El Gobierno de Guanajuato se ha empeñado en proteger a Raúl Rojas Hernández, ex director del Hospital Pediátrico de León, denunciado por violencia de género. Las investigaciones realizadas por la procuraduría estatal de Derechos Humanos y la de la Fiscalía General del Estado concluyen que el médico incurrió en conductas de hostigamiento sexual y laboral, mientras el órgano de control interno del Instituto de Salud Pública del Estado (Isapeg) decidió absolverlo y mantenerlo en la plantilla.

Gabriela, la primera excolaboradora de Rojas en denunciar al médico, presentó desde finales de 2020 los primeros escritos dirigidos al secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, y al gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, en los que expuso las conductas indebidas del director del hospital en el que trabajaba como trabajadora social, mismos que fueron ignorados por las autoridades.

Fue hasta marzo pasado cuando un juez local vinculó a proceso a Raúl Rojas por el delito de hostigamiento sexual a Gabriela; sin embargo, el médico encontró una alternativa legal para no enfrentar el proceso penal en su contra: asesorado por dos abogados particulares, solicitó la suspensión condicional del proceso, mecanismo que implica que únicamente se le impusieran condiciones que deberá cumplir en los próximos seis meses.

En entrevista, Gabriela comentó que el largo proceso por el que tuvo que pasar la hizo comprender a las víctimas que prefieren no denunciar a su agresor.

"Estoy satisfecha en un 80 por ciento porque se declara culpable; sin embargo, con esa salida fácil me queda la sensación de no satisfacción. Valió la pena, aunque fue un proceso desgastante, ahora entiendo a muchas víctimas que no denuncian porque es un proceso muy difícil económicamente, emocionalmente, en todos los sentidos, porque en la audiencia volví a vivir lo que pasé con él", manifestó.

Mientras Gabriela sigue sin poder retomar su vida laboral y se mantiene en tratamiento psicológico por el daño que causó Rojas a ella y su familia, el médico pediatra cobra como servidor público en el Isapeg, aunque se desconoce las funciones que ahora realiza.

"Sigue la afectación para mí, yo no he podido regresar a trabajar, queda marcado y seguirá marcado porque además quedé como la conflictiva, cuando todo lo que hice fue detener lo que él me hacía y decía".

A través de acceso a la información pública, la dirección de Recursos Humanos del Isapeg confirmó que Raúl Rojas se mantiene activo, pero en el directorio público del Gobierno del Estado no aparece el cargo que actualmente ostenta, después de que Daniel Díaz, secretario de Salud, acordó con Gabriela y otras trabajadoras y extrabajadoras que se sumaron a las denuncias, que el médico dejaría la dirección del Hospital Pediátrico y que encontrara un lugar en el sindicato de salud.

Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud. Forografía espec

La queja de Gabriela llevó a la Procuraduría de Derechos Humanos a evidenciar la normalización de la violencia de género que propiciaba el entonces director del Hospital Pediátrico de León con expresiones sexistas y tocamientos a mujeres. El organismo dictó cinco recomendaciones al Isapeg, en las que se incluyó que iniciara un procedimiento por la vía administrativa a Raúl Rojas Hernández, mismo que concluyó el 16 de febrero pasado y que terminó en el archivo del caso sin sanción para el agresor.

La resolución del órgano de control interno del Isapeg se concretó un mes antes de que un juez local vinculara a proceso a Rojas por el delito de hostigamiento sexual cometido en agravio de Gabriela.

La identidad de Gabriela fue la única que se hizo pública, a pesar de que hubo más víctimas que contaron con el acompañamiento de Las Libres, cuando fue convocada a una ceremonia de disculpa pública que darían directivos de Isapeg como parte del cumplimiento a las recomendaciones de Derechos Humanos.

En esa primera ceremonia, Gabriela terminó siendo objeto de revictimización cuando las autoridades de Isapeg toleraron que se le insultara con pancartas durante ese intento de disculpa que desdeñó el propio Daniel Díaz Martínez, titular de la dependencia.

