Con información de Verónica Espinosa, Yajaira Gasca, Melissa Esquivias y Carmen Pizano

A pocas horas de que el Congreso de Guanajuato discuta y vote el paquete de reformas para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres —que incluye la despenalización del aborto y la interrupción legal del embarazo—, colectivos feministas instan a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo a no evadir el tema, el cual sectores de su propio partido, con apoyo del PVEM y el PRI, buscan frenar.

 Por primera vez en Guanajuato, existen posibilidades reales de que se eliminen del Código Penal las sanciones contra las mujeres que decidan abortar. Sin embargo, la reforma aún enfrenta obstáculos: aunque el PAN perdió su mayoría legislativa en las elecciones de 2024, logró aliarse con el PVEM para intentar archivar las iniciativas que buscan garantizar la interrupción legal del embarazo en instituciones públicas de salud y eliminar de la Constitución local el "derecho a la vida desde la concepción". Esta postura, además, contradice las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Además de la diputada Itzel Mendo y Sergio Contreras, del PVEM, otra diputada que se identificó "a favor de la vida" y votó en contra de la reforma al artículo 1 de la Constitución para quitar el derecho a la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural es la priista Rocío Cervantes Barba, en quien podría recaer la decisión de reformar o no el Código Penal porque también dijo estar en contra de criminalizar a las mujeres.

Del paquete de reformas que van a ser discutidas en la sesión de este jueves, la única que pasará sin mayores incidentes es reforma a la Ley de Educación para  incluir en los planes de estudio de educación básica la educación sexual y reproductiva; mientras se mantiene en duda la reforma al Código Penal y se descarta la modificación a la Ley de Salud y a la Constitución.

Para la eliminación del tipo penal se necesitan 19 votos, que son los que tiene la oposición: 11 de Morena, 3 del PRI, 2 de Movimiento Ciudadano, 2 del PVEM y 1 del PT. El PVEM, a través del coordinador de la bancada y dirigente estatal, Sergio Contreras Guerrero, anunció que van a votar a favor porque es "letra muerta", al no existir mujeres presas por abortar. Del PRI, dos de sus tres integrantes han manifestado públicamente que están a favor de la reforma al Código Penal. 

Mientras en el Congreso del Estado establecen protocolos de seguridad excepcionales ante la presencia de organizaciones contra el derecho a decidir y feministas, que incluyen la presencia de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública, la sociedad civil organizada lanza llamados a diputadas y diputados para que se respeten las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Desafortunadamente, no veo una oposición unánime realmente dando la batalla. Eso se esperaría, porque tenemos 30 años donde nos vienen diciendo que ha sido culpa o gracias al PAN que no hay legalización del aborto en Guanajuato, porque tenían mayoría, es hora. Ojalá el jueves la oposición completita que sí tiene mayoría en el Congreso, al menos se ponga las pilas defendiendo o al menos votando por la legalidad del aborto", señaló Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Las Libres, y precursora de los derechos de las mujeres en Guanajuato.

De acuerdo con cifras presentadas por la organización Católicas por el Derecho a Decidir, entre abril de 2007 y junio de 2024, al menos 560 mujeres nacidas o radicadas en Guanajuato acudieron a la Ciudad de México para interrumpir su embarazo de manera segura y gratuita. 

Derechos reproductivos, moneda de cambio de Libia

Activistas consideran que la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo ha instrumentalizado y utilizado como moneda de cambio los movimientos sociales, como en el caso de la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres que encabezan colectivas feministas en Guanajuato y en todo el país.

Patricia Erre, de la Red de Movimientos Feministas de Guanajuato, recordó que durante la campaña Libia García se comprometió con las colectivas a no dejar de lado las voces y circunstancias de las mujeres, para atender sus realidades y garantizar sus derechos.

“Yo creo que el hecho de que ella haya declarado durante su campaña que no se iba a oponer, al menos activamente, a que la despenalización se hiciera una realidad en Guanajuato, fue una instrumentalización de nuestros derechos, porque ahora no se está oponiendo, pero tampoco está trabajando activamente. Su silencio la delata”, consideró la defensora de derechos humanos.

