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Fiscalía de Delitos de Alto Impacto cita a participantes de la ocupación del edificio central tras elección de nueva rectora, amedrentan a familiares y les impiden conocer acusaciones
Con la intervención de la Fiscalía General del Estado, la Universidad de Guanajuato emprendió una denuncia penal y acusa a siete jóvenes que participaron en protestas estudiantiles en septiembre del año pasado del delito de daños a edificios públicos y bienes con valor artístico, en acciones que parecen ser una represalia política por aquellas manifestaciones.
La fiscalía procesa la investigación en contra de Rodrigo, Desiree, Frida, Alonso, Valeria, Armando e Ignacio a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto, área que se dedica a combatir delitos como homicidio, secuestro, feminicidio, trata de personas y narcomenudeo, por mencionar algunos. Los daños son un delito patrimonial, según el Código Penal.
Los siete alumnos fueron parte de una movilización que ocurrió el 11 de septiembre de 2023, la cual surgió tras la designación de Claudia Susana Gómez López como la nueva rectora general, para demandar transparencia de los procesos de designación de autoridades y la rendición de cuentas de los recursos que ejerce la máxima casa de estudios.
De acuerdo con información proporcionada por los estudiantes acusados, el delito es perseguido de oficio por la Fiscalía y contempla una sanción de siete a diez años de prisión, pero según el Código Penal para el Estado debería investigarse por querella, es decir, que debe haber una denuncia de por medio.
Durante la integración de la carpeta de investigación, por parte de la FGE los estudiantes nunca fueron llamados a comparecer ni enterados de la acusación hasta que la Fiscalía judicializó el asunto ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. La instancia ha bloqueado el acceso a la carpeta de investigación a los jóvenes y cuando los agentes notificaron a las familias, amenazaron con el encarcelamiento.
En septiembre del año pasado, la rectora de la Universidad de Guanajuato firmó el compromiso en el pliego petitorio del paro, de que no habría represalias académicas, económicas, legales o jurídicas contra los estudiantes, pero ni este ni ninguno de los otros acuerdos se han cumplido.
“¿Hija, qué hiciste?”, persiguen delito desde Fiscalía contra Delitos de Alto Impacto
El lunes 19 de febrero, dos agentes de la Fiscalía General del Estado se presentaron en la casa de Valeria. Sorprendieron a los padres de la joven, pues al entregarles el citatorio los agentes les aseguraron que la iban a “meter a la cárcel”.
“Fui a la primera a quién se le notificó en mi domicilio familiar. Evidentemente, cuando me llegó la notificación mi mamá la recibe y lo primero que me pregunta es si maté a alguien, les dije no, qué si había secuestrado a alguien, evidentemente les dije que no, que si había hecho algún delito que tenga que ver con el crimen organizado. Evidentemente les dije que no y me preguntaron inmediatamente “¿qué era lo que había hecho?”, relató Valeria, estudiante de Ciencia Política. Los alumnos denunciados están en su mayoría inscritos en esta carrera, aunque también hay estudiantes de Derecho y de Administración Pública.
El citatorio entregado en las casas de los padres de la mayoría de los jóvenes está firmado por un agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto, en donde se persiguen delitos como el homicidio, el feminicidio, el secuestro, la trata de personas, el robo, la extorsión, la violación y narcomenudeo, entre otros.
Sin embargo, el ilícito del que se les acusa a los estudiantes no corresponde al tipo de actividades ilegales que le corresponde conocer a esta fiscalía, pues los daños están reconocidos como un delito de tipo patrimonial.
Los padres de Valeria la cuestionaron sobre los motivos de la denuncia, asustados por las consecuencias que esta podría tener, pues asegura que los agentes le afirmaron que la encarcelarían.
“A la compañera, cuando le llegó el citatorio lo primero que le dijeron fue “te van a meter a la cárcel”, ni siquiera fue firmame esto, vengo de tal lugar a entregarle un citatorio por estas cuestiones; lo primero que se le dijo a nuestros papás fue “los van a meter a la cárcel, tiene que firmar esto, si no se presentan a la audiencia vamos a venir por ellos y los vamos a llevar a la fuerza”, refirió Desiree, otra de las alumnas afectadas sobre las repercusiones familiares de la denuncia.
