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Rectora general rompe acuerdos con estudiantes y establece censura en la UG
Permiten a estudiantes, entre ellos un hijo del ex rector, borrar muros intervenidos en la toma de rectoría, impiden acceso a prensa para atestiguar el hecho
Como una supuesta movilización estudiantil, alumnos de derecho y otras facultades se reunieron en el edificio central para despintar los murales y las consignas que integrantes del Movimiento Colmena realizaron durante la toma de la Rectoría General en septiembre de este año, esto con la complicidad de autoridades universitarias.
La “limpieza” fue liderada por una consejera estudiantil de nombre María Fernanda Castillo Mosqueda y el hijo del ex rector, Luis Felipe Guerrero Agripino, Diego Guerrero; los hechos ocurrieron en discrecionalidad, evitando el ingreso de medios de comunicación al edificio y cerca del período vacacional decembrino.
Autoridades universitarias siguen replicando la táctica de movilizar y confrontar estudiantes, como ya lo hicieron en el paro ocurrido en septiembre, cuando encapsularon a alumnos disidentes; esto por supuestas órdenes Salvador Hernández Castro, secretario de Gestión y Desarrollo con Luis Felipe Guerrero Agripino y secretario general, ahora con Claudia Susana.
La trasgresión de los acuerdos con los estudiantiles se remonta al miércoles 22 de noviembre, fecha en la que el Consejo General Universitario se reunió en sesión extraordinaria y privada para designar a un defensor adjunto de los Derechos Humanos en el Entorno Universitario. La sesión fue grabada, pero no se transmitió por los medios institucionales.
Movilizan y encubren a alumnos para quebrantar pacto
Cerrando el semestre agosto-diciembre, alumnos de Derecho, Química y de la División de Ciencias Económico Administrativas (DCEA) se organizaron para intervenir el edificio central y borrar las consignas y murales realizados por el Movimiento Colmena durante los días que mantuvieron tomada la Rectoría General de la Universidad de Guanajuato.
Integrantes del Movimiento Colmena que acudieron a la escuela para presentar exámenes finales presenciaron la intervención e incluso enfrentaron a sus compañeros, para cuestionarlos sobre la razón por la que realizaban esa actividad. Ignoraron los cuestionamientos y guardaron silencio, mientras siguieron limpiando las consignas.
De acuerdo con fotografías y testimonio de estudiantes del Movimiento Colmena, la “limpieza” fue organizada por Castillo Mosqueda, representante de estudiantes de la División de Derecho, Política y Gobierno e integrante del Consejo General Universitario; su cargo consta en actas del consejo de este año.
Se identificó también a Diego Guerrero, hijo del ex rector Luis Felipe Guerrero Agripino y a Dulce Villagómez, ambos estudiantes de la Licenciatura en Derecho. Aunque no se pudo acceder al lugar en donde se organizaron para pintar y limpiar muros, se compartieron fotografías del material que utilizaron para las tareas.
Pintura blanca, rodillos, brochas y otros elementos, fueron utilizados por los alumnos organizados. En el mercado, un bote de 20 litros de pintura de una marca común tiene un precio estándar de mil 500 pesos aproximadamente, las bandejas con rodillo y brochas pueden costar hasta 400 pesos y de forma individual las brochas y los rodillos pueden tener costos de entre 200 y 300 pesos.
Integrantes del Movimiento que documentaron la situación, consideraron que las autoridades institucionales están coludidas o están orientado a grupos de estudiantes para confrontarlos y evitar cumplir los acuerdos.
“Están inmiscuidas (las autoridades) y está haciendo todo lo posible para que no haya transparencia en cuanto a los asuntos internos, no quiere que haya difusión de la información… los estudiantes estuvieron tres o cuatro horas despintando y el hecho mismo que les negaran el acceso a medios de comunicación para cubrir lo que este grupo estudiantil estaba haciendo a un movimiento social, lo dice todo”, refirió Rodrigo Rivera, integrante del Movimiento Colmena.
Aseguró que el mismo grupo de estudiantes que se presentó para despintar la memoria, es el mismo que ha asistido a las reuniones del movimiento con la rectora y el personal institucional, y también el que participó en el encapsulamiento, promovido por Salvador Hernández Castro, hoy secretario general.
En el acuerdo cuarto, firmado por la rectora general, se pactó la preservación de las intervenciones como dignificación del espacio universitario. Se determinó como negociación que se definirían los murales y consignas que permanecerían y esta propuesta fue aceptada.
