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Gobierno de Samantha va por desarrollo inmobiliario y comercial en Hormiguero y Santa Rosa
Expertos ambientalistas y ciudadanía objetan orientación de desarrollo urbano a zonas de abasto de agua y de protección ecológica en Programa de Ordenamiento y piden que se atiendan
La zona sur, el área de gran recarga hídrica para la capital, se considera apta para el desarrollo de industria baja o comercio. En El Hormiguero se abre la posibilidad de desarrollos habitacionales, comerciales y de servicios, y en Santa Rosa se han perfilado espacios supuestamente poblados que aún no lo están, todo esto dentro del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial (PMDUOET).
Estas son solo algunas de las observaciones realizadas por organizaciones civiles al proyecto del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), que plantea el crecimiento de la ciudad hasta 2050. El documento especifica que, hasta 2022, Guanajuato capital tenía una superficie urbana de 564 hectáreas y proyecta un suelo requerido para los próximos 25 años de 2,098 hectáreas.
La diferencia entre el suelo actualmente disponible y el requerido a futuro resulta en 1,476 hectáreas para 2050. Sin embargo, el IMPLAN propone un ajuste a 1,830 hectáreas susceptibles de urbanizar. Esta superficie es tres veces mayor al territorio actual de la ciudad, aunque la población sólo ha tenido un crecimiento de 8% en los últimos 12 años.
Las preocupaciones de las organizaciones civiles respecto al tema están relacionadas principalmente con el cambio de uso de suelo de distintas regiones del municipio, algunas catalogadas como reservas ecológicas, como el caso de El Hormiguero, Santa Rosa, Paseo de la Presa y el Cerrito de Marfil, entre otras. En el caso de El Hormiguero, existen amparos vigentes que obligan al municipio a reconocer derechos obtenidos por particulares.
El Gobierno Municipal ha comenzado, paralelamente al desarrollo y aprobación del PMDUOET, el proceso de Declaratoria de Área Natural Protegida de esta área, aunque no hay certeza de la superficie que podría ser sujeta a protección.
Los cambios en el programa podrían generar afectación en la ubicación de la tradicional festividad del Día de la Cueva y en el trazo de la histórica Ruta de la Virgen de Guanajuato, así como a la zona forestal reconocida en este espacio territorial.
Ambientalistas consideran que la custodia estatal que implica esta declaratoria debería ampliarse para establecer un gran cinturón ecológico que incluya a los cerros del Meco y Chichíndaro como entorno natural de la ciudad.
De acuerdo con el PMDUOET, el municipio se encuentra en vulnerabilidad hídrica muy alta y en 2024 fue el territorio número uno con más incendios forestales en el Estado, por lo que expertos advierten que hay deficiencias en el documento deben corregirse, como los impactos del cambio climático y la aceleración de la gentrificación, que repercute en la protección patrimonial del centro histórico.
Se identifican también carencias como la ausencia de estándares internacionales en el manejo del agua y la creación de nuevas vialidades que podrían afectar áreas de reserva natural.
El IMPLAN concluyó el período de consulta del documento, el cual tuvo una duración de 45 días, conforme a las disposiciones legales. La instancia recibió más de 100 observaciones, pero no hay certeza de que las propuestas vayan a tener impacto en el programa original una vez que sea sometido a la aprobación del pleno del Ayuntamiento de Guanajuato.
Controversia por La Bufa, el Hormiguero y su conservación
De acuerdo con el estudio justificativo para el establecimiento de la zona de conservación ecológica “Cerros de La Bufa, Los Picachos y El Hormiguero”, publicado en 2015, esta zona de conservación comprende al menos 1,244 hectáreas. Sin embargo, en el PMDUOET se proyecta que en El Hormiguero se desarrollen áreas habitacionales, comerciales, de servicios e industria baja, media y alta, en un plazo de 2031 a 2035.
