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Importa Aguascalientes funcionarios que fallan en seguridad; aumentan delitos sexuales y violencia
Acusaciones de malos resultados en sus anteriores cargos y poca experiencia, son el sello de los titulares de las principales áreas de seguridad pública en Aguascalientes, cuya incidencia delictiva ha ido en aumento.
En lo que va del año, y de acuerdo con datos oficiales, la incidencia delictiva en Aguascalientes ha incrementado con respecto a 2022, mientras que algunos municipios se convirtieron en territorio militarizado. El deterioro de la seguridad en el estado ocurre bajo la mirada de funcionarios clave para las tareas de seguridad e investigación de delitos cuya labor fue cuestionada en Guanajuato y Puebla, los estados donde tienen antecedentes laborales en estas tareas.
Los homicidios, los delitos contra la libertad y la seguridad sexual –como el abuso, acoso y la violación–, el robo en todas sus modalidades, el delito de fraude y la violencia familiar; son algunos de los crímenes que han aumentado en el primer semestre del año, respecto al mismo periodo de 2022, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
De hecho, enero de 2023 fue el comienzo de año más violento desde 2017. Y de acuerdo con un análisis de datos realizado por PopLab, el primer semestre de este año ha sido el de mayor incidencia delictiva desde 2018, con un total de 21 mil 725 carpetas de investigación abiertas.
En este semestre ocurrieron diversos casos que cimbraron al estado, como el asesinato de seis personas en marzo pasado, o el atentado mortal contra Ulises Nava Juárez, activista de la comunidad LGBTQ+ y jefe del Departamento de Diversidad Sexual de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAgro).
A inicios de julio, la Guardia Nacional aseguró una casa en el municipio de Rincón de Romos en la que escondían armas largas, granadas y droga, y en junio se encontró en el municipio de Tepezalá la fosa clandestina más grande hasta ahora localizada en el estado, con seis cuerpos en su interior que hasta el momento no han sido reconocidos.
Tres de los once municipios de Aguascalientes –que por años ha sido reconocida como una de las entidades más seguras del país– están ahora rodeados por el Ejército Mexicano, al tiempo que las desapariciones y la violencia en las carreteras hacia Zacatecas y Jalisco han ido en aumento, de acuerdo con testimonios de víctimas.
Un grupo clave.
La Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Aguascalientes establece como autoridades en la materia a la gobernadora, al secretario general de gobierno y a los titulares del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la Secretaría Estatal de Seguridad, la Fiscalía y las policías en cada municipio.
Al frente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública –una bisagra en la coordinación de todas las instituciones de seguridad– se encuentra Luis Enrique Ramírez Saldaña, cuyo último puesto fue el de titular de la Secretaría de Seguridad Pública en León, cargo en el que fue ratificado en 2015 y al que en 2019 tuvo que renunciar en medio de escándalos en esa dependencia.
“Hemos presentado la renuncia porque no queremos que nuestro programa esté debilitado. Al contrario, es fortalecer. Y como siempre lo digo, hay que darle la cara a la ciudadanía", declaró en aquel momento.
Previo a su renuncia, Ramírez Saldaña era cuestionado por el incremento de delitos en León, como el homicidio, que de 2015 a 2018 registró un aumento del 138%, según cifras oficiales. Luego de dimitir fue señalado por encubrir casos de nepotismo, y acusado de no haber dado suficientes resultados en el cargo.
En Aguascalientes, el ex funcionario leonense percibe un sueldo bruto mensual de 68 mil 171 pesos por tareas que van desde controlar la generación de estadísticas de seguridad en la entidad, hasta evaluar el cumplimiento de las políticas, estrategias y acciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, así como fortalecer y hacer más eficientes los mecanismos de coordinación, asuntos en los que fue cuestionado en su anterior trabajo.
Ramírez Saldaña también está encargado de vigilar el ejercicio de recursos federales en la materia, e implementar y ejecutar en el Estado los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Seguridad y el Secretariado Ejecutivo Federal.
