* Con información de Edith Dominguez, Martha Silva y Carmen Pizano

A un año de su entronizamiento como primer fiscal general autónomo del estado de Guanajuato, el ex procurador Carlos Zamarripa Aguirre quien está por cumplir 11 años al frente de la institución persecutora de delitos, enfrenta una grave crisis de credibilidad y de cuestionamientos por su baja eficiencia, la hosca respuesta a las víctimas de delitos y hasta acusaciones de violentar la ley.

El huracán de señalamientos, que se suman a los que no han amainado por su ratificación en 2018 por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez y su designación como primer fiscal en 2019, ha obligado a Zamarripa a dar la cara, hacer anuncios de capturas masivas que de todos modos no detienen la ola de violencia y hasta a reunirse con colectivos de víctimas para aceptar las omisiones de sus colaboradores.

No es para menos, la actitud de los fiscales regionales y agentes del ministerio público con los familiares de las víctimas de desaparición forzada ya motivó un rosario de quejas ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado, una instancia más bien tibia que no se ha erigido en contrapeso ante las desviaciones de la Fiscalía.

Foto: FGR

Por si algo faltara, la ex alcaldesa de León Bárbara Botello, la única priista que ha gobernado ese municipio en los últimos 30 años, denunció a la Fiscalía por violaciones a la ley de Amparo y se quejó de que Carlos Zamarripa encabeza una persecución política en su contra que no cesa.

Además, en las últimas semanas, el titular de la FGE ha acumulado otros señalamientos, como por haber permitido la fuga del menor de edad Juan "N", presunto responsable de la muerte de cuatro adolescentes en Cuerámaro que fueron arrolladas de manera dolosa.

Ha fallado retroalimentación de informacion, reconoce el Fiscal

Los padres, hermanos, familiares de los hoy ausentes mostraron al Fiscal General Carlos Zamarripa relatos de la revictimización, omisiones, falta de interés de los agentes de la Fiscalía en buscar a los “presentes”, ahí Zamarripa Aguirre lamentó los maltratos de su personal, dijo que dio instrucciones para que no se repitan, sin especificar más.

Por primera vez, a decir de algunos presentes, Zamarripa se acercó a los familiares al reconocer una deuda en la retroalimentación de información con los guanajuatenses desaparecidos y sus familias, “yo reconozco que estamos haciendo un gran esfuerzo a nivel institucional para poder estar encontrando a cada una de las personas que son denunciadas”. Sin embargo, este reconocimiento de fallas no lo habría hecho en público.

La exigencia de las familias fue clara, no más victimización, “esperamos hechos”. Pidieron trabajar hombro con hombro con autoridades para localizar con vida a los ausentes, y que estos “regresen a casa en el menor tiempo, (que haya) justicia, que cese la crisis de agonía que nos tienen en estado de desesperación, que (los agentes) hagan su trabajo”.

Por su parte, las autoridades se comprometieron hacer tres mesas de trabajo: de legislación, búsqueda e investigación y atención a víctimas, donde estén todas las dependencias gubernamentales.

Por fin, escuchados. Foto: Edith Domínguez.

La Fiscalía dijo que incrementarán en 30 funcionarios la plantilla de Subfiscalía de Desaparecidos, darán prioridad a las pruebas de genética por las fosas que se han encontrado aunque no han sido reconocidas como tales. La última información publicada al 31 de diciembre, en los últimos 5 años se estiman 50 cuerpos localizados en estos lugares.

El asesor del colectivo, el académico y periodista Fabrizio Laurosso, dijo que según datos de Transparencia, de 2012 a 2019 en el estado, de más de 16 mil personas desaparecidas, el 93% ha sido localizada, ello habla que “al 31 de diciembre, (habría) mil 34 personas desaparecidas, pero falta (contabilizar) la cifra negra, se estiman más”; sumando a que el registro anterior hasta el año 2012 no se sabe qué pasó con esos casos. Dijo también que las cifras son necesarias para dimensionar el problema y ayuda a tejer patrones.

Alto Comisionado de la ONU recomiendó acciones inmediatas

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) a través de su representante Denisse González Núñez recomendó opere de forma inmediata la Comisión Estatal de Búsqueda, que la Fiscalía General de Guanajuato presente un plan de investigación para los agentes del ministerio público y policías ministeriales que hayan tenido omisiones u otras quejas para evitar revictimización y comenzar un “nuevo camino hacia el encuentro de los desaparecidos”.

