Este jueves, durante la sesión ordinaria del Congreso de Aguascalientes, se designaron a militantes y funcionarios de los gobiernos panistas –el partido que controla al estado–, como nuevos magistrados del Tribunal Administrativo, órgano encargado de dirimir controversias de ciudadanos contra autoridades y de sancionar faltas de servidores públicos.

Con las designaciones, el gobierno estatal de la panista Teresa Jiménez Esquivel se blinda con impartidores de justicia cercanos al poder y protege de investigaciones a otras administraciones de su partido, como la de la capital, gobernada por Leonardo Montañez Castro, integrante de su grupo político.

Los nombramientos fueron aprobados a través de voto secreto y sin debate alguno por el Congreso.

El único en posicionarse en contra fue Juan Carlos Regalado, legislador por Morena, además de otros dos legisladores que dieron un voto nulo.

“Es completamente inadmisible que no tengamos claro que nuestra función como Poder Legislativo es justamente ser un equilibrio entre los tres poderes. Solamente decir que mi voto será en contra porque no estoy de acuerdo con que se de un poder absoluto a uno solo de los poderes”, dijo en la Tribuna. Luego se retiró de la sesión.

El resto de sus compañeras y compañeros de bancada, segunda fuerza política en el Legislativo, no emitieron ningún posicionamiento.

Voto por método de insaculación en el Congreso Estatal.

En la magistratura de mayor periodo, por siete años, fue designado Jaime Beltrán, uno de los hombres más cercanos a la gobernadora y quien la acompañó durante sus gobiernos municipales como secretario del Ayuntamiento.

En un Congreso repleto de panistas, el funcionario fue designado con 25 votos de los 27 legisladores y legisladoras. Los aplausos y abrazos no esperaron.

Beltrán se ha negado a responder por casos que involucran acusaciones de corrupción contra Jiménez y está casado con Paloma Amézquita, secretaria general del PAN en Aguascalientes, quien, en agosto, llamó a quemar los libros de texto enviados por el Gobierno Federal.

Amézquita también es conocida por ser cercana a uno de los grupos conservadores más conocidos en la entidad: el Frente por la Familia.

“No hay un impedimento respecto a la militancia que pueda tener cualquiera o cada uno de los que hemos sido electos. Me parece que los cinco que hemos sido electos tenemos nuestra trayectoria”, declaró para PopLab el aún secretario del Ayuntamiento en la capital aguascalentense.

-¿Cómo vas a garantizar tu imparcialidad cuando tengas que resolver algún asunto que tenga que ver con tu grupo político?

-Me parece que mi trayectoria habla por sí misma. He sido tres veces secretario del Ayuntamiento. Eso es histórico. El Cabildo me ha ratificado y ahí hay varias fuerzas políticas.

-Pero perteneces al grupo político de la gobernadora, ¿no?

-Sí, al día de hoy, sí, por supuesto. Ella me dio la oportunidad de ser parte de su Ayuntamiento, me nombró como secretario, luego me ratificó para un segundo periodo y bueno, Leo Montañez también tuvo a bien ratificarme.

El Cabildo de la capital ha mantenido mayoría panista ininterrumpida desde 2014.

Además de Beltrán, fueron designados otros tres magistrados y una magistrada. Todos cercanos al PAN y a sus gobiernos. Las designaciones se realizaron para que los cargos sean de forma escalonada.

Militantes y cercanos al Partido Accional Nacional designados como nuevos magistrados administrativos.

En una de las magistraturas que tendrán una duración de cuatro años está David Ángeles Castañeda, un hombre que milita en el PAN desde 1998 y ha sido funcionario en diversas administraciones públicas, además de diputado local de 2004 a 2007.

Hasta este jueves, el panista se desempeñaba como Director de Reglamentos en el Municipio Capital.

Padrón de militantes del Partido Acción Nacional (PAN).

Para el mismo periodo se designó a María Guadalupe Gallegos León, una abogada por la Universidad Galilea que en 2021 fue directora de Prevención de las Violencias y la Delincuencia en el Municipio de Aguascalientes.

Después, en octubre de 2022, al inicio de la administración de Jiménez, fue nombrada como procuradora de Protección de Derechos de niñas, niños y adolescentes en el DIF Estatal, a cargo de Aurora Jiménez Esquivel, hermana de la gobernadora.

