Después de casi ocho meses de una batalla legal por el derecho humano a vivir en un medio ambiente óptimo, autoridades federales concedieron a los habitantes de la comunidad de Santa Rosa en el municipio de Guanajuato el amparo con el que se suspende de manera definitiva el desarrollo inmobiliario Cucursola.

El 28 de febrero pasado, vecinos de la Sierra de Santa Rosa se unieron para promover un amparo ante las autoridades federales, al señalar 10 conceptos de violación a diferentes normativas en materia ambiental por las omisiones que beneficiaron al empresario irapuatense y diputado federal panista, Sergio Fernando Ascencio Barba, para el desarrollo conocido como Cucursola en la zona cerril de la capital del estado.

Cucursola. Fotos: archivo

Con el acompañamiento legal de la asociación civil Acción Colectiva, la demanda de amparo se presentó ante un juzgado de distrito, aunque apenas una semana después se presentó el acuerdo de desechamiento que emitió la autoridad federal.

El 11 de marzo, una semana después, los habitantes de Santa Rosa presentaron un recurso de queja contra el desechamiento ante el Tribunal Colegiado, mismo que el 9 de septiembre dio la razón a los vecinos que han rechazado el proyecto inmobiliario del panista, quien con el apoyo del gobierno de Alejandro Navarro Saldaña levantó muros, construyó caminos y lotificó un predio de más de 67 mil 680 metros cuadrados.

El 2 de octubre el Juzgado de Distrito admitió el amparo y se concede la suspensión provisional. Una semana después, el 9 de octubre en una audiencia se concede la suspensión definitiva del desarrollo inmobiliario Cucursola, actualmente clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Violenta Cucursola derecho humano

La solicitud de amparo ante la justicia federal se promovió basados en la premisa del derecho humano a vivir en un ambiente sano.

En el escrito que firmaron alrededor de 30 habitantes de Santa Rosa se expusieron 10 supuestos de violación a la legislación vigente en materia ambiental en las que incurrieron las autoridades municipales al otorgar permisos al diputado federal panista.

Con la empresa Loma de Irapuato, Ascencio Barba comenzó a construir en la Sierra de Santa Rosa, el pulmón de Guanajuato, abrió caminos, colocó muros, incluso pretendía vender terrenos para casas residenciales en la Sierra con valor superior a los 3 millones de pesos.

El convenio que había firmado con el Comité Rural del Agua y que generó descontento entre los habitantes de la Sierra, detonaron las denuncias por el fraccionamiento que representa un atentado contra el medio ambiente en Santa Rosa.

La comunidad se unió a principios de febrero, y con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil defensoras del medio ambiente, comenzaron con las acciones legales para frenar el desarrollo inmobiliario del panista que contó con los permisos municipales, pero evadió los ordenamientos federales.

Los vecinos que firmaron la demanda de amparo apelaron a la justicia federal ante las “actuaciones desbocadas” del gobierno municipal.

La construcción de Cucursola violentó las disposiciones internacionales y nacionales en materia de derechos humanos y medio ambiente.

“La Sierra es una extensión de nuestra propia casa, forma parte importante de nuestra vida cotidiana por su rico ecosistema”.

Los muros perimetrales que se construyeron ahora impiden la libre circulación de animales silvestres, así como la reproducción y mantenimiento de la vegetación nativa.

“Nuestra salud y nuestra economía depende de manera significativa de la Sierra”.

En el documento que fue aceptado por el Juzgado Segundo de Distrito, tras la queja por el primer desechamiento, se expone que la dirección de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Municipio dio el visto bueno para la traza de 49 lotes en 67 mil 680 metros cuadrados sin que existiera una resolución de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la cual fue emitida dos días después de que la dirección a cargo Juan Carlos Delgado aprobara la traza.

Solo seis días después de que la empresa de Sergio Fernando Ascencio presentara la MIA, el gobierno municipal de Alejandro Navarro autorizó de manera condicionada el proyecto.

10 conceptos de violación

1. La resolución de la MIA es ilegal porque se violó el debido proceso, toda vez que el gobierno municipal omitió que no había cumplido con lo dispuesto en otros ordenamientos jurídicos federales, omisiones por las que no debió otorgar la autorización en materia de impacto ambiental.
2. La resolución de la MIA vulnera el derecho humano a la seguridad jurídica, así como la garantía de legalidad reconocidas por la Constitución y los tratados internacionales, autoridades competentes.
3. La resolución de la MIA pone en riesgo el derecho a gozar el medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar.
4. La resolución de MIA es ilegal porque se violaron los derechos humanos de la comunidad a la información y a la participación reconocidos por la Constitución, porque omitieron ordenar la publicación del extracto del proyecto en un periódico de amplia circulación.
5. La resolución de MIA contraviene los principios de congruencia y exhaustividad y de fundamentación y motivación, ya que la autoridad omitió considerar que existen especies en peligro de extinción, amenazadas y sujetas a protección especial que se han identificado.
6. La resolución de MIA se violaron los derechos humanos relativos a las formalidades exigidas por la ley, porque la autoridad no cumplió con lo dispuesto en otros ordenamientos federales, omisiones por las que no debió otorgar la autorización de MIA
7. La resolución de MIA otorgó autorización condicionada a la obtención de permisos y autorizaciones, y no solo a la modificación del proyecto o al establecimiento de medidas adicionales de prevención y mitigación como lo establece la Ley.
8. La dirección de Medio Ambiente debió negar la autorización en materia de Impacto Ambiental
9. La resolución de MIA no cumple con la finalidad de interés público regulado, porque incumple con las normas ambientales, violando los derechos humanos de los habitantes.
10. La resolución de MIA no fue fundada y motivada, se dio en contravención de las disposiciones aplicables y se dejó de aplicar las debidas en cuanto al fondo del asunto.

De acuerdo con documentos obtenidos por activistas y habitantes de Santa Rosa, el municipio de Guanajuato otorgó la resolución en materia de impacto ambiental el 22 de agosto de 2019.

Suspensión

El amparo para la suspensión definitiva procedió fundado en el acto de violación enumerado en el apartado seis, por las omisiones de las autoridades municipales al observar ordenamientos federales.

La medida cautelar dictada por el juez José Alfredo Sánchez García, es para que el director de Medio Ambiente, Juan Carlos Delgado Zárate, “supervise en el ámbito de su competencia y bajo su más estricta responsabilidad que no se continúe con las actividades de despalme, deshierbe, excavación, inserción de infraestructura y construcciones autorizadas en la resolución en materia de impacto ambiental.

La medida tiene efecto inmediato para evitar la ejecución de actos que son susceptibles de acarrear un daño irreversible o indebido a la biodiversidad, afectándose con ello a la colectividad.

El 9 de octubre pasado quedó la suspensión definitva a Cucursola, el proyecto millonario de Sergio Fernando Ascencio Barba.

Durante las últimas semanas un nuevo atentado al medio ambiente de Guanajuato quedó evidenciado con el camino que beneficia terrenos de Guillermo Smith, suegro del alcalde, Alejandro Navarro Saldaña, sin los permisos municipales, pero que luego se intentó regularizar.