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Sucesión a modo pone en riesgo a una Universidad de Guanajuato sumida en varias crisis
Acoso en aulas, corrupción académica y favoritismo, problemas agudizados en rectorado de Guerrero Agripino, quien ahora pretende imponer sucesora
Después de ocho años de un rectorado inmerso en crisis, que incluso propiciaron un paro histórico del alumnado en 2019, donde ha sido constante un manejo unipersonal de la Universidad de Guanajuato mediante el centralismo de decisiones y la invisibilización de la estructura departamental, así como el favoritismo a su círculo cercano, Luis Felipe Guerrero Agripino convoca a su sucesión en un proceso teñido de sospecha sobre la construcción de una solución a modo, que pretendería extender su influencia más allá de su mandato.
El período de Agripino cierra casi como comenzó con relación a las denuncias de acoso, pues su campaña para rector en 2018 se enlazó al caso Kala y cierra con una denuncia de acoso por parte de alumnas de la Escuela de Enfermería, quienes hicieron públicos hechos cometidos por la coordinadora del programa, Nadia Yanet Cortés Álvarez y tolerados por el director de la División de Ciencias Naturales y Exactas, Agustin Ramón Uribe Ramírez.
Inicia proceso sucesorio altamente controlado
El Consejo General Universitario ya fue convocado para determinar la integración de la Comisión Especial que dirigirá el proceso de designación de la persona titular de la Rectoría y para aprobar los lineamientos sobre los cuales se desarrollará el proceso de designación.
La propuesta que ya circula disminuye requisitos y supervisión externa del proceso, lo que ha alimentado la hipótesis de que la actual rectoría pretende impulsar la candidatura de Cecilia Ramos, Secretaría General de la Universidad.
También hay preocupación de la comunidad universitaria puesto que en los lineamientos se planteó eliminar la participación de la comunidad científica y académica nacional, que en otros años tuvo relevancia, con opiniones sobre el proceso.
Guerrero Agripino mantiene el control de los órganos de gobierno que tomarán las decisiones en la sucesión, el principal de ellos: la Junta Directiva. Algunos de sus integrantes han acumulado una década en sus cargos y han obtenido apoyos y beneficios personales.
Favoritismo a cercanos, la marca de la casa
El favoritismo por personajes cercanos a su círculo también quedó patente en una convocatoria diseñada para que Osvaldo Chávez Rodríguez, director de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato pudiera acceder a una plaza de tiempo completo.
Tras hacerse públicas estas intenciones, la convocatoria desapareció del sitio web en donde estaba disponible, pero la idea de otorgar este privilegio parece persistir.
A través de una carta abierta, profesores de contrato, con definitividad y de tiempo completo de la División de Arquitectura, Arte y Diseño evidenciaron corrupción académica pues Osvaldo Chávez es esposo de la secretaria particular del rector, Dolores Gallegos Robles, y en el rectorado de Agripino ha ocupado los cargos de director de Desarrollo Estudiantil y de Extensión Cultural.
Los académicos profesores de tiempo completo sostienen que Osvaldo Chávez tiene escasa experiencia en la vida académica como para acreditar el requisito sexto de la convocatoria, que señala preferente que el aspirante cuente con “dirección de trabajos de titulación de maestría y doctorado.”
Expresaron que el archivo histórico de evaluaciones docentes evidencia bajo nivel de satisfacción de los alumnos con la materia impartida por Osvaldo Chávez y además señalaron de forma reiterada constantes inasistencias a las clases. Poplab pudo confirmar esto en las evaluaciones solicitadas a través de la Unidad de Transparencia.
Propone rector lineamientos a modo
Los lineamientos sobre los cuales se desarrolló el proceso de designación del Rector General de la Universidad de Guanajuato para el proceso 2019-2023 y la propuesta para 2023-2027 plantean diferencias, mismas que refuerzan la hipótesis de que se pretende impulsar desde la rectoría la candidatura de la secretaria general, Cecilia Ramos.
La nueva normativa, que es propuesta por la Rectoría y aún no es aprobada, contempla que la Comisión Especial organizará cuatro foros en los que las personas candidatas presentarán sus proyectos de desarrollo.
En el proceso 2019, los lineamientos contemplaban la participación de la Secretaría General como apoyo de la Comisión Especial en la organización de las presentaciones de los candidatos. Para este proceso, esta disposición se eliminó.
Otra diferencia que causa desconfianza es que el proceso se cierra a las opiniones de la comunidad universitaria y no contempla las de la comunidad científica y académica a nivel nacional, cuando en otros procesos esto sí fue previsto.
Las opiniones sobre las candidaturas se deberán hacer llegar a la comisión en un formato electrónico y se agrega la disposición de que contengan datos personales, como nombre completo del alumnos o maestros, número de identificación (alumno o maestro) y firma autógrafa. El lineamiento no justifica esta nueva regla.
La convocatoria contempla que los proyectos y perfiles de las y los candidatos podrán consultarse en un sitio web a partir del 28 de julio, una vez que el Consejo General Universitario defina quiénes acreditan los requisitos para ser candidatos.