Nilde Molre, directora de AbortistasMX, reconoció que la decisión sobre la despenalización del aborto no corresponde directamente a la gobernadora, pero sostuvo que, en su papel como parte de un poder del Estado, sí podría influir en la resolución del Poder Legislativo.

Coincidió con activistas locales en que los compromisos realizados por la gobernadora durante la campaña electoral fueron utilizados como “trampolín o moneda de cambio”.

“Lo hemos visto en varias ocasiones a lo largo del país, donde ciertos perfiles políticos deciden abanderar algunas luchas mientras están en campaña y, después, ya en el cargo, se hacen a un lado… Me parece que la gobernadora ahora ya podría estar insistiendo, pero también podría estar haciendo otras cosas”, señaló.

Como alternativas, Nilde Molre planteó que desde el Gobierno del Estado se debería verificar que los servicios de salud brinden los procedimientos de aborto voluntario, conforme a la Constitución Federal, y solicitar a la Fiscalía del Estado que deje de investigar este delito.

“Son situaciones que hasta hoy no hemos visto y por eso creo que generan más sospechas desde el activismo, ya que su postura sobre el aborto parece haber sido solo en beneficio propio durante la contienda electoral”, enfatizó.

Verónica Cruz, directora del Centro Las Libres, reclamó que Libia García públicamente hable de separación de Poderes cuando desde el Ejecutivo ha interferido en otras decisiones que se toman en el Congreso. 

"En las cosas que sí le importaron, ahí sí metió toda la mano, como imponer un fiscal o un secretario de salud, o cambiar otras leyes, o la creación de la Secretaría de las Mujeres, que dicho sea de paso, tampoco va a ser el gran avance. Lo que sí le importa, entonces sí interviene, como hemos visto siempre al Ejecutivo interviniendo con sus diputados del PAN".

Las senadoras guanajuatenses Martha Lucía Mícher, de Morena, y Virginia Magaña, se sumaron al reclamo por la postura que ha tomado la gobernadora. 

“La gobernadora se dice defensora de los derechos humanos, menos de los sexuales y reproductivos de las mujeres. Y eso está mal, es una aberración, porque no puedes defender todos, menos uno”, señaló la senadora de Morena, Malú Mícher.

Cuestionada sobre el papel de Libia García, Virginia Magaña del PVEM, dijo que ésta hoy “da la espalda” a muchas mujeres guanajuatenses con quienes se comprometió durante su campaña, al pedir su voto con posturas progresistas.

“Eso está muy claro…deja en evidencia que ella hizo esta promesa de campaña (de) estar a favor de todos los derechos de las mujeres y hoy ella no tiene el poder en su partido para poderle dar la vuelta a una situación en Guanajuato que desde hace años las mujeres han estado pidiendo”, expresó.

Traiciona Sergio Contreras principios: Mícher

"El aborto no puede ser regla general, tiene que ser regla de excepción... La opción generalizada debe ser lo que la Constitución marca, que es el derecho a la vida", dijo Sergio Contreras Guerrero para justificar su voto en contra de eliminar el concepto del derecho a la vida desde el momento de la concepción, establecido en el artículo 1 de la Constitución local.

La postura que ha asumido el PVEM en el Congreso de Guanajuato con Sergio Contreras como coordinador, ha provocado críticas de las senadoras Martha Lucía Mícher Camarena de Morena, y Virginia Magaña, compañera de partido del diputado local.

En entrevista, Mícher Camarena advirtió que el Partido Verde Ecologista, como aliado en la coalición con Morena y el PT, suscribió una plataforma cuyos principios incluían reformas constitucionales para garantizar la igualdad sustantiva de las mujeres y la perspectiva de género. Por ello, afirmó que, la bancada del Verde en el Congreso está incurriendo en una contradicción y traicionando dichos compromisos.

“La igualdad sustantiva que suscribimos y votamos todos los senadores y senadoras del PT, de Morena y del Verde fue (para) garantizar la no discriminación, la igualdad de oportunidades y sobre todo, que no hubiera obstáculos que no permitieran a las mujeres acceder al ejercicio de sus derechos”, señaló. “Está en la Constitución y lo votó el Verde; están violentando sus propios votos”, remarcó.

