Con información de Yajaira Gasca

Con denuncias penales y administrativas en curso por privación ilegal de la libertad de estudiantes que desde hace una semana tienen tomadas las oficinas que ocupó durante ocho años, Luis Felipe Guerrero Agripino se apartó 400 kilómetros para recibir un reconocimiento como defensor y promotor de los derechos humanos en el entorno universitario.

A Guerrero Agripino le restan apenas ocho días como rector general de la universidad, a la que deja inmersa en una crisis acentuada por los movimientos estudiantiles que mantienen el paro total de actividades en dos sedes y la toma de las oficinas en el edificio central. Los reclamos centrales son la transparencia, rendición de cuentas, instalaciones dignas y el freno a la violencia en el entorno universitario.

Imagen Juan José Plascencia

A la protesta estudiantil se suma un nuevo capítulo contra el manejo que ha hecho Luis Felipe Guerrero dentro de la UG: la impugnación del proceso que sirvió para designar a Claudia Susana Gómez López, la candidata oficial del todavía rector, como la sucesora.

El recurso de revisión está firmado por 12 estudiantes y dirigido al Consejo General Universitario, al considerar que la Junta Directiva incumplió con la normativa universitaria durante el proceso de designación que terminó con el voto de sus 11 integrantes a favor de Claudia Susana Gómez sin fundamentar su decisión y omitiendo análisis establecidos en su propio reglamento.

La ceremonia para la toma de protesta de la nueva rectora general está programa para el próximo 27 de septiembre, aunque de proceder la impugnación se tendría que reponer el proceso y nombrar como rectora interina a Cecilia Ramos Estrada, actual secretaria general, atendiendo los términos en los que se presentó la impugnación.

Mientras Guerrero Agripino celebraba en la Ciudad de México haber sido considerado un promotor de los derechos humanos, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) integra el expediente por agresiones y en la Fiscalía General del Estado se acumulan cinco denuncias penales por privación ilegal de la libertad de estudiantes.

Este lunes, al cumplirse una semana de que estudiantes tomaron las oficinas en las que Guerrero Agripino derrochó 6 millones de pesos para su remodelación, se colgaron banderas rojinegras de la protesta estudiantil.

Reconocimiento en la UNAM

La Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios decidió que este año, en el marco de la entrega de la presea Jorge Carpizo, se hiciera un reconocimiento especial a Luis Felipe Guerrero como un defensor de los derechos humanos en el entorno universitario.

“El doctor Guerrero Agripino ha tenido una labor incansable y ha llevado a cabo el estudio, fomento, difusión, defensa y protección de los derechos universitarios, por estas razones quienes integramos la asamblea de la red de defensorías de derechos universitarios, le reconocemos como uno de nosotros”, dijo Guadalupe Barrena Nájera al hablar sobre la distinción para el rector de la UG.

Además, aceptó que la red optó por Luis Felipe Guerrero por el apoyo que brindó a la Red que integran ombudsperson de las universidades del país, al patrocinar los encuentros que han tenido.

“El doctor apoyó el trabajo haciendo el honor de recibirnos en las instalaciones y auspiciar múltiples encuentros de personas que ocupamos las defensorías durante su mandato”, sostuvo Barrera Nájera.

Luego, presumió que el todavía rector general de la UG destinó un inmueble para que sean las oficinas de la defensoría que actualmente está bajo la dirección de Margarita López Maciel, quien lejos de defender los derechos de la comunidad estudiantil, durante las últimas protestas se ha distinguido por repartir regaños.

En las aportaciones que, de acuerdo con la secretaria de la Red de Organismos Defensores Universitarios, consideraron para dar el reconocimiento a Guerrero Agripino están que en 1995 fue secretario general de la entonces Procuraduría Universitaria de los Derechos Académicos de la UNAM, participó en la creación de la Ley Orgánica de la UG, pero también salió a relucir el programa de UGénero que se creó en la Universidad de Guanajuato para la atención de los casos de violencia de género. A la fecha, la instancia sigue sin garantizar espacios seguros para toda la comunidad universitaria.

Así, mientras Luis Felipe Guerrero agradeció el reconocimiento desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en la Ciudad de México, en Guanajuato el paro y la toma de oficinas se mantiene y el procurador de los Derechos Humanos, Vicente Esqueda Méndez, confirmó que se tiene abierto un expediente con cinco quejas acumuladas por la privación ilegal de la libertad de estudiantes hace una semana.

Fotografía Yajaira Gasca

Esqueda Méndez se limitó a decir que es preocupante los episodios en la UG donde se ha roto la paz, pero evitó hablar de las posibles violaciones a los derechos humanos de estudiantes.

Desde el Movimiento Colmena, que tiene tomadas las oficinas de Rectoría General, se dio a conocer que cinco personas han acudido ante el Ministerio Público para denunciar la privación ilegal de su libertad, cuando el martes pasado autoridades universitarias dieron la orden de cerrar los accesos al edificio central y otro grupo de estudiantes encapsuló a los paristas en la Rectoría General.

Además, uno de los estudiantes incluyó en la denuncia el robo de un megáfono y promueve una demanda por daño moral luego de que se filtró un video de circuito cerrado de la Universidad y se le señala como responsable de pintas en el edificio.

