Viridiana Margarita Márquez Moreno se convirtió en la primera titular del órgano de control interno de León en ser designada bajo el nuevo diseño del Legislativo con la promesa de mayor participación ciudadana, alejada de los intereses del Ayuntamiento; sin embargo, el ejercicio terminó en tribunales, impugnado por uno de los participantes que denuncia un proceso desaseado, simulado e ilegal que corrió a cargo de cinco ciudadanos seleccionados por la ahora contralora.

Nombrada por la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos como responsable de la Contraloría a su llegada al gobierno municipal en octubre de 2021, Viridiana Márquez estuvo tres meses como encargada de despacho sin que avanzaran investigaciones heredadas por el gobierno de Héctor López Santillana, luego vino el proceso para la designación de la persona titular que inició con la selección de cinco personas de la sociedad civil para integrar el Comité Municipal Ciudadano que sería el responsable de emitir la convocatoria, calificar perfiles y presentar una terna ante el Ayuntamiento.

En ese proceso, como encargada de la Contraloría, Viridiana Márquez Moreno participó en la evaluación de los nueve perfiles ciudadanos, después la comisión de Contraloría, Transparencia y Combate a la Corrupción llevó al Pleno del Ayuntamiento la propuesta de los cinco seleccionados. Meses más tarde, esas cinco personas considerarían a Márquez Moreno como una de las tres más aptas para ocupar la titularidad en el órgano de control interno por 5 años, evaluación que es cuestionada por uno de los participantes por considerarla ilegal y opaca.

Fotografías de archivo

A mediados de enero pasado, después de un intenso debate en el Ayuntamiento leonés, con el voto de la mayoría panista en segunda ronda, Viridiana Márquez Moreno recibió el nombramiento de Contralora, pero apenas unas semanas después todo el proceso fue impugnado ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) por Ángel Miguel Márquez López, uno de los aspirantes, quien advirtió una serie de irregularidades cuando quiso conocer los criterios de evaluación del Comité Municipal Ciudadano, responsable del proceso que debió ser público y transparente, como lo marca la Ley, pero que se desarrolló en privado, y luego se le negaron en primera instancia las calificaciones de cada aspirante.

El asunto se turnó al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, a quien ya respondieron por escrito la síndica Leticia Villegas Nava, los integrantes del Comité Ciudadano y la contralora Viridiana Márquez, pidiendo que se declare improcedente la impugnación, descalificando las denuncias del ex aspirante por considerar que "no tiene interés jurídico" al no formar parte de la terna que recibió el Ayuntamiento.

Aunque la naturaleza del Comité Municipal Ciudadano es la de ser un organismo autónomo, con la participación de cinco personas ajenas al Ayuntamiento que no reciben sueldo, el escrito que entregaron al TJA para responder a la impugnación es una copia al que envió la síndica Leticia Villegas: mismos argumentos, fundamentos legales y hasta empleando las mismas palabras.

Entre los puntos que denuncia el ex aspirante a la Contraloría ante el Tribunal está que se violó el artículo 112 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de León, porque para la integración de la terna el Comité Ciudadano dejó de lado los resultados del examen de conocimiento, además de que no se hicieron públicas las entrevistas, así como los criterios empleados por cada integrante del Comité para definir las puntuaciones.

Y es que fueron tan dispares que hubo casos en los que un aspirante recibía de uno de los integrantes apenas 5 puntos y de otro 30. Candidatas y candidatos que habían tenido buenos resultados en el examen de conocimientos no formaron parte de la terna porque en la entrevista terminaron con bajas evaluaciones. Los detalles de la calificación que dio cada integrante del Comité a los aspirantes los consiguió Ángel Miguel Márquez vía transparencia, después de que se le negaron y recurrió al Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado (IACIP).

La decisión de último momento que tomó el Comité Municipal Ciudadano de solo considerar el puntaje de la entrevista, sin tomar en cuenta el examen de conocimientos, cambió la integración de la terna. Quedó fuera Leopoldo Jiménez Soto, quien fue el contralor de Héctor López Santillana y jefe de Viridiana Márquez, y se incluyó a una aspirante que tuvo uno de los puntajes más bajos en el examen de conocimientos.

