Con información de Carmen Pizano

Familiares de trabajadores que fallecieron en un accidente químico en el Módulo de Desbaste del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) denunciaron que a casi un año del hecho, no hay causa de muerte ni señalamiento de responsabilidades, pues continúan las negligencias y omisiones de ese organismo y de la Fiscalía General del Estado, lo que motivó que acudieran al Congreso local para pedir su intervención en el caso.

Sólo gracias a la presión que las familias están metiendo a organismos y dependencias, es que se conoce parte de las fallas que hicieron que la noche del 13 de noviembre de 2020 cinco hombres quedaran expuestos a una cantidad tal de sustancias tóxicas que les causó la muerte, superando cualquier estándar seguro para el cuerpo humano[1], mientras realizaban labores de mantenimiento en la planta que trata aguas residuales de empresas de la industria curtidora.

El trato omiso se extendió a la Fiscalía General del Estado, que desde ese día no protegió la cadena de custodia de pruebas, con el levantamiento de cuerpos que realizó "un chofer", no hubo resguardo de evidencias y en la escena del accidente no realizó señalización, todo lo cual, acumulado, podría llevar a eximir a SAPAL de responsabilidades.

Esto lo han sabido por análisis o peritajes de instancias ajenas a SAPAL o la FGE, como Bomberos, que revelan que no había protocolo de emergencias al momento de intentar el rescate, mientras que de las revisiones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) surgieron recomendaciones y omisiones que apenas se comienzan a cumplir. Este informe sugiere incluso que los trabajadores ni siquiera tenían conocimiento de que manejaban sustancias tóxicas.

"Para el Seguro Social y para varias instancias ellos murieron al transitar al aire libre, se desvanecieron y perdieron la vida", denunció el padre de Víctor Briseño, una de las víctimas, "no señores: hubo una explosión química". Ahí se liberaron sustancias tóxicas como el ácido sulfúrico, que manejado adecuadamente hace posible el tratamiento del agua pero que esa noche cobró la vida de cinco personas sin capacitación, ni equipo necesario para las delicadas funciones que buscaban llevar a cabo.

A las familias de Omar Ignacio Martínez Flores, Víctor Ricardo Briseño Rangel, José Salvador Afanador Martínez, Juan Antonio Méndez Rivera y Alberto de Jesús Silva Zúñiga no se les ha dado trato de víctimas.

Su denuncia también va orientada a la no repetición de la tragedia, para lo cual, agradecieron la intervención del diputado David Martínez Mendizabal (MORENA) que presentó una propuesta de exhorto ante el pleno del Congreso del estado para que SAPAL, la FGE, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) y el Municipio de León, brinden un avance de sus investigaciones sobre el caso.

Foto: Carmen Pizano

Moverse para seguir igual: sin responsables

El abogado de las víctimas, Juan de Dios Hernández Araiza, advirtió que las familias han acudido a varias instancias sin que la investigación avance, empezando con el propio SAPAL y la Fiscalía General del Estado, así como al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, el gobierno municipal de León, Contraloría Municipal, todas han sido omisas.

"Inclusive han ocultado información importante para las evidencias y obviamente solapando al SAPAL, que en este caso quiere hacer responsables a los trabajadores de su propia muerte", en tanto que la Fiscalía "desde el inicio fue inoperante" al no realizar estudios de histopatología, "donde habría habido rastros en órganos como el pulmón, corazón o cerebro, para poder determinar claramente qué fue lo que se inhaló".

"Al no tener esas pruebas en cadena de custodia, que lo único que tenía la Fiscalía era un tubo de ensayo con la sangre de los trabajadores, jamás dejaron los órganos" para un futuro análisis que permitiera determinar dicha causa de muerte.

También advirtió que estas inconsistencias "llevan a no poder determinar una investigación clara, dilatada, que nos ha perjudicado desafortunadamente porque SAPAL determina que si la Fiscalía no los señala responsables ellos -SAPAL- van a eximirse de su cumplimiento".

Y señalando a las carpetas en el suelo, dijo: estamos "ante las autoridades que ustedes ven y ninguna autoridad ha determinado algo en concreto". Mientras la FGE no emita un dictamen de responsabilidad "no vamos a poder avanzar".