Viola UG legislación al bloquea cobertura de acto de interés público
Mientras los estudiantes realizaban la limpieza de las consignas, medios de comunicación llegaron al edificio central para documentar lo que estaba ocurriendo. Poplab solicitó acceso de acuerdo con el protocolo de ingreso, pero le fue negado.
Personal de seguridad impidió con el argumento de que se requería la validación de una persona la Comunicación de la Dirección de Comunicación y Enlace. Durante casi dos horas se esperó la respuesta para tener acceso a la Universidad de Guanajuato, un organismo público autónomo de acuerdo con el artículo tercero de su Ley Orgánica, pero la Dirección de Comunicación concluyó que como no había un evento institucional qué cubrir no se daría acceso a medios de comunicación.
A partir de la pandemia por el Covid-19, la institución implementó un protocolo de acceso a las instalaciones universitarias que indica medidas sanitarias para la comunidad universitaria y los visitantes. El protocolo establece que el visitante debe justificar el motivo por el cual quiere ingresar a las instalaciones universitarias y, en caso de no conocer el área a la que se acude, solicitar el apoyo de seguridad para recibir orientación.
En la guía de acceso, localizada en un pendón en la entrada, refiere la entrega de una credencial para la asignación de un gafete, el cual debe portarse durante la visita a las instalaciones.
Finalmente se contempla que el gafete debe devolverse a la salida o de lo contrario, por extravío deberán pagarse 150 pesos, como cuota de recuperación. Poplab cumplió con los requisitos del protocolo: la justificación del área de visita y la entrega de la credencial, pero no se le permitió el acceso.
La responsable de Atención a Medios, Karina Jiménez, refirió que para medios de comunicación se aplica un protocolo diferenciado, el cual dijo desconocer si existe por escrito.
El artículo nueve de la ley para las Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Guanajuato, a la cual está sujeta la Universidad de Guanajuato como organismo público refiere que las autoridades tiene la responsabilidad de facilitar el acceso a las fuentes de información, “tomando las medidas y previsiones necesarias para garantizar el derecho a la privacidad de las personas, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables en materia de protección de datos personales”.
“Ninguna autoridad podrá restringir, impedir u obstaculizar la entrega de la información considerada como público”, refiere el artículo relacionado al acceso a la información pública.
Además, el artículo décimo de la misma legislación establece que los periodistas y las personas defensoras de derechos humanos tendrán acceso a todos los actos públicos de interés general y también a los eventos abiertos al público que se desarrollen por particulares.
Por otro lado, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, contempla en su artículo noveno la causas de discriminación y en su fracción XXII refiere como una de estas el impedir el acceso a cualquier servicio público o institución privada que preste servicios públicos, así como limitar el acceso y el libre desplazamiento en espacios públicos.
Sin embargo, en la Universidad de Guanajuato se aplica un protocolo de seguridad por encima de leyes generales y estatales relacionadas con el ejercicio profesional del periodismo y los derechos humanos.
La encargada de Atención a Medios sostuvo que la negativa al acceso fue una instrucción de la Dirección de Comunicación, a cargo de Enrique Rivera Cordero, designado recientemente como responsable de esta área. También hubo una negativa a emitir una declaración oficial que soportara el impedimento para acceder a un edificio público.
Mientras los medios de comunicación se mantuvieron a la espera del acceso, los estudiantes que borraron las consignas y murales se retiraron y no se lograron documentar los hechos.
Opacidad que generó paro se repite
El paro más reciente en la Universidad de Guanajuato ocurrió el pasado 11 de septiembre. Surgió luego de que la Junta Directiva de la Universidad de Guanajuato designó a Claudia Susana Gómez López como rectora general, de manera unánime.
Desde el arranque del proceso de designación de la persona titular de la Rectoría General, estudiantes se movilizaron para cuestionar procesos y decisiones opacas establecidas en la convocatoria. También protestaron durante el último informe del rector Luis Felipe Guerrero Agripino, a quien le acusaron de dejar pendientes temas: la violencia de género, la pérdida de calidad académica en la institución y la intervención en su sucesión.
Tras 22 días de que estudiantes agrupados en el Movimiento Colmena tomaron las instalaciones de la Rectoría, la protesta terminó con la firma de un pliego petitorio en el que se incluyeron cinco puntos: cumplimiento de las demandas de todas las sedes y campus; garantía de democracia, transparencia y rendición de cuentas; seguridad y garantías de preservación a los integrantes del movimiento; conservación de los espacios intervenidos con iconoclasia y resolución de la agresiones cometidas por parte de autoridades universitarias a alumnos.
