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Política cultural de Aguascalientes se convierte en feudo perredista; despiden a artistas disidentes
En manos de aliados de la gobernadora Teresa Jiménez, la Universidad de las Artes despide a docentes disidentes y el Instituto de Cultura destina recursos a espectáculos de corte proselitista además de censurar a artistas.
En un patio pequeño, unas veinte personas rodean, de pie, a una fogata donde se derrite un vaso amarillo y unos cuántos papeles. Juan Vizcaíno, ex docente de la Universidad de las Artes (Uartes), donde laboró desde 2010, habla en voz alta sobre el poder y el contrapoder. Vizcaíno y otros dos docentes fueron despedidos de la escuela a finales de 2023. Todos tienen algo en común: habían expresado su descontento por la partidización de la universidad, las malas políticas culturales, el control político y la falta de diálogo en el Instituto Cultural, dominado por el PRD.
“Ese (vaso) es amarillo porque es del PRD, es un regalo que me hicieron cuando llegó la administración. Y ese es un cartel que me hicieron, una campaña de difamación que viví en la escuela, y a consecuencia de la cual nos sacaron. A algunos y a otros nos han desplazado”, dice Vizcaíno, que ese día inaugura la exposición “Pictografismos de contrapoder”, en la galería La Morgue.

El PRD es parte de la alianza que junto con el PRI y el PAN, llevaron a la gobernadora Teresa Jiménez –de afiliación panista– a ganar ese puesto en las elecciones de 2022. En el reparto de puestos políticos, las actividades culturales le fueron entregadas a los perredistas, a través de Alejandro Vázquez Zúñiga, actual titular del Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA).
En los últimos meses, el Instituto ha sido criticado por parte de la comunidad artística local. A Vázquez Zúñiga le reprochan poca apertura a la crítica, eventos precarizados, como la última feria del libro. La política cultural, apuntan las críticas, se ha convertido en un espectáculo.
Al interior, grupos como la Orquesta Sinfónica del estado, han expresado su rechazo ante decisiones de la actual administración.
También le reprochan que el PRD utilice espacios del sector cultural para favorecer a familiares, o para acomodar a personas cercanas y sin experiencia, como Adrián Alfonso Ruiz Romo, un abogado y militante de ese partido que pese a no tener experiencia en el ámbito educativo, es rector de la Uartes, universidad que es coordinada por el ICA.
Las críticas derivaron en una protesta que se materializó en septiembre del año pasado, cuando Vizcaíno y docentes de la universidad se manifestaron al interior del ICA. Tres meses después, sin ninguna explicación, a algunos no se les renovó el contrato, mientras que otros fueron desplazados.
Entre otras cosas, los docentes se quejaron de la falta de prestaciones laborales para vivienda y salud, de salarios insuficientes –ganan 120 pesos por hora frente a grupo– y de falta de registro de antigüedad y por ende, de prestaciones, debido a que sus contratos se renuevan cada semestre.
Mientras eso sucede, el ICA financia eventos proselitistas de gobierno no relacionados con el arte y la cultura, como el primer informe de la gobernadora.
La protesta provocó tensión al interior de la Uartes: personas que fueron colocadas por el PRD y que ocupan cargos clave para el desarrollo académico, limitaron la comunicación con las y los docentes disidentes.
“La relación era claramente hostil. A raíz de la manifestación hubo varias problemáticas con la administración. Empezaron a desarrollar algunas acciones que les permitieran mantener mayor control de la escuela. Nosotros lo empezamos a notar con comentarios en el ámbito académico, particularmente de los consejos técnicos. Quisimos, de alguna manera, replegarnos a las instancias más académicas para proteger al trabajo y a la escuela y evitar al menos que de forma arbitraria se tomaran decisiones sin tomar en cuenta la organización de la escuela y la participación colectiva”, explican docentes.
De acuerdo con el estatuto orgánico del ICA, la universidad es autónoma. Sus docentes y estudiantes pueden decidir cómo conducir las actividades de docencia, investigación y extensión social, además de la proposición de sus planes y programas de estudio, sus estatutos y reglamentos, y la selección de su personal, incluyendo el administrativo.
También pueden disponer de sus recursos, como los que obtienen de la cuota que pagan mensualmente las y los estudiantes.
Sin embargo, los vacíos legales que existen en la conducción de la Uartes hacen compleja su administración. Para este texto, en la normativa del Gobierno Estatal no se encontró ningún reglamento relacionado con la universidad, institución que en su página oficial tampoco tiene disponible algún documento normativo.

