Tras las omisiones del gobierno de Alejandro Navarro Saldaña que toleró obras de particulares en Quinta Marfil, ocultó los nombres de los propietarios entre los que se encuentra su suegro Guillermo Smith, y que además pretende regularizar amparado en un decreto que no hace mención al “derecho de acceso a la propiedad”, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró el camino también llamado por activistas como el “Arañazo”.

Mientras las autoridades municipales pretenden regularizar la obra que beneficia terrenos propiedad de Guillermo Smith, papá de Samantha Smith, basados en un decreto de hace 57 años que nada menciona sobre los derechos de construcción en el cerro, la delegación de Profepa colocó los sellos de clausura la mañana de este jueves.

El tema ha preocupado en esferas del gobierno estatal, por lo que será analizado en una reunión que encabeza el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala, la próxima semana.

Fotografías especiales

En los últimos nueve meses ha sido la Profepa la encargada de clausurar obras en zonas cerriles, después de que empresarios realizaron trabajos sin permisos que causaron daños al medio ambiente: Cucursola, en la Sierra de Santa Rosa, y el camino en Quinta Marfil.

El primer caso fue en enero pasado, tras darse a conocer que el empresario irapuatense y diputado federal del PAN, Sergio Fernando Ascencio Barba, construía en la Sierra de Santa Rosa un fraccionamiento residencial con permisos municipales, pero sin el aval de la Federación.

Ahora, la Profepa acudió a colocar sellos de clausura en el camino por el que pasa por los terrenos del suegro de Alejandro Navarro. Desde la dirección de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial únicamente se había impuesto una multa de 12 mil 500 pesos a uno de los propietarios por construir sin permisos, aunque después del pago de la sanción el alcalde manifestó que amparado en el decreto 66 publicado el 7 de febrero de 1963, “este particular tiene derecho al acceso a su propiedad”.

Sin embargo, el decreto al que hizo referencia Alejandro Navarro Saldaña, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, no habla del derecho de particulares a contar con un acceso a sus propiedades.

Decreto en tiempos de Torres Landa

Alejandro Navarro intentó ocultar el nombre de los particulares que se beneficiarán con el camino irregular en el cerro colindante con el Congreso del Estado, pero luego de que el Observatorio Ciudadano de Guanajuato revelara que entre los propietarios está su suegro, el alcalde dio un mensaje a través de redes sociales.

La noche del martes, y ya con el proceso de regularización en marcha, Navarro Saldaña confirmó que dos propietarios de la zona comenzaron con el proceso para regularizar el camino que, según la dirección de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, mide 2 mil 100 metros cuadrados.

El presidente municipal aseguró que después de un análisis que hicieron áreas de la administración, llegaron a la conclusión que se podían dar los permisos para el camino porque los propietarios contaban con los derechos que les otorga el decreto 66 publicado el 7 de febrero de 1963.

El decreto al que hace referencia el presidente municipal se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, fue firmado por el entonces gobernador, Juan José Torres Landa.

Dicho decreto, del cual POPLab tiene copia después de consultarlo en los archivos históricos del Poder Ejecutivo de Guanajuato, no hace mención de derechos para abrir caminos de 6 metros de ancho por 350 metros lineales.

En el documento se señala que los diputados de la XLV Legislatura del Congreso local autorizaron al gobernador, Juan José Torres Landa, enajenar más de 106 hectáreas en beneficio de los entonces servidores públicos estatales y federales.

El articulado del decreto delimita las 106.8 hectáreas, también señala que los lotes no pueden tener una extensión superior a los 5 mil metros cuadrados y ningún servidor público podía tener más de dos lotes.

Si bien el decreto establece que los propietarios (servidores públicos) podrán utilizar los terrenos para el cultivo de hortalizas y árboles frutales o construir sus viviendas en el predio que, de acuerdo con los instrumentos de planeación es zona de conservación ecológica, no se hace ninguna referencia a los derechos de particulares a abrir caminos, ni las dimensiones que deben tener para poder llegar sus propiedades.

Para la venta de los lotes, hace 57 años, se tomó como precio base 80 pesos por hectárea, de acuerdo con el documento.