El defensor reconoció, no obstante, que "por parte de los derechos humanos" ha habido avances, aunque sin aclarar si fue vía CNDH o Prodheg, "inclusive ha solicitado inspecciones la Secretaría del Trabajo y se nos entregó un expediente donde se encontraron dentro de la inspección más de 170 fallas, donde la planta de SAPAL no cumplía, no contaba ni con un croquis, ni con una información de salida de emergencia, que eran elementales y sobre todo: no contaban con la firma de los trabajadores que deberían haber ingresado a esas zonas peligrosas donde se manejaban productos tóxicos".

Otro familiar intervino para aclarar que esto indica que los muchachos "no tenían protección, es decir, no había mascarillas, no había nada para poder realizar esa tarea" de manera segura.

En su momento, POPLab publicó que según el historial de chats de Víctor Briseño, desde cinco días antes del accidente el joven había advertido a sus superiores que había fugas de ácido sulfúrico, tuberías a punto de romperse y otras fallas, algo que detalla el diputado Martínez Mendizábal en su exhorto.

Por su parte, el padre de Briseño, supervisor del Módulo de Desbaste, agregó que el problema de SAPAL era que "ciertas mascarillas que les dotaban a los trabajadores, eran mascarillas realmente para malos olores (...) para hacérselas fácil: les habían dado mascarillas en 2015, les sirven en 2016 y seguían con la misma. Ellos -SAPAL- dicen que dotaban, pero -los trabajadores- ni siquiera fueron capacitados."

Foto: Carmen Pizano

"Juegan con que tenían experiencia pero -solo- en agua potable, no en todos los desechos químicos donde pasó el accidente, por eso ahora resulta que -los muchachos- son los culpables. Por ejemplo, ahora a mi hijo lo ponen culpable, que porque era ingeniero, que tenía qué haberse ido, cuando jamás fue dotado ni fue capacitado".

Briseño, homónimo de su hijo fallecido, dijo que "ya la misma Secretaría después de 10 meses, nos están entregando -un informe- donde SAPAL no cumple con nada: ni capacitaciones, ni equipo necesario, ni siquiera -pedía- ser certificados para poder trabajar ahí, entonces, si no los certificaron, no fueron capacitados ni tenían el equipo necesario, hasta ahora que se acaba de comprar equipo necesario, no saben usarlo todavía..."; agregó que dicha información fue obtenida gracias a la presión, después de meses, que hicieron junto con Derechos Humanos, información "que jamás nos han querido dar" desde el primer día.

Denunció también que en SAPAL "no tienen una toma de agua de donde sufrió el accidente, no tienen una sola foto, no se hizo una sola investigación, no se hicieron bien las autopsias", y conforme pasan los meses y las familias acuden una y otra vez a esa dependencia a exigir informes sobre el caso que cobró la vida de cinco hombres jóvenes, aparentemente no hay quien los atienda.

Surgen nuevos hallazgos

Después de la manifestación que las familias hicieron frente a diputados en el pleno, Víctor Briseño padre comentó algunos resultados que han ido conociendo solo gracias a los informes recibidos.

Explicó que "SAPAL hizo una prueba a la 1:30 de la mañana -unas cinco horas después del accidente-- donde decía que había 76 partes por millón, letal para cualquier persona, porque con las mascarillas que supuestamente ellos les daban, soportan 9 partes por millón, que te da nada más chance de correr, no puedes estar 3 minutos, o sea, es para correr... en la que hizo SAPAL ya había 76 partes por millón a más de la 1 de la mañana, y en los análisis que hace STYPS, Bomberos y Protección Civil había casi 300... es abismal" la diferencia.

Por ello afirma que SAPAL "no cuenta con ninguna medida de seguridad", pues personal de emergencias descubrió que "no había cámaras, ni detectores de humo, no contaban con nada, tuvieron que entrar a ciegas (...) 'oye, un croquis, siquiera para saber entrar'". No había.

Foto: Acción Colectiva.

Briseño agregó también que a raíz de que las familias regresaron la ropa que vestían al momento del accidente sus seres queridos, han podido dar con más pistas para el peritaje. Porque hasta eso omitió llevarse inicialmente la Fiscalía.

Por otra parte, el familiar de otra de las víctimas explicó que aún no existe siquiera un extintor en la zona, luego que él se presentó con una juez para hacer una valoración, meses después de los hechos, "tengo las fotos y la evidencia (...) hasta la tierra estaba nueva donde pusieron sus letreros que era obligatoria esa mascarilla que acaban de comprar, porque no pudieron demostrarle a Secretaría del Trabajo, no a nosotros, que no contaban en ese tiempo con nada".