También se contempla que la Comisión Especial valore las opiniones emitidas por integrantes de la comunidad universitaria, entre el 28 de julio y el 10 de agosto, y luego las pondere en un informe que presentará al Consejo General.
El Consejo General Universitario está convocado para la aprobación de estos lineamientos, previstos en la normatividad orgánica de la institución, el próximo viernes. Por ahora, se especula sobre las candidaturas de Cecilia Ramos Estrada, secretaria general; Teresita de Jesús Rendón Huerta Barrera, rectora del Campus Guanajuato y Carlos Hidalgo Valadez, rector del Campus León.
Órganos de decisión cooptados
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato, la Junta Directiva es el órgano de gobierno encargado de la designación del rector general de entre los candidatos que le proponga el Consejo General Universitario. Sin embargo, la comunidad universitaria parece tener poca confianza en la imparcialidad de esta junta en la designación del sucesor de Felipe Guerrero Agripino.
Y es que además del largo período por el que algunos han ocupado el cargo, también hay evidencias de beneficios personales que han recibido algunos de ellos, tales como la contratación de familiares, publicaciones editoriales o becas.
La Junta Directiva tiene la facultad de designar a rectores de campus, directores de nivel medio superior y de división y además pueden promover la sustitución de estos mismos funcionarios o la renuncia del rector general. Está integrada por once miembros electos por el Consejo General Universitario en votación por cédula. Ocho de ellos pertenecen a la universidad y tres serán externos.
Actualmente los integrantes son: Sergio Jacinto Alejo López, Luis Armando González Placencia, Luis Fernando Michel Barbosa, Julieta Morales Sánchez, Víctor Luis Muro Salinas, Enrique Navarro González, Sergio de Jesús Ortega Mereles, Rafael Octavio Romo Aguiñaga, Leticia Soto Franco, Martha Leticia Velázquez Morales y Manuel Fermín Villar Rubio.
Con la justificación de que la ley no lo impide, al menos cuatro integrantes de la Junta Directiva llevan entre ocho y 10 años ocupando este cargo de privilegio, avalado por el rector general, Luis Felipe Guerrero Agripino.
El artículo 18 de la Ley Orgánica de la Universidad señala que: “los integrantes de la Junta Directiva durarán en su cargo dos años”, pero no impide la posibilidad de reelección. Por ello, algunos han acumulado hasta cinco períodos continuos.
De acuerdo con un histórico de actas de la Junta Directiva, han repetido en el cargo por períodos continuos: Sergio Jacinto Alejo López, Enrique Navarro González, Sergio de Jesús Ortega Mereles, Rafael Octavio Romo Aguiñaga, Martha Leticia Velázquez Morales y Luis Armando González Placencia, como miembro externo.
También hay evidencia de beneficios obtenidos por algunos integrantes de este órgano. Por ejemplo, la hija de Enrique Navarro González está en la nómina universitaria, en el Archivo general universitario, como responsable de proyectos especiales.
Otro integrante de la Junta Directiva con familiares en la nómina es Sergio de Jesús Ortega Mereles, profesor en la Escuela de Nivel Medio Superior de Silao. Su hermano Alejandro Ortega Mereles es coordinador en la misma escuela y fue acusado por una trabajadora de hostigamiento sexual en 2019.
Hay evidencias también de la relación del rector con Sergio Jacinto Alejo, con quien comparte al menos una publicación editorial y también con Rafael Octavio Roma Aguiñaga, profesor de Derecho que participó en la revisión de la polémica concesión que se otorgó a Grupo México del Libramiento Silao, durante el sexenio de Miguel Márquez.
Emerge corrupción académica
Hace apenas unas semanas, profesores de tiempo completo de la División de Arquitectura, Arte y Diseño del Campus Guanajuato hicieron pública una postura respecto a una convocatoria a “modo” que lanzó a principio de año y que presuntamente está elaborada para favorecer a Osvaldo Chávez Rodríguez, director de Extensión Cultural Universitaria y esposo de la secretaria particular de Guerrero Agripino, Dolores Gallegos Robles.
La convocatoria fue emitida el 27 de febrero y desde el momento de su emisión ha causado malestar entre el personal académico. Recientemente cerró la recepción de documentación para este procedimiento, mientras arranca el proceso de designación del próximo rector general.
La vacante para la plaza de tiempo completo de profesor de carrera Asociado B para el Departamento de Arquitectura (40 horas) fue emitida por el Comité de Ingreso, Permanencia y Promoción de la División de Arquitectura, Arte y Diseño del Campus Guanajuato y adscrita al Departamento de Arquitectura a principios de año.
El comité está integrado por: Gloria Cardona Benavides, Gabriela López Portillo Isunza, Alejandro Guzmán Ramírez, Juan Martín Aguilera, David Osvaldo Eudave Rosales, Héctor Hernández Escoto, Karla Escárcega Robledo, Omar Trejoluna Puente y Gabriel Medrano de Luna; todos ellos académicos integrados a la División de Arquitectura, Arte y Diseño.
