Un nuevo "no" de las autoridades recibió la señora Guadalupe Cayente, cuando la jueza de control Claudia Patricia Soto González le informó que se pospondría la audiencia en la que analizaría si ordena o no a la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato investigar a los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) que asesinaron a su hijo Leonardo Reyes Cayente.

"Señora Guadalupe el día de hoy no se podrá llevar a cabo la audiencia", le explicó la jueza luego de que no se presentaran a la audiencia los seis elementos que participaron en el homicidio del joven sanmiguelense y tampoco enviaron a su defensa, porque por errores del Poder Judicial del Estado no fueron notificados en tiempo.

A unas semanas de que se cumpla el cuarto aniversario luctuoso de Leo, la señora Guadalupe sigue en los tribunales para exigir justicia.

"Me siento mal porque ya no saben qué decir, nada más son pretextos, excusas que ponen, pero yo no entiendo por qué, ya tanto tiempo", dijo la mamá de Leo Reyes al salir de las salas de oralidad penal con sede en San Miguel de Allende.

Amparos del Poder Judicial de la Federación mantienen en la familia la esperanza de que las autoridades de Guanajuato harán su trabajo e investigarán la actuación de los elementos de FSPE que, de acuerdo con la resolución de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado, dejaron morir al joven después de dispararle.

Fotografías Carmen Pizano

Sin entrar al fondo del asunto y con una nueva jueza a cargo de revisar el caso, tanto el representante de la Fiscalía General de Justicia del Estado como el equipo de asesores jurídicos de la señora Guadalupe Cayente coincidieron en que la audiencia debería ser diferida porque las seis personas señaladas como partícipes en el homicidio no fueron notificadas en tiempo y tampoco el abogado y la abogada que les representan.

"Nos tuvimos que unir a la petición de la Fiscalía de que se difiera la audiencia, pudimos haber peleado que se lleve a cabo la audiencia pero más adelante podrían presentar un amparo ellos porque no se les respetó el derecho a estar en la audiencia, no se les respetó la garantía de audiencia, entonces tendríamos que volver a regresarnos a esta audiencia", explicó Juan José Padierna, uno de los abogados de la familia de Leo Reyes.

En enero pasado, cuando salió el primer amparo federal para que la jueza de control Mónica Edith Olmos revisara si el carpetazo que dio la Fiscalía de Guanajuato al caso estaba justificado, pasó lo mismo: a la primera cita no llegó la defensa de los seis elementos, en una segunda audiencia se informó que tres de las seis personas involucradas ya no trabajaban para FSPE. Sus nombres: Julio César, Carlos y José.

La licenciada Martha Krina González está, ante el Poder Judicial, como representante legal de los tres expolicías, quien no fue notificada de la audiencia del jueves en San Miguel de Allende.

Para representar a los tres elementos que siguen en activo dentro de la Secretaría de Seguridad Pública nombraron al abogado Ernesto Aguilar, quien fue notificado 24 horas antes de la audiencia por personal de la Actuaría del Poder Judicial de Guanajuato, cuando la Ley establece que deben ser al menos 48 horas antes.

La audiencia donde se desahogarán los alegatos para que la Fiscalía de Guanajuato reabra el caso está programada para el próximo lunes, con o sin la presencia de los policías, ex policías o sus representantes legales.

"Aquí seguiré": Guadalupe Cayente

A pesar de que la justicia para Leo Reyes sigue sin llegar, su madre asegura que no se detendrá hasta que se investigue a todas las autoridades que participaron en el asesinato de su hijo de 23 años de edad.

La señora Guadalupe está de visita en México y previo a regresar a Estados Unidos, donde está la mayor parte de su familia, fue informada de la audiencia, lo que la motivó a quedarse unos días más para estar presente durante el proceso.

"Yo me he quedado, no he regresado a Estados Unidos porque estoy con la esperanza que se arregle algo. Ya me debería haber ido, pero me quedé por la ilusión, la esperanza de que hubiera algo. Aquí estaremos el lunes, primero Dios".

Acompañada, como siempre, de la fotografía de su hijo, Guadalupe Cayente llegó a las salas de oralidad penal de San Miguel de Allende. No le permitieron entrar a la sala donde se llevaría a cabo la audiencia con el cuadro que la ha acompañado durante los últimos cuatro años, lo dejó con los guardias de seguridad, y a su salida lo pidió para salir con la imagen de Leo por delante.