“Ojalá que sea un tema de principios y no un tema de moches”, agregó.

Como diputada local a fines de los noventa, Micher Camarena propuso asentar en la legislación estatal cómo se autorizaría la interrupción del embarazo en los escenarios previstos por la ley, lo que también fue rechazado por el PAN, que entonces tenía una mayoría en la Legislatura local.

En ese contexto, dijo estar presenciando ahora argumentos del siglo pasado, “los mismos conceptos, falsedades que ya han sido en muchos momentos echadas abajo… quieren seguir mintiéndole a su estado”, en alusión a la bancada y al gobierno estatal del PAN.

Micher Camarena sentenció que, al presentar este jueves en el pleno del Congreso los dictámenes en los términos actuales , el Poder Legislativo estaría incurriendo en violencia institucional contra las mujeres, al violar derechos fundamentales como el de una vida libre de violencia y el acceso a la salud. Advirtió que, de aprobarse en estas condiciones, Morena tomará medidas correspondientes

Por su parte, la senadora del Partido Verde, Virginia Magaña Fonseca fue contundente al afirmar que de ocupar actualmente una curul como diputada local en Guanajuato, votaría en sentido contrario a la postura adoptada por la bancada de su partido. Esta posición, coordinada por el dirigente estatal Sergio Contreras, que como aliado del PAN, avala los dictámenes que serán presentados este jueves y que mantienen las sanciones por aborto en el Código Penal estatal y, rechazan establecer en la legislación estatal la obligatoriedad de brindar servicios de interrupción del embarazo en hospitales públicos del estado.

“Desgraciadamente el voto no está en mis manos…ojalá fuera diputada local y tendría mi voto”, dijo.

Aludió directamente al propio Sergio Contreras: “Desconozco, y lo digo abiertamente, desconozco las razones por las que el coordinador de la bancada verde está tomando esta decisión”.

Conciencia de la realidad; no pararemos advierten colectivas 

Paulina Urbieta, integrante de Verde Aquelarre, señaló que la gobernadora ha mantenido “una postura cómoda” al afirmar que la decisión sobre la despenalización del aborto corresponde al Congreso, aunque, dijo, desde su liderazgo político dentro del Partido Acción Nacional, tiene influencia.

“Este es un momento para que no solo, como líder interna de tu partido, sino también como gobernadora, empieces a impulsarlo. Más allá del discurso y la campaña política, porque parece que los derechos de las mujeres solo importan cuando se está en campaña. Creo que Libia tiene una gran oportunidad de materializar lo que prometió. Sabemos que no va a obligar a su partido ni que va a votar, pero es una líder dentro de su partido”, subrayó.

Paulina Urbieta incluso planteó que la gobernadora podría tomar la iniciativa de presentar una propuesta legal para la despenalización y enviarla al Congreso, asumiendo las facultades que le otorga su investidura y la agenda progresista que ha promovido desde que era candidata hasta hoy. La activista aseguró que entre las colectivas existe una actitud positiva respecto a los resultados de la votación en el Congreso sobre la despenalización del aborto, pero advirtió que, si no son favorables, seguirán insistiendo.

Irene Fuentes, de Sororas y Rebeldes de San Miguel de Allende, sostuvo que las colectivas han estado trabajando en alianza con diputadas y diputados aliados para que la despenalización pueda concretarse; sin embargo, reconoció que existe una fuerte resistencia por parte de grupos conservadores.

Agregó que las modificaciones a la legislación sobre la interrupción del embarazo no son solo un asunto de mujeres, sino de derechos humanos, y aseguró que, si no se aprueban los cambios, las organizaciones seguirán acompañando y haciendo el trabajo que le corresponde al Estado.

Operando con la ley, PAN impulsa estrategia contra los derechos de las mujeres 

Por otro lado, Paulina Urbieta acusó que, a través de la iniciativa para crear la Ley de Protección de la Maternidad y la Primera Infancia para el Estado, diputados del PAN impulsan una estrategia contra el derecho a decidir,, la cual calificó como “vergonzosa”, considerando el contexto nacional, que es proclive a la despenalización.

