Autores:
Esqueda protegió a Zamarripa y Alvar desde la Prodheg y es premiado con magistratura
Cuestionado desde el proceso del que resultó avalado por la mayoría panista en el Congreso, su paso por el organismo soslayó crisis de derechos humanos y violencia
Vicente Esqueda Méndez, el primer ombudsperson de Guanajuato con militancia panista, conservó desde la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) la protección que marcó el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para el cuestionado dúo responsable de la seguridad en el estado en los últimos años: Carlos Zamarripa Aguirre y Alvar Cabeza de Vaca, frente a la creciente violencia y la crisis de derechos humanos. La recompensa para el panista es su próxima designación como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) por 10 años.
Desde el organismo autónomo al que llegó con el voto de la mayoría panista en el Congreso local, Vicente Esqueda hizo cambios en la dinámica de trabajo que resultó para bajar exponencialmente las cifras de recomendaciones, además de blindar dos de las áreas más denunciadas por la ciudadanía por violaciones a los derechos humanos. Se trata de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Hasta antes de diciembre de 2020, cuando Esqueda fue designado procurador de los Derechos Humanos en el estado, el organismo contabilizaba cada recomendación para presentar en los informes, pero el panista cambió el criterio para contabilizar expedientes de queja, uno puede llevar varias recomendaciones, lo que impacta directamente en las estadísticas de recomendación.
Por ejemplo, durante los primeros tres años de gestión (de 2019 a 2021) de Raúl Montero De Alba, quien estuvo al frente de la PRODHEG antes de Vicente Esqueda, se reportó que el organismo emitió 1 mil 334 recomendaciones, cifra que disminuyó significativamente con la nueva política del panista de contabilizar por expendientes: en sus primeros tres años emitió 124 recomendaciones.
Sin embargo, lejos de reflejar una disminución en las violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades guanajuatenses, la crisis crece y puede comprobarse con el número de quejas que recibió la PRODHEG en los últimos años.
En el comparativo de los tres primeros años de Raúl Montero y Vicente Esqueda, el número de quejas aumentó en un 40 por ciento. Durante los tres primeros años de Montero de Alba suman 3 mil 174 quejas, mientras que en los tres primeros años de Vicente Esqueda el número de quejas fue de 4 mil 471.
Con el incremento de quejas también creció el rezago de asuntos en la PRODHEG. En 2020, el año que Vicente Esqueda recibió el nombramiento de Procurador de Derechos Humanos, había 1 mil 037 expedientes: 744 quejas presentadas durante ese año y 293 que heredó de años anteriores, pero ese año se concluyeron 618, y solo quedaron para el siguiente año 419 expedientes.
El rezago creció durante la gestión de Vicente Esqueda porque en 2023 se reportaron 4 mil 890 expedientes, entre las 2 mil 59 quejas presentadas el año anterior y el acumulado de quejas de años anteriores. Durante el año que terminó dieron salida a 3 mil 333 expedientes, en su mayoría fueron sobreseimientos (784) y quejas no admitidas (683), y todavía quedan sin resolver otros 1 mil 557 asuntos.
A su paso por la PRODHEG, Esqueda incluyó en la nómina a panistas y colaboradores sin experiencia en Derechos Humanos, como el propio ombudsperson, quien durante el proceso de designación que realizó el Congreso del Estado no logró acreditar conocimientos en el tema, pero que obtuvo el cargo con el apoyo del PAN.
Ahora, a poco más de cinco meses de terminar el periodo para el que fue designado como procurador de los Derechos Humanos, renunció a la PRODHEG y pretende ocupar por los próximos 10 años un espacio en el Tribunal de Justicia Administrativa, promovido por el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, y que podría concretarse, otra vez, con el voto de los 21 diputados del PAN y 3 del PRI.
El martes 18 de junio, Vicente Esqueda presentó una carta en la que anuncia al Congreso local su separación al cargo, apenas unas horas antes de que Diego Sinhue Rodríguez oficializara la propuesta para asegurarle un espacio como magistrado del TJA, antes de la llegada de su esposa, Rosario Corona, al gobierno del estado, probablemente como secretaria de Gobierno o Jefa de Gabinete, después de coordinar la campaña de la gobernadora electa, Libia Dennise García Muñoz Ledo.
Aumentan quejas contra FGE y SSP, pero bajan recomendaciones
"No tengo una sola recomendación por parte de la procuraduría local de los Derechos Humanos, una sola no tengo. Tengo cero, ni de la Comisión Nacional de Derecho Humanos", presumió Alvar Cabeza de Vaca el 28 de febrero pasado frente a diputados locales cuando acudió a una mesa de trabajo para analizar el sexto informe de gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.
El funcionario que está por cumplir 12 años en el cargo no mintió. De ser uno de los más recomendados en años anteriores, dejó de ser señalado por el panista Vicente Esqueda Méndez.
En el 2023, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) no recibió ninguna recomendación de la PRODHEG, a pesar de que fue el año con más quejas de los últimos siete años. La Procuraduría recibió 202 quejas contra la Secretaría a cargo de Alvar Cabeza de Vaca pero no hubo recomendaciones.
Entre 2017 y 2023, la Procuraduría de los Derechos Humanos recibió 853 quejas contra la actuación del personal operativo y administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública.