La ACNUDH solicitó se generen las condiciones de seguridad para los familiares que han recibido amenazas al visitar las instalaciones de Fiscalía y ofreció ayuda en la creación de la Ley Estatal de Personas Desaparecidas, además de colaborar en las mesas de trabajo donde lo requieran.

La plana mayor de gobierno del estado. Foto: Edith Domínguez

Tras la reunión de este jueves en Irapuato, José Gutiérrez, represente de colectivo A Tu Encuentro, confirmó que la ONU identificó disfunciones serias, la existencia de un vacío institucional y recomendó atender a las víctimas y localizar a los desaparecidos; destacó que Luis Ernesto Ayala Torres, secretario de Gobierno, se comprometió a que de ser necesario se hará por decreto la Comisión de Búsqueda.

Botello denuncia "persecución política" del PAN y del fiscal

Bárbara Botello Santibáñez, ex presidenta municipal de León, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la violacion de una orden judicial federal, además, públicamente denunció ser víctima de persecución política. En rueda de prensa este miércoles, acusó al gobierno panista (encabezado por Diego Sinhue Rodríguez) de actuar con misoginia en su caso y de "judicializar la política". Advirtió: "Si algo me pasa a mí o a mi familia, responsabilizo (al fiscal) Carlos Zamarripa y al gobierno de Guanajuato".

La licenciada presentó a través de sus abogados, una denuncia ante la FGR por el delito de violación a un auto de suspensión definitivo (de orden de aprehensión por el delito de peculado, al presuntamente contratar empresas fantasma por 1.5 millones de pesos durante su administración). Dicha suspensión fue concedida dentro de la serie de amparos promovidos por Botello en el transcurso de su defensa. Además, dio a conocer que hay otra carpeta de investigación por el delito de tortura, por el operativo que culminó con su captura, en mayo del año pasado.

El abogado Alejandro Ochoa describió cómo se realizó la captura de su clienta, omitiendo los protocolos básicos, como es que los agentes se identifiquen como autoridad, se aseguren de la identidad de la persona y muestren la orden de aprehensión. Como nada de esto ocurrió, Bárbara confesó que pensó que era un secuestro.

Las autoridades responsables en la denuncia de Botello son las señaladas en dicho juicio de amparo: el fiscal estatal anticorrupción y el asesor de la entonces Procuraduría General de Justicia del estado, de quienes al momento no se especificó el nombre.

Por su parte, Bárbara Botello dio lectura a un posicionamiento donde recordó cómo fue detenida por agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, que actuaron "con lujo de prepotencia y brutalidad", "apartados totalmente de la legalidad", por lo que hay una denuncia "contra quien resulte responsable" por tortura, malos tratos, vejaciones, y/o violación a garantías individuales, además de la carpeta por violación al auto de suspensión definitiva.

" En Guanajuato, el Estado de Derecho es vulnerado por un gobierno totalitario, que aplica la justicia selectiva, que persigue a sus enemigos políticos y que deja impunes a los delincuentes", lamentó, y mencionó que esa "obsesión y saña" con que es objeto de persecución, "son dignos de mejores causas, como el combate a la inseguridad" que asola en estos días a Guanajuato.

Posteriormente, respondió a las preguntas de la prensa, dijo por ejemplo, que esperó "estar tranquila" para luego presentar la denuncia, aunque reconoció que durante estos meses ha sido "amenazada" de diferentes formas, pasado por situaciones "vergonzosas" aunque no especificó cuales, sabiendo también que sus acusadores, Carlos Zamarripa y Diego Sinhue, titulares de la Fiscalía y del Gobierno del Estado, podrían "activar" alguna de las 39 demandas promovidas, solo como castigo por atreverse ella a hacer esta denuncia pública. También responsabilizó a ambas autoridades de lo que pueda pasarle a ella o a su familia.

Durante la conferencia de prensa, Bárbara aceptó que hubo un pacto de silencio, se reservó con quién, para "bajar" sus redes sociales y dejar de cuestionar lo que llamó "gobierno autoritario", pacto que se ha roto, por lo que teme por su seguridad y de su familia.

Familias de desaparecidos también denuncian al fiscal

La Fiscalía General de Guanajuato tendrá que responder a las 15 quejas que presentaron el miércoles familiares de personas que han desaparecido en Guanajuato bajo los ojos electrónicos de las miles de cámaras de videovigilancia y la tecnología del Proyecto Escudo, para el que se destinaron 2 mil 700 millones de pesos, que hasta hoy no han demostrado su valor ante la sociedad.