Se señaló nuevamente que la paramunicipal contrató abogados “de alta jerarquía” con sueldos de más de 1 millón de pesos, mientras busca dar a las familias indemnizaciones pírricas.

Javier Sentíes, integrante de la ONG Acción Colectiva, que respalda a estas familias, mencionó que "los trabajadores que trajo SAPAL" al Módulo de Desbaste, "porque despidió a los que ya tenían experiencia, los trajo de plantas biológicas, no de plantas químicas, ahí es un problema muy serio porque no estaban capacitados, ni les dio la capacitación ni el equipo".

Pero en la tragedia el 13N no solo hubo negligencia de SAPAL, también de la Fiscalía: en "el levantamiento de cadáveres no se cumplió ningún protocolo, ¡los recogió el chofer!, cuando se tiene que circular -delimitar- el lugar y tomar los análisis de rigor", señaló el activista.

La hipótesis de Acción Colectiva es que “SAPAL no quiere que su récord histórico como organismo ejemplo del país, organismo operador del agua, sea manchado por una clase de negligencia criminal como esta".

SAPAL, por su parte, envió un comunicado de prensa donde asegura que ha cumplido con sus obligaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y sus reglamentos, y como es sensible a la situación ha generado apoyos complementarios para los familiares de los cinco colaboradores fallecidos, sin brindar más detalles.

PROPONE DIPUTADO EXHORTO

El 14 de octubre, el diputado morenista David Martínez Mendizabal presentó ante el Pleno del Congreso una propuesta de exhorto dirigido a SAPAL, la Fiscalía General del Estado, a la Prodheg y al Ayuntamiento leonés, para presentar avances de sus investigaciones sobre el 13N2020 del SAPAL, por lo que dijo es una "demanda justa" que tienen las familias de los cinco fallecidos.

Dando lectura a su propuesta, recordó que desde meses anteriores al accidente tanto la ciudadanía como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) conocieron "las graves irregularidades en el manejo y operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales y su Módulo de Desbaste, lo que evidenció, entre otras cosas, conflictos entre el SAPAL y el consorcio ECOSYS III, quien diseñó y operó ese sistema de saneamiento durante 20 años", debido al envío de aguas usadas por empresas curtidoras que no cumplían con estándares pactados para su saneamiento y sin que el SAPAL atendiera esa problemática.

El legislador señaló "el comportamiento negligente del SAPAL" ocasionó estas cinco muertes por no haber realizado una transición ordenada al recuperar el control y la operación de dicha planta, sin cumplir protocolos y medidas de seguridad correspondientes a un lugar de trabajo con altos riesgos laborales, además de que despidió a casi todo el personal especializado y reasignó personal de otras de sus plantas para trabajar en dichas instalaciones.

"Como consta en el expediente 179/25-11-2020/000447 de la Oficina de Representación Federal del Trabajo en Guanajuato con sede en León, el SAPAL no cumplió con varios puntos de seguridad, altamente relevantes para prevenir el accidente", entre ellos, que este organismo "ordenó a sus trabajadores, de manera deliberada y consciente, laborar en condiciones de alto riesgo, sin las medidas de seguridad" (más detalles en el documento completo).

Foto: Carmen Pizano

"Ante la tragedia, los representantes del SAPAL y su Consejo han optado por responsabilizar a los trabajadores de ser los causantes de su propia muerte", denunció en tribuna David Martínez Mendizabal.

Dicho comportamiento inaceptable, dijo, no solo es de SAPAL, sino de otras instituciones locales involucradas: el gobierno municipal, la Fiscalía estatal y la Procuraduría de Derechos Humanos, por actuar para un "ocultamiento de las irresponsabilidades en las que ha incurrido el SAPAL, en una especie de contubernio interinstitucional", de ahí el exhorto para que hagan públicas sus pesquisas.

El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio.

[1] La concentración letal de inhalación del Ácido Sulfúrico es de 18 mg/m . Sin embargo, de acuerdo con el análisis que el SAPAL realizó cinco horas después del accidente, la concentración en el aire, en la zona del incidente, con un flujo considerable de viento, era de 76 mg/m , es decir, más de cuatro veces la cifra letal. Por tanto, no se consideraron las condiciones reales que prevalecían durante los hechos ahora expuestos.