Una sesión histórica que acercó por primera ocasión la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, resultó en un empate de 18 a favor y 18 en contra de las diputadas y diputados del Congreso de Guanajuato, que lo obligará a volver a discutir la próxima semana la reforma al Código Penal. 

En la jornada de este jueves en el Congreso, con presencia de colectivas defensoras de derechos de las mujeres y grupos en contra del derecho a decidir,   el PRI y el PVEM respaldaron al PAN para mantener el concepto del derecho a la vida desde el momento de la concepción, pese a criterios de la Suprema Corte de Justicia que lo han definido como inconstitucional.

En el rubro de la despenalización, el PAN, que no tenía la mayoría, sumó el voto de la priista Rocío Cervantes Barba, quien se inclinó hacia una postura diferenciada de sus compañeros Alejandro Arias y Ruth Tiscareño.

Con un orden del día limitado a la discusión de cinco dictámenes enfocados en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres guanajuatenses, se desplegó en el Palacio Legislativo un operativo especial para mantener alejadas a las colectivas feministas de los grupos contra el derecho a decidir, con el objetivo de evitar confrontaciones directas. Los accesos y el Pleno se dividieron en dos: del lado derecho los pañuelos azules, del izquierdo, los verdes.

De los cinco dictámenes solo uno se aprobó. Se trata de la reforma a la Ley de Educación para que se incluya la educación sexual y reproductiva en los planes de educación básica.

La reforma al Código Penal para eliminar las sanciones a las mujeres que decidan abortar, tendrá que discutirse, nuevamente, en la próxima sesión de Pleno porque se declaró el empate. 

Tanto el PAN como la oposición consideraron que ganaron la primera discusión. En el caso del PAN, por sumar a la priista Rocío Cervantes; en el caso de la oposición, porque es la primera ocasión que el tema llega al Pleno con posibilidades de que pase. 

“Quienes todavía no han nacido van a contar con los diputados del PAN”, afirmó el diputado y dirigente de este partido, Aldo Márquez Becerra, quien celebró la presencia de grupos en contra de la despenalización del aborto y aseguró que su grupo parlamentario “cabildeará” el voto para archivar el dictamen de justicia. 

Previo a la votación, la diputada Sandra Pedroza, acompañada de distintas colectivas locales y nacionales, advirtió que “dar carpetazo” al los dictámenes no impedirá que el tema se posicione nuevamente en el legislativo hasta que se garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes en Guanajuato. 

Los tres dictámenes restantes: la reforma a la Ley de Salud para garantizar los servicios de interrupción legal del embarazo; la propuesta para incluir en Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia el reconocimiento a la autonomía reproductiva de las mujeres; y la modificación a la Constitución para eliminar el concepto del derecho a la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural, fueron enviados al archivo porque el PAN sumó las voluntades de las priistas Ruth Tiscareño y Rocío Cervantes, además de la bancada del PVEM integrada por dos legisladores.

Cita Romero Hicks tratado de 1945 para defender "derecho a la vida"

El primer dictamen que se discutió y votó en el Congreso de Guanajuato fue la modificación a la Constitución para eliminar del artículo 1 el "derecho a la vida desde la concepción y hasta la muerte natural", concepto que fue incorporado en 2009 a la legislación local, pero que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucional al revisar normas similares en otros estados como Nuevo León y Veracruz.

Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que estuvo a cargo de revisar la iniciativa de reforma, se presentó en la tribuna y citó tratados internacionales de hace 80 años como argumento para eliminar el concepto de la Constitución local.

"Documentos internacionales respetan la vida y no habrá tiempo para entrar en detalles. Primero, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre del 10 de diciembre del 45; segundo el pacto de San José en 1969; tercero la Convención de los Derechos de los niños y las niñas en 1991".

Frente a los argumentos del PAN, la diputada Sandra Pedroza Orozco y el morenista Ricardo Ferro reclamaron el hecho de que en el Congreso de Guanajuato se invaliden las disposiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Al cierre de su intervención, Romero Hicks contó que tuvo 10 hijos, el embarazo de su última hija, Valeria, fue de alto riesgo, pero con su esposa decidieron tenerla.