Tras ese acto, Gabriela decidió interponer una demanda por daño moral en contra de Isapeg, porque dijo, además de lo que tuvo que vivir ella, los actos y omisiones de las autoridades también afectaron a sus hijos y el resto de la familia que la acompañó. La demanda se presentó en diciembre pasado, sin que se le haya notificado ningún avance.

Fotografía archivo

Cambia juicio por medidas

Durante más de un año Gabriela esperó avances de la Fiscalía General del Estado por la denuncia que presentó en diciembre de 2020 en contra del médico pediatra, y después de que el mismo Rojas propiciara la postergación de la audiencia de vinculación a proceso, finalmente el 16 de marzo pasado un juez consideró que se tenían los indicios para iniciar un procedimiento penal en contra de Raúl Rojas por hostigamiento sexual que terminó con la aplicación de un mecanismo alternativo que contempla la legislación local para dar salida al asunto a cambio de que el imputado cumpla con tres condiciones:

1. Ofrecer una disculpa a Gabriela
2. Recibir atención psicológica para que no repita conductas que violenten a las mujeres
3. No acercarse a Gabriela

Los avances en la Fiscalía eran prácticamente nulos, pero para presionar al órgano responsable de la procuración de justicia, Gabriela y su abogado llevaron al Ministerio Público la resolución de la investigación hecha por la Procuraduría de los Derechos Humanos donde advierte la normalización de la violencia de género dentro del hospital.

De las denuncias presentadas en contra de Rojas y los testimonios que reunió la Procuraduría de Derechos Humanos se desprendieron cinco recomendaciones que el titular de la Secretaría de Salud, Daniel Díaz Martínez, comunicó que aceptaría la dependencia a su cargo.

1. Atención psicosocial a la víctima
2. Disculpa pública a la víctima ante el personal del Hospital
3. Procedimientos administrativos disciplinarios al exdirector y a la administradora del hospital
4. Copias de la resolución de la investigación en sus expedientes
5. Entrega del protocolo para atender y prevenir la violencia laboral, el acoso y el hostigamiento sexual en contra de la administración pública del estado a cada persona servidora pública del Pediátrico.

Con las evidencias y conclusión de Derechos Humanos se presionó al agente del Ministerio Público encargado de llevar la denuncia que presentó Gabriela en 2020 por hostigamiento sexual en contra de Raúl Rojas.

Después de hacer uso de la ampliación de plazo que le otorga la Constitución para que su abogado conociera los detalles de la investigación, a mediados de marzo se realizó la audiencia de vinculación a proceso, donde un juez determinó que existen los elementos para que el médico Rojas enfrente el proceso por el delito de hostigamiento sexual.

El artículo 187 fracciones b y d del Código Penal para el Estado de Guanajuato habla de las sanciones por hostigamiento y acoso sexual.

Artículo 187-b.- A quien valiéndose de su posición jerárquica o de poder, derivado de sus relaciones familiares, laborales, profesionales, religiosas, docentes o de cualquier otra que implique subordinación, hostigue a otra persona para que ejecute, para sí o para un tercero, un acto de naturaleza sexual, se le sancionará con uno a tres años de prisión y de diez a treinta días multa

En la fracción se agrega que si el responsable del delito de hostigamiento es un servidor público se le podría destituir del cargo y hasta la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por un máximo de 20 años.

Sin embargo, la defensa de Raúl Rojas argumentó que su cliente no tenía antecedentes penales, por lo que pidió al juez que se le permitiera apegarse al mecanismo de suspensión del proceso cumpliendo con las condiciones que se le impusieran.

Durante 6 meses Rojas tiene prohibido acercarse a Gabriela, tuvo que disculparse y se comprometió a recibir un tratamiento psicológico sobre violencia de género, mismo que tendrá que tomar en la Secretaría de Salud, dependencia en la que trabaja y en la que ha encontrado protección desde que las denuncias en su contra se hicieron públicas.