La notificación entregada a cada uno de los estudiantes, narra que el lunes 11 de septiembre del 2023, aproximadamente a las 12:00 horas, las siete personas señaladas junto con un grupo de entre 40 y 60 personas acudieron a las inmediaciones del edificio central de la Universidad de Guanajuato, ingresaron por la puerta principal, hasta llegar al patio de estudios de la División de Derecho, Política y Gobierno. El edificio se encuentra supuestamente clasificado como sitio emblemático por el Comité de Patrimonio Cultural de la Universidad de Guanajuato.
El acta afirma que el grupo de manifestantes se concentró en este espacio realizando manifestaciones y consignas verbales a través de un megáfono, así como una representación en la cual arrojaron pintura a una persona marcando con ello el piso del señalado patio.
“...Posteriormente de forma conjunta se trasladaron e ingresaron al área que conforma la Rectoría General de la mencionada universidad, incluyendo las oficinas de la Recepción, Secretaría Particular del Rector, Despacho del Rector y la Dirección de Planeación, así como la Coordinación Administrativa, apoderándose de las mismas, así como de los pasillo aledaños, informando al personal que en ese momento se encontraba laborando en esas oficinas que la universidad se encontraba tomada”.
El relato también indica que los manifestantes cerraron las puertas con palos, mobiliario que ahí se encontraba y además acordonaron con cintas amarillas que colocaron sobre los marcos de cantera y puertas de madera.
Afirma que se realizaron pintas, salpicaduras con pintura y rayones en pisos, plafones, columnas, marcos de puertas y ventanas, así como persianas, mobiliario de oficina como escritorios, mesas, sillas y sillones, otros muebles de valor histórico como una mesa y una sillas, esculturas y cuadros de pinturas que datan del siglo XVII, los que supuestamente están reconocidos en la legislación universitarias dentro de un catálogo de bienes patrimonio cultural.
En el citatorio se refiere a la Universidad de Guanajuato como la parte ofendida y se establece como su representante legal a Orla Suhali de María González Gómez, una abogada adscrita a las oficinas de la Abogada General de la Universidad de Guanajuato.
Además, se menciona a un conjunto de asesores particulares: Pablo González Sierra, Juan Arredondo Rodríguez, Sahian Deyanira Ríos Sánchez, Francisco Javier Benítez Ramírez y Silvia Almaguer Rangel. Todos ellos serían parte del despacho de abogados González Sierra, Arredondo y Sujo, firma legal.
Este mismo despacho representa a la universidad en el litigio que aún sostiene por el allanamiento de las oficinas del periodico correo en junio del año pasado, cerca del final del período de Luis Felipe Guerrero como rector general.
Pablo Sierra y Juan Arredondo han sido profesores de la licenciatura en Derecho, de diferentes asignaturas. El primero de ellos es cercano a Luis Felipe Guerrero Agripino, su esposa fue coordinadora de Asuntos Penales de la Oficina de la Abogada General de la UG, LLuvia Marcela Martínez Franco.
Los estudiantes están citados para la audiencia inicial en el Poder Judicial el próximo 30 de abril a las 10:15 de la mañana.
“Somos inocentes”: acusan estudiantes persecución política
La denuncia contra los estudiantes los señala como responsables de daño a edificios públicos y bienes con valor artístico e histórico, delito que, de acuerdo con el Código Penal para el Estado de Guanajuato, puede alcanzar una pena de siete a diez años de prisión y hasta 70 días de multa. Según el artículo 210 de esta norma, se trata de un ilícito que se persigue por querella.
En un pronunciamiento público, los estudiantes se declaran absolutamente inocentes de esta acusación y sostienen que se trata de persecución política, instrumentada desde la Universidad de Guanajuato y la Fiscalía General del Estado, encabezada por Carlos Zamarripa Aguirre.
“Nosotros nos declaramos absolutamente inocentes de los delitos que se nos imputan, pues somos plenamente conscientes de que no se nos persigue por cometer un acto ilícito, como lo mencionan las autoridades universitarias, sino que se nos persigue por nuestra manera de pensar y actuar, se nos persigue por señalar, por criticar y exigir derechos, se nos persigue por ejercer nuestro derecho a la protesta y libre manifestación de las ideas”, enfatizó Rodrigo, alumno de la licenciatura en Ciencia Política.
