Cuatro profesores de la División de Derecho, Política y Gobierno que apoyaron a Teresita Rendón Huerta Barrera en sus aspiraciones para la Rectoría General en 2023 fueron despedidos pese a su experiencia docente, años de antigüedad, perfiles aptos y a que algunos de ellos ya contaban con definitividad, es decir, eran titulares de las materias.

A ellos se suman otros 13 académicos a quienes les redujeron sus horarios. Los espacios que se generaron con recortes y despidos fueron ocupados en su mayoría por profesionistas recién egresados o sin experiencia docente, pero vinculados al ex rector Luis Felipe Guerrero Agripino.

Una de las denuncias que se hizo pública fue la del profesor Carlos Cordourier, quién con una trayectoria de 15 años en la universidad como docente de tiempo completo fue despedido. Él sostiene que quien dirige de facto la división es el ex rector Luis Felipe Guerrero Agripino, además afirma que podría haber motivos políticos detrás de su salida y la de los maestros de derecho.

El artículo 8 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato precisa que para la incorporación o permanencia del personal docente, no se establecerán limitaciones relacionadas con su posición ideológica, política o religiosa de los aspirantes, estas circunstancias “no serán causa de remoción”, señala la ley.

Sin embargo, los testimonios ofrecidos por profesores a quienes se les quitaron sus horas de clases en la Licenciatura en Derecho y Ciencia Política, apuntan a que se trata de represalias por externar sus opiniones políticas o ir en contra de la candidata respaldada por Guerrero Agripino, Claudia Susana Gómez López, quien fue finalmente designada y hoy es la rectora general.

Cuatro profesores relegados de la actividad docentes ya presentaron quejas ante el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato y por otro lado ya hay juicios laborales en proceso, de otros docentes, debido a la violación de derechos cometida por autoridades universitarias.

Como responsables de estos despidos arbitrarios fueron citados a audiencias en el Centro de Conciliación Laboral, el director de la División, Eduardo Pérez Alonso y el director del departamento de Derecho, Leandro Eduardo Astrain Bañuelos.

Sin previo aviso, excluyen a profesores con años de trayectoria

Comparando las asignaciones de clases de la Licenciatura de Derecho 2023 contra 2024, es posible verificar la modificación de los titulares docentes en 17 casos, sin embargo, esta diferencia también se respalda en las demandas laborales que ya han presentado cuatro de ellos antes las autoridades competentes.

Desde el primero hasta el décimo semestre aparecen nombres de profesores distintos a los que estaban como responsables de cada materia. De acuerdo con el testimonio de algunos de ellos, se dieron cuenta de que ya no aparecían cuando acudieron a la universidad para consultar sus horarios de clase, casi al inicio del año.

En otros casos, los docentes recibieron llamadas de personal del Departamento de Derecho, encabezado actualmente por Leandro Eduardo Astrain Bañuelos, para informales sobre la determinación de que ya no les asignaría clases. A la mayoría no se les entregó ningún documento oficial, en el que se establecieran los motivos del cese.

Los profesores buscaron acercamiento con el director de la División, Eduardo Peŕez Alonso, para conocer los motivos de su salida, pero no recibieron respuestas que explicaran la decisión. El artículo 8 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato reconoce como

personal académico a quienes desempeñen funciones de docencia, investigación o extensión en la universidad, “según el nombramiento o la vinculación académica que tenga con ella y conforme a los planes y programas establecidos por la universidad”.

La norma se refiere a profesores de carrera como aquellos cuya dedicación académica es de tiempo completo o medio tiempo. Los docentes de tiempo parcial, no exceden el medio tiempo.

Además, la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 20 y 21 establece como una relación de trabajo “cualquier que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario”, esto presume la existencia del contrato entre la persona que presta el servicio y quien lo recibe.

Los quejosos aseguraron que, en la conversación con el director de División, este les argumentó que las decisiones relacionadas con la carga académica no eran su responsabilidad. No obstante, el artículo 30 de la Ley Orgánica establece que es facultad del director de división acordar con los directores de departamento y con el secretario de la división la asignación de cursos a los profesores, según las necesidades de los programas educativos.

Entre los despedidos hay profesores invitados, de tiempo parcial y en algunos casos con definitividad otorgada por el Comité de Ingreso, Permanencia y Promoción. En el caso de los docentes invitados, quienes por norma no perciben un salario, ni siquiera se les informó de su salida con una llamada.

En la siguiente lista aparecen los nombres de los docentes que entre un año y otro dejaron de ser considerados en el calendario de clases. Poplab hizo una revisión de los horarios 2023 y 2024, ambos publicados en el sitio web de la Universidad de Guanajuato.

1. Lucía Berenice Acosta Gómez
2. Abril Adriana Guerrero Hernández
3. Gerardo Rafael Arzola Silva
4. Margarita López Maciel
5. Mariana Lara González
6. José Arturo Hernández Rico
7. Ivette Rosas Morales
8. Guadalupe Vázquez Mata
9. Ana Karen Zavala Guzmán
10. Arminda Balbuena Cisneros
11. Luis Arriola Morales
12. Jorge Alejandro Esquivel Palomares
13. Erika Sarahi Rodríguez González
14. Juan Martín Ramírez Durán
15. Joanna Camacho López
16. Mayra Patricia Mosqueda González

¿Persecución?, despedidos apoyaron a Teresita Rendón

Algunos de estos maestros despedidos daban clases de manera permanente en esta facultad, cumpliendo con sus funciones de docencia, investigación o extensión, así como los servicios de vinculación, como se establece en el reglamento.