En la delimitación de la zona cerril se especificó que el predio, donde según el alcalde se encuentra Quinta Marfil, colinda al sur con Yerbabuena, al norte con Marfil, al oriente con la propiedad denominada “El Establo” y al poniente con Yerbabuena y la propiedad de la señora Adelaida Alvarado.

El 22 de enero de 1963 Juan José Torres Landa y el secretario de Gobierno, José Castillo Hernández, firmaron el decreto que entró en vigor el 8 de febrero de ese año, tras la publicación.

Clausura

Durante el último año, el gobierno del panista que asegura ser protector del medio ambiente ha sido tolerante con dos proyectos que han causado daños al ecosistema.

En el caso del fraccionamiento Cucursola, propiedad del diputado federal del PAN Sergio Fernando Ascencio Barba, con permisos municipales para fraccionar un predio en la Sierra de Santa Rosa. Con el camino llamado “Arañazo” que beneficia, entre otros, a Guillermo Smith, la autoridad se limitó a ocultar los nombres de los propietarios e imponer una multa económica.

Las primeras denuncias públicas por las obras en Quinta Marfil surgieron a finales de septiembre, en los primeros días de octubre la dirección de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del municipio hizo un requerimiento a las personas responsables.

Una semana después, al confirmarse que se hicieron los trabajos sin los permisos municipales, sin estudios de impacto ambiental, la dirección a cargo de Juan Carlos Delgado Zárate impuso una multa por apenas 12 mil 500 pesos.

El 14 de octubre, Alejandro Vera, empresario hotelero de Guanajuato y dueño de uno de los predios, se presentó a pagar la multa, luego ingresó la solicitud para regularizar los caminos.

A decir de Juan Carlos Delgado, y del propio alcalde, la regularización estaba en curso, reconociendo derechos de los particulares.

Ante la inacción de las autoridades municipales, desde hace más de dos semanas activistas llegaron a la zona para hacer trabajos de reforestación en un intento por remediar los daños ambientales que provocó la obra.

Incluso, al no advertir ninguna acción por parte de las autoridades, activistas colocaron cintas amarillas hechas con papel crepe para hacer una clausura simbólica.

Este jueves por la mañana ya estaban los sellos para anunciar que la obra fue clausurada por Profepa.

Luego de que se dio a conocer la acción de la autoridad federal, el gobierno municipal de Guanajuato emitió un breve comunicado de prensa en el que “reconoció la intervención” de la Procuraduría federal.

“Toda intervención de cualquier autoridad en la materia es bienvenida, siembre bajo los principios de legalidad, justicia y transparencia”.

En el breve comunicado se señala que el gobierno municipal seguirá con “el trabajo dentro de su competencia y colaborando con la Profepa en las acciones que conforme a derecho le correspondan para, en su caso, incluir sus recomendaciones en el expediente que la dirección general de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial lleva”.

Israel Cabrera, el distraído

Aunque las denuncias públicas no son nuevas, incluso la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local hizo una solicitud de información al municipio por las obras que hacían sus vecinos, no había existido ningún pronunciamiento del diputado del PVEM, Israel Cabrera Barrón.

El legislador del Verde, además originario del municipio de Guanajuato y ex delegado de Semarnat en la entidad, guardó silencio durante semanas, y hasta este jueves en sesión de Pleno pidió la intervención de la Profepa, al tratarse de competencia federal.

Sin embargo, el llamado que hizo Cabrera Barrón llegó después de que la obra ya había sido clausurada por las autoridades ambientales.

La mañana de este jueves los sellos estaban ya colocados en el camino, pero fue después de las 16:00 horas que el diputado se pronunció por lo que llamó “ecocidio” en el cerro donde también se construyó el Palacio Legislativo.

En el pronunciamiento de Israel Cabrera ofreció a brindar “adecuada orientación” a quienes abanderan la defensa en Quinta Marfil.

“Yo me sumo a hacer una defensa prudente, concisa, detallada, con información fidedigna sobre lo que pasó en este camino. Desde mi perspectiva ha sido un ecocidio porque no se hicieron los análisis para ver si era viable o no la construcción del camino”.

Los comentarios del diputado quedaron registrados en la sesión de Pleno virtual del Congreso local durante este jueves.