Subrayó que, jurídicamente, la propuesta no es sostenible, pero que integra una postura política del PAN respecto a los derechos de las mujeres guanajuatenses. “Porque es muy fácil, en el discurso, proteger la maternidad desde la concepción que, por ejemplo, legislar sobre un sistema estatal de cuidados.

“Es más fácil que, por ejemplo, atender el tema de personas desaparecidas. Hay muchas madres cuyo derecho a ejercer su maternidad está siendo vulnerado porque el crimen organizado desaparece a sus hijos e hijas, pero es mucho más sencillo decir: ‘vamos a proteger la maternidad desde la concepción’, y después, una vez que nace el hijo o la hija, desentenderse de todos los derechos que ese niño o niña debería tener”, agregó.

Irene Fuentes, de la colectiva Sororas y Rebeldes de San Miguel de Allende, consideró la propuesta como regresiva y arcaica, además de contradecir tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres.

Entre una agenda que la mantuvo fuera del país durante la discusión por la despenalización del aborto, y una postura inamovible respecto a la separación de poderes, la gobernadora Libia Denisse García optó por mantenerse al margen de la agenda que, durante su campaña por la gubernatura, se comprometió a impulsar de ganar la elección de 2024. 

En mayo pasado, durante un foro organizado por la colectiva feminista Verde Aquelarre con las tres candidatas a la gubernatura, Libia García habló de su compromiso con la no criminalización de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. 

“Usó a las feministas y al discurso como plataforma política al momento de la elección, pero cuando llega el momento de la despenalización se le pide una opinión o se le pide que se involucre, obviamente respetando la división de poderes, pero sabiendo que ella es una voz influyente dentro de su partido en el estado, pues decide no usarla y justificarse en la división”, cuestionó María Alcántara, integrante de la Red de Acompañantes de León. 

La activista, cuya colectiva ha formado parte de la discusión de los distintos dictámenes relacionados con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sostuvo que, además del papel de la gobernadora, la bancada de Acción Nacional “fue negligente con sus obligaciones legislativas al no firmar su propio dictamen” con el objetivo de frenar la iniciativa.  

Para María Alcántara, la postura del PAN en el legislativo de la propia gobernadora responde “al miedo” de perder el voto duro del sector ultraconservador que se ha sumado a la discusión por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 

“Esta legislatura es histórica: este momento, que el pan pierde la mayoría absoluta, era el momento de empezar a movernos para la despenalización, el PAN sabe que está perdiendo territorio en Guanajuato y les pesa mucho”, declaró en entrevista para POPLab. 

Este miércoles, previo a la votación en el pleno del Congreso, representantes de organizaciones civiles con presencia nacional se posicionaron ante la postura violatorios de los derechos de las mujeres que ha asumido el PAN en Guanajuato, en lo que consideraron “una deuda histórica”, desde que tuvo lugar la última discusión durante la LVII legislatura en el año 2000. 

“Estamos en un momento en 2025 donde tenemos criterios claros, estándares de la Corte, instrumentos regionales de derechos humanos donde esta transformación ya no es posible detenerla. Y en este debate se debe de mantener la laicidad del estado ajena a cualquier precepto moral o religioso, la legitimidad tiene que recaer en la sociedad que es plural y diversa”, expuso Maribel Luna, integrante de la organización Católicas por el Derecho a Decidir. 

La activista explicó que, de acuerdo con la encuesta Religión, Política y Sexualidad que realizó la organización en 2021, se reflejó la brecha de pensamiento entre la feligresía católica y la institución de la iglesia. 

Según las opiniones recolectadas entre creyentes, 9 de cads 10 personas estan de acuerdo en la educación sexual, 8 de cads 10 estan de acuerdo en que se permita el aborto en algunos o en todos los casos, 3 de cada 4 personas coinciden en que la despenalización va a traer impactos positivos desde la no criminalización, y 2 de cada 3 se oponen a que una mujer que aborte sea criminalizada por esta decision.