Durante la gestión de Raúl Montero y con el criterio de contar cada recomendación emitida y no expedientes, a la SSP se dirigieron 110 recomendaciones, mientras que en los tres años de Vicente Esqueda salieron 10 expedientes con recomendación: 9 en 2021, 1 en 2022 y cero en 2023.
La última recomendación, hasta antes de que Esqueda presentara su último informe, salió el 20 de septiembre de 2022 y se trata de un expediente de queja iniciado en 2021.
Una persona presentó la queja por violaciones a los derechos de su hermano y otras personas privadas de la libertad en el Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago. La recomendación se dirigió al secretario Alvar Cabeza de Vaca y a Daniel Díaz Martínez, como titular de la Secretaría de Salud.
El asunto de fondo es porque se omitió proporcionar tratamiento médico a la persona privada de la libertad que se encontraba cumpliendo una medida cautelar en el pabellón psiquiátrico, al haber sido declarado inimputable, y señaló la omisión de trasladarlo a una hospital psiquiátrico para recibir atención médica adecuada. La quejosa solicitó también salvaguardar los derechos de otros internos en la misma situación.
"Se comprobó que en el CEPRERESO estuvieron privadas de la libertad 12 personas con declaratoria de inimputabilidad, en fechas de internamiento que van del año 2003 al 2015", señala el expediente en el que se resuelve que las personas llevaban entre 5 y 17 años sin ser trasladadas a un hospital psiquiátrico para recibir la atención médica que requieren.
Un caso similar es el de la Fiscalía General del Estado: por un lado, crecen de manera exponencial las quejas contra el organismo autónomo a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre desde hace 15 años, por el otro, disminuyen las recomendaciones de la PRODHEG desde la llegada de Vicente Esqueda.
Tan solo en los tres años que estuvo el panista al frente de la PRODHEG, con base en los números publicados en los informes de 2021 a 2023, se presentaron 1 mil 062 quejas contra la Fiscalía General del Estado, pero apenas 38 expedientes concluyeron en recomendaciones.
Durante los cuatro años de Raúl Montero De Alba, el número de quejas contra la Fiscalía fue menor al registrado en tres años de Vicente Esqueda: 854 expedientes y 216 recomendaciones.
La renuncia y las prisas por designar ombudsperson
En abril de 2024, con las campañas iniciadas por la gubernatura, Vicente Esqueda presentó el informe del año 2023 de la PRODHEG, sin verse obligado a participar en un ejercicio de análisis en el Congreso del Estado con el argumento de que la ley electoral no permite este tipo de ejercicios.
Apenas un par de semanas después de la jornada electoral, Esqueda presentó la carta en la que informa al Congreso que deja el cargo, aunque el periodo de cuatro para el que fue designado termina hasta diciembre próximo.
En 2020 el PAN impuso al exdirigente del partido como el ombudsperson para Guanajuato, y lo hizo con el apoyo de la entonces perredista y presidenta de la comisión de Derechos Humanos, Claudia Silva Campos. El mismo día que Vicente Esqueda obtuvo 32 de los 36 votos del Pleno para su designación, la diputada presentó su renuncia al PRD para convertirse en la candidata del PAN a la alcaldía de Acámbaro. Ganó la elección en 2021 y después de la jornada del 2 de junio pasado consiguió la reelección con la coalición PAN-PRI-PRD.
Las críticas de activistas y personas expertas en Derechos Humanos iniciaron desde que inició el proceso de designación en el Congreso por la nula experiencia de Vicente Esqueda en temas relacionados con la defensa y promoción de los Derechos Humanos.
A pesar de ser el único perfil que no demostró experiencia en el tema, recibió la calificación más alta, con la operación que hizo la ahora gobernadora electa, Libia Dennise García Muñoz Ledo, como diputada local e integrante de la comisión de Derechos Humanos.
Con el cambio de Legislatura en puerta y ahora que el PAN va a perder la mayoría en el Congreso local, desde la Junta de Gobierno y Coordinación política que preside el panista Luis Ernesto Ayala Torres se ordenaría la publicación de la convocatoria para dejar la designación de la persona titular de la PRODHEG antes del 25 de septiembre.
Desde la presidencia de la comisión de Derechos Humanos, el morenista David Martínez Mendizábal, se pronunció porque sea la próxima Legislatura la que se encargue de la designación.
El argumento de Martínez Mendizábal es que la ley establece que debe garantizarse la máxima publicidad de la convocatoria para la inscripción de aspirantes, luego vendría la revisión del cumplimiento de requisitos, llamar a entrevista a los mejores perfiles y presentar una terna al Pleno, pero apenas quedan tres meses para que termine la Legislatura.
Con excepción de la publicación de la convocatoria, el resto del proceso de revisión de perfiles corre a cargo de la comisión de Derechos Humanos en donde hay tres integrantes del PAN, la presidencia a cargo del diputado morenista y la participación del priista Adolfo Alfaro Reyes.
La titularidad de la PRODHEG nunca ha estado en manos de una mujer, solo hombres han estado al frente del organismo.
24 de junio de 2024, 16:31
Explora más contenido de este autor
Descubre más artículos y perspectivas únicas