La unanimidad de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes (OSA) fue acallada por el Gobierno del Estado y la afición taurina. De acuerdo con testimonios dados a conocer a PopLab, las y los músicos serán obligados a tocar este 16 de septiembre en un evento publicitado por el Gobierno Estatal como “La Corrida de la Insurgencia”. De no asistir, aseguraron, fueron amenazados con recibir alguna sanción administrativa.

La celebración, que simula ser de gobierno, en realidad es un evento privado, pues según información del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), se trata de una marca registrada a nombre de Luis Alberto Villarreal, esposo de la gobernadora Teresa Jiménez; y participan otras empresas taurinas y de venta de boletos sin que exista contrato alguno con el Gobierno Estatal.

El evento, sin embargo, ha sido difundido con recursos públicos en diversos estados de la región, de acuerdo con fuentes oficiales.

Se trata de una puesta en escena que evoca al periodo insurgente, con más de 50 participantes, vestuarios de la época, la intervención del artista plástico español Curro González, tres matadores en escena y un desfile que incluye el uso de calezas, estatuas y decoración de la época en andadores del centro de la capital aguascalentense, así como en la Plaza de Toros San Marcos.

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Una producción única en Latinoamérica “que marcará la vida de la tauromaquia en Aguascalientes”, afirmaron durante la rueda de prensa para presentar el evento –el pasado 26 de julio– los titulares del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, José Ángel González Serna, y de la Secretaría de Turismo, Gloria Romo, quienes omitieron detallar cuánto costará dicha producción al Gobierno Estatal.

En la presentación también participó Román Revueltas, director de la OSA, que afirmó que la tauromaquia y la música “son ambos un arte del instante”.

La corrida es anunciada como si se tratara de un evento oficial, con la promesa de que la recaudación por la venta de boletos –que van de los 500 a los 2 mil 400 pesos y se venden a través de una empresa privada–, sería donada, presuntamente, a beneficio de la Casa del Adolescente, adscrita al DIF Estatal.

Sin embargo, no existe ningún contrato legal que asegure la transferencia de los recursos, aceptó Jorge Zamora Estrada, director de Comunicación Social del DIF, dependencia encargada de la organización del evento.

Tampoco es claro cómo se ejercerán las ganancias y, sobre todo, el costo que tendrá la corrida y quién asumirá los gastos.

“Es un evento público porque está abierto al público en general. En cuanto a la producción nos está apoyando el licenciado Luis Alberto Villarreal, él fue quien propuso este proyecto. Este espectáculo no solo es a nivel local, se da el realce a nivel regional y se estuvo difundiendo en diferentes estados, por ejemplo, en Jalisco, en Guadalajara, en Guanajuato, en Zacatecas, estados donde les gusta la fiesta de los toros".

-Específicamente sobre los costos, por ejemplo, de la decoración, de los vestuarios, la instalación, el artista plástico, la difusión ¿eso quién lo va a pagar?

-Lo desconozco. Este proyecto el licenciado Villarreal nos lo presentó. Todo lo está viendo él.

-¿Y él lo está viendo como empresario que firma un convenio con ustedes como DIF, o como funcionario de gobierno del Estado, o de qué forma?

-No hay ningún convenio que se haya firmado.

-¿O sea, él lo está viendo como ciudadano?

-No, mira, bueno, yo lo veo así. Que no se pierda el objetivo del mismo, que es apoyar a esos niños.

-¿Pero no tienen idea de cuánto cueste?

-No.

-¿Y tampoco tienen idea de dónde va a salir ese recurso? ¿De dónde van a salir los insumos y las contrataciones?

-No.

-¿Tienen algún contrato legal que asegure la transferencia de los recursos provenientes de la recaudación, a los adolescentes bajo cuidado del DIF?

-No, ninguno, es sólo de palabra.

Zamora, del DIF, afirmó en entrevista con PopLab que la empresa que administra la Plaza de Toros San Marcos, Espectáculos Monterrey, prestará el espacio sin ningún cobro. También dijo que los tres toreros participarán de forma gratuita, al igual que la Orquesta Sinfónica.

Eso último, de acuerdo con las y los músicos, es mentira.

Cinco integrantes de la OSA narraron a PopLab cómo se les dio la orden de amenizar esa corrida sin tomar en cuenta sus posiciones respecto de la fiesta brava, y cómo hasta ahora no tienen claridad sobre el pago que deberán recibir.

“A nosotros se nos avisó el último día de trabajo para salir de vacaciones, el 30 de junio. Fue en el ensayo general para un concierto. El director, Román Revueltas, dijo: Por cierto, de una vez se los voy a decir, a partir de este 16 de septiembre y todo este sexenio, vamos a estar tocando en la corrida de toros para el Festival de la Insurgencia. En ese momento no supimos qué decir.

