La jueza federal Luz Adriana Rico Páez, quien antes de resultar electa para este cargo fue asesora del grupo parlamentario del PAN en el Congreso de Guanajuato, será la encargada de resolver el juicio de amparo promovido por colectivas feministas que buscan la despenalización del aborto en la entidad.

Con Rico Páez entre el equipo de personas asesoras, el PAN logró enviar al archivo iniciativas de reforma que buscaban eliminar las sanciones a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. 

La abogada dejó el cargo en la bancada panista para llegar al Poder Judicial Federal, tras ganar la elección del pasado junio. Se convirtió en titular del Juzgado Primero de Distrito en Guanajuato. 

Pese al vínculo de Luz Adriana Rico con el PAN, partido que ha mantenido una postura conservadora en temas de derechos sexuales y reproductivos, feministas confían en una resolución basada en las resoluciones que ya ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Nosotras esperaríamos que sea una jueza imparcial y objetiva, y que resuelva conforme a los derechos humanos de las mujeres desde la perspectiva de género", dijo Nayeli Tello, integrante de la Red de Acompañantas de León, una de las organizaciones que promovió el amparo por omisión legislativa. 

Durante el periodo anterior, el PAN logró frenar las propuestas de despenalización al sumar votos con la diputada priista Rocío Cervantes Barba y la legisladora del PVEM, Itzel Mendo, archivando así las iniciativas previamente discutidas.

Buscan acercamiento con gobernadora 

Colectivas feministas, con el respaldo de legisladoras locales, han reactivado la discusión sobre la despenalización del aborto en Guanajuato. La lucha se impulsa por dos vías: legislativa y judicial.

Desde el Congreso, la diputada Sandra Pedroza Orozco, de Movimiento Ciudadano, presentó una nueva iniciativa para reformar el Código Penal del estado y eliminar las sanciones contra las mujeres que decidan interrumpir su embarazo, aunque plantea un límite de 12 semanas de gestación. 

Además, la bancada de Morena también anunció que presentará una nueva iniciativa en las próximas semanas.

En el ámbito judicial, sigue pendiente un amparo promovido por colectivas ante la justicia federal por omisión legislativa. El objetivo es que un juzgado federal obligue al Congreso local a modificar el marco legal que criminaliza a las mujeres que abortan.

Colectivas como Verde Aquelarre han hecho un llamado a las diputadas Rocío Cervantes e Itzel Mendo del PRI y PVEM, respectivamente —quienes votaron junto con el PAN en contra de las iniciativas— a abrirse al diálogo y considerar las realidades que enfrentan las mujeres que deciden abortar.

Además, buscarán reunirse con la gobernadora panista Libia García Muñoz Ledo para recordarle su compromiso de respetar los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la no criminalización del aborto, y exhortar a su partido a actuar en consecuencia.

Ex asesora panista revisa amparo de colectivas 

La actual titular del Juzgado Primero de Distrito fue propuesta por el Poder Legislativo Federal, según la información del INE.

En sus propias palabras, la ahora jueza expuso así su visión de la labor jurisdiccional al resultar candidata para la elección:

“Las personas juzgadoras deben desempeñar su labor con integridad, imparcialidad y responsabilidad social, asegurando el acceso a la justicia de manera equitativa y efectiva. La protección de los derechos humanos debe ser el eje rector de la función, bajo un enfoque de interseccionalidad que conozca las desigualdades estructurales y garantice la tutela más amplia de los derechos de grupos vulnerables”.

Luz Adriana Rico es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato, cuenta con maestrías en Ciencias Jurídico Penales y Derechos Humanos. De enero de 2023 hasta el momento de la elección fue asesora del grupo parlamentario del PAN en el Congreso del estado. 

Pero antes de esa actividad, su labor estuvo vinculada a fuerzas de seguridad y armadas. Entre 2010 y 2020 fungió como representante legal de la Policía Federal en el estado y de 2020 a fines de 2022, ocupó cargos similares como representante legal y enlace jurídico de la Guardia Nacional, aunque tuvo una licencia entre 2021 y 2022 para ocupar un cargo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya. 

Las organizaciones feministas buscan que el Poder Judicial obligue al Congreso a legislar en favor del derecho a decidir, con base en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y tratados internacionales.