Los cambios académicos, explican docentes, son decisiones que se consensúan al interior del Consejo Técnico Universitario, que es uno de los tres órganos de gobierno de la Uartes, junto con la dirección del ICA y la de la propia universidad. A ese consejo pertenecieron algunos docentes de los recién despedidos.
A finales del año pasado, y sin que se ofrecieran explicaciones, el Consejo –de once integrantes– fue renovado en un 90 por ciento, sin el consenso de la comunidad universitaria.
“Organizaron el cambio como para ya no tener ningún tipo de restricción ni de freno. Fue algo elaborado para dividir a los mismos docentes y que algunos participen en las acciones, manifestaciones, y otros se abstengan porque saben que hay consecuencias”, dicen ex integrantes.
Censura y persecución
Antes de despedirlo de su trabajo como docente de base desde 2017, Juan Vizcaíno fue atacado al interior de la universidad. Por la escuela circularon folletos con información que lo difamaba, mientras que las autoridades educativas intentaron levantar actas administrativas en su contra.
“Esa campaña sí me afectó, me dejaron de saludar estudiantes. Realmente sí hubo un daño a la imagen, pues. Y a la par hubo persecución legal. Me metieron dos actas administrativas, una no procedió. Me echaron a los abogados. Yo les dije que si me querían despedir, lo hicieran ya, que no le dieran vueltas”, narra Vizcaíno, y anuncia que se defenderá en tribunales.
A otros profesores, como Leonardo Martínez, ex coordinador académico de Divergencias y Escultura y Rolando López Ramírez, profesor del área de Divergencias y de la Maestría de Arte Contemporáneo –ambos con más de dos décadas de relación con la Uartes– les enviaron un correo para avisarles que no les renovarían el contrato.
“El nuevo consejo había decidido que nuestros perfiles no eran los más adecuados para dar la materia y que había otros perfiles. Dijeron que no coincidía (nuestro trabajo) con la revisión que se hizo para el nuevo plan de trabajo de la universidad”, explican ambos.
Ese plan de trabajo no es público.
A Israel Martínez, docente en las materias de Multimedia y Danza Contemporánea, lo dieron de baja antes, en julio de 2023. La razón que le dieron a Martínez, que tenía cinco años al frente de grupos, fue que el director consideraba que era “inestable emocionalmente”.
En diferentes momentos, los cuatro habían cuestionado la política partidista en la escuela, algunas decisiones tomadas por la dirección y la falta de prestaciones. También habían sido presionados para eliminar representaciones artísticas que incluyeran cualquier tipo de crítica hacia el estado, el gobierno o los partidos en el poder.
“Yo era coordinador y la agresión fuerte para mí fue que cuando se ejecutó un mural, el director me pidió que Juan no pusiera la frase de ‘no somos gente buena’. Entonces yo le decía que no lo iba a hacer porque era su mural (de Juan) y su propuesta. Y cuando Juan hizo la acción de la inauguración, (el director) me habló muy violento, muy enojado. Me dijo que cómo permitía que los profesores hicieran eso, ahí supe que estaban muy incómodos con el trabajo de docentes como Rolando y Juan”, explica Leonardo Martínez.
Su salida como coordinador de la Licenciatura de Artes Visuales para, presuntamente, acomodar a un cuadro panista, fue uno de los detonantes de la protesta ocurrida en septiembre pasado.
“Ya sucedía en otros gobiernos, pero la violencia a partir de esta nueva administración se hizo más evidente, la censura también. Para mí era inadmisible y es una situación ética, porque entonces acercarme con los chicos en aquel momento, cuando sucedió lo de Juan, era difícil. No puedo hablarles de arte contemporáneo, no puedo tener esa responsabilidad sin asumir que esto está sucediendo y no decir ¡ah!. Implicaba un ejercicio educativo siendo real, es decir, yo no puedo echarles mentiras porque yo mismo estaría cavando mi propia tumba. Fue mucha censura desde un espacio que se asume como educativo y divergente”, añade Rolando López Ramírez, que el año pasado realizó un acto performático que incluyó una crítica hacia Fico 13, un fideicomiso estatal al que pertenecen las instalaciones de la universidad.
Lo que sucede al interior de la Uartes, dicen los docentes, es síntoma de que la cultura en el ámbito local se ha capitalizado como un recurso partidista.