Mientras que para el periodo de tres años fueron designados Marcos Javier Tachiquín Ruvalcaba, quien se desempeñaba como comisionado presidente del Instituto Estatal de Transparencia (ITEA) y Norma Morquecho Damasco.

En 2009, Tachiquín Ruvalcaba fungió como representante suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo Local del Instituto Federal Electoral en Aguascalientes, y militaba en ese partido desde 2003.

Actualmente su nombre ya no se encuentra en el padrón del PAN, pero es considerado como un cuadro cercano al exgobernador Martín Orozco Sandoval, quien le abrió la puerta para ingresar al órgano de transparencia estatal, donde los otros dos comisionados también son panistas.

Por su parte, Norma Morquecho Damasco es militante de Acción Nacional desde 2014 y se desempeñaba como jefa del Departamento de Implementación de Programas Preventivos de la Secretaría de Administración en el Municipio Capital.

Padrón de militantes del Partido Acción Nacional (PAN).

De acuerdo con información de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), antes, en 2017, Morquecho Damasco fue Directora del Centro de Reinserción Social para Mujeres.

Los cinco nuevos magistrados podrán reelegirse por un periodo más de 7 años.

El Tribunal Administrativo fue creado a finales de julio para sustituir a la Sala Administrativa.

El cambio provino de una profunda reforma al Poder Judicial que la gobernadora envió al Congreso y que fue tachada como injerencista, pues entre otras cosas eliminó los procesos abiertos y exámenes de oposición que realizaba el Consejo de la Judicatura para la elección de jueces y magistrados.

La reforma, que fue aprobada en fast track por el Congreso, es vista como un atentado al equilibrio de los poderes políticos en la entidad, pues permitió a Jiménez proponer al Congreso, y con discrecionalidad, nueve ternas: cuatro para el Supremo Tribunal de Justicia y cinco para el Tribunal Administrativo.

El hecho ha desatado controversias constitucionales que se encuentran siendo analizadas por los tribunales.

¿Quiénes son las nuevas magistradas del Supremo Tribunal de Justicia?

Durante la sesión del Congreso, las y los diputados también designaron, sin debate alguno, a cuatro nuevas magistradas del Supremo Tribunal de Justicia para un periodo de tres años, con la posibilidad de reelegirse por siete años más.

De entre las cuatro ternas se designó a Juana Patricia Escalante Jiménez, Janett Romo Zaragoza, Martha Elba Dávila Pérez y Ana Luisa Rea Lugo.

Toma de protesta de las nuevas magistradas del Supremo Tribunal de Justicia.

De acuerdo con su currículum disponible en transparencia, Rea Lugo, designada con 23 votos a favor y tres nulos, fue secretaria de acuerdos de 2000 a 2007, año en el que se convirtió en jueza del Juzgado Mixto de Calvillo.

A partir de entonces se ha desempeñado como jueza y secretaria de acuerdos en diversos juzgados. Su actual cargo es como jueza del Juzgado Segundo Penal, donde está radicada la causa judicial en contra del ex gobernador Martín Orozco Sandoval, acusado de tráfico de influencias y ejercicio indebido del servicio público.

Juana Patricia Escalante Jiménez, elegida por 23 votos, también tiene una larga trayectoria en el Poder Judicial. Fue secretaria de acuerdos de 1990 a 1998, para luego convertirse en jueza del Juzgado Quinto Civil. Desde entonces ha sido jueza en diversos juzgados.

Desde 2022 es jueza del Tercero Mercantil, y en el pasado había competido, sin lograrlo, para convertirse en magistrada.

Por su parte, Janett Romo Zaragoza, fue secretaria de acuerdos de 1994 a 2012, cuando ocupó el cargo de jueza del Primero Familiar, puesto al que regresó en 2022 –después de pasar por diferentes juzgados– y en el que actualmente se desempeña.

El año pasado, Romo Zaragoza fue finalista en el examen aplicado por el Consejo de la Judicatura para ocupar el cargo de magistrada.

Mientras que Martha Elba Dávila Pérez, designada por 24 votos y dos nulos, es doctora en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid y en 2023 ocupaba el cargo de secretaria de acuerdos de la Sala Regional B del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

En diciembre de 2021, Dávila Pérez compitió para convertirse en presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHA), puesto para el que no obtuvo los suficientes votos en el Congreso Estatal.