Nayeli Tello, integrante de la Red de Acompañantas de León, confirmó que la jueza Rico Páez está a cargo del caso y que se ha pospuesto en, al menos, tres ocasiones la audiencia. La nueva cita es el 14 de noviembre.

"Estamos esperando que la jueza resuelva conforme a los derechos humanos y la progresividad de los mismos para que podamos alcanzar ya la despenalización por alguna de las vías”, dijo Tello.

La activista señaló que el amparo fue presentado con el respaldo de especialistas con experiencia en litigios por derechos de la comunidad LGBTIQ+, un tema al que también se ha resistido el PAN en el Congreso estatal.

"Se ganó la Ley de Identidad de Género, el presupuesto LGBT, es la misma persona abogada, entonces esperamos que tengamos una resolución afirmativa que obligue al Congreso a despenalizar, como los obligaron a otorgar un presupuesto para las personas de la diversidad", sostuvo.

Las organizaciones feministas anunciaron que buscarán reunirse con diputadas, diputados y con la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, para entregar información basada en evidencia y sin sesgos religiosos, sobre la realidad que enfrentan las mujeres guanajuatenses que deciden interrumpir su embarazo.

"Vamos a tratar de hablar con todas las personas que nos quieran escuchar para tratar de convencer, de cambiar alguna opinión, que tomen una postura congruente a lo que ya Libia ha dicho, y a ver si podemos por ese lado cambiar las cosas", mencionó Kiana, integrante de Verde Aquelarre.

"Buscaremos también que la gobernadora nos reciba, nos brinde un espacio, por supuesto quisiéramos platicar con ella", mencionó Nayeli Tello.

Mantiene MC sanciones para mujeres que aborten después de las 12 semanas

Con el objetivo de despenalizar el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato.

La propuesta, impulsada por la diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco, plantea además sanciones menos severas para quienes aborten de forma voluntaria después del primer trimestre.

"Se propone modificar la punibilidad, reducir de tres a seis meses de prisión o bien, incorporando la posibilidad de establecer como pena el trabajo comunitario a través de 100 a 300 jornadas"

Además, se establece en la propuesta un aumento en las penas para quienes obliguen a una mujer o persona gestante a interrumpir su embarazo sin su consentimiento, en cualquier etapa de la gestación

Durante la exposición de motivos, Pedroza Orozco señaló que el aborto sigue siendo una de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna en México, sin que se hayan registrado avances significativos en las últimas décadas, salvo en la Ciudad de México, donde fue despenalizado en 2007.

La legisladora argumentó que las razones por las que las mujeres deciden interrumpir un embarazo son múltiples: desde problemas de salud y situaciones económicas adversas, hasta embarazos no planeados, falta de acceso a anticonceptivos, o ausencia de educación sexual.

Advirtió que en Guanajuato la criminalización del aborto no solo niega el acceso a servicios de salud seguros, sino que también profundiza las desigualdades sociales, exponiendo a las mujeres a procedimientos inseguros que pueden derivar en graves complicaciones, discapacidad o incluso la muerte.

Pedroza presentó cifras preocupantes: entre 2020 y 2022, la tasa de nacimientos en madres de entre 10 y 17 años aumentó un 29.4 por ciento, al pasar de 10.2 a 13.2 nacimientos por cada mil adolescentes en ese rango de edad.

Colectivos feministas, agregó la diputada de MC, han documentado al menos 30 casos de niñas entre 10 y 14 años embarazadas por hombres significativamente mayores. En 2024, León fue uno de los municipios con mayor número de madres adolescentes.

“La penalización no protege a nadie, solo castiga a quienes ya enfrentan condiciones difíciles. Regular el aborto es una medida urgente de justicia social y derechos humanos”, afirmó.

La diputada enfatizó que despenalizar el aborto no obliga a nadie a actuar en contra de sus creencias, sino que abre una puerta para que quienes enfrenten un embarazo no deseado puedan decidir sin miedo ni criminalización.

“Legislar la despenalización del aborto es un acto de justicia y de visión de futuro. Significa que el sistema de salud pueda actuar con claridad, profesionalismo y humanidad, sin exponer a las mujeres a prácticas clandestinas que arriesgan su vida y su dignidad”, concluyó.