La norma universitaria reconoce también en su artículo 52 que las relaciones laborales en la institución se rigen por las normas contenidas en los artículos 3 y 123, apartado A de la Constitución y sus leyes reglamentarias, los contratos colectivos de trabajo y las disposiciones legales aplicables.

La Constitución plantea condiciones de igualdad, equidad, transparencia e imparcialidad para el personal que ejerza funciones docentes y la Ley Federal del Trabajo les reconoce los beneficios del contrato colectivo del trabajo, ya que estos deben ser extensivos para todo el personal que trabaje en una institución, incluso trabajadores de confianza, aunque no sean miembros del sindicato que lo haya celebrado.

Durante el proceso de designación de la Rectoría General en junio del año pasado, personal académico y administrativo mostró su apoyo público a las candidaturas de su preferencia. Tuvieron actos públicos de respaldo Teresita Rendón, entonces rectora del Campus Guanajuato y Claudia Susana Gómez, entonces directora de la División de Ciencias Económico Administrativas (DCEA) y actualmente rectora general.

Fue a esta última a quien se dio supuestamente el apoyo institucional y el respaldo del rector saliente, Luis Felipe Guerrero Agripino.

“No sé cuál sea el criterio, no es de legalidad, sino arbitrario”, consideró sobre su despido uno de los profesores afectados, quien dijo haber respaldado a la rectora de campus en su aspiración.

Sostuvo que existe una violación al Estatuto del Personal Académico, ya que los docentes tienen el derecho de ser evaluados cada dos años por el Comité de Ingreso, Permanencia y Promoción de la unidad académica de la que se trate y considerando los resultados debe determinar su permanencia. Incluso, en caso de resultar alguna inconsistencia, los docentes tienen hasta seis meses para subsanar esta falla y solicitar una nueva revisión.

Los afectados aseguran que en el caso de los profesores que apoyaron la postulación de la actual rectora sus condiciones académicas mejoraron, pues obtuvieron en algunos casos más horas o definitividad. Además, algunos desempeñan cargos directivos o asesorías como Jesús Arellano, quien además de impartir cátedra fue nombrado titular de la Unidad de Apoyo al Desarrollo Educativo o Rodrigo Nájera, adscrito a la Dirección de Infraestructura y Servicios Universitarios con un nombramiento de jefe de Departamento y quien durante el rectorado de Luis Felipe Guerrero fue director de Comunicación y Enlace.

Con los horarios de clase, comparados por poplab también se pudo corroborar que el ex rector Luis Felipe Guerrero Agripino, fue asignado con horas de clase a alumnos de la tercera inscripción de la licenciatura en Derecho con la cátedra de derecho penal, la cual en año pasado era impartida por Gerardo Rafael Arzola Silva, ex magistrado electoral en Guanajuato.

En el sistema de consulta de la Universidad de Guanajuato, Guerrero Agripino aparece como trabajador pensionado por vejez, aunque a través de una solicitud de acceso a la información pública se informó que tiene responsabilidades de investigación jurídica, dirección de trabajos de investigación y participación en actividades de difusión, entre otras.

Además, en el padrón de beneficiarios del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) aparece como investigador activo nivel 1, con un estímulo vigente de 19 mil 803 pesos mensuales. El reconocimiento tiene fecha de vencimiento a diciembre de este año.

Crítica política resulta en salida de docente en Ciencia Política

Con una postura pública ofrecida en el patio de la División de Derecho, Política y Gobierno, el profesor Carlos Cordourier también dio a conocer su cese como profesor de carrera titular. El académico había hecho públicas a través de redes sociales y otros medios sus críticas a los procesos de designación y a la falta de atención institucional a demandas de alumnas y alumnos por violencia docente.

Cordurier Real ingresó a la universidad en 2009 y obtuvo su definitividad en 2011. Es decir, el docente acumulaba ya una antigüedad de 15 años impartiendo clase de licenciatura e incluso ostentó un cargo directivo en Ciencia Política.

El académico también considera que existe una relación entre su despido y sus posturas políticas relacionadas con los procesos de designación y omisiones institucionales relacionadas con denuncias de maltrato y violencia contra estudiantes.

“Quién dirige de facto la División de Derecho, Política y Gobierno es el profesor Guerrero Agripino junto con un pequeño grupo de incondicionales, entre quienes se encuentra el Director del Departamento de Derecho, Leandro Astraín. En consorcio con Eduardo Pérez Alonso, toman las decisiones para beneficiarse entre sí y a sus leales, en perjuicio de quienes consideran incómodos, ahora mismo quienes apoyaron abiertamente a la doctora Rendón”, declaró.