Entrevistado previo a su encuentro de este jueves, José Gutiérrez, titular del colectivo “A Tu Encuentro”, detalló las 15 quejas que presentaron: una es contra la subfiscal región Irapuato Claudia Mota, dos contra la subfiscalía de Celaya y las 13 restantes en contra los ministerios públicos y policías ministeriales de la Fiscalía General y porque en “todas” hay un desaseo en su integración e investigación.

“Las quejas se hicieron en general, excepto una, se hizo en contra de la Fiscalía y en contra de la fiscal regional Claudia Mota por el trato que le dio a una de las familias y la información”, en un caso que implicó la desaparición dos jóvenes y al día siguiente que los familiares presentaron denuncia uno fue localizado muerto, y sin pruebas y evidencia científica la funcionaria les dijo que “probablemente su hijo se escapó porque tuvo algo que ver en el asesinato de este muchacho y a lo mejor está es la línea de investigación”.

“Dos quejas (se presentaron) porque siguen renuentes a entregarnos algunas carpetas, tenemos una cita pendiente en Celaya porque tenemos más de dos meses que solicitamos carpetas y no nos las han entregado”.

Siguió: “las 13 son de la revisión a las carpetas (entregadas), la falta de apego al protocolo por la Fiscalía, no solicitar información de manera oportuna, adecuada, el trato que han recibido las familias... todas las carpetas que nos entregaron están incompletas, presentan algunas anomalías, algunas traen copias o archivos de otras carpetas, algunas de ellas de archivos de homicidios, refleja una terrible desorganización de la Fiscalía, si fue adrede (o) por una estrategia de darnos archivos sin sentido, revela la falta de seriedad en atención a las víctimas... aparte, las familias ha llevado otra información y no se ha integrado a la carpeta”.

Carlos Zamarripa. Foto: FGE

Ejemplificó una falla del personal a cargo de Zamarripa Aguirre, en el acta de lectura de derechos, donde el personal debería explicar los 22 derechos, “a esta familia le dan su acta de lectura de derechos a las 12:37 y a las 12:38 (cierran), está en el oficio donde se levanta la declaración; solo les están dando un papel a firmar y con eso (la fiscalía) está justificando (una) pésima calidad, los pésimos documentos que nos entregaron por parte de la fiscalía y fue el tema central de las quejas”.

“Esperamos que la Procuraduría de Derechos Humanos sí investigue, sí haga las recomendaciones necesarias en los temas de personas desaparecidas, no solamente de la investigación, lo cual es muy grave y permite la impunidad, pero sí, en el tema de la atención a víctimas que también la Fiscalía adolece” explicó Gutiérrez.

Además dijo que las acciones engañosas continuaban, porque nombran como “atenciones personalizadas (pero) en realidad lo que han ido con las familias son policías ministeriales que van a echar mentiras”.

Fallece mujer de Irapuato sin localizar a su hija

Los ojos de María del Refugio se cerraron este miércoles 22 de enero, ella no logró volver a ver a su hija Gabriela Johana Ríos Blancarte, de 17 años de edad, luego de que el 27 de mayo de 2019 hombres armados irrumpieran en su domicilio y se la llevaron con lujo de violencia a bordo de una camioneta de color dorado.

Pese a que recibieron una amenaza cuando estaban en las instalaciones de la Fiscalía en Irapuato, (“Salte de ahí, no sigas con tu denuncia”), no se amedrentaron. Aún así, la Alerta Ámber fue activada por la Fiscalía 15 días después y a petición de su progenitor, quien al asesorase en México, le indicaron que la solicitara porque al ser Gabriela menor de edad, debía de activarse de manera inmediata.

El pasado 21 de enero la joven cumplió 18 años de edad y los pasó lejos de sus familiares y amigos, el próximo día 27 cumplirá 8 meses que fue sustraída de su casa en presencia de su familia.

A raíz de ello, a María del Refugio le dio una embolia que le paralizó la mitad de la cara, se le llenó de pus y aunque la operaron, le siguió un paro respiratorio y la tuvieron que entubar, le detectaron neumonía y finalmente falleció.

