relacionados con minutas o actas de reuniones de la extinta comisión... motivo por el cual no es posible otorgarle versiones públicas peticionadas, podrá acudir a la Secretaría de Gobierno del Gobierno del Estado".

Sin embargo, el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobierno tampoco tiene evidencia de que existieron reuniones de la comisión especial durante el periodo que Plinio Martínez, ahora colaborador en el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, cobró al Congreso como secretario técnico.

En su respuesta, el Gobierno estatal señala que "una vez realizada la búsqueda correspondiente en los archivos de la Secretaría Técnica de la Comisión Estatal para la Evaluación y Consolidación del Sistema de Justicia Penal en Guanajuato, no se encontró documento alguno en los términos solicitados y durante el periodo referido".

Aunque, señala la respuesta, que en atención al principio de máxima publicidad, se ponen a disposición 24 minutas de la extinta comisión que se localizaron en formato físico, pero que corresponden al periodo del 17 de marzo de 2009 al 11 de abril de 2013, previo a la llegada de Plinio Martínez a la secretaría técnica. En total son 107 hojas, pero para poder tener acceso a ellas habría que pagar las copias.