La Red de Acompañantes de Aborto León denuncia una estrategia de criminalización por parte del Congreso local, pues el Legislativo decidió impugnar la resolución a favor del amparo que firmaron, junto con la organización 50 Mujeres, después de que la mayoría de los diputados votaran de forma negativa la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación en junio del año pasado.

Por esta razón, pese a que ya corre el plazo que le ha otorgado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al Congreso de Guanajuato para eliminar la criminalización a mujeres por ejercer el derecho a interrumpir su embarazo, como resultado de un amparo promovido por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), las organizaciones locales solicitarán que la Corte atraiga el asunto y resuelva esta solicitud, que tiene el mismo objetivo.

“Solicitan la revisión de la sentencia que nos protege… Busca (el Congreso), por todos los medios posibles, criminalizar, porque la sentencia que sale a favor nuestra lo que dice es: no puedes criminalizar a estas mujeres, no les puede aplicar la punibilidad de los artículos que criminalizan el aborto. Entonces, el Congreso se inconforma con esa decisión. Para nosotras, eso es un sí a la criminalización; lo que ellos dicen es que sí nos pueden criminalizar, que no están dispuestos a no criminalizar”, explicó la activista Nayely Tello Mendoza.

Tanto ella como el abogado Ernesto Barajas, de la organización Defensa Queer, que ha acompañado los procesos jurídicos, consideraron que la resolución de la jueza Luz Adriana Rico sí estuvo influenciada por los antecedentes de cercanía con el Partido Acción Nacional (PAN) de la juzgadora, quien además otorgó un beneficio no solicitado. 

El amparo solicitaba la despenalización del aborto, no un beneficio solo para las 50 mujeres promoventes del procedimiento. “Ese no era el punto, no tenía que habernos resuelto sobre ese tema, sino sobre lo que se estaba demandando… Queremos que se resuelva sobre lo que pedimos, no sobre lo que la persona juzgadora esté entendiendo o lo que nos quiera dar”.

La impugnación presentada por el Congreso fue firmada por el asesor jurídico Enrique Iván Sosa Campos, aunque la Dirección General de Asuntos Jurídicos está a cargo de Antonia Guillermina Valdovino Guzmán. 

De acuerdo con la Red de Acompañantes, la decisión no se consultó con las fracciones parlamentarias, pues ni representantes de Movimiento Ciudadano ni de Morena tenían conocimiento del procedimiento. El coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Ferro Baeza, aseguró que ni la Junta de Gobierno y Coordinación Política, ni la presidencia del Congreso han promovido recursos de impugnación. 

Más investigaciones por aborto que por feminicidio

Actualmente hay más carpetas de investigación abiertas por aborto que por feminicidio, sostuvo la activista Nayely Tello para reafirmar la postura sobre la criminalización que se ejerce en el estado contra el derecho a decidir de las mujeres.

“Es uno de los temas que las diputadas y diputados han querido negar en Guanajuato, que no es cierto que se criminalice, pero mantienen un tipo penal que representa un terror constante para las mujeres, porque eso sí nos pasa y seguramente también a las compañeras de otras redes que acompañan: las mujeres siguen llegando a los servicios con miedo de ser criminalizadas penalmente”, expresó.

De acuerdo con el reporte de víctimas de delitos del fuero común correspondiente a abril, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hay 12 casos registrados por aborto y 10 por feminicidio. En cuanto a carpetas de investigación, se contabilizan 10 por aborto y 8 por feminicidio.

Para Nayely Tello, los datos públicos y la impugnación del amparo son evidencia de una estrategia política impulsada principalmente por el Partido Acción Nacional (PAN) a favor de la criminalización de las mujeres.

La activista consideró que el Congreso estatal está actuando para respaldar una postura política que, dijo, no representa a la totalidad de las diputadas y diputados del Legislativo local.

“Piensan que ese es el nicho de votantes que les queda y que Acción Nacional necesita sostener. Me parece que el Congreso decide servirle a una fracción parlamentaria que no representa a la totalidad de las diputadas y diputados”, afirmó.

La activista señaló que la impugnación, presentada el 18 de mayo tras la resolución favorable emitida el 27 de abril, no se consultó con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso.

“El Congreso tomó la decisión hace muchísimo y no le avisaron ni a diputadas ni a diputados… entonces, ¿qué es lo que está pasando?, ¿por qué se toman este tipo de facultades por debajo de la mesa?”, cuestionó.

Tello Mendoza también explicó que, aunque en un inicio el amparo se admitió a trámite de forma ágil y aparentaba que el proceso avanzaría de la misma manera, esto no ocurrió.

“La audiencia fue diferida un montón de veces. Tuvimos el cambio del Poder Judicial y, aunque al principio la demanda fue rápidamente admitida a trámite y parecía que avanzaba con celeridad, cambió el Poder Judicial”, relató.

Reconoció que, aunque finalmente el recurso derivó en una sentencia favorable, el fallo no resolvió lo que originalmente solicitaron como promoventes.