Esta perspectiva puede leerse en la carta de zonificación de usos y destinos de suelo, que es el mapa de la ciudad en el que se proyecta todo el crecimiento de Guanajuato. Fue a partir de esta propuesta que surgieron las inquietudes de organizaciones civiles como el Consejo Ecologista Guanajuatense, el Movimiento Colibríes, el Observatorio Ciudadano y ambientalistas independientes de la ciudad.
El mismo estudio, desarrollado por el Instituto de Ecología del Estado, antecedente de la hoy Secretaría del Agua y Medio Ambiente, revela que, en junio de 2010, el Ayuntamiento encabezado por Nicéforo Guerrero Reynoso autorizó el cambio de uso de suelo en el predio Granja La Bufa. Las modificaciones revelaron que los propietarios de predios en el cerro del Hormiguero eran el empresario Alejandro Marcocchio Rodríguez y miembros de la familia Rodríguez Neri.
Marcocchio Rodríguez posee 47 hectáreas localizadas en los extremos de la vialidad Diego Rivera, misma que fue construida por la empresa Azacan, de la que es propietario. Los Rodríguez Neri tienen bajo su resguardo 157 hectáreas, originalmente con el uso de fomento ecológico. Ambos propietarios recurrieron a amparos para preservar los derechos sobre estos terrenos.
El arquitecto especialista en planeamiento urbano regional Francisco Robledo Noriega recordó este antecedente y lamentó que los permisos de uso de suelo otorgados originalmente contemplaran un uso intensivo en un área no apta para ello.
“El uso de suelo que se aprobó, hace muchos años, es muy intensivo. El que se le pretende dar es muy intensivo también y desde entonces se ha señalado eso. La invitación sería reconsiderarlo, ya que sí es factible que los propietarios hagan uso de sus propiedades, por supuesto, pero bajo un esquema de muy bajo impacto, acorde a la vocación del territorio”, detalló.
Subrayó que el IMPLAN distinguió en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano a estos territorios como no aptos para urbanización. De hecho, sostuvo que todos los instrumentos de planeación que existen sobre la ciudad han determinado esta misma categorización.
Integrantes del Movimiento Colibríes de Guanajuato también se pronunciaron en contra de este polígono debido al uso urbano que se contempla en una zona que, en la zonificación urbana municipal, está catalogada como no urbanizable. Esto va en contra del Código Territorial para el Estado, que se refiere a la incompatibilidad de los usos y destinos del suelo.
En sus observaciones al IMPLAN, la organización criticó que en el proyecto también se proyecta una vialidad que conectaría el bulevar Diego Rivera con Pozuelos y otro tramo carretero que iría del Diego Rivera a la Panorámica, los cuales tendrían efectos ambientales pues por la zona de La Bufa convergen tres cauces: Pozuelos, que desemboca en el río Guanajuato; Las Cuestas, que conectan con el río Yerbabuena; y El Solano, que alimenta la presa de La Purísima.
El Consejo Ecologista Guanajuatense y el Observatorio Ciudadano coincidieron en sus observaciones sobre las modificaciones del uso de suelo en El Hormiguero y pidieron reconsiderar dichos cambios. Ambas organizaciones se pronunciaron a favor de que la declaratoria de zona de conservación ecológica se incluya en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano. Al iniciar su gestión como alcaldesa, Samantha Smith ordenó el inicio de los trámites para solicitar la declaratoria de zona de conservación.
En una reunión reciente con integrantes de las distintas organizaciones civiles, Iván Rivelino Moreno Galván aseguró que el PMDUOET no se tocará, aunque la solicitud de declaratoria ya se inició con la Secretaría del Agua y Medio Ambiente. Si la declaratoria es aprobada por el estado y también se admite el instrumento por parte del Ayuntamiento, la zona no quedará impactada en el documento.
La alcaldesa sostuvo que existe interés en proteger el patrimonio natural y cultural de Guanajuato. Además, pidió no politizar el tema y trabajar en un diálogo constructivo para la preservación de La Bufa, recordando que, en 2010, participó en la movilización ciudadana que buscaba el mismo objetivo.
