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SAPAL se adelanta a Fiscalía y responsabiliza a trabajadores de su propia muerte en la planta de tratamiento
Jefe del Departamento Jurídico del organismo operador, René Alejandro Velázquez Martínez, culpa a víctimas en contestación de demanda de la familia Briseño Rangel: "el trabajador conocía los riesgos"
Mientras las investigaciones de la Fiscalía del Estado de Guanajuato sobre los cinco trabajadores que murieron el 13 de noviembre de 2020 siguen sin determinar causas de muerte y sus respectivos responsables, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) señaló como culpables de su propio fallecimiento a los trabajadores víctimas del accidente químico del Módulo de Desbaste ante tribunales del Poder Judicial del Estado de Guanajuato.
Así lo argumentó René Alejandro Velázquez Martínez, jefe del Departamento Jurídico de la paramunicipal, en la contestación a la demanda de responsabilidad civil donde la madre y el padre de Víctor Briseño Rangel solicitaron la reparación del daño y las indemnizaciones correspondientes por el fallecimiento de su hijo mientras trabajaba para el organismo operador la noche del percance.
Velázquez Martínez —también apoderado legal del organismo operador—, no solo negó el 17 de febrero de 2021 ante el Juzgado de Partido Quinto Civil que SAPAL deba pagar los montos solicitados por la familia conforme al Código Civil, sino que, como respuesta a la responsabilización directa del Consejo Directivo de SAPAL en las muertes ocasionadas dentro de la planta, argumentó que "la muerte se produjo como consecuencia de la culpa o negligencia de la propia víctima" (sic).
Los familiares de los trabajadores han dicho que "es lamentable que se quiera responsabilizar a las víctimas, cuando estaban haciendo su trabajo". Hasta el momento, ninguna de las familias Silva Zúñiga, Afanador Martínez, Briseño Rangel, Méndez Rivera y Martínez Flores han sido informadas por la FGE sobre la causa de muerte concreta de sus deudos.
En la contestación bajo el membrete del despacho Peña García/López/Leyva/Rivas/Noriega/Ceccopieri, con Juan Carlos Peña García al frente, se lee: que "por la preparación profesional del occiso, éste conocía los riesgos en que él incurría de no usar el equipo de protección". Sin embargo, el representante legal fija la misma postura para el resto de los trabajadores que fallecieron quienes no contaban con estudios especializados en la materia.
Tanto familiares, como abogados y activistas han señalado en repetidas ocasiones que sus deudos nunca recibieron la capacitación necesaria para el manejo de sustancias peligrosas, por lo que muchos de ellos no podrían haber previsto el riesgo al que se enfrentaban.
SAPAL revictimiza a trabajador
En la contestación de la demanda de responsabilidad civil de la familia Briseño Rangel, el Jefe del Departamento Jurídico de SAPAL, René Alejandro Velázquez Martínez, negó que su representada deba cubrir los montos solicitados debido a que, por un lado, —dice— Víctor era el encargado del manejo de los "instrumentos y sustancias peligrosas" que le provocaron la muerte en el Módulo de Desbaste y, por otro, los residuos que causaron la reacción de una nube de "ácido sulfhídrico" provienen del sistema de desagüe y no de SAPAL.
Lo anterior —dice Gustavo Lozano, miembro de la organización Acción Colectiva—, "significa una revictimización no solamente para Víctor, sino para su familia. Y es la misma situación para el resto de los trabajadores". Y es que en la contestación a la demanda, René Velázquez aseveró que es falso que los jefes de los cinco trabajadores los obligaran a trabajar en condiciones peligrosas.
"Sin embargo, es de resaltarse que de acuerdo al lugar en donde ocurre el hecho, al ser una planta de aguas residuales sí existe un riesgo de que un accidente se presente; y como se informa en la carpeta de investigación por el perito químico de la Fiscalía del Estado, ese riesgo no es creado por la empresa demandada sino por los residuos vertidos al sistema de desagüe y cuyo origen se desconoce", argumentó Velázquez.
No obstante, según su propio reglamento corresponde a SAPAL la fiscalización y regulación de los residuos industriales arrojados a los colectores de todo el sistema de agua potable de la ciudad. "Las aguas que SAPAL deja de sanear se relacionan directamente con las cinco personas fallecidas en el Módulo de Desbaste el 13 de noviembre", explica Gustavo Lozano.
Esta contaminación fue denunciada ante SAPAL en meses pasados por la organización Acción Colectiva Socioambiental y la ex-concesionaria ECOSYS III dijo en un comunicado en agosto de 2020, antes de la entrega-recepción de la planta, que eran dichos residuos vertidos sin control al desagüe los causantes del deterioro de las instalaciones donde fallecieron los trabajadores.
SAPAL atribuye su muerte, sin embargo, a que los empleados no portaban el equipo de protección personal proporcionado por la paramunicipal. Los familiares de Víctor Briseño insisten en que el trabajador notificó de la necesidad de mantenimiento que tenía el Módulo de Desbaste, sin que las solicitudes fueran atendidas en su momento. Así señalan en la demanda:
"La responsabilidad de la empresa SAPAL por no haber realizado las obras necesarias para garantizar el funcionamiento de esa planta no obstante que nuestro hijo ya se los había hecho saber en repetidas ocasiones sin que sus jefes inmediatos superiores ni el director de SAPAL le hicieran caso. Antes bien, a los cinco trabajadores los obligaron a trabajar en condiciones indudablemente peligrosas", expusieron Ermila Rangel Ruiz y Víctor Ricardo Briseño, madre y padre de Víctor Briseño.
Víctor Briseño Rangel fue ingeniero ambiental titulado por la Universidad Tecnológica de León y tenía más de seis años laborando para SAPAL cuando falleció el día del accidente. El apoderado legal de SAPAL señala en la contestación que dada su formación, "no podía la víctima sustraerse del riesgo por él conocido al trabajar en una planta con las características que los actores señalan".
En un comunicado del 24 de marzo, la organización Acción Colectiva Socioambiental señaló también al contralor municipal Leopoldo Jiménez de responsabilizar a las víctimas y a sus familias de que “el ‘asunto’ siga sin resolverse’, “excediendo sus facultades”, “colocándose del lado de SAPAL” y faltando a su deber como órgano de control interno.
“Es importante establecer que responsabilizar de su propia muerte a las víctimas, es la postura oficial del SAPAL, de su director Enrique de Haro Maldonado y de su Consejo Directivo presidido por Jorge Ramírez Hernández ante un tribunal jurisdiccional. Ante este escenario, nos parece relevante preguntar si el gobierno de Héctor René López Santillana y el Ayuntamiento del Municipio de León, comparten la misma visión”, reza el comunicado.
Familiares y activistas contestan a Enrique de Haro
Enrique de Haro Maldonado informó que el caso aún se encuentra en investigación y que tendrá que ser la Fiscalía General del Estado de Guanajuato la que determine si hay responsables al interior de la paramunicipal. Sin embargo, el director de SAPAL dijo que "no se les ha abandonado" y que se encuentran "coadyuvando con las familias".
"Fíjate que igual lamentamos mucho el accidente. Para nosotros también nos consternó bastante. Compañeros de trabajo con los cuales charlábamos luego de repente", agregó De Haro.
Tanto el padre y hermano de Víctor Briseño, junto con Gustavo Lozano de la organización Acción Colectiva Socioambiental, señalaron que De Haro miente en el acercamiento de la paramunicipal a las familias de las víctimas, pues a la fecha solo han tenido una reunión con él y ni una sola intervención del Consejo Directivo para negociar lo que por ley les corresponde.
"Lamentablemente que vivamos tantas mentiras donde él dice ayer que quieren trabajar con las autoridades y la realidad de que no es así, ni siquiera le han tomado una declaración; el Ministerio Público no le ha tomado una declaración, ni él, ni Jorge Ramírez han declarado bajo este accidente", señaló Luis Ángel en la réplica.
El hermano del extrabajador de SAPAL dijo que la responsabilidad sobre el accidente no se reduce ese día, sino que se remonta "años antes donde se ha estado avisando del mal manejo de las descargas de agua y bueno eso es lo que ha generado alguna molestia".
"Que Jorge Ramírez tenga el atrevimiento de todavía decir que ha estado muy de cerca, cuando bueno, mi papá lo único que ha tenido es una llamada de un poquito más de un minuto, que fue el 14 de noviembre como a las 7:40 de la noche, y es el único acercamiento que hemos tenido con ellos", detalló.
Sin avances en la investigación
El lento progreso de las pesquisas del Ministerio Público contrastan con la revictimización de los trabajadores que SAPAL hizo en la demanda de responsabilidad civil, pues estos apuntan a dos supervisores de la planta como presuntos responsables, sin que hasta el momento existan nombres precisos y sin que se hayan deslindado responsabilidades de la dirección y el Consejo Directivo de SAPAL.
Juan de Dios Hernández Araiza, representante legal de las familias de Silva Zúñiga y Afanador Martínez, comentó para POPLab que derivado de las necropsias se había establecido originalmente como causa de muerte "intoxicación de origen a determinar". Sin embargo —explicó—, días después de la rueda de prensa de los familiares el 02 de marzo, y luego del análisis de la ropa de Víctor Briseño, el Ministerio Público especificó que la intoxicación fue por ácido sulfúrico al interior del Módulo de Desbaste de SAPAL.
Hernández Araiza agregó que hasta el momento el MP “no ha llamado a declarar a ningún miembro del Consejo Directivo de SAPAL ni al sindicato hasta que no mande llamar a la familia de la quinta víctima", cuya viuda, de acuerdo con el resto de los familiares, se encuentra en recuperación de un parto que tuvo luego del accidente de su esposo.
Los familiares de Alberto de Jesús Silva Zúñiga, José Salvador Afanador Martínez y Víctor Briseño Rangel coinciden en que durante todas las visitas al Ministerio Públicos agentes a cargo de sus casos se dedican a retrasar la investigación y, pese a que se realizaron cinco autopsias todavía no les informan de qué murieron sus hijos y esposos.
"9 mil pesos para gastos funerarios"
En su demanda la familia Briseño Rangel explica que días después del accidente el director de SAPAL, Enrique de Haro, en compañía de sus abogados, les prometieron pagar prestaciones laborales e indemnizaciones.
"Nos manifestaron que no nos preocupáramos, que ellos se harían cargo de que se nos pagaran todas las prestaciones laborales y las indemnizaciones que corresponden de acuerdo con la ley", dice en la demanda.
La familia demanda a SAPAL el pago de 4 millones 712 mil pesos por reparación del daño y 1 millón 570 mil 666 pesos por indemnización equitativa a título de reparación de daño moral de acuerdo con los artículos 1402 y 1406 del Código Civil para el Estado de Guanajuato. Además, demandan del organismo operador el pago de intereses moratorios, así como los gastos que deriven del juicio.
No obstante, expresa la familia, hasta el momento SAPAL solo ha entregado "la cantidad de 9 mil 185 pesos supuestamente por los gastos funerarios". POPLab consultó al hermano de Víctor, Luis Ángel Briseño y confirmó que ese ha sido el único monto pagado por SAPAL hasta el día de hoy.
Sin embargo, al aplicarse el seguro de vida, SAPAL quiso hacer pasar dicho monto por una indemnización, según lo ha comentado para POPLab Luis Ángel Briseño, hermano de la víctima. "En el primer acercamiento con SAPAL hubo una diferencia del sueldo. Era de 942 y nos tabulaban con salario de 738. Todavía ahí querían evadir 232 pesos de diferencia entre los sueldos", añadió contestándole a Enrique de Haro.
24 de marzo de 2021, 14:05
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