Ilustración de Pinche Einnar

Integrantes del Comité Ciudadano ligados a López Santillana

La reforma de 2019, cuando Alejandra Gutiérrez Campos fue diputada local, consistió en cambiar el proceso para designar a titulares de las contralorías municipales, y se basa en la conformación de un Comité Municipal Ciudadano a cargo de todo el proceso de evaluación de perfiles.

La modificación legal se hizo buscando incentivar la participación de la sociedad, apegándose a los principios de gobierno abierto, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, pero el primer ejercicio en León se vio opacado por las denuncias de simulación que hicieron integrantes de oposición en el Ayuntamiento y posteriormente con la impugnación que está en el Tribunal de Justicia Administrativa.

Con el inicio del nuevo gobierno municipal de León, luego de seis años de Héctor López Santillana al frente, Alejandra Gutiérrez prometió "no ser tapadera de nadie" y nombró como encargada de despacho de la Contraloría a Viridiana Márquez Moreno, quien tres meses después recibió el nombramiento definitivo avalado por un Comité Ciudadano integrado por personas que son consejeras desde el gobierno de López Santillana.

Desde el arranque del actual gobierno municipal salió la convocatoria para elegir el Comité Municipal Ciudadano: nueve personas se postularon, ocho cumplieron con los requisitos, pero solo había espacio para 5. La propuesta corrió a cargo de la Comisión de Contraloría con el apoyo de Viridiana Márquez, como responsable de la Contraloría, y de la dirección de Desarrollo Institucional para la evaluación de los perfiles ciudadanos.

Con base en la calificación, el Comité debió integrarse por: Sergio Ramírez Martínez, Luis Felipe Carpizo Ituarte, Alma Delia López Orozco, Ivette Vallejo Esteban y Luis Lorenzo Sandoval Ascencio, pero éste último quedó fuera porque la comisión consideró que por el principio de paridad de género debía integrarse a otra mujer, y se nombró a María Fernanda Rivera Gutiérrez como la quinta integrante.

Para Alma Delia López Orozco y Luis Felipe Carpizo Ituarte el cargo dentro de un organismo ciudadano no es nuevo, pues forman parte del Consejo Ciudadano de Contraloría Social desde el gobierno de Héctor López Santillana, incluso, Luis Felipe Carpizo preside este consejo responsable de vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos, pero que en 2017 como presidente del Colegio de Arquitectos de León y siendo consejero recibió de la administración de López Santillana un donativo por 139 mil 200 pesos para la impresión 1000 libros por el 50 aniversario de la organización de profesionistas.

A la derecha de López Santillana posa Luis Felipe Carpizo

Alma Delia López Orozco también viene del Consejo de Contraloría Social, que entre sus facultades tiene la de trabajar de manera coordinada con la Contraloría, siendo así que la relación con Viridiana Márquez no es nueva, porque la actual contralora lleva 7 años en el área.

Iret Vallejo Estevan aparece en el directorio del Conalep como Coordinadora Ejecutiva II del Conalep León I, además en mayo pasado fue nombrada consejera del Instituto Cultural de León, proceso también polémico porque quedaron fuera artistas que participaron.

María Fernanda Rivera Gutiérrez es abogada, responsable hasta mayo de 2022, según su perfil en linkedin, del departamento jurídico de la Asociación de Distribuidores de Automotores (AMDA) Guanajuato. En el perfil también anunció que se incorporó como auxiliar en amparo penal en la Defensoría Pública de Guanajuato, aunque no aparece en el directorio del Gobierno del Estado.

Evaluación sin reglas claras

Con la integración del Consejo Municipal Ciudadano, el 27 de noviembre de 2021 se publicó la convocatoria para la Contraloría de León. La primera versión que se publicó salió con una contradicción: entre los requisitos que establece la Ley señala que pueden aspirar personas con residencia en el Estado de Guanajuato, pero en la convocatoria el Comité pidió que se entregara una carta de residencia expedida por el Ayuntamiento de León, limitando así a personas de otros municipios, requisito que después fue corregido.

El 16 de diciembre se publicó un listado de las 17 personas que cumplieron con la documentación, mismas que de acuerdo con la convocatoria pasarían a la siguiente etapa del proceso: presentar el examen de conocimientos. La evaluación se programó para realizarse a distancia el 20 de diciembre a través de la plataforma Zoom y formulario de Google Forms. La calificación mínima aprobatoria que se estableció fue del 70 por ciento de las 25 preguntas que se formularon.