Absuelve Isapeg a Rojas

Con el argumento de no revictimizar a Gabriela, el órgano de control interno del Isapeg dio carpetazo a la investigación a Raúl Rojas Hernández, iniciada en cumplimiento a las recomendaciones que hizo Derechos Humanos, en el expediente donde también la Procuraduría señala que el médico hace comentarios sexistas y tiene contacto físico con mujeres que normalizaron esas agresiones en el ámbito laboral.

El 9 de julio de 2021, en cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de Derechos Humanos, el órgano de control interno del Isapeg dio inicio a la investigación a Raúl Rojas. La resolución salió siete meses después, en febrero de 2022, dejando al médico sin ninguna responsabilidad de tipo administrativa, al considerar que los hechos narrados por Gabriela no eran comprobables, pero además optaron por no hacer requerimientos con el pretexto de que no querían revictimizarla.

POPLab obtuvo vía transparencia la copia de la resolución firmada por Margarita Jiménez Rico, titular del Área de Investigación adscrita al órgano de control interno del Isapeg, en el que, primero, advierte que la investigación tendrá que ser analizada desde "la materia laboral" y "no se puede considerar que las conductas señaladas (por Gabriela) sean derivadas de un acto de autoridad".

El Isapeg resolvió que debió ser Gabriela la responsable de comprobar que fue víctima de agresiones sexuales y laborales por parte de su superior, basándose solamente en la queja que llevó ante Derechos Humanos.

Haciendo alusión a un acuerdo laboral por al que llegaron ante la Junta de Conciliación y Arbitraje por el despido injustificado de Gabriela del Pediátrico cuando denunció las agresiones, el órgano de control también resolvió que no había materia a investigar porque en el convenio establecieron una cláusula que transcribieron así en la resolución de la investigación:

"Ambas partes… no se reservaron acción ni derecho alguno que ejercitar con posterioridad al presente convenio por ninguna de las vías ya sea penal, mercantil, laboral o por otra vía judicial o administrativa..., no es posible continuar con la presente indagatoria, pues de lo contrario, implicaría violentar los derechos fundamentales de la quejosa consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Entre los argumentos que esgrimieron para absolver a Raúl Rojas agregaron que en la narración de hechos que hizo Gabriela en su denuncia no especificó "circunstancias de ¿Cómo?, ¿Cuándo? y ¿Dónde?" de cada conducta agresiva por parte del entonces director del Pediátrico de León.

"Es importante señalar que, el derecho administrativo sancionador conlleva la obligación de precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conducta realizada por el presunto infractor y encuadrarla exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida como infracción que se le atribuye, sin que sea legalmente aceptable que sólo se haga referencia a esa conducta reprochable de manera genérica", dice la resolución del órgano de control interno de Isapeg.

La Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato establece como parte del procedimiento la autoridad investigadora puede hacer requerimientos a personas físicas o morales, pero el órgano de control interno optó por no hacer ningún requerimiento a Gabriela para evitar "revictimizarla".

"...para efecto de contar con datos o indicios claros y precisos, se tendrían que realizar diversos requerimientos de información a la doliente, en tal sentido, al manifestar la agraviada en el desistimiento referido la solicitud de que no se prosiga con la investigación por motivos de «salud mental y para evitar una mayor revictimización», se concluye que, no es posible llevar a cabo las indagatorias correspondientes, puesto que al realizarse éstas, la quejosa nuevamente recordaría cada momento vivido al pormenorizar los hechos".

Lo anterior, porque en busca de justicia, Gabriela había llevado a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas una queja en contra de Rojas, misma de la que se desistió en junio de 2021 porque tenía que presentarse en Guanajuato capital para dar seguimiento, además del desgaste emocional y físico que arrastraba por la demanda laboral, denuncias penales y la queja en Derechos Humanos.

Del desistimiento de Gabriela ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas en el que expone que quiere evitar ser revictimizada, por su salud mental, intereses familiares y económicos, se valió el órgano interno de control de Isapeg para no llamarla a declarar o presentar pruebas como parte de la investigación.

Así, Raúl Rojas Hernández salió absuelto de la investigación que le hizo el Instituto de Salud Pública del Estado, lo que le permite seguir trabajando para el Gobierno del Estado.