Tras su salida de la policía de León, el entonces alcalde panista Héctor López Santillana anunció como encargado de despacho a Benjamín Gallo Carrillo, un abogado que de 2015 a 2018 fue director de Asuntos Internos de la secretaría dirigida por Ramírez Saldaña.
En 2021, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (PDHEG) emitió un informe en el que señaló que Gallo Carrillo y otros mandos de la corporación ocultaron evidencias de un episodio de violencia a manos de policías de León en contra de mujeres manifestantes y periodistas, ocurrido en agosto de 2020.
De acuerdo con información de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), Gallo Carrillo, de afiliación panista con militancia en Guanajuato, también ha sido contratado por el gobierno aguascalentense, a través de Ramírez Saldaña, su antiguo jefe.
De mediados de enero a finales de abril de 2023, fue contratado para el “Programa de seguimiento y evaluación de los programas de prioridad nacional y fortalecimiento al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública”. El pago total de sus honorarios por esos servicios fue de 60 mil pesos.
León guarda otra similitud con un personaje relevante en Aguascalientes. En 2022, el Congreso de Guanajuato negó realizar auditorías financieras a cinco municipios de ese estado –gobernados por el PAN– en donde había sospechas de malos manejos de recursos públicos, entre ellos León, gobernado por López Santillana, y San Miguel de Allende, entonces dirigido por Luis Alberto Villarreal, esposo de la gobernadora Teresa Jiménez.
Otro personaje traído desde Guanajuato es José Antonio Orta Álvarez, titular de la recién creada Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC), quien pasó de ganar 41 mil 602 pesos mensuales como “asesor B” en el Congreso de aquél estado, a percibir un sueldo bruto mensual de 110 mil 726 pesos como oficial mayor en la Fiscalía aguascalentense.
De acuerdo con su currículum, en 2003 Orta Álvarez fue supervisor de calidad en el Instituto Electoral de Guanajuato. De 2013 a 2015 fue director en una Secretaría de Seguridad, sin que se especifique qué área y en qué entidad.
Mientras que de acuerdo con información de transparencia y una recomendación de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, entre 2015 y 2016 fue director del Centro de Internación para Adolescentes de ese estado, donde lo acusaron de lesiones tras golpear a un menor de edad con un tolete:
“...llegó el Licenciado Orta y sin mediar palabra me comenzó a golpear en mi hombro derecho con un tolete y recuerdo que me decía “Me las vas a pagar, hijo de tu puta madre, estoy a punto de perder mi trabajo”, a consecuencia de esos golpes se me astilló o dislocó la clavícula del lado derecho, así mismo como me caí por los golpes, también me tiró patadas y me fracturó la nariz, por esta situación me llevaron a mi celda…”, señala el testimonio contenido en el documento.
Por esa y otras agresiones contra los adolescentes recluidos, la Procuraduría emitió diversas recomendaciones, entre ellas una por la actuación de Orta Álvarez:
En 2016 también ostentó un cargo como especialista jurídico en la Dirección General de apoyo a la función edilicia en el municipio de León, un órgano encargado de acompañar administrativamente las tareas del Cabildo, donde permaneció hasta 2018.
Más tarde, en 2020, ostentó el cargo de director de Servicios de Seguridad Privada en la Policía del mismo municipio, y en 2022 cobraba como asesor legislativo en el Congreso guanajuatense.
Y aunque su trabajo en ese estado no es muy conocido –y tampoco sus resultados–, en Aguascalientes ocupa uno de los puestos con mayores facultades para la investigación de todos los delitos, una tarea para la que, según su currículum, no tiene suficiente experiencia.
A la Agencia de Investigación Criminal –que fue creada junto con una serie de reformas a la administración pública estatal aprobadas en fast track por el Congreso del estado al inicio de la administración de la gobernadora Teresa Jiménez–, pertenecen las áreas clave para la investigación de todos los delitos, como la Comisaría General de la Policía de Investigación, el departamento de Investigación Pericial y el de Análisis de Información, por lo que las vice fiscalías deben acudir a Orta Álvarez para hacer las pesquisas.
Además, señala información de la Plataforma Nacional de Transparencia, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto también pertenece a la Agencia de Investigación Criminal.