“Días después se le cuestionó al maestro qué iba a suceder con esto. Se abrió la plática a toda la Orquesta. La gente se manifestó, no estábamos de acuerdo. Por ser embajadores de la cultura deberíamos de ser totalmente imparciales, se dijo que la sociedad ya cambió, que hay gente a favor de los animales. Y que entonces, como la sociedad ya cambió, nosotros tenemos que ir con la sociedad.

“Se manifestaron muchísimas cosas, mucho enojo de gente que realmente le afecta el que maten a un animal en frente de ellos. El maestro (Revueltas) dijo que lo platicaría. Hubo propuestas de gente que pidió por lo menos mandar a un suplente. Hay gente a la que le enferma, ya hubo comentarios de que por la presión que sienten de ir, se están enfermando.

“A la fecha no nos han dicho cuánto nos van a pagar y si vamos a poder contratar o no a un suplente. Se nos dijo que tenemos que ir porque somos servidores públicos. En esa junta se hizo una votación, un sondeo de quién estaba de acuerdo en que se llevara a cabo. Fuera de si somos taurinos o no, es el nombre de la Orquesta participando en algo que no está diseñado para nosotros, que no tiene relación de nada. Todos votamos a favor de no ir, fue por unanimidad. Y se solicitó que se llamara a Alejandro Vázquez Zúñiga (director del Instituto Cultural de Aguascalientes), que él nos fuera a explicar, que se presentara ante el Pleno de la Orquesta para externarle que no estábamos de acuerdo en eso. Hasta la fecha no ha ido.

“Hasta el día de hoy la instrucción por parte de la jefa de personal fue que todos los principales tienen que ir, o sea, no hay opción. Y los que no son principales, pueden mandar un suplente. La respuesta fue que se iba a pagar por ley, pero hasta el día de hoy no sabemos cuánto. El sábado es nuestro día de descanso y es día feriado. Entonces, en teoría, lo que nosotros sabemos por ley es que se debe pagar triple más el día de trabajo”, contaron.

Esa no es la única queja de las y los integrantes de la Orquesta, quienes afirman que, al igual que otros grupos al interior del Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA), sufren de precariedad, falta de apoyo y violencia laboral.

El sector cultural, conducido en el estado por la cuota perredista a través de Alejandro Vázquez Zúñiga, director del ICA, suma dos semanas en crisis por la injerencia de ese partido en sectores artísticos. Hasta hoy, ni él ni la gobernadora, Teresa Jiménez, se han pronunciado sobre las protestas de docentes y artistas.
Ahora también se agregan las quejas de las y los músicos.

Orquesta Sinfónica de Aguascalientes.

La última vez que se realizó La Corrida de la Insurgencia fue en 2019, en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde Villarreal, alcalde en el trienio 2018-2021, enfrenta acusaciones penales por millonarios desvíos de recursos públicos.

El nacimiento de ese evento ocurrió en 2016 –año en el que se registró la marca ante el IMPI– cuando San Miguel de Allende era gobernado por el hermano de Luis Alberto, Ricardo Villarreal García. Los hermanos son acusados de participar en una red de corrupción en el sector inmobiliario, que incluye a diversos actores panistas.

El esposo de la gobernadora, de acuerdo con el propio gobierno, no forma parte de la administración estatal, aunque se sabe que participa como asesor, sin que se transparenten sus responsabilidades, obligaciones y remuneración.

Mientras que la actividad empresarial de Villarreal en el mundo taurino es vista como un conflicto de interés con el gobierno aguascalentense. Activistas en defensa de los animales consideran que la permanencia de la fiesta brava es un desacato frente a las resoluciones que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Orquesta Sinfónica, bajo amenaza.

“Ustedes gastan al año 30 millones de pesos y generan nada más 120 mil pesos. No son redituables. Gastan mucho, ganan mucho; ustedes dentro del gobierno están en observación. Y además quiero decirles que pisan sobre piso de hielo muy delgado”, dijo, presuntamente, Alejandro Zúñiga a la Orquesta Sinfónica estatal en marzo pasado, durante su primer acercamiento con las y los músicos, tras el inicio de la administración de Jiménez.

“Por más que nosotros intentamos explicarle que la cultura nunca es negocio, sino más bien un servicio a la comunidad, a la sociedad, él lo ve como un gran gasto para el Instituto Cultural”, dice una de las cinco personas de la Orquesta que buscaron a PopLab para relatar su testimonio.