"Aquí seguiré de pie, haciendo todo lo que se pueda, la lucha hasta donde Dios no lo permita, esto sigue, no se acaba hasta que se acaba".

La familia tiene planeada una misa, como cada año, en memoria de Leo Reyes en su comunidad natal, donde se le recuerda como un joven trabajador que se fue a Estados Unidos en busca de un futuro próspero.

"La tristeza no se va a acabar. Son 4 años y todavía estamos en espera, no vamos a estar alegres nunca más. Ya quiero que se aclare esto, que se haga algo, que den la cara porque ellos fueron los que ofendieron, yo soy la ofendida y ahora ellos se están haciendo los ofendidos".

Asignan caso a otra jueza

Para atender el nuevo amparo que otorgó la justicia federal se asignó una nueva jueza: Claudia Patricia Soto González, en sustitución de Mónica Edith Olmos, juzgadora que frenó en reiteradas ocasiones el proceso para entrar al fondo del por qué sí debe la Fiscalía investigar a las personas responsables del asesinato de Leo Reyes.

Durante la audiencia, la jueza Claudia Patricia Soto cuestionó al fiscal encargado del caso por qué a los seis elementos de FSPE no se les había dado trato de inculpados, dándoles a conocer los derechos que tienen para defenderse. A los agentes del grupo táctico no se les consideró inculpados porque la Fiscalía determinó el no ejercicio de la acción penal, lo que ahora la familia y el equipo de abogados buscan revertir.

Juan José Padierna, asesor jurídico de la familia de Leo Reyes, dijo que esperan que con el cambio de jueza se lleve a cabo un proceso imparcial.

"Lo que vemos positivo, de nuestro lado, es que es otra juez, realmente vemos una juez más imparcial, ustedes vieron incluso la manera de hablarle a la señora, vemos una juez diferente que nos da confianza que va a resolver siendo objetiva".

Confiaron en que en la audiencia del próximo lunes se dará entrada al recurso ordenado por el juzgado federal y puedan presentar los argumentos del por qué no están de acuerdo con el archivo del caso que determinó la Fiscalía de Guanajuato.

"De acuerdo a la Fiscalía no tiene a ninguna persona como imputada, por eso decíamos que se podía llevar a cabo la audiencia porque no hay nadie como imputado, pero al final de cuentas se les tiene que citar porque la juez, en un momento dado, les puede dar esa calidad una vez que revoque la determinación", comentaron los abogados.

Los abogados también coincidieron en que la falla en la notificación a los elementos, ex elementos y su defensa fue del propio Poder Judicial del Estado.

Finalmente, señalaron que de no presentarse la defensa o las personas implicadas, se podrá realizar la audiencia el lunes y sin posibilidad a que en un futuro puedan ampararse.

El 12 de diciembre de 2018, apenas unos días después de que llegó de visita a Corralejo de Abajo proveniente de Estados Unidos, Leonardo Reyes fue asesinado cuando salió de su domicilio para buscar señal de teléfono y poder hablar con su novia. Tras el homicidio, el Gobierno de Guanajuato criminalizó al joven e intentó justificar la actuación del grupo de élite de FSPE, luego la Fiscalía a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre dio carpetazo.

La comunidad migrante guanajuatense se unió a la familia para exigir a Diego Sinhue Rodríguez Vallejo que se investigara el asesinato de Leo Reyes, pero pese a la promesa que hizo durante su visita a Texas, el gobernador solo replicó el mensaje de que los elementos actuaron en defensa propia.

La Procuraduría de Derechos Humanos determinó una serie de recomendaciones para diferentes instancias gubernamentales por el caso de Leo, no reconoció que fue asesinado extrajudicialmente por los policías estatales, aunque en el expediente se señala que los elementos dejaron morir al joven.

Entre las recomendaciones que salieron hasta febrero de 2020, la Procuraduría de Derechos Humanos señala que se ha violado el derecho que tiene la familia al acceso a la justicia, porque la Fiscalía General de Guanajuato tenía el expediente sin avances, pero después optó por no investigar a los elementos de policía estatales a cargo de Alvar Cabeza de Vaca.