En la impugnación que presentó Ángel Miguel Márquez, denunció que durante el examen a distancia hubo aspirantes que apagaron micrófonos, que no estuvieron todo el tiempo a cuadro, reglas que impuso el Comité.

De las 17 personas que presentaron el examen de conocimientos, solo 10 llegaron a la última etapa: la de la entrevista que harían integrantes del Comité Municipal Ciudadano de manera presencial. En la convocatoria no se dieron más detalles, tampoco se especificó que la calificación de la entrevista sería la que el Comité tomaría en cuenta para formar la terna.

La entrevista se realizó aspirante por aspirante sin espectadores, pese a que el artículo 111 del Reglamento Interior del Ayuntamiento establece que "las entrevistas serán públicas y podrán valerse de los medios de presencia virtual que consideren pertinentes con el objeto de dar mayor claridad y certeza al acto"; sin embargo, éstas no se han hecho públicas para que la ciudadanía conozca el desenvolvimiento de cada aspirante.

De acuerdo con la metodología de la entrevista a la que se tuvo acceso por las peticiones que hizo Ángel Miguel Márquez vía transparencia, a cada aspirante se hicieron 11 preguntas con valores que van de los 5 hasta los 30 puntos, y los integrantes del Consejo Municipal fueron los encargados de asignar el puntaje que consideraron.

Integrantes del Comité Municipal Ciudadano

Las preguntas fueron abiertas y la valoración de las respuestas fue subjetiva, dijo Ángel Miguel Márquez, para luego compartir con POPLab copia de la metodología de evaluación, en la que se asegura que el diseño hecho por el Comité Municipal "busca integrar elementos que permitan garantizar eficiencia, calidad, independencia, objetividad y rendición de cuentas en la valoración de los expedientes".

Para evaluar el rubro de combate a la corrupción, el Comité preguntó: "¿Si tú fueras el responsable del combate a la corrupción en el Municipio de León, qué acciones propondrías?", el valor de la respuesta eran 10 puntos.

La "integridad" de cada aspirante se calificó con la respuesta a la pregunta: "¿Cuál ha sido la prueba más difícil que ha experimentado para mantener su integridad como funcionario público o profesionista?", aquí la respuesta valía 20 puntos.

La puntuación más alta se asignó al rubro que llamaron profesionalismo, para obtener los 30 puntos de cada integrante del Comité Municipal Ciudadano debían responder: "¿Por qué cree usted que debe ser contralor/a?". Aquí el aspirante Martín Millán Soberanes, quien obtuvo uno de los puntajes más altos en el examen de conocimientos, recibió apenas 10 puntos de Iret Vallejo.

Otra de las aspirantes más "castigadas" en la entrevista fue Jesica Barajas Gómez, quien recibió cuatro ceros por parte de María Fernanda Rivera, la integrante que llegó al Comité para cumplir con la paridad. Los ceros fueron de los rubros combate a la corrupción, colaboración, liderazgo e integridad, pero al momento de evaluar su profesionalismo, María Fernanda Rivera le dio a la aspirante la máxima puntuación.

María Guadalupe Navarro Rangel fue una de las mujeres con la puntuación más alta en el examen de conocimientos, pero en la entrevista recibió un cero por parte de Sergio Ramírez Martínez por la respuesta que dio en el rubro de combate a la corrupción.
En los documentos de resolución que entregaron los ciudadanos responsables del proceso al secretario del Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, reconocen que la puntuación del examen de conocimientos no se promedió con la entrevista por decisión del Comité. A la letra dice:

Las y los candidatos seleccionados por el Comité para conformar la terna fueron elegidos tomando en cuenta el puntaje obtenido en el proceso de entrevista pues, se consideró el promedio matemático total de las ponderaciones individuales de cada uno de las y los miembros del Comité; ello a fin de garantizar la objetividad de la selección.

Respecto a la evaluación, el artículo 112 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de León establece lo siguiente:

La integración de la terna de aspirantes deberá considerar, además de los resultados obtenidos en el examen de conocimientos y en la entrevista, aquellas condiciones relacionadas con la compatibilidad del puesto, perfil profesional, trayectoria y experiencia en la materia.