La OSA es una de las agrupaciones más reconocidas en la entidad, sin embargo, su permanencia se mantiene en crisis desde hace sexenios, afirmaron sus integrantes.

“Tengo más de 20 años en esta orquesta, y en cada nueva administración lo primero que se nos dice es que falta presupuesto. Subsistimos por presupuesto federal que alcanza para la nómina y para nuestras temporadas, pero en esta nueva administración por primera vez me toca realmente escuchar que ya nos dijeron: No hay nada para ustedes, ni para sus temporadas. Eso quiere decir que, primero, no habrá recursos para los accesorios que necesitamos en nuestros instrumentos, y no vamos a tener solistas en las temporadas, o serán de baja calidad. Tampoco, se supone, tendremos directores invitados. En todas las orquestas, el director normalmente presenta un 60% de conciertos, y el otro 40% es de directores invitados de alto nivel, eso es lo que llama la atención, pero ahora no habrá”, dice otra de las personas.

Los testimonios de los miembros de la OSA hablan de hostigamiento laboral, tardanza de pago a personas invitadas, falta de perfiles especializados en la organización musical, entrega de plazas por “amiguismos”, aviadores que cobran en la nómina, anulación del Consejo Técnico, favoritismo a personas extranjeras y utilización, con discrecionalidad, de las plazas de trabajo, asunto que ha derivado en que de necesitar 80 músicos, la orquesta sólo cuente con 66.

La falta de acuerdos derivaron este año en una solicitud de la mayoría de quienes integran la Orquesta para que María Concepción Ramírez Gómez, coordinadora de personal de la Orquesta, sea removida de su cargo. Un documento en poder de PopLab firmado por las y los músicos donde la señalan por diversas deficiencias laborales y “falta de tacto y humanidad”, fue enviado a Vázquez Zúñiga el pasado 3 de agosto. La dirección general lo recibió al otro día, pero hasta ahora la solicitud no ha sido atendida, ni dialogada.

Ramírez Gómez, de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, obtuvo ese puesto en marzo de 2022, cuando aún no iniciaba la administración de la gobernadora Teresa Jiménez.

“Su desempeño no solamente no ha mejorado, sino que ha venido en franca decadencia, al grado de obstaculizar nuestro desempeño en el ejercicio de la música. (...) Es insostenible su permanencia”, se menciona en el escrito enviado por las y los músicos.

En las últimas semanas, aseguran, fue despedida de manera injustificada la principal de oboes, una mujer joven que sostiene que su despido ocurrió tras diversas presiones. La mujer, madre soltera, detalla que la justificación para removerla fue haber obtenido un permiso para faltar tres días a los ensayos de la Orquesta para acompañar a su hijo, estudiante de música clásica, a un festival de la escuela fuera del estado.

“Me sentí muy amenazada, intimidada, hostigada. Me siento muy humillada porque además se hizo de la forma más vil, o sea, me corrieron en escenario, eso jamás se había visto”, relató a PopLab.

Entre las quejas también está la falta de mantenimiento de los instrumentos, que –la mayoría– son propiedad de las y los músicos, algunos con costos superiores a los 200 mil pesos.

“Es defender nuestros instrumentos porque son nuestra propiedad. No es fácil mandarlos a arreglar. Cuando se le cuestionó a Alejandro Vázquez Zúñiga sobre si le pasaba algo a un instrumento de la Orquesta, y quién lo iba a pagar, porque nosotros no, él respondió: yo tampoco. Hemos pedido durante nuestra gestión que haya un seguro para los instrumentos, pero no lo hay”, dijeron.

La falta de presupuesto durante el sexenio del panista Martín Orozco, obligó a la OSA a realizar dos presentaciones de la Sinfonía No.9 L.V. Beethoven a finales del año pasado, con el objetivo de recaudar los recursos necesarios para dar mantenimiento a sus instrumentos.

Las ganancias habrían desaparecido en octubre de 2022, al comienzo de la administración de Jiménez.

De acuerdo con una carta enviada por Carlos Reyes Sáhagún a la Orquesta en agosto de 2022, el entonces director del ICA señaló que de los conciertos se recaudaron 293 mil 758 pesos.

“Ese dinero se quedó etiquetado, termina la administración y ahora el dinero ya no aparece, no sabemos en dónde está. Esos conciertos recaudatorios son extras, es nuestro trabajo para obtener nuestros propios materiales para poder tocar”, señalaron los miembros de la agrupación.

Este miércoles, PopLab envió un cuestionario al titular del ICA, Alejandro Vázquez Zúñiga, para aclarar los señalamientos. Hasta la publicación de este reportaje no se obtuvo respuesta.