“Nosotras lo que habíamos demandado al Congreso del Estado era la despenalización del aborto voluntario y lo que se nos da en la sentencia es: pueden abortar ustedes, las firmantes. Nosotras no necesitamos permiso del Estado para abortar y para ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos”, afirmó.

La resolución determinó que las 50 mujeres promoventes no podían ser criminalizadas por abortar y que el Estado debía garantizar condiciones para que ejercieran sus derechos reproductivos. No obstante, las colectivas consideraron insuficiente el alcance del fallo.

“Ese no era el punto, no tenía que habernos resuelto sobre ese tema, sino sobre lo que se estaba demandando”, sostuvo la activista.

Por ello, junto con el abogado Ernesto Barajas, de la organización Defensa Queer, decidieron presentar un recurso de revisión para inconformarse con la sentencia y solicitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso.

“El recurso de revisión fue interpuesto hace ocho días. Hemos decidido solicitar que resuelva la SCJN directamente porque el proceso judicial en Guanajuato tardó más de un año… queremos que se resuelva sobre lo que pedimos, no sobre lo que la persona juzgadora esté entendiendo, qué necesita resolver o lo que nos quiera dar. Nosotras queremos la despenalización”, expresó.

El juicio de amparo fue presentado el 5 de junio del año pasado contra el Congreso local y la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, con el objetivo de obligar al Estado a despenalizar el aborto voluntario. Esto ocurrió tras una primera votación empatada y una segunda ronda en la que el voto de la diputada Itzel Mendo fue decisivo para el archivo de la iniciativa. 

En febrero de este año, la legisladora, electa por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), anunció su incorporación a las filas de Acción Nacional.

La Red de Acompañantes reconoce que, aunque ya corre el plazo derivado del amparo otorgado a la organización GIRE, que podría concluir en septiembre de este año, dar seguimiento al amparo promovido por la asociación local busca reafirmar que no existen argumentos para sostener un tipo penal que criminaliza la interrupción voluntaria del embarazo.

A través de Comunicación Social, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Ferro sostuvo que la impugnación no fue promovida ni por la Junta de Gobierno, máximo órgano de gobierno del Congreso, ni tampoco por la presidencia del Legislativo. 

Puntualizó que durante la conferencia de prensa celebrada este miércoles 27 de mayo, el secretario general del Congreso, Javier Alfonso Torres Mereles, fue cuestionado sobre este tema y aclaró que las acciones legales referidas fueron emprendidas por una persona homónima, y no por el Congreso del Estado de Guanajuato. Sin embargo, el firmante del procedimiento sí es asesor jurídico en el Congreso.

Cuestionan actuación de jueza en amparo por despenalización 

Activistas de la organización Defensa Queer y la Red de Acompañantes de Aborto León criticaron la resolución emitida por el Juzgado Primero de Distrito en el amparo promovido para exigir la despenalización del aborto voluntario en Guanajuato, al considerar que la sentencia evitó resolver el fondo del asunto y estuvo marcada por retrasos e inconsistencias procesales.

Ernesto Barajas, abogado y activista de Defensa Queer, señaló que la jueza Luz Adriana Rico, titular del juzgado, tenía antecedentes laborales vinculados al Partido Acción Nacional (PAN) y al Congreso del Estado, situación que, dijo, generó dudas sobre su imparcialidad.

“Hay que decirlo: esta jueza, Luz Adriana, formó parte del Congreso del Estado; por lo que entendemos, ella trabajaba también en la fracción parlamentaria del PAN”, afirmó.

Barajas explicó que durante el proceso judicial la audiencia fue diferida en múltiples ocasiones por distintas razones y aseguró que, desde su perspectiva, existía una intención de evitar una resolución de fondo sobre la despenalización del aborto. Añadió que, históricamente, el Juzgado Primero de Distrito se había distinguido por emitir resoluciones progresistas en materia de derechos humanos.

“Lamentablemente vemos que la reforma del Poder Judicial está siendo justamente lo que ya preveíamos que iba a ocurrir: un retroceso en materia de impartición de justicia, porque esta posibilidad de postular juezas y jueces que en algún momento estuvieron alineados con cierta posición política impacta directamente la manera en la que se nos está impartiendo justicia”, explicó.

El abogado detalló que incluso hubo un intento de la jueza por trasladar el caso al Juzgado Segundo bajo el argumento de que su imparcialidad podría verse comprometida debido a su participación previa en reformas relacionadas con el tema.

No obstante, indicó que esa solicitud fue desechada por un tribunal colegiado que revisó el asunto.

Sobre el contenido de la sentencia, Barajas consideró que la resolución no incorporó argumentos nuevos ni atendió de manera puntual lo planteado por las organizaciones promoventes.

“En general, no es una resolución que brille por introducir argumentos nuevos o por reconocer los que estábamos plasmando”, declaró.

Finalmente, los activistas explicaron que, después de la declaratoria de inconstitucionalidad que se emitiría una vez concluido el plazo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó al Congreso del Estado, todavía sería necesario desarrollar un nuevo juicio, lo que podría retrasar aún más la despenalización del aborto para las mujeres en Guanajuato.