De inmediato la respuesta de la diputada de Morena, Martha Edith Moreno, fue para señalar que tuvieron la oportunidad de decidir.

"Compañero diputado, daba en el clavo de lo que buscamos cuando usted expresaba que les dieron la oportunidad de tomar una decisión. Probablemente lo hizo en condiciones de privilegio, en un sistema de salud digno, pero tuvo la decisión en sus manos. Eso es lo que buscamos hoy: que las mujeres tengan el derecho a decidir".

Con el voto del PAN, PRD, PVEM y las priistas Ruth Tiscareño y Rocío Cervantes, el dictamen para eliminar el concepto del derecho a la vida desde la concepción se envió al archivo.

Datos refieren criminalización y maternidades infantiles obligadas, pero panistas se aferran a punitivismo 

Durante la discusión sobre las modificaciones al Código Penal del Estado, relativas a la despenalización del aborto, legisladoras y legisladores de Movimiento Ciudadano y Morena presentaron cifras sobre la persecución del delito, el incremento de embarazos infantiles y la violencia contra mujeres, como prueba de que las infancias están siendo obligadas a ser madres.

Sandra Pedroza Orozco, diputada de Movimiento Ciudadano, se pronunció previo al inicio del debate de las iniciativas y presentó datos de la Fiscalía General del Estado sobre la persecución del delito de aborto entre enero de 2022 y julio de 2024. Detalló que, en dicho período, en la entidad se abrieron 17 carpetas de investigación en contra de mujeres por presuntamente haber provocado su propio aborto.

“La criminalización del aborto perpetúa el estereotipo de género, imponiendo la maternidad como un destino obligatorio para todas”, resaltó la diputada durante su intervención en la sesión del Pleno.

Además, presentó datos sobre el número de niñas que fueron madres en Guanajuato entre 2020 y 2022. Explicó que, considerando el rango de edad de 10 a 17 años, la tasa de nacimientos aumentó en 29.4 %. En 2020 se registraron 194 nacimientos de niñas de entre 10 y 14 años que fueron obligadas a ser madres.

Para 2022, la cifra se disparó a 293 niñas, lo que representa un incremento significativo en tan solo dos años. Con estos datos, pidió empatía y advirtió: “Que el privilegio no les nuble la razón”.

“La maternidad tiene que reivindicarse y verse como un derecho, no como una obligación”, señaló, y recordó que, en octubre del año pasado, cuando Movimiento Ciudadano presentó la iniciativa de reforma al Código Penal, 14 estados ya habían despenalizado el aborto voluntario en México; actualmente son ya 24 entidades en esta condición. 

Durante la sesión, hubo intervenciones intercaladas entre diputados del PAN, que se aferraron al argumento de la defensa de la vida, y legisladores de Morena, quienes presentaron datos relacionados con la violencia que sufren las mujeres en el estado, y por la cual se declaró una Alerta de Violencia de Género apenas el año pasado.

El diputado morenista Carlos Abraham Ramos Sotomayor sostuvo que en la Fiscalía General del Estado hay más carpetas de investigación abiertas por aborto que por feminicidio. De enero de 2022 a abril de este año se abrieron 73 carpetas por aborto y solo 71 por feminicidio; en ese mismo período se registraron 1,315 homicidios dolosos en la entidad.

Señaló que el tipo penal tiene el propósito de intimidar a las mujeres para que no ejerzan sus derechos, y restringirlos desde una postura de superioridad moral y prejuicio.

La diputada Hades Aguilar también se refirió a la violencia que afecta a las mujeres y calificó a los diputados panistas de hipócritas, de doble moral y mentirosos, porque —dijo— mientras defienden el derecho a la vida desde la concepción, no alzan la voz por las víctimas de violencia en Guanajuato.

“Hipócritas, y mil veces hipócritas… la ley no puede ser un arma para castigar las decisiones personales, debe ser un escudo”, subrayó.