Sostuvo que actualmente existe una gran inconformidad del profesorado del Departamento de Derecho por la arbitrariedad e incompetencia con la que se ha conducido el director del área, Leandro Astrain, quien, dijo, está más preocupado por cumplir los requerimientos de Agripino en lugar de resolver los problemas del departamento. Sin embargo, dijo que existe miedo de la comunidad universitaria de denunciar porque temen sufrir represalias de este grupo de poder.

Después de recibir el anuncio de que el Comité de Ingreso determinó su no permanencia como profesor, convocó a un acto para dar a conocer su postura y cuestionó la autocensura que existe en la división por el temor a represalias. Dijo que en esta división existen grupos de poder que privilegian los intereses personales sobre la resolución de problemas instituciones y que por ello “ha hecho mucho daño a la universidad”.

“Esta división le ha hecho mucho daño a la universidad, ¿por qué?, porque en esa oficina -señalando a la Dirección de División- muchas personas que vienen a ocuparla, nada más están pensando en cuál es el siguiente cargo y en vez de asumir una responsabilidad con las estudiantes y los estudiantes, empiezan a comprar lealtades, a favorecer a sus tribus, eso está mal. ¿Por qué se pelean tanto por los cargos?, se pelean porque hay muchas cosas, hay privilegios, un costo de oportunidad, independientemente de cómo se haya desempeñado un funcionario de la universidad”, sostuvo en su pronunciamiento público, rodeado de estudiantes, exalumnos y profesorado que le ofrecieron su respaldo.

“Después de ver que la universidad ha tenido tantos momentos difíciles, muchos de ellos nacieron aquí, la mayor parte por la protección que se le da a personas, porque tienen lealtades personales, después de tantos problemas que ha generado esta división y que no cambia la institución, yo podría denunciar el abuso de autoridad, el abuso de funciones de personas servidoras públicas, por ejemplo, en el órgano de control interno”, subrayó.

El encargado de esta área es José Jafet Noriega Zamudio, designado por el Consejo General Universitario en 2022. De acuerdo con profesores de la División el abogado, obtuvo definitividad como profesor el año pasado, cuando Luis Felipe Guerrero Agripino aún era rector general de la UG. Además, en enero de este año su esposa María Corazón Camacho Amador fue designada como titular de la Defensoría de los Derechos Humanos en el Entorno Universitario. A ella también se le incrementaron sus horas de clases.

El cargo del contralor concluye en 2027 y el de la defensora de los Derechos Humanos en 2028, de acuerdo con los períodos establecidos en las normas universitarias.

Otra vez…desoye UG denuncias estudiantiles de violencia

Durante la presentación de la postura por el despido del profesor Carlos Cordourier, estudiantes de la Licenciatura en Ciencia Política le dieron su respaldo, pero además evidenciaron las omisiones institucionales que se han cometido, en la resolución de denuncias por violencia docente en UGénero y en la Defensoría de los Derechos en el Entorno Universitario.

Las alumnas denunciaron que desde hace seis meses se presentaron quejas en contra de la profesora Aidé Hernández. De hecho, en septiembre del año pasado se colocó un tendedero de denuncias en el patio de Derecho.

“La destitución de nuestro profesor Carlos Cordourier no nada más es un acto de perjuicio individual, sino que es un reflejo de la falta de transparencia y de los problemas éticos que afectan a esta institución, en este patio de estudios, donde caminan los futuros defensores de la libertad, la justicia y de la verdad, gobiernan en su lugar, la mentira, el abuso, el embuste, la trampa”, lamentó Emilia, una estudiante de Ciencia Política.

Comentó que la universidad existe una anarquía que encabezan las mismas autoridades, que deberían procurar las reglas y al mismo tiempo son quienes las rompen, “esas mismas autoridades que también se ponen de pie por protocolo durante el himno universitario y ponen cara de que encarnan la justicia, la conciencia moral y la integridad, pero al mismo tiempo, encubren y consienten la violencia que su estudiantado está padeciendo y que no han dejado de padecer”.

La queja por maltrato en contra de la profesora Aidé Hernández fue desatendida por el área de Derechos Humanos cuando su titular era Margarita López Maciel, quien no fue rectificada en su cargo cuando la nueva rectora asumió la responsabilidad. Margarita López también daba clases en la licenciatura en Derecho y fue excluida de seguir impartiendo cátedra, esto de acuerdo con los horarios de clases consultados por poplab.

Ilse, la alumna que presentó la denuncia colectiva por estos presuntos actos de violencia, denunció la falta de atención de las autoridades universitarias y un acoso continuo durante el proceso. Exalumnos del mismo programa respaldaron la postura sobre el carácter violento de la profesora, directora del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno.. La carta fue firmada por más de 70 personas egresadas de la carrera.

También públicamente, la profesora Vanessa Góngora externó su preocupación sobre la falta de atención a las denuncias de estudiantes y el miedo que existe en la comunidad contra represalias de grupos de poder.

“Las personas que han realizado todas estas cosas o estas arbitrariedades han tratado de dirigir la atención a que es un conflicto entre profesores cuando no es así, lo que está pasando es que no les creen a los estudiantes y esto ha pasado con otros casos como las denuncias de acoso”, señaló.