El joven recordó que la protesta del 11 de septiembre de 2023 surgió a raíz de las inconformidades de las y los estudiantes, quienes convocaron a una asamblea estudiantil para la manifestación de sus quejas en la Plaza San Roque.
Fue a partir de ahí, que de manera espontánea surgió la movilización de estudiantes de Arquitectura, Artes y Diseño, Historia, Filosofía y Letras, Geografía, Derecho, Ciencia Política y Administración Pública, que luego se trasladó al edificio central de la universidad, en la calle Lascuráin de Retana.
Ese día, más de 100 estudiantes ingresaron al edificio central hasta llegar al patio principal de la sede para reunirse y hablar sobre los compromisos no atendidos por las autoridades de la universidad, y se convocó a alumnos de todas la institución a participar en la movilización.
Personal de seguridad de la universidad intentó recuperar el control del área, pero alumnos que permanecían dentro de la rectoría lo obligaron a salir de la oficina y lo acusaron de reprimir y agredir a una alumna. Al día siguiente, la UG instrumentó un encapsulamiento por parte de alumnos de la División de Derecho, por esta razón incluso se presentó una denuncia penal por secuestro.
“Se nos pretende imputar y responsabilizar a siete personas por un delito que no cometimos y aclarar que la acción colectiva del movimiento estudiantil de la UG en septiembre del año pasado, surge de la espontaneidad y en plena horizontalidad, es decir, nunca hubo liderazgos. Solamente en los autoritarismos más enfermizos se puede considerar como un delito al pensar diferente”, expresó Desiree.
Aseguró que la denuncia criminaliza a los estudiantes por su manera de pensar, por ejercer su derecho de protesta y exigir respuestas de las autoridades.
“La autoridad universitaria nos ha violentado en más de una ocasión. Ha utilizado todo su aparato institucional para vulnerar, señalar, mentir y culpar a personas de actos que no se cometieron. A pesar de los esfuerzos por parte de la universidad para desalojarnos, fue más fuerte la digna rabia que mantuvo la toma de Rectoría General por 21 días, que concluyó el 2 de octubre de 2023 cuando la rectora Claudia Susana Gómez, firmó el pliego petitorio que recogía nuestras exigencias, en donde la autoridad se comprometía entre muchas otras cosas a conservar que no hubiera represalias académicas, económicas, jurídicas y políticas en contra de ninguno de los participantes del movimiento”, agregó la alumna.
Indicó que ni este ni ningún acuerdo de los establecidos en el pliego petitorio ha sido cumplido por la máxima autoridad de la universidad.
Por ejemplo, en diciembre del año pasado los murales que se acordó conservar como parte de la memoria de la movilización, fueron borrados por estudiantes de la misma división. Ese día la universidad impidió el acceso a medios de comunicación para documentar un acto de interés público.
“Tampoco se ha dado seguimiento a los otros puntos del pliego petitorio, pero la gota que derramó el vaso es la criminalización de la protesta y persecución política que están haciendo en nuestra contra, haciéndonos creer que la universidad está dispuesta a llegar a las últimas consecuencias de represión, antes de atender las exigencias estudiantiles
nos acusan de cometer un delito en agravio de la Universidad de Guanajuato, sin embargo, yo les pŕegunto, ¿Quién hace la universidad?, ¿Para quién está pensada la universidad? la comunidad estudiantil, que ejercemos nuestro derecho de libertad de expresión también es parte de la Universidad de Guanajuato”, recalcó.
El informe de la Relatoría Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2005) para la Libertad de Expresión, define que la criminalización de la protesta social consiste en: “El uso del poder punitivo del Estado para disuadir, castigar e impedir el ejercicio del derecho a la protesta y en algunos casos, de la participación social y política en forma más amplia. mediante el uso arbitrario, desproporcional o reiterado de la justicia penal o contravencional en contra de manifestantes, activistas, referentes sociales o políticos por su participación en una protestas social o el señalamiento de haberla organizado o por el hecho de formar parte del colectivo o entidad organizadora o convocante”.