Advierte impacto del crecimiento urbano en la recarga hídrica de la ciudad
Las observaciones sobre incompatibilidades se replican en distintas zonas de la ciudad. En el sur, zona identificada como la gran área de recarga hídrica, de acuerdo con la caracterización y el diagnóstico del PMDUOET, predomina el uso agrícola. Sin embargo, también se proyectan desarrollos de baja densidad que podrían afectar a largo plazo el escurrimiento hacia la captación superficial de agua y los mantos acuíferos del municipio.
“Al sur del municipio, a 2016, se observan amplias superficies con alta capacidad de infiltración y menores con capacidad muy alta. Para 2018, se recategoriza y se obtienen zonas con capacidad media, principalmente, y capacidad alta al sur de la ciudad de Guanajuato, en las áreas de expansión urbana. Esto advierte que el crecimiento de la ciudad se expande en dirección a suelos con alto potencial para infiltración, que, como se mencionó previamente, son superficies escasas en el municipio”, refiere el PMDUOET en la sección de caracterización y diagnóstico.
El documento resalta que las zonas donde se concentra la alta y muy alta aptitud para recarga hídrica se encuentran al centro y sur poniente del municipio, en las áreas donde se concentra la mayor densidad de asentamientos humanos en expansión, ocupadas por las localidades urbanas y rurales de la zona sur de la ciudad y en la porción sur poniente del municipio.
“…Esta zona impactada por obras de urbanización y usos para actividades productivas de distintos niveles genera discontinuidades en los ciclos hidrológicos, así como problemáticas de contaminación del agua y del suelo”, recalca el texto.
Gabriel Soriano, integrante del Colegio de Ingenieros del Agua, expresó que existen carencias relacionadas con la gestión sostenible del agua en la cuenca de la capital y la planeación responsable del desarrollo urbano en áreas de alto valor ecológico, como el caso de los polígonos de La Bufa, el Cerro del Hormiguero y Los Picachos.
Subrayó que el programa de desarrollo urbano debería incorporar estándares internacionales para la gestión sostenible del agua, los cuales están delineados en la norma internacional AWS (Water Stewardship, por sus siglas en inglés).
“Esta norma establece un enfoque integral que permite evaluar los riesgos y oportunidades asociados al agua en las cuencas, y planificar y tomar decisiones basadas en datos confiables”, subrayó el especialista de la organización civil enfocada en el desarrollo sostenible y la gestión responsable del agua en Guanajuato.
Destacó que la implementación de esta norma fortalecería la sostenibilidad del municipio, generaría confianza y atraería inversiones que respeten el entorno natural del municipio. Sobre este último punto, hizo énfasis en que el sector inmobiliario debe asumir un enfoque de desarrollo basado en proyectos de vivienda sustentable y de bajo impacto ambiental.
“¿Por qué es necesario este enfoque? 1) Para la conservación del entorno: estas zonas actúan como importantes pulmones verdes para nuestra ciudad y son clave para la regulación hídrica y climática de la región. 2) Viabilidad económica: los proyectos sustentables no sólo protegen el medio ambiente, sino que también garantizan una rentabilidad razonable al crear viviendas con mayor valor a largo plazo para sus habitantes”, indicó.
Como tercer punto, dijo que con un compromiso así se garantizaría el cumplimiento normativo, aunque esto dependería de la evaluación y vigilancia que lleven a cabo las autoridades en nuevos proyectos, para que cumplan con criterios de sostenibilidad, “incluyendo el manejo adecuado del agua y el tratamiento de las descargas contaminantes”.
La carta de zonificación de usos y destinos de suelo de los centros de población del PMDUOET ilustra las amplias zonas de recarga que aún prevalecen en la zona sur de la ciudad. Ambientalistas aseguran que los principales cauces de la ciudad coinciden con la presa de La Purísima.