Los legisladores de Morena coincidieron en que existen resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establecen que los estados no pueden legislar con base en la protección de la vida desde la concepción. Sobre este punto, el legislador David Martínez afirmó que la obligación se basa en el cumplimiento de la ley, y recordó que al tomar protesta como diputados se comprometieron a hacerlo.

Aunque votó a favor de otros dictámenes relacionados con el tema, el coordinador de los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sergio Contreras, se pronunció por la despenalización. Aseguró que negar esta modificación no implica proteger la vida, sino distanciarse de la representación social.

Señaló que la disposición actual va en contra del Código Penal Federal, implica una desventaja para las mujeres de Guanajuato al no poder acceder a un aborto legal y seguro, y representa una “pistola en la cabeza de las mujeres”.

En defensa del dictamen elaborado por la Comisión de Justicia, la diputada Jared González Márquez intentó hacer una distinción entre criminalización y despenalización del aborto.

Además, aseguró que eliminar el delito de aborto vulnera a las propias mujeres, ya que elimina un supuesto escudo legal para aquellas que son obligadas a abortar: “La solución no es eliminar la protección de la vida en las leyes, sino fortalecer las políticas públicas para las mujeres”.

Los legisladores panistas Susana Bermúdez y Rolando Alcantar también defendieron su postura bajo el argumento de la defensa de la vida. Este último afirmó que la progresividad y la vanguardia actuales apuntan hacia la defensa de la vida, en una insinuación clara al avance de la agenda de ultraderecha a nivel mundial.

Casi al final de la discusión, la diputada priista Rocío Cervantes Barba se pronunció a favor de la protección de la vida. Con su voto, la votación del dictamen resultó en un empate de 18 a 18 entre los diputados del PAN y la oposición.

Con este resultado, y de acuerdo con las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el dictamen deberá volver a discutirse en la próxima sesión del Pleno del Congreso, programada para el jueves. Si no se alcanza un resultado diferente, el tema deberá ser reagendado para el próximo periodo ordinario de sesiones y, de no lograrse un acuerdo en una tercera votación, el Congreso deberá archivar la propuesta de forma definitiva.

Posterior a esta votación, el pleno del Congreso avaló reformas a la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato, a través de las que se establecen acciones de coordinación entre autoridades educativas y de salud de estado para impulsar la educación sexual integral y reproductiva, la salud menstrual, la prevención del embarazo infantil y adolescente.

Las modificaciones contemplan que en caso de un embarazo adolescente se deben procurar las facilidades para que las niñas puedan continuar con su educación y que se garantice la no discriminación en el Sistema Educativo Estatal.

Se oponen a garantizar salud sexual y reproductiva

Aunque con una amplia discusión, el segundo dictamen que proponía garantizar desde el sistema de salud estatal la interrupción legal del embarazo -de manera digna y gratuita- fue votado en contra. 

Hubo 21 votos a favor de archivar la propuesta, que incluyeron a la bancada del PAN, al grupo parlamentario del Partido Verde, así como a la legisladora Carolina León del PT, y al priista Alejandro Arias. Estos se impusieron a los 15 sumados por la oposición de Morena y Movimiento Ciudadano. 

Las diputadas de Acción Nacional, Noemí Márquez Márquez y Angélica Casillas, que proporcionaron opiniones a favor de archivar el dictamen, argumentaron que “las mujeres enfrentan riesgos físicos y emocionales” al interrumpir un embarazo, según estudios de los que no dieron referencia. 

Asimismo, sostuvieron que la lucha por los derechos de las mujeres debe centrarse en ámbitos como la equidad laboral, la discriminación por embarazo, igualdad salarial, licencias de maternidad y prevención del acoso sexual. 

Mientras que las diputadas Sandra Pedroza (MC) y María Eugenia García Oliveros (Morena), fueron enfáticas en que instancias como la Organización Mundial de la Salud (OMS) se han pronunciado por la despenalización del aborto por tratarse de un grave problema de salud pública, que de no garantizarse, representa una violación a los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes.

“Se trata de entender que cada mujer tiene una historia, un contexto, una razón, y en una sociedad justa no se castiga a quien decide, se le acompaña”, sostuvo la diputada morenista.