A petición de más de 200 maestras y maestros de Guanajuato, la Secretaría de la Honestidad está por iniciar una revisión para determinar si hubo omisiones o errores de servidores públicos al hacer la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que provocaron un presunto desorden administrativo y descuentos de nómina que desencadenaron reclamos y movilizaciones de los mentores.

Han pasado más de 30 días desde que representantes del Movimiento de Lucha Magisterial de la sección 45 firmaron un acuerdo con autoridades de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Educación, donde se estableció, entre otros puntos, el compromiso de revisar y sancionar a los responsables del desorden en la retención del ISR; sin embargo, previo al periodo vacacional la Secretaría de la Honestidad todavía no definía si el camino a seguir sería una auditoría o el de una queja.

Aunque en el acuerdo que firmaron las autoridades estatales con integrantes del magisterio en noviembre pasado ya se había establecido la revisión, maestras y maestros decidieron llevar sus propios escritos de manera directa a la Secretaría de la Honestidad para manifestar su inconformidad con el actuar de servidores públicos que les causó problemas con el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Arcelia González González, secretaria de Honestidad en el Gobierno del Estado, confirmó que desde el acuerdo firmado con autoridades estatales comenzaron a llegar escritos de manera formal para pedir la intervención de la dependencia a su cargo en el que se quejan de las omisiones de servidores públicos.

En entrevista para POPLab, Arcelia González señaló que prácticamente todos los escritos son iguales, y en ellos piden que la Secretaría de la Honestidad realice una auditoría específica a las retenciones del ISR que se aplicó al magisterio.

"Estamos revisando el documento en su integridad para ver si es la auditoría, que me inclino por ello. También podemos manejarlo como una denuncia... La petición es ver quién tiene responsabilidades".

Portada Juan José Plascencia

Además, en el escrito, también se pide se revise la fórmula que aplicó el Gobierno Estatal para hacer las retenciones del Impuesto Sobre la Renta.

"Haremos un procedimiento único tratándose de un documento que todos los maestros tienen, a menos que alguno nos salté por alguna razón, que haya incluido algún otro requerimiento, por eso estamos en su estudio".

Al cierre del plazo fijado para el 13 de diciembre pasado, la Secretaría de la Honestidad había recibido 210 escritos, y de acuerdo con Arcelia González, podría definir si existen elementos para abrir la auditoría antes de que termine 2024.

"Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para hacer las cosas de manera profesional, honorable y por supuesto, expedita, que no se tarde", sostuvo al preguntarle el tiempo que tendrán que esperar las maestras y maestros para que haya resultados a la revisión que solicitaron.

Tras dos semanas de constantes movilizaciones, el 16 de noviembre pasado se reunieron representantes de la sección 45 con autoridades estatales. Se firmó un acta con ocho compromisos, entre los que destaca la realización de auditorías a fin de fincar las responsabilidades y sanciones que pudieran resultar.

El Movimiento de Lucha Magisterial también había pedido la intervención de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) para que hiciera una revisión del destino final de los recursos retenidos por el Gobierno del Estado; sin embargo, el organismo no tiene ninguna revisión iniciada.

A través de una ficha compartida por la ASEG se informó que en el Programa General de Fiscalización 2024, la ASEG no tiene contemplada una auditoría respecto a las inconformidades de la sección 45 del SNTE.

"No se ha recibido algún punto de acuerdo del Congreso al respecto. Sin embargo, es de señalar que las notas publicadas sobre el particular están siendo consideradas como parte de los insumos para la planeación del Programa General de Fiscalización 2025".

De la inconformidad por las retenciones que aplica el Gobierno de Guanajuato surgió el Movimiento de Lucha Magisterial sección 45, que también desconoce a Juan Rigoberto Macías Vidal como dirigente sindical, a pesar del respaldo que han dado las autoridades estatales al secretario general.

Entre las medidas extraordinarias que asumió la administración de Libia Dennise García Muñoz Ledo fue la de entregar 40 millones de pesos en apoyos a más de 20 mil maestras y maestros para compensar las retenciones del ISR que no fueron aplicadas en su momento.

Por el desorden administrativo en la retención del impuesto federal, el SAT giró créditos fiscales al Gobierno de Guanajuato, y con las retenciones que aplicaron las autoridades, se registraron casos de maestras y maestros que pagaron dos veces sus impuestos por montos de hasta 370 mil pesos.

Pide MC a Arcelia González celeridad

La bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local promovió un punto de acuerdo dirigido a la secretaria de la Honestidad, Arcelia González Gonzalez, para que resuelva a a brevedad los recursos interpuestos por docentes, quienes consideran que por acción o por omisión, servidores públicos aplicaron retenciones incorrectas ya sea por cálculo o concepto.

La diputada Sandra Pedroza Orozco habló de la importancia de la educación para influir en el avance y progreso de la sociedad, por lo que lamentó que las maestras y maestros que cobran en la nómina estatal hayan tenido que asumir los errores o las omisiones en la retención del ISR durante años anteriores.

"Las acciones u omisiones pudieran derivar en responsabilidades administrativas de diversos servidores públicos. Exigimos que si en dichas resoluciones se llega a descubrir que la situación está relacionada con la comisión de faltas administrativas o delitos, entonces se proceda y sanciones conforme a la Ley".

Sandra Pedroza expuso que la situación que ha tenido que enfrentar el magisterio en Guanajuato ha sido un error histórico, por lo que insistió en que se sancione a los funcionarios responsables. "El Gobierno del Estado debe implementar medidas que garanticen la no repetición de los hechos, para evitar que este tipo de abusos puedan volver a ocurrir", señaló la diputada de MC.

Diputada Sandra Pedroza. Fotografía Especial

La legisladora emecista apuntó que es de conocimiento público que el Gobierno Estatal pagará más de 1 mil millones de pesos al SAT por errores y omisiones en la retención de impuestos de unos 20 mil maestros con plaza estatal y por gastos que no son deducibles que abarcan varias secretarías de estado.

"Consideramos que para solucionar la problemática que afecta al personal docente, primero resulta oportuno el esclarecimiento de toda la información que permita que las personas docentes tengan certeza jurídica sobre los montos, esquemas y fechas de descuentos que se hace por pago de impuestos".

El punto de acuerdo presentado en la penúltima sesión de Pleno del año, fue enviado a la comisión de Educación para que se analice si se envía a la secretaria Arcelia González.