De acuerdo con los alegatos coincidentes por parte de la síndica del Ayuntamiento, el Comité Municipal Ciudadano y la contralora municipal ante el Tribunal de Justicia Administrativa, no era necesario promediar el examen de conocimientos con la entrevista, porque el primero solo se tomó en cuenta para pasar a la etapa de la entrevista, sin que la decisión incurra en una violación al reglamento interior.

Diseño de Juan José Plascencia con información de Carmen Pizan

Con la valoración final de la entrevista, el Comité decidió que la terna sería integrada por:

Mark Sandoval Salmerón -el mejor calificado-: Licenciado en Derecho, trabajó en la dirección general de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, en la dirección jurídica de la visitaduría interna y derechos humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en la dirección de legalidad y derechos humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de León, coordinador de lo contencioso de la Secretaría del Ayuntamiento, coordinador de control de procedimientos administrativos de la Contraloría General de la Universidad de Guanajuato, jefe de asuntos jurídicos de la Contraloría Interna de Sapal, encargado de la auditoría jurídica de la Contraloría Interna de Sapal.

Silvia Fabiola Campos Gutiérrez -la segunda en puntuación-: Licenciada en Derecho, ha sido perito calificador arancelario en la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración/ directora de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable/ directora de Mejora Regulatoria en la Dirección General de Economía.

Viridiana Margarita Márquez Moreno -con el puntaje más bajo-: Poder Judicial del Estado y Contraloría municipal de León.

De haberse promediado el examen de conocimientos con la entrevista, interpretación que argumentó el exaspirante a la Contraloría que se inconformó, la terna habría tenido un cambio: en lugar de Silvia Fabiola Campos, quien en el examen de conocimientos apenas llegó al mínimo aprobatorio, habría sido incluido Leopoldo Jiménez Soto, el contralor saliente.

Para desacreditar la impugnación presentada por Ángel Miguel Márquez, tanto el Comité Ciudadano, la síndica del Ayuntamiento y la contralora, argumentaron que no tiene interés jurídico porque "no acredita haber cumplido con las condiciones para formar parte de esa terna".

Sin embargo, el exaspirante comentó que la impugnación surgió por el desaseo del proceso para elegir a la persona titular del órgano de control interno con la participación ciudadana, pero que fue totalmente opaca.

Incluso, durante la sesión del 13 de enero de 2022 cuando se discutió la terna ante el Pleno del Ayuntamiento, integrantes de oposición señalaron que la participación ciudadana fue una simulación porque la alcaldesa panista ya tenía perfilada a Viridiana Márquez para ocupar el cargo.

Contralora de Alejandra Gutiérrez sin resultados

Desde su llegada como encargada de despacho, Viridiana Márquez Moreno tiene pendientes investigaciones, aunque también hay algunas resueltas sin responsabilidades para ex funcionarios municipales como la denuncia por cobro de moches desde la dirección de Desarrollo Institucional durante los dos trienios de Héctor López Santillana, primero con Enrique Sosa Campos y luego con Alberto Martínez Aguado como directores.

Enrique Sosa también fue investigado por la venta del patio del jardín de niños Juan Aldama al empresario Gabriel Padilla, engañando a integrantes del Ayuntamiento -2018-2021- al decirles que se trataba de un predio usado como "basurero". El proceso contra el ex tesorero está a la espera de que el TJA resuelva una impugnación para deslindar responsabilidad. Mientras, la contraloría de Viridiana Márquez está por determinar faltas no graves contra el ex director de Control Patrimonial, Jesús Álvarez Navarro, y el ex titular de Servicios Generales, Carlos Pimentel Faes.

Éstas sanciones darían paso a que el Ayuntamiento concrete la reversión de la compra-venta del predio del preescolar, luego de que el empresario Gabriel Padilla hiciera el ofrecimiento por escrito a la presidenta municipal en octubre pasado.

Entre los pendientes que tiene la contralora electa por la alcaldesa panista están temas de la administración de Héctor López Santillana como la muerte de cinco trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal) en el Módulo de Desbaste.

De la actual administración también se acumula el inicio de investigaciones, como los contratos por más de 2 millones de pesos que el actual gobierno de Alejandra Gutiérrez ha adjudicado de manera directa a su publicista Humberto Ruiz Peláez, petición que hizo la oposición en el Ayuntamiento.