“Un recurso a utilizar muy claro, muy conciso. De manera paralela, la Licenciatura en Artes Visuales se ha ido profesionalizando, como se quiso desde que se inició, y esa profesionalización implicaba, creo yo, de forma muy puntual el pensamiento crítico, como está en el plan de estudios, ese es nuestro trabajo. Por lo tanto creo que esa ruta paralela que el estado ha elegido para pensar la cultura, ha sido para ver cómo se explota desde la lógica del partidismo. Pero también pienso en que es una gran ingenuidad la de no comprender el campo del arte, y por lo tanto no comprender lo que sus artistas en este momento hacen o desarrollan”, dice López Ramírez.
Vizcaíno añade que “es muy amenazante en términos de que es unilateral. La producción cultural se va a encargar de levantarle a Gobierno del Estado esta campaña que están trabajando desde hace muchos años con Tere (la gobernadora), y es pura cultura del espectáculo, es puro entretenimiento cultural, es un Disneylandia. Lo que nos están pidiendo es eso”.
“La postura política que tenemos no es del mismo talante de la política partidista, el nosotros posicionarnos como agentes creativos, como docentes, es la cuestión política hacia lo social, es aquella en la cual se respete mi ejercicio profesional, mi práctica creativa, y que yo pueda tener esa agencia también en los discursos que están en el arte, y si eso incluye pintar, hacer algo que tenga que ver con la temática de la agresión, de la violencia, de los partidos, estoy en mi derecho a ejercerla. Estamos haciendo valer nuestro derecho básico de estar vivos”, agrega Leonardo Martínez.
“Estamos frente a un terrorismo ideológico rapaz. Estamos viendo que golpean a las chicas el 8 de marzo, que tiran al secretario de seguridad, que asesinan al activista de Guerrero en el Museo Descubre, que asesinan a le magistrade, que corren a los profesores, o sea, está de colección, es puro terrorismo ideológico. Cualquier movimiento que se sale de la línea va a ser sometido, perseguido, asesinado. O sea, a este nivel estamos, no es una cosa menor”.
Un Instituto cuestionado
Hasta ahora, Vázquez Zúñiga, el titular del ICA, no ha respondido a las quejas de la comunidad artística, y tampoco les ha dado solución, lo que ha sumado a la inconformidad al interior del Instituto.
Poplab ha tenido contacto con algunas personas trabajadoras del ICA, quienes coinciden en que uno de los principales problemas es el ingreso de personas sin experiencia, pero cercanos o militantes del PRD, como directivos culturales.
Eso ha provocado no sólo la molestia de las y los trabajadores, sino la pérdida de calidad en los proyectos culturales.
“La mayoría de las personas que comenzaron a llegar no tienen el perfil del puesto que se les asignó, pero tienen en común la afiliación al partido y que son conocidos. Las dinámicas de integración a los equipos de trabajo fueron abruptas, con un discurso de apertura, juicio severo de los proyectos que se estaban realizando y sobre todo un lenguaje al que no estaba acostumbrada, era como de ‘amiguismo’, rayando en la línea de la falta de respeto, comentarios homofóbicos, racistas, clasistas y machistas. Durante mucho tiempo desde que inició esta administración le dediqué tiempo a corregir a mi coordinador, incluso pedirle que no hiciera comentarios en público de esa índole, ya que somos servidores públicos”, narró una fuente.
Para este texto se solicitó entrevista con Vázquez Zúñiga, pero la respuesta fue negativa. También lo ha sido en otras ocasiones, como cuando se reveló que el estado pagó para convertirse en la “Capital Americana de la Cultura”, un proyecto publicitario que no tuvo ningún impacto en el sector cultural de la entidad.
Al término de la exposición en la galería La Morgue, a la que asistieron activistas, artistas e integrantes del sector cultural, Vizcaíno habló no sólo sobre la dominación, sino también sobre la capacidad de imaginar otros mundos.

“Estas son las posibilidades de existencia que tenemos. Responder a estas determinaciones, a las situaciones estructurales, a las persecuciones, a los sometimientos, a la opresión, a la represión. Son cosas que suceden cuando se acumula el dominio, cuando se acumula el capital, los recursos. Lo que estamos tratando de hacer aquí, creo, es construir esta capacidad imaginante que nos lleva al consenso”, dijo a las y los asistentes.
24 de enero de 2024, 13:00
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