Las zonas de recarga coinciden con áreas destinadas a la agricultura. Aunque en estos espacios se proyecta un plazo de crecimiento hasta 2025, también se contempla la construcción de nuevas vialidades y usos urbanos de baja densidad, que tendrían repercusiones en los escurrimientos.
En el documento “Guanajuato, el paisaje urbano histórico, un modelo para habitar”, realizado como resultado de talleres de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para la planeación y gestión del paisaje urbano de la ciudad, en 2017 se advirtió sobre la impermeabilización de los suelos en esta región.
Contradictoriamente, el proyecto Acuaférico 2050 del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado proyecta la perforación de 10 nuevos pozos y dos cárcamos de bombeo, principalmente en la zona sur.
Conveniente zonificación de áreas críticas en Guanajuato
El Movimiento Colibríes, representado por el activista Yann Golbert, sintetizó en un documento las inconsistencias observadas en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial (PMDUOET), relacionadas con la compatibilidad y densidad habitacional de las zonas en el sur de la ciudad, en Santa Rosa, en Marfil y en el Paseo de la Presa.
La organización descubrió que en el documento se proyecta el espacio donde se planeó la construcción del fraccionamiento La Cucursola como un polígono de traza urbanizable-habitacional campestre (con capacidad para 1 hasta 99 habitantes), con crecimiento entre 2031 y 2035, a pesar de que se trata de una zona primaria y de conservación.
Fue público que este desarrollo, propiedad del exdiputado federal del PAN, Sergio Ascencio Barba, obtuvo permisos del municipio fuera de su ámbito de competencia e incluso fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
También advirtieron sobre la necesidad de establecer restricciones en el uso urbano en Yerbabuena y al norte de la carretera San Miguel de Allende. Como ejemplo, citaron la localidad de Carbonera, donde existe una variedad vegetal de matorral xerófilo bien conservado y con valor paisajístico, que cambiaría a uso mixto para equipamiento, comercio y servicios.
Refirieron también el caso de la comunidad de San José del Montecillo, donde se realizó un desmonte masivo de matorral xerófilo en una propiedad perteneciente al Instituto Minero, a la cual se le otorgó un uso de suelo habitacional, fuera del Plan de Ordenamiento Territorial del Centro de Población de Guanajuato 2012, el cual sigue vigente.
Los Colibríes señalaron en sus críticas al PMDUOET el caso del predio ubicado en Paseo de la Presa, donde el gobierno de Alejandro Navarro (esposo de la actual alcaldesa, Samantha Smith) otorgó permisos para la construcción de un estacionamiento. En la carta de zonificación, este predio aparece en color salmón, lo que indica que se trata de una zona habitacional, cuando debería estar representado en verde como un área de conservación.
La obra obtuvo permiso de la Dirección de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, en ese momento a cargo de Juan Carlos Delgado Zárate (hoy director del Instituto de Planeación), pero no tuvo autorizaciones de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) ni del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
En Marfil, los activistas detectaron un cambio similar en la carta de zonificación en el sitio donde se abrió un camino sin los permisos de las autoridades ambientales, denominado “El Arañazo”, en un predio propiedad del padre de la alcaldesa, Guillermo Smith. La Profepa también clausuró esta obra por daños ambientales.
En el área conocida como el Cerrito de Marfil, preocupa a los ambientalistas de esta organización la proyección de uso de suelo mixto (habitacional y de conservación), ya que no se contempla un área de amortiguamiento. Además, el parque urbano El Orito perderá tres hectáreas de conservación por invasión.
“Las áreas de conservación ecológica requieren de una zona de amortiguamiento respecto de las zonas de comercio y servicios. Entre la parte alta del Cerrito de Marfil, con vocación y uso de suelo habitacional, el uso mixto posibilita comercio y servicios que crean gran presión para la conservación ecológica, pues con uso mixto se podrían alojar giros como tiendas, hoteles, oficinas, etc., cuya demanda de infraestructura vial y servicios urbanos es distinta y superior a la que genera el uso habitacional”, explicaron.