También se acordó darle seguimiento al cumplimiento de estos compromisos con reuniones mensuales, pero en la más reciente asamblea realizada con este fin, se rompió el diálogo entre alumnos y la rectora por la falta avances y principalmente por la negativa de Gómez López a destituir a funcionarios identificados por cometer violencia. El único acuerdo derivado de esta reunión fue retomar las pláticas el 30 de noviembre.
Después de ese diálogo, la falta de compromiso para cumplir con los acuerdos continúa, pues los días 17 y 22 de noviembre se realizaron reuniones del Consejo General Universitario, una poco socializada y otra privada. En esta última se tomó el acuerdo de designar a un defensor de los Derechos Humanos en el Entorno Universitario, en calidad de adjunto.
Por encima del compromiso de transparencia, firmado por la rectora en el pliego petitorio de estudiantes, la Ley Orgánica de la Universidad y el estatuto orgánico de la misma legislación establecen en el artículo 26 que: “Conforme a lo previsto en el artículo 42 de la Ley Orgánica, la periodicidad, el funcionamiento y el desarrollo de las sesiones de los órganos colegiados de gobierno atenderán a los principios de certeza, orden, pertinencia, representatividad, libertad, respeto y transparencia, condiciones inherentes a la vida universitaria”.
En el artículo 23 del mismo ordenamiento se prevé que las sesiones de los órganos colegiados de gobierno- como es el caso del Consejo General Universitario- serán públicas, salvo que por la naturaleza de los asuntos que se trate se requiera sesionar con reserva.
Según las reformas más recientes a la normativa (2021) se debe procurar la transmisión en vivo de las sesiones, con la garantía de reserva de datos personales que puedan tratarse en las sesiones. Esto no ha ocurrido con las últimas dos reuniones.
Órgano de transparencia obstaculiza acceso a la información
Para obtener información sobre distintos temas de interés en la Universidad de Guanajuato, Poplab ha realizado solicitudes de acceso a la información a la Unidad de Transparencia, actualmente encabezada por Olimpo Damián Saldaña Ayala.
Sin embargo, en este órgano se han encontrado distintos obstáculos para acceder a información de interés público: respuestas no otorgadas, fuera de tiempo o incompletas; clasificación de documentos o datos concedidos, pero de consulta complicada.
De acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, la Universidad de Guanajuato es un sujeto obligado de dar cumplimiento a esta legislación.
El artículo quinto de esta norma establece como principio que: “La información pública regulada en este ordenamiento deberá ser veraz, completa, oportuna, accesible, confiable, verificable y en lenguaje sencillo”.
El siete de septiembre de este año, Poplab realizó una solicitud de información relacionada con aspectos de seguridad y el área que la coordina, la Unidad de Prevención y Seguridad Universitaria. La fecha máxima de contestación, según la Plataforma Nacional de Transparencia, estaba establecida para el 20 de septiembre.
Desde la Unidad de Transparencia se envió un correo electrónico en el que se solicitó una aclaración sobre la solicitud, a la cual se dio respuesta, pero dos meses después la información no ha sido proporcionada.
Los datos fueron nuevamente solicitados y finalmente fueron respondidos con una clasificación de información.
En los meses de marzo y abril también se realizaron consultas relacionadas con el tiempo en cargo de los integrantes de la Junta Directiva y sus gastos de comisiones oficiales. La respuesta de la unidad fue referir a una liga en su sitio web en la que no se pudo rastrear la información.
El diseño de la página que contiene las obligaciones de transparencia es de navegación complicada, en algunos casos.
También en abril se solicitó un trabajo de tesis de un servidor público universitario. La Unidad de Transparencia informó sobre la clasificación de este documento por acuerdo del Comité de Transparencia. Se presentó una queja, pero antes de que se resolviera se informó que se hizo pública.
El actual titular del área, Olimpo Damián Saldaña, fue nombrado en el cargo el 23 de agosto de 2021 por el entonces rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino. Hace algunas semanas fue ratificado en el cargo por la rectora Claudia Susana Gómez.
Olimpo Saldaña fue propuesto en este cargo en sustitución de Iliana Alejandra Bernardino Cruz, quien fue designada también por Agripino como abogada general y quien también fue ratificada en esta tarea por la actual titular de la Rectoría general.
19 de diciembre de 2023, 13:24
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