Persecución desde la Fiscalía busca silenciar a toda la comunidad
Frida y Alonso coinciden en que la intención de las autoridades que promueven la denuncia es mandar un mensaje para la comunidad universitaria que intente alzar la voz para exigir sus derechos.
“Hoy somos nosotros, ¿mañana quién?”, se cuestiona Alonso, alumno octavo semestre de la licenciatura en Administración Pública. Los estudiantes que están señalados como responsables del presunto delito de daños, cursan en su mayoría el octavo semestre; es decir, están a punto de culminar sus carreras.
“Esto no pretende ser solo un mensaje para los siete estudiantes universitarios, sino una clara intención de silenciar a cualquier estudiante que intente alzar la voz exigiendo sus derechos. Nosotros no fuimos líderes de nada, somos simplemente estudiantes que nos movilizamos y así nos vamos a seguir interpretando porque así fue, no entendemos el porqué decir, los siete nos están involucrando en esta situación, fuimos todos…”, resaltó.
Frida, estudiante de Ciencia Política, reconoce su preocupación por la demanda, pero aseguró que todos ellos están dispuestos a enfrentar la situación hasta sus máximas consecuencias, “porque nosotros somos inocentes de cualquier delitos que se nos imputa”, “nosotros hicimos uso de nuestro derecho a la libre manifestación y libertad de expresión y eso que le quede claro a la Universidad de Guanajuato…esto es un mensaje claro de la autoridades universitarias para decirle a la comunidad estudiantil que no van a aceptar ni a tolerar a aquellas personas quienes piensen diferente”, recalcó.
Lamentó que la institución esté dispuesta a enfrentar a integrantes de su comunidad a un proceso penal e incluso al riesgo de ser encarcelados por exigir sus derechos, en lugar de cumplir compromisos, asuntos no resueltos e incluso demandas firmadas por la rectora general en un pliego petitorio.
Los alumnos también observaron la parcialidad que ha mostrado la Fiscalía General del Estado en el asunto, impidiendo el acceso a la carpeta de investigación y sin llamarlos a declarar. Todos ellos aseguran tener desconfianza en el proceso.
“Notamos una clara inferencia y coadyuvancia de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y la universidad para violentar nuestros derechos humanos, por lo cual les hacemos completamente responsables de nuestra seguridad e integridad”, sostuvieron.
Frida refirió sobre la múltiple victimización que han sufrido como participantes de la protesta, pues además de que se instrumentó un encapsulamiento el 12 de septiembre, mientras el paro seguía su curso, se han ignorado denuncias presentadas por todos ellos en instancias como la Contraloría Interna y la Defensoría de los Derechos en el Entorno Universitario de la UG, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado (PRODHEG) e incluso en la Fiscalía General del Estado.
De hecho, a finales de septiembre del año pasado se presentó una denuncia por secuestro en la que se señaló a Elias Lira Mares, responsable de Seguridad de la Universidad, Cecilia Ramos Estrada, secretaria general- actualmente coordinadora jurídica-y a Salvador Hernández Castro, entonces secretario de vinculación y hoy secretario general. La Fiscalía recibió la denuncia, pero sólo le tomó dos meses desecharla.
La UG tampoco ha avanzado con las investigaciones contra estos mismo funcionarios, incluido Jesús Arellano, colaborador de la División de Derecho, Política y Gobierno, por los mismos motivos, a pesar de que se acordó que estos procesos se llevarían a cabo. En cambio, todos escalaron en cargos directivos o administrativos diferentes unas semanas después de que la rectora fue designada por la Junta Directiva.
“Están ahí claramente las veces en que hemos sido victimizados porque hemos llevado procesos, hemos señalado y simplemente o hay carpetazo o no hay seguimiento y es de verdad desgastante el ver lo que está haciendo hoy día la Universidad con nosotros. A quienes tiene que señalar, a quien se le tienen que hacer los cuestionamientos es tanto a la Universidad de Guanajuato, a la Fiscalía, al Gobierno del Estado, no es posible que esté pasando este atropello de derechos humanos”.
Los estudiantes anunciaron que están preparando su estrategia legal para enfrentar el juicio. Hasta el momento no se ha emitido postura oficial respecto al tema por parte de la Universidad de Guanajuato o la rectora general.
25 de febrero de 2024, 13:07
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