También expresaron los riesgos que esto conlleva para el río Guanajuato, por lo que pidieron que en este lugar se considere la disminución de la densidad media o baja, para reducir las repercusiones ambientales.
“En términos generales, la compatibilidad de los usos y destinos ambientales de suelo (conservación ecológica, restauración o recarga de mantos acuíferos en particular) nos parece lo más cuestionable de la metodología y debería volver a ser analizada mediante un proceso participativo con grupos focales expertos en la materia, así como la asignación de sus respectivas ubicaciones en la carta de zonificación”, sugirió la agrupación ambientalista.
Respecto a la conservación ambiental, pidieron clarificar y mejorar el Programa Municipal de Acción Climática, de acuerdo con la Ley del Cambio Climático para el Estado, y un programa de manejo del fuego, debido a que el municipio fue el primero con más afectaciones por incendios forestales en 2024.
Un llamado a la preservación del patrimonio
Las organizaciones civiles sugirieron al IMPLAN incorporar a la carta de zonificación la poligonal de la Zona de Monumentos Históricos decretada en 1982 por la UNESCO, así como la poligonal restringida y la zona de amortiguamiento de la Declaratoria de “Ciudad de Guanajuato y sus Minas Adyacentes” de esta misma instancia.
Sobre este punto, el Observatorio Ciudadano de Guanajuato señaló graves aberraciones, errores cartográficos e incongruencias entre el texto y el plano que incluye el programa.
“El municipio de Guanajuato requiere un programa que regule su desarrollo urbano, la sensible interacción de la ciudad con el medio ambiente y la protección extrema a la que se encuentra sujeta el área de la cañada, por estar catalogada como ‘Patrimonio Cultural de la Humanidad’”, señaló el Observatorio en una postura pública dirigida a los ciudadanos.
La especialista en patrimonio Altagracia Rocha destacó la urgente necesidad de proyectar un atlas municipal de riesgos, debido al turismo masivo para el que se pretende dar vocación a la ciudad, principalmente en el centro histórico.
En 2024, residentes de inmuebles en la zona centro de la ciudad publicaron un desplegado apelando a la sensibilidad de las autoridades ante el gran incremento del ruido generado por eventos y la operación de bares y restaurantes concentrados en calles como Sopeña y Cantarranas.
Relacionado con el fenómeno de la turistificación de la ciudad, la activista profesional en patrimonio y sociedad detalló que tampoco se proyectan soluciones a los problemas de movilidad en el centro y la zona sur, este último hacia donde se proyecta el crecimiento.
Las organizaciones civiles también señalaron la falta de rigor metodológico en la medición del crecimiento de la zona urbana de la ciudad hacia 2050.
Juan Carlos Delgado Zárate, director del Instituto de Planeación (IMPLAN), declaró el día del cierre de la consulta ciudadana del programa que se proyecta que la población de la ciudad se estabilice en 265,000 o 270,000 habitantes para 2050.
En el programa de 2012, que es el documento vigente, la ciudad tenía 564 hectáreas y proyectaba un suelo requerido para los próximos 25 años de 2,098 hectáreas, es decir, una superficie en la que cabría tres veces la misma ciudad.
El aumento poblacional entre 2012 y 2024 fue de 60,000 personas, pues, de acuerdo con datos proporcionados por el IMPLAN, en 2012 la población del municipio era de aproximadamente 140,000 personas y, a 2024, se calcula que superó los 200,000 habitantes.
Juan Carlos Delgado sostuvo que la actualización del programa es necesaria porque tiene más de 12 años de retraso. Con las modificaciones, se regularizarán al menos 40 hectáreas de zonas irregulares. También reconoció que hay huecos no ocupados en la cañada, la mayoría de los cuales tiene propietarios.
14 de enero de 2025, 13:49
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