A pesar de la resistencia social de habitantes de al menos cuatro comunidades aledañas a Aldama en Irapuato, las autoridades insisten en mantener en la opacidad el proyecto del relleno sanitario en la zona. Mientras la inconformidad crece, ciudadanos denunciaron en redes sociales represalias orquestadas desde el gobierno del panista Ricardo Ortiz Gutiérrez.

La tarde de este viernes un grupo de inconformes se presentó en las instalaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT), en busca de explicaciones y los documentos en los que se basó la dependencia estatal para autorizar la construcción del relleno en una zona que donde hay cuerpos de agua, vegetación y fauna que está en riesgo, además de que representaría un foco de infección para los más de 8 mil habitantes; sin embargo, no hubo información.

El argumento de la SMAOT para negarse a presentar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) es que, así como los habitantes tienen derecho, también los tiene la empresa Promotora Ambiental la Laguna S.A. de C.V. conocida como PASA, propiedad de Alberto Eugenio Garza Santos.

Fotografía de Edith Domínguez

Luego de más de una hora, el grupo de representantes de las comunidades Aldama, Cañada de la Muerte, San Vicente, Comedero, Comederito y Encino salió insatisfecho, sin acuerdos ni información.

Habitantes de las comunidades que resultarían afectadas con el relleno han exigido desde hace semanas que se les informe sobre el proceso que realizaron las autoridades municipales y estatales para avalar el relleno, pero a falta de claridad optaron por solicitar a través de acceso a la información pública la MIA que debieron validar las autoridades ambientales.

A tres semanas de que hicieron la solicitud y pagaron 450 pesos por la copia, el Gobierno del Estado no ha entregado los documentos a los habitantes.

Oficinas de la SMAOT

Denuncian represalias

Apenas unos días después de que cientos de habitantes de Aldama y comunidades aledañas tomaron la carretera federal 45 en el tramo Silao-Irapuato para manifestar su rechazo al relleno, recibieron requerimientos de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Irapuato (Japami) para que celebraran un contrato y pagaran 811 pesos por derechos de drenaje.

El sábado 5 de septiembre los habitantes decidieron manifestarse por la construcción del relleno, pero también para exigir que se transparentara el proyecto. Solo tres días después comenzaron los requerimientos de Japami para cobrar por el drenaje.

Uno de los requerimientos de Japami. Difundido en redes sociales

En julio pasado el delegado de Aldama, Luis Manuel Soria, solicitó al organismo operador del agua en Irapuato que incorporaran a su red de drenaje las descargas de la comunidad.

Aunque en el expediente número 3390 quedó establecido que el pago de los 811 pesos podría hacerse en hasta 12 mensualidades de 67.66, Japami comenzó a circular oficios en los hogares de Aldama para exigir el pago.

La reacción de las autoridades del gobierno de Irapuato fue calificada por los habitantes como una represalia por oponerse al relleno sanitario del que no han recibido información.

“Aunque la Japami es un organismo descentralizado, lo es nada más en membrete. Una sugerencia de Ricardo Ortiz al organismo operador del agua es una orden que debe cumplirse cuanto antes”, se señala en el perfil de Facebook.

En la publicación que se hizo en la página de Facebook del movimiento social de Aldama se reclama que Japami hace llegar los requerimientos para hacer los contratos mientras sus oficinas permanecen cerradas por la pandemia del COVID-19.

Además, la publicación asegura que los habitantes que reciben algún tipo de ayuda gubernamental han sido amenazados con retirarles el apoyo si continúan en contra del proyecto de relleno sanitario en su comunidad.

“Más que un alcalde se comporta como un cacique sacado de la película “La Ley de Herodes”.

Mantiene SMAOT proyecto en la opacidad

Después de casi dos horas de audiencia con Daniel Rodríguez Bentacourt, director general de Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT), los representantes de las comunidades de Irapuato que están en contra del relleno salieron como entraron: sin respuestas y sin documentos.

Cuatro representantes de la asociación de ciudadanos llegaron a las oficinas de la SMAOT en Guanajuato capital y fueron recibidos Rodríguez Betancourt, porque la titular, María Isabel Mantilla, acudió como representante del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, al informe de gobierno del alcalde de San Felipe.

Al salir del encuentro, Virginia Olmos, vecina de Aldama, comentó que como única respuesta a la petición que hicieron de conocer el resolutivo con el que SMAOT otorgó la viabilidad del relleno fue que había que esperar a que sea acceso a la información pública la que entregue el documento por el que pagaron desde finales de agosto.

“Daniel (Rodríguez Betancourt) fue muy honesto al decir que eso solo a través de transparencia porque, así como nosotros tenemos derechos, la empresa tiene sus propios derechos y hay información que no se puede mostrar”.

Virginia Olmos

Olmos recordó que fue desde agosto que pagaron 450 pesos por la copia de la MIA, pero les establecieron 20 días hábiles para poder entregar el documento vía acceso a la información pública, plazo que se vence la próxima semana.

Al funcionario de la SMAOT que los recibió le reprocharon que no se haya tomado en cuenta a la sociedad antes de avalar un proyecto que impacta directamente a los habitantes de Aldama y comunidades aledañas.

“La parte social la olvidaron, estamos llenos de basureros, tenemos un basurero donde están tirando residuos tóxicos, ahora nos pretendan ir a llevar esto. El sabor de boca que nos llevamos es muy amargo”.

Virginia Olmos señaló que el único recurso que tienen, por el momento, es esperar a que se cumplan los plazos de acceso a la información pública para que les entreguen la MIA, luego vendrá el trabajo de análisis y tomar las decisiones sobre los procedimientos a seguir.

Además, recordó que con el gobierno municipal de Ricardo Ortiz pactaron un plazo de tres semanas para recibir más información sobre el proyecto.

En declaraciones que ha hecho el alcalde de Irapuato señaló que corresponde a PASA socializar el proyecto con las comunidades.

Sin embargo, los habitantes ya prevén emprender acciones legales, además de que no descartan seguir con las manifestaciones en Irapuato y Guanajuato capital, incluso podrían cerrar el Parque Castro del Río.

“El relleno es inviable por la zona, aquí dejaron fuera a Semarnat, desde ahí las condiciones cambian hasta en el tema de la consulta, si Semarnat no entra la consulta no es obligada, solamente si alguien la pide, pero conforme a la norma oficial mexicana Semarnat tuvo que intervenir porque hay cuerpos de agua, hay vegetación, porque hay fauna, porque hay un montón de cosas que están protegidas”.

Van por amparo

Aunque Virginia Olmos aseguró que todavía no definen las acciones legales que van a realizar, en la página de Facebook del movimiento se comenzó a invitar a la ciudadanía a presentar documentos para promover un amparo.

El recurso legal será en busca de garantizar los derechos humanos de la niñez de las comunidades Aldama, Cañada de la Muerte, San Vicente, entre otras, a vivir en un ambiente sano y limpio.

“De antemano les agradecemos su apoyo y la confianza. No permitamos que terminen con el lugar que nos vio nacer y crecer”.

La documentación para promover el amparo se comenzó a recibir desde el jueves y hasta el 23 de septiembre.