El coordinador del PAN en el Congreso de Guanajuato, Jorge Espadas Galván, respaldó que el área jurídica, en representación del Legislativo local, busque revertir el amparo que una jueza federal concedió a un grupo de mujeres guanajuatenses para no ser criminalizadas por abortar.

"Le guste o no le guste a la Corte, lo comparta Jorge Espadas o no lo comparta, es una postura que el Congreso asumió por mayoría. Si revisan los votos son los que están ahí... 19 es más de la mitad de 36, las minorías no van a imponer aquí una determinación", aseguró.

El legislador panista, responsable de la operación para sumar los votos en contra de la despenalización del aborto, apoyó la decisión de promover un recurso de revisión en contra del amparo, y aseguró no tener conocimiento previo de la postura oficial que asumiría la dirección jurídica a cargo del también panista, Javier Torres Mereles, como secretario general del Congreso.

"El Poder Legislativo debe defender sus determinaciones, y el Poder Legislativo ha asumido una determinación por mayoría en el pleno... una vez que se vota algo en el pleno y la mayoría define el cómo, esa postura debe ser defendida por los funcionarios", sostuvo Jorge Espadas Galván en entrevista.

Minutos antes, las diputadas Sandra Pedroza Orozco y Martha Edith Moreno Valencia se unieron en la exigencia para que se presente un informe detallado de cómo llegaron a la conclusión de regatear en tribunales los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ya reconocidos en precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La diputada Sandra Pedroza, de Movimiento Ciudadano y una de las principales impulsoras de la despenalización del aborto en el estado, señaló que el poder público en el estado se ha utilizado para posicionar una postura ideológica.

"Tampoco les da vergüenza exhibir que utilizan las dependencias y recursos públicos para litigar contra mujeres que exigen derechos, que exigen dignidad. Porque hay algo profundamente alarmante en todo esto: el recurso de revisión que interpuso el Congreso es la evidencia de cómo se utiliza a las instituciones públicas para defender posturas políticas, ideologías y creencias personales", reclamó desde tribuna la legisladora emecista.

Pedroza Orozco dijo que, al igual que otras diputadas y diputados, quiere saber quién es la persona que dio la instrucción de presentar el recurso de revisión del amparo ya ganado por feministas a través de un litigio estratégico que busca la despenalización del aborto en Guanajuato.

La diputada de Morena y presidenta de la mesa directiva, Martha Edith Moreno Valencia, se sumó a la petición de información que hizo Sandra Pedroza.

"Me sumo, diputada, a la exigencia para saber qué está pasando desde las diferentes áreas del Congreso, a saber quién ha dado las instrucciones. Exijo claridad", señaló la presidenta porque tampoco fue informada sobre el recurso de revisión al amparo a favor de feministas.

Sandra Pedroza Orozco también evidenció el silencio que han guardado las personas responsables, como lo es el secretario general, Javier Torres.

"Si ante los cuestionamientos realizados desde ayer, quienes se suponen son los responsables, decidieron guardar silencio sobre el tema, entonces alguien más está tomando las decisiones y escondiendo la mano".

Defiende Espadas a asesor jurídico que firmó recurso

Al finalizar la sesión, el coordinador del PAN, Jorge Espadas Galván, dijo que será el secretario general, Javier Torres Mereles, el que tendrá que entregar a las diputadas la información que solicitaron.

Luego de que colectivas feministas dieron a conocer que el amparo que les concedió la jueza Luz Adriana Rico Páez, fue impugnado con la firma de un asesor jurídico del Congreso, Jorge Espadas salió en su defensa.

"Están cumpliendo con una responsabilidad, donde no lo hagan, entonces sí son omisos, faltarían a su deber como servidores públicos".

Espadas Galván equiparó la decisión de impugnar un amparo, como lo hizo el área jurídica con la firma de Enrique Iván Sosa Campos como asesor jurídico, a la que todos los días toma el personal que trabaja en el Congreso en áreas operativas.

"Si las áreas del Congreso se esperaran a que algún diputado les diera las instrucciones, imagínate, a lo mejor no servirían el café, o no se limpiaría el Congreso, o no tendríamos seguridad".

El panista recomendó que si alguna persona está inconforme con la actuación del asesor jurídico, acuda a la Contraloría a presentar su queja. El órgano de control interno del Congreso está a cargo de Alejandro Kornhauser Obregón, quien llegó impulsado por el propio Jorge Espadas.

Dijo que si alguna diputada o diputado cree que deben deslindarse responsabilidades, es la Contraloría la responsable de investigar.

Jorge Espadas insistió en que el personal del Congreso tiene la obligación de defender la postura que asumieron 19 diputadas y diputados en contra de la despenalización del aborto, aunque existan resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reconocen el derecho de las mujeres a decidir sobre la maternidad.

Recurso de revisión con argumentos del siglo XIX

Tras denunciar que el recurso de revisión muestra cómo se utiliza a las instituciones públicas para defender posturas políticas, ideologías y creencias personales, Sandra Pedroza lamentó que la impugnación carece de argumentos técnicos.

La diputada de MC compartió que los argumentos presentados por el Congreso en el litigio son de hace dos siglos, alejados de la realidad social y constitucional del país.

En el recurso, el área jurídica acusa a la jueza Rico Páez, quien fue asesora del PAN en la legislatura pasada, de actuar con “subjetividad” por reconocer derechos humanos.

También dice que se ampliaron indebidamente derechos fundamentales e intenta minimizar los precedentes obligados de la Corte.

"Por favor, si van a hacer estas atrocidades al menos deberían ponerse a estudiar un poquito más para que nos humillen un poquito menos", pidió la diputada Sandra Pedroza.

Finalmente, recordó que a pesar de la resistencia del PAN, la Suprema Corte ya admitió una Declaratoria General de Inconstitucionalidad respecto de los artículos que criminalizan el aborto voluntario en Guanajuato.

Solo es cuestión de tiempo para que se garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el estado.