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Declara Navarro guerra a regidoras de oposición
Bloquean dependencias municipales peticiones de información que debería ser pública; la falta de transparencia podría ser denunciada como violencia política por dos ediles de Morena
Aunque el alcalde de Guanajuato presume la transparencia en su gobierno, la realidad es otra. Regidoras de oposición ponen en evidencia la opacidad y el acceso selectivo a información en comisiones y sesiones de ayuntamiento.
Supuestamente la instrucción de no entregar datos completos, es del alcