Tras la toma de posesión de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y el Módulo de Desbaste en septiembre de 2020, la administración actual del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) ha dejado un saldo de despidos y muertes por riesgos en el trabajo que ha preferido litigar civil y penalmente con costos millonarios antes que indemnizar a los afectados. Su cuidado de la poca agua disponible en la ciudad no es mejor. Suma reclamos de la sociedad civil por la persistente contaminación a los cuerpos de agua del municipio por parte de la industria en medio de una sequía extrema.

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El pasado 1 de mayo, en el marco de la conmemoración del movimiento obrero a nivel internacional, deudos de los trabajadores fallecidos el 13 de noviembre de 2020 en el derrame de ácido sulfhídrico del Módulo de Desbaste de SAPAL, se reunieron con extrabajadores de la antigua concesionaria de la Planta Municipal de Tratamiento de Aguas Residuales, Ecosys III, a quienes se les despidió sin liquidación durante la toma de posesión de las instalaciones dos meses antes.

En el encuentro de familias y exempleados de SAPAL/Ecosys III afuera de la presidencia municipal de León se expuso que si la transición entre Ecosys III y SAPAL para operar la planta y el Módulo de Desbaste hubiera sido ordenada, se habrían evitado las muertes de los hijos de las familias Silva Zúñiga, Afanador Martínez, Briseño Rangel, Méndez Rivera y Martínez Flores, ya que estos no contaban con la capacitación para el manejo de químicos de tratamiento que los exempleados de Ecosys sí tenían.

"Con la experiencia que tienen los extrabajadores de Ecosys por ser técnicos en sus funciones y por las actividades que hacían todos los días, sí hubo riesgos de trabajo, sin embargo, jamás hubo una muerte. Por lo tanto, considero que si a los trabajadores se les hubiera escuchado en ese momento para que siguieran laborando en la planta, se hubieran evitado varias muertes y a las familias no les hubiera sucedido lo que están pasando en este momento", expuso Mario Guillén, representante legal de los extrabajadores de Ecosys.

La última reunión con autoridades fue un día antes del encuentro, el viernes 30 de abril, con el alcalde Héctor López Santillana y Enrique de Haro Maldonado, director de SAPAL. El presidente municipal se pronunció como incapaz de dar solución al conflicto con el organismo operador del agua, pues excede sus funciones. Sin embargo, se comprometió a reunirse con el Consejo de SAPAL y con el Ayuntamiento para encontrar soluciones económicas para las familias, además de establecer comunicación directa con sus representantes.

Escucha a Héctor López Santillana

No obstante, De Haro Maldonado, presente durante toda la audiencia, permaneció en silencio. Mientras tanto, los familiares de las víctimas siguen gastando en representación legal para buscar justicia.

En el encuentro de familias y extrabajadores un día después se señaló que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) y SAPAL están imputando la responsabilidad de las muertes en la planta a un chivo expiatorio: Edgar Armando Correa Reyes, el encargado de la planta, a quien la FGE acusa por homicidio culposo. El 8 de abril del 2021, en una audiencia en la Fiscalía, los abogados de SAPAL pidieron un acuerdo reparatorio que no fructificó. La siguiente audiencia será el 30 de julio, donde se iniciará el proceso de imputación del delito a Correa Reyes. La defensa de los familiares desconoce si Edgar Armando Correa permanece trabajando al frente de la planta.

Sin embargo, Gustavo Lozano, miembro de la organización Acción Colectiva Socioambiental mencionó que, aunque es posible que se añadan más responsables, "las imputaciones del Ministerio Público deben de alcanzar al director ejecutivo de SAPAL, al consejo directivo de SAPAL, al Ayuntamiento de León y al Gobierno Municipal de León, porque fueron en esos despachos donde se tomaron las decisiones para no hacer una transición adecuada entre SAPAL y Ecosys".

SAPAL prefiere litigios millonarios a indemnización

Las consecuencias han sido no solo el fallecimiento de los cinco extrabajadores de SAPAL, sino el despido de un veintena de empleados de la planta. Cipriano, uno de ellos, cuenta que luego de quedarse sin trabajo en septiembre, algunos de sus compañeros apenas han podido conseguir empleos eventuales, aunque la mayoría permanecen sin ingresos. Hoy exigen a SAPAL las liquidaciones de ley.

"Hay que entender que nuestras familias tienen necesidades. Se dejaron las instalaciones de forma pacífica, porque si nos hubieran dicho que no nos iban a liquidar, nos plantábamos ahí y a topar a lo que topara. Pero como nos prometieron liquidarnos, nos quedamos tranquilos. Ya vamos para el año y ahorita sí ya queremos la intervención de las autoridades", dijo.

En días pasados se dio a conocer que el abogado Juan Carlos Peña García fue contratado por el organismo operador por un monto de 1 millón 256 mil pesos más IVA para desempeñar servicios de asesoría y defensa legal en contra de las familias de los fallecidos en el Módulo de Desbaste. Peña García es actual aspirante al Ayuntamiento de León como segundo síndico en la planilla de Movimiento Ciudadano.

Por su parte, Víctor Briseño, padre de Víctor Briseño Rangel —ingeniero por casi siete años para SAPAL hasta antes de morir en noviembre—, expresó su rechazo a que se use dinero público para pagar abogados que defiendan a la paramunicipal en los procesos legales, en lugar de indemnizar a las familias, actuando penal y civilmente contra ciudadanos.

El reclamo de las familias de las víctimas y de los trabajadores busca que la opinión pública entienda "cómo se comporta el sistema de agua potable que se reivindica como el mejor del país, pero que en León genera un desastre ambiental, un desastre en términos de vidas humanas y de pérdidas de fuentes de trabajo para muchas familias que dependen exclusivamente de ese ingreso", añadió Lozano, acompañante legal de las familias.

"El agua es para todos, no para las tenerías" fue una consigna señalada en el encuentro a las afueras de la presidencia de León. La exigencia de justicia, sin embargo, no alcanzó a todos los miembros de la mesa de análisis titulada "El derecho al agua potable; retos para garantizar el acceso a los leoneses" organizada por el Observatorio Ciudadano de León (OCL) apenas tres días después del encuentro afuera de la presidencia, el 4 de mayo.

Transición que cuesta vidas y empleos

Víctor Briseño Rangel, egresado de la Universidad Tecnológica de León, fue "sacado de otras plantas para ser llevado al Módulo de Desbaste después de que a Ecosys III se le retiró la concesión y SAPAL entró por la fuerza", dice su padre.

Escucha a Emilia Rangel Ruiz, madre de Víctor Briseño Rangel en reunión con Héctor López Santillana

Víctor junto con José Salvador Afanador Martínez, Alberto de Jesús Silva Zúñiga, Omar Ignacio Martínez Flores y Juan Antonio Méndez Rivera, murieron intoxicados por la falta de equipo de protección personal y capacitación en el manejo de químicos mientras trabajaban en la planta de tratamiento la noche del 13 de noviembre de 2020.

"Perdieron la vida nuestros hijos y las autoridades siguen sin darnos ninguna razón. Seguimos pasando por un proceso legal muy largo y decidimos poner demandas, las cuales están paradas porque las autoridades de SAPAL niegan todo, echándole la culpa a los trabajadores", dice el padre de Víctor.

Raymundo Tavares, desempleado por Ecosys III, trabajaba como jardinero en la planta de tratamiento hasta septiembre de 2020. Él fue uno de los despedidos sin previo aviso y dice que cuando les notificaron que se quedaban sin empleo les prometieron su recontratación temporal, "que no nos apuráramos, que nos iban a dejar".

Enrique de Haro Maldonado, director de SAPAL, fue quien se los prometió, dejando a solo una parte de lo trabajadores de la exconcesionaria en funciones. El resto fueron dejados a su suerte en medio de la pandemia y la crisis económica. "Nosotros pensamos que nos iban a dejar a todos y a capacitar a gente de ellos. Igual nosotros hablamos para preguntar por qué no nos dejaron trabajando, pero no quisieron recontratarnos", dice.

La exigencia ahora es la liquidación y no su reinstalación. Mario Guillén, su defensor legal, comentó que hasta el día de hoy no han habido ni intentos de recontratación o de algún tipo de acercamiento por parte de las autoridades de SAPAL o del gobierno municipal. "No han querido conciliar", dijo.

Los extrabajadores de Ecosys III tuvieron que haber sido liquidados conforme a la ley y según sus respectivos años de antigüedad laboral. Pero Cipriano dice que “nunca negociaron”. Desde que se terminó su contrato no se han acercado a ellos. “Nos dejaron botados, tanto SAPAL como ECOSYS nos dejaron sin resolver nada".

"Según el derecho a preferencia tuvieron que haber sido escuchados primero los trabajadores que ya trabajaban en la planta y después, si hubiera sido el caso, contratar nueva gente. Mas no jóvenes inexpertos, sin capacidades, ni capacitación", finalizó Guillén.

Omisiones administrativas y ambientales de SAPAL

Para Raymundo Tavares, SAPAL y Ecosys III nunca quisieron dar mantenimiento a las instalaciones de la planta de tratamiento y el Módulo de Desbaste, pese al deterioro en la que se encontraban por las descargas fuera de la norma de la curtiduría. "De refacciones no compran nada, hasta cuando un tubo se tronaba nos pedían que le amarráramos una cámara de llanta".

La chatarrización de la planta fue una de las causas del accidente químico en noviembre. Desde entonces, familiares de las víctimas han señalado que pese a que sus hijos advirtieron de los riesgos de un derrame de ácido, estos fueron ignorados por sus superiores.

Daniel Tagle, investigador del cuerpo académico Agua, Energía y Cambio Climático de la Universidad de Guanajuato, dijo durante la mesa de análisis del Observatorio Ciudadano de León que aunque SAPAL ha buscado regular por medio de acuerdos las descargas contaminantes de la industria de la curtiduría, "el tema no está resuelto y siguen contaminando".

"Es una cuestión que se le debe dar seguimiento en términos de transparencia y rendición de cuentas. Las descargas ilegales afectan al municipio y a los diferentes cuerpos de agua y sobre todo a la salud de los leoneses", comentó.

La politización del dolor

José de Jesús Silva, papá de Alberto de Jesús Silva, otro trabajador fallecido el 13 de noviembre, comentó que tras un acercamiento con Enrique de Haro, director de SAPAL, les dijo "que él no podía negociar la indemnización porque no era dinero suyo". Pero se pregunta con qué dinero se les pagará a los abogados que litigan en contra de ellos en los juicios civiles y penales en curso.

Tras la ventilación por parte del coordinador de campaña de Morena, Eugenio Martínez, del pago de más de 1.2 millones de pesos de SAPAL a Juan Carlos García Peña por sus servicios de defensa, Víctor Briseño, deudo en espera de indemnización, se pregunta lo mismo que José de Jesús.

"En realidad SAPAL no tiene un problema de dinero. El dinero lo tienen, lo han presumido a los cuatro vientos. SAPAL está calificada por Fitch Ratings como una paramunicipal que tiene bajo endeudamiento y con cuentas sanas. De modo que está en posición de poder indemnizar adecuadamente no solo a las familias sino a los trabajadores despedidos en la toma de posesión de la planta", explica Gustavo Lozano.

Pero SAPAL no quiere reconocer que es responsable del derrame químico por falta de una buena administración de sus instalaciones de tratamiento de aguas, pese al anuncio público de una remodelación por mil 500 millones de pesos.

"Ahí está el problema, porque políticamente les va a afectar —dice Lozano—. SAPAL se presume como el mejor operador del agua del país, el 4to mejor operador del agua en América Latina, por lo que asumir la responsabilidad de las muertes de los trabajadores, implica asumir que ha habido una mala gestión durante años del saneamiento de agua en la ciudad".

Víctor Briseño dijo que han tenido acercamientos de parte de todos los candidatos a la presidencia municipal de León para las próximas elecciones. Sin embargo, se han opuesto a hablar con ellos "porque la pelea es por algo justo nada más —dice—. Estamos por la pérdida de nuestros hijos, queremos que se haga un poco de justicia y que la gente sepa lo que realmente está pasando en SAPAL".

"El Consejo de SAPAL miente"; habrá denuncia penal contra Jorge Ramírez

Durante dos audiencias de conciliación en las últimas semanas, la dirección de SAPAL les ha pedido a los familiares que dejen de hacer declaraciones a medios de comunicación para poder llegar a un arreglo. Además del hostigamiento, las mentiras, pues según señalan los familiares, el presidente del Consejo Directivo de SAPAL, Jorge Ramírez, declaró en su testimonial ante el tribunal "que no conoce la planta de tratamiento de aguas residuales".

Ello a pesar de que existe evidencia de su visita a la planta durante la toma de posesión, donde miembros del Consejo, incluidos regidores del cabildo de León, celebraron la salida de la concesionaria Ecosys III.

"Esto nos indica una única cosa, desde SAPAL hay un soberbia absoluta en donde creen que son intocables, por eso se comportan de esa manera. Pueden ir a mentir a los tribunales y no va a haber consecuencias. Bueno, nosotros decimos ahora que va a haber una denuncia penal en contra de Jorge Ramírez por falsas declaraciones ante una autoridad judicial", añade Gustavo Lozano.

Durante la primera reunión de conciliación hace dos semanas se les pidió a los familiares que establecieran el monto de indemnización que consideraban justo para retirar las demandas. Dos semanas después, "nos dijeron que no les mandamos el número de lo que queríamos para ellos poder tomar una decisión", explica José de Jesús Silva.

"A Héctor López y De Haro le hicimos saber que han contratado a tres bufetes de abogados, que cobran millones de pesos, cuando ellos nos quieren indemnizar con 32 mil pesos, con 50 y tanto mil pesos", dijo Víctor Briseño. En la audiencia del día 30 de abril en la sala del cabildo de León, los familiares externaron su indignación y señalaron que es mentira que hayan tenido comunicación permanente con ellas, tal y como lo han difundido en sus boletines de prensa.

Escucha a Gustavo Lozano y a Héctor López Santillana

Gustavo Lozano insistió que están buscando que legalmente el Ministerio Público ensanche las averiguaciones sobre el accidente hasta fincar responsabilidades en el Consejo Directivo de SAPAL, su dirección ejecutiva y en el Gobierno del Municipio de León.

"El agua es para todos, no para las tenerías"

México ha experimentado durante semanas incendios de gran extensión y una de las peores sequías en años. Pero Guanajuato es la 2a entidad con mayor estrés hídrico según el ranking del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, siglas en inglés) y una de las de mayor riesgo de agotamiento del agua.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que al 30 de abril el territorio nacional afectado por la sequía era del 87.56 por ciento, pero en la entidad hubo sequía extrema en 28 de sus municipios y sequía severa en los 18 restantes. Esto se vio reflejado en las presas del estado. La Presa del Palote en León tiene actualmente alrededor del 35 por ciento de su capacidad según el Sistema Nacional de Información del Agua de la Comisión Nacional del Agua, pero también existen reportes de que las presas de la Laborcita, Duarte y Otates se encuentran a una capacidad menor al 40 por ciento.

La mala gestión del agua en el caso de León tiene gran parte de su origen —según Daniel Tagle de la Universidad de Guanajuato—, en el "monopolio empresarial" del Consejo Directivo de SAPAL. "No es sano tener esa fuerte participación del sector industrial, hay que reconocerlo", dijo en la mesa de análisis del OCL . Explicó que desde sus inicios SAPAL fue creada "como empresa pública que se comporta como privada", y así permanece hasta hoy en día.

"El problema es que esta visión empresarial piensa muy diferente", descalificando otras alternativas de recuperación de agua potable y centrándose en el proyecto Zapotillo que sigue parado. "Han priorizado la comercialización y mercantilización del líquido", viendo al agua como mercancía e insumo de crecimiento económico en la región y no como un derecho humano. "Debe haber mayor apertura, pluralidad y transparencia" en el consejo, señaló el investigador.