Fotografía de Yajaira Gasca

Impugnan estudiantes designación de Claudia Susana

Opacidad y omisiones en la etapa final del proceso de designación para la Rectoría General, además de la permanencia por más de cuatro años en la Junta Directiva de cuatro de las 11 personas que integran el máximo órgano en la Universidad de Guanajuato son los argumentos en que los estudiantes basan la impugnación que presentaron ante el Consejo General Universitario.

En el documento que presentaron el 15 de septiembre, una semana después de que de manera unánime la Junta Directiva votó por Claudia Susana Gómez para suceder a Luis Felipe Guerrero Agripino, se expone que en la sesión del 8 de septiembre la Junta Directiva no motivó ni fundamentó la decisión.

Con base en cuatro artículos del Reglamento de la Junta Directiva de la UG, sus integrantes estaban obligados a hacer un análisis de cada perfil, solicitar información y luego presentar un informe, pero no fue así, pues con el pretexto de que siempre se ha votado en secreto, una vez más cada integrante puso en una papeleta el nombre de Claudia Susana Gómez.

Ninguna de las personas integrantes de la Junta Directiva expusieron las razones que las llevaron a votar por el perfil de la directora de la División de Ciencias Económica Administrativas (DCEA) para la Rectoría General, aunque entre los candidatos estaban una rectora y dos rectores de campus.

En el recurso de revisión dirigido al Consejo General se establece que la Junta omitió realizar un estudio de candidatas y candidatos relacionado con los méritos académicos, cargos desempeñados en el ámbito universitario, libros publicados, así como logros universitarios.

La Junta se limitó a una relatoría de lo que fue el proceso y luego emitieron su voto secreto, omitiendo fundar y motivar los argumentos universitarios para elegir a una de las candidatas.

“… La comunidad universitaria y la sociedad (por ser pública nuestra Universidad de Guanajuato) merecíamos inobjetablemente conocer, saber los argumentos, consideraciones, fundamentaciones que tuvieron los integrantes de la Junta Directiva para la emisión de su resolución que ahora impugnamos”, señala el documento firmado por 12 estudiantes.

De acuerdo con el grupo de inconformes, la resolución de la Junta Directiva contraviene a lo previsto en el artículo 29 del reglamento, que establece analizar pormenorizadamente los proyectos de desarrollo; analizar la trayectoria, liderazgo, capacidad de conducción y valores de cada persona candidata.

En el mismo reglamento de la Junta Directiva, en el artículo 31, también se establece que en el proceso de designación la Junta Directiva debió reunir información sobre el desenvolvimiento y conocimiento de la problemática universitaria, a fin de evaluar el conocimiento de cada persona candidata; en cambio, la Junta solo entregó la constancia de designación a Claudia Susana Gómez.

Otro de los puntos medulares de la impugnación se centra en la permanencia de cuatro de los integrantes de la Junta Directiva que llevan más de cuatro años en el cargo.

En la interpretación a la Ley Orgánica de la UG y el reglamento de la Junta Directiva que hizo el grupo de estudiantes, es ilegal que Enrique Navarro González -con 11 años en la Junta-, Martha Leticia Velázquez -con 8 años, Sergio Jacinto Alejo -con 9 años, y Sergio Ortega Mereles -con 15 años- se mantengan en la Junta.

La Ley Orgánica, en el artículo 17 fracción III, únicamente establece que cada persona integrante de la Junta Directiva estará dos años en el cargo, luego el reglamento en el artículo siete habla de la reelección, sin establecer el número de periodos.

Artículo 7. Los miembros de la Junta Directiva entrarán en funciones a partir de la fecha de su designación por el Consejo General Universitario. Concluyendo las mismas al término del periodo para el que fueron designados. Es posible la reelección.

En el recurso de revisión señalan que, en todo caso, las personas integrantes pueden reelegirse por un segundo periodo; es decir, que cada miembro de la Junta no puede estar más de cuatro años con el nombramiento.

También, reclaman que la reelección se presente en un reglamento interno creado y aprobado por la propia Junta Directiva, y no en la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato, que es un ordenamiento jerárquicamente superior y que pasa por el Congreso del Estado.

“La resolución combatida, se encuentra viciada de nulidad total y absoluta de origen, por lo que la consecuencia jurídica, es que debe ser decretada nula de pleno derecho”, concluyen.

En la impugnación se pide no sólo la restitución de la etapa final de designación de la Rectoría General, sino que previo a que se reponga la sesión del 8 de septiembre se haga el nombramiento de las personas que van a sustituir a integrantes de la Junta Directiva que ya terminaron su periodo.

Una vez integrada la nueva Junta, entonces sí se podría realizar la sesión para la designación de la persona que ocupará la Rectoría General, y mientras este proceso concluye, se nombre como rectora interina a la actual secretaria general de la UG, Cecilia Ramos Estrada.

POPLab solicitó vía la Dirección de Comunicación y Enlace entrevista con integrantes del Consejo General y una postura oficial sobre el trámite que se dará al recurso de revisión, pero no hubo respuesta. Su titular, Rodrigo Nájera, apoyó la candidatura de Claudia Susana Gómez.

El paro de actividades se mantiene en la sede Valenciana y en los Santos, en ésta última estudiantes de Diseño Gráfico y Diseño de Interiores hicieron público el pliego petitorio que incluye la transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos que tiene la UG, pero también apuestan por la dignificación de espacios.