“Al denunciar le (llamaron y) dijeron "sabemos que estás en la Fiscalía, salte de ahí y no sigas con tu denuncia", es decir; alguien de la Fiscalía estaba pasando información o está infiltrado, la señora desarrolló problemas de salud que hoy le quitaron la vida sin encontrar a su hija, es terrible y eso lo tiene que escuchar el fiscal y él tomará la decisión de cómo va querer reaccionar” explicó José Gutiérrez.

Por ello solicitarán a Carlos Zamarripa se haga una mesa de investigación y búsqueda, así como la mesa de atención a víctimas “imprescindibles en Guanajuato por el tema de la violencia pero también por el desempeño de la Fiscalía”, donde participe el fiscal, el órgano interno de control, el Secretario de Seguridad Pública Alvar Cabeza de Vaca, el acompañamiento de la ONU con las familias y los asesores de los colectivos, para analizar caso por caso, omisión y fallas en la atención de las víctimas y no se repitan.

Se busca a Gabriela Johana. Foto: espeical

35 recomendaciones de DDHH por desaparición forzada en 2019

Por el delito de desaparición forzada de personas, donde participaron policías, la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado emitió 35 recomendaciones durante 2019 por 17 personas en Celaya, 9 en Comonfort y 9 casos en Cortazar, donde la Fiscalía deberá iniciar una investigación.

El organismo ordenó también se inscriba a los familiares en el Registro de Víctimas para que accedan a la reparación integral del daño, se otorgue atención médica y psicológica y se les proporcione un trato digno, sensible y con calidez. Además, de que inicien las investigaciones administrativas contra los policías municipales, y los directores de seguridad pública de estos municipios deberán dar una disculpa pública institucional y deberán brindar las garantías para que no se repitan los hechos.

Reaparición para anunciar "logros"

Después de semanas de no tener apariciones públicas y en medio de las críticas por el trabajo de la Fiscalía General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre hizo su reaparición el lunes en una rueda de prensa para presumir la detención de 24 presuntos, en un periodo de cinco días, a quienes relacionó con los delitos de homicidio, extorsiones y desaparición de personas.

Incluso, mencionó que 13 de ellos pertenecen a un grupo delictivo y los 11 restantes al cártel antagónico, sin precisar la información con los nombres de las organizaciones delictivas.

En la conferencia, el fiscal estuvo acompañado de Alvar Cabeza de Vaca Appendini, secretario de Seguridad Pública del Estado, a quien también se le ha reprochado el significativo aumento de la violencia en los últimos años.

Frente a los medios de comunicación, el fiscal general aseguró estar disponible para responder a todos los cuestionamientos, aunque cuando llegaron las preguntas relacionadas con los malos tratos que reciben las familias de personas desaparecidas, limitó sus respuestas a una condena y advertencia de despido a funcionarios que incurran en estas prácticas, sin precisar las prometidas investigaciones a los servidores públicos que criminalizan y revítimizan, como lo prometió el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres ante las familias.

Preguntas sobre la presunta muerte de la hermana de José Antonio Yépez, alias "El Marro", el número de expedientes abiertos por malos tratos de los servidores públicos de la Fiscalía, el número de investigaciones de personas desaparecidas, también se quedaron sin respuesta.

Durante la entrevista, donde abordaría los temas que no quiso responder en la rueda de prensa limitada a dar información sobre las personas detenidas, apenas mencionó que si no tenía datos claros sobre el número de personas desaparecidas es porque en el 90 por ciento de los casos se localiza a las personas en menos de 24 horas.

Se descarta reclasificar terrorismo en caso Cuerámaro

Consultado previo a la reunión de este jueves en Irapuato, y apenas unos días después de que familiares de las 17 personas de Cuerámaro inculpadas de terrorismo manifestaran estar confiados en que pronto saldrán libres sus seres queridos, el fiscal general sostuvo que no habrá reclasificación del delito y seguirán con el proceso judicial.

La confianza para obtener la libertad de las 17 personas detenidas por las protestas para exigir justicia por la muerte de cuatro menores de edad se dio luego de la reunión que familiares sostuvieron con el subsecretario de Vinculación y Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno, Alfonso Ruiz Chico.

Sin embargo, para Carlos Zamarripa no hay marcha atrás en la clasificación de los actos como terrorismo, por los daños causados a la presidencia municipal de Cuerámaro y dos domicilios particulares.

"Habrá de llevarse a cabo la persecución del proceso, no tenemos por qué hacerlo (reclasificar el delito de terrorismo)", sostuvo el fiscal.