Las facultades del cargo que ostenta Orta Álvarez han sido cuestionadas por presuntamente invadir las funciones del propio fiscal general.
Al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal está Manuel Alonso García, que por unos meses, al inicio de la administración estatal, fue el primer titular de la Agencia Estatal de Investigación Criminal en Aguascalientes. Su nombramiento prendió las alertas sobre la invasión del Ejecutivo a la autonomía de la Fiscalía estatal, pues fue nombrado por la propia gobernadora.
A finales de 2022 reemplazó al entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Porfirio Sánchez Mendoza, quien murió en un trágico accidente aéreo que aún no se ha esclarecido.
De acuerdo con fuentes consultadas para este reportaje, Manuel Alonso podría convertirse en el próximo fiscal estatal. La recién –y muy criticada– reforma al Poder Judicial empujada desde la administración de Teresa Jiménez eliminó el requisito de no haber sido secretario de estado para obtener ese puesto, lo que permitiría que el secretario de seguridad contienda para convertirse en fiscal en febrero de 2024, lo que pondrá –aún más– en duda la autonomía de esa institución.
Antes de convertirse en funcionario de primer nivel, en 2021, el actual secretario fue director del Estado Mayor en el Municipio Capital, donde cobraba 58 mil 506 seis pesos mensuales brutos.
Como titular de la SSPE actualmente gana 186 mil 574 pesos mensuales brutos.
La mayor parte de su trayectoria laboral ocurrió en Puebla, de donde es originario y en donde fue dos veces Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (2010 y 2017), y titular de Seguridad Pública del Estado durante el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido.
El exgobernador de aquél estado, Miguel Barbosa, lo acusó de formar parte de “la hermandad”, un grupo de policías acusados de brindar protección a delincuentes, asunto que él siempre ha rechazado.
Y al frente del principal brazo tecnológico de la corporación estatal, el Centro Estatal de Coordinación, Comando, Comunicación y Cómputo: Seguridad-Inteligencia-Tecnología (C5-SITEC), está Michele Olmos Álvarez, que en sus redes sociales se presenta como “digital manager, bloguera, colaboradora de tecnología en radio y tv; enviciada con las redes sociales”, y quien también tiene sus antecedentes laborales en Puebla.
La especialidad de la encargada de las cámaras de seguridad en el estado y principal auxiliar en casos de emergencia e investigación de todos los delitos, son más bien las redes sociales. Sin embargo, ni la Ley estatal de Seguridad Pública, ni su reglamento interno, contienen ninguna especificación sobre el perfil del puesto que ocupa Olmos.
El diputado local Cuauhtémoc Escobedo Tejada, integrante de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso, reconoce que se trata de un vacío legal.
La directora del C5 estudió Ciencias de la Comunicación y tiene una maestría en Relaciones Públicas –sin que se detalle en qué institución académica–, y de acuerdo con el currículum disponible en la información pública de la SSPE nunca antes había tenido un cargo público relacionado con tareas de seguridad, videovigilancia, labores de inteligencia preventiva o atención de emergencias, que son algunas de sus actuales funciones.
En el documento se indica que entre 2021 y 2022 fue coordinadora nacional de seguridad digital global GAS 2, sin detallar en qué institución o empresa, y qué funciones desempeñó en ese cargo. Tampoco hay registros de capacitaciones o cursos que haya tomado en la materia.
De 2015 a 2016, Olmos Álvarez fue directora general de redes sociales de la Coordinación General de Comunicación, Difusión y Promoción del Gobierno de Puebla. Mientras que de 2013 a 2015 tuvo el mismo cargo en un organismo descentralizado del gobierno llamado Comunicaciones Puebla, adscrito a la Secretaría estatal de Educación.
Su sueldo no está disponible, pues la SSPE no ha publicado esa información en el primer semestre de 2023.
De acuerdo con sus propias redes sociales, Manuel Alonso y Michelle Olmos son pareja, lo que podría constituir un caso de nepotismo, pues de acuerdo con la ley, Olmos fue designada directamente por el secretario de seguridad pública.
7 de agosto de 2023, 14:56
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