En carta pública, profesores del tiempo completo de esta división consideraron que los requisitos establecidos estaban dirigidos para facilitar la asignación a Osvaldo Chávez Rodríguez, pues recientemente la Universidad de Guanajuato le otorgó el título de doctor en Artes al director de Extensión Cultural.
El primer requisito de la convocatoria establece que los aspirantes deben contar con título de Licenciado en Arquitectura y tener grado de Doctor en Artes. Osvaldo habría obtenido este grado de forma “exprés” en septiembre de 2022.
Cinco meses después fue emitida la convocatoria, por lo que docentes universitarios señalan corrupción académica para favorecer al funcionario allegado al rector general a través de su secretaria particular. Esto en la recta final de un mandato que se prolongó por ocho años.
La convocatoria también señala experiencia en gestión, crecimiento y desarrollo en Arquitectura y experiencia docente y en proyectos en colaboración con estudiantes, que puedan tener impacto en proyectos vinculados al Plan de Desarrollo Institucional. Además establece que se debe tener conocimiento para el diseño de instrumentos y ejecución de acciones vinculadas a programas de desarrollo institucional que puedan contribuir a la adecuación del programa educativo de Licenciatura en Arquitectura al modelo educativo de la Universidad de Guanajuato.
Docentes afirman que entre 2015 y 2019, la carrera de Chávez Rodríguez ha estado ligada a actividades administrativas, pues fue primero Director de Desarrollo Estudiantil y luego de Extensión Cultural, cargo que ocupa hasta la fecha. Esto se pudo confirmar en la versión pública del currículum del funcionario.
Según este documento, fue en 2004 cuando Osvaldo comenzó a impartir clases en la Universidad Iberoamericana, en el Plantel León, como profesor de la asignatura del Departamento de Arte y Diseño. En 2009 habría dejado este puesto y comenzó a dar clases en la Universidad de Guanajuato como profesor en el Departamento de Artes Visuales.
Sin embargo, fue hasta enero de 2023 cuando tuvo asignatura como profesor del Departamento de Arquitectura y retomó la actividad académica en Artes Visuales, que ejerce hasta la fecha.
Profesores dijeron confiar en el actuar imparcial del rector general, pero creen que su secretaria particular, Dolores Gallegos, “ha utilizado el nombre del rector general para forzar esta convocatoria”.
El artículo 58 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato considera que un servidor público incurre en un conflicto de interés cuando interviene por motivo de su “empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga conflicto de interés o impedimento legal”. Esta es considerada una falta grave.
Acoso y violencia, pendientes sin resolver
El período de Luis Felipe Guerrero Agripino cierra tal y como comenzó, en medio de un escándalo por casos de acoso, esta vez en la Escuela de Enfermería y Obstetricia, presuntamente cometidos por la coordinadora de la carrera: Nadia Yanet Cortés Álvarez.
Cuando Guerrero Agripino se encontraba en campaña para su primer período como rector general en 2018, surgió la denuncia de acoso sexual de una becaria por parte del funcionario universitario, Julio César Kala. El ataque sexual habría ocurrido en 2015, pero el académico fue exonerado por Guerrero Agripino, entonces rector del Campus Guanajuato.
A cuatro meses de concluir su período como rector general, Agripino vuelve a ver surgir esta problemática, ahora con una denuncia por acoso y hostigamiento de parte de alumnas de la Licenciatura en Enfermería, casos que habrían sido tolerados por el director de la División de Ciencias Naturales y Exactas, Agustin Ramón Uribe Ramírez.
Esta vez la denuncia es contra una docente, coordinadora del programa de Enfermería, quien habría sostenido relaciones sentimentales con al menos dos alumnos de distintos semestres de esta licenciatura. En uno de los casos, al terminar la relación, el estudiante habría decidido abandonar sus estudios debido al acoso que sufrió de parte de la coordinadora y también profesora de asignatura.
El director de la División de Ciencias Naturales y Exactas fue puesto en antecedente sobre esta situación y la dejó pasar mientras se acumularon al menos 15 denuncias.
Al hacerse públicos los hechos, la Unidad de Género desestimó la gravedad del asunto y se declaró incompetente para intervenir mientras no existieran denuncias formales de las presuntas víctimas. El asunto se canalizó a la Defensoría de los Derechos Humanos en el Entorno Universitario. Esta área, encabezada por Margarita López Maciel, solicitó un informe de los hechos al director de división y éste último decidió separar de la coordinación a la profesora.
Luego en 2022, otra gran movilización ocurrió en la capital por el asesinato de Ángel Yael Ignacio Rangel, alumno de la División de Ciencias de la Vida. En esta marcha organizada por el reclamo de justicia, puesto que el joven de 19 años fue ultimado por un elemento de la Guardia Nacional, también hubo reclamos contra el rector, al que incluso se le acusó de utilizar las movilizaciones para beneficio de su imagen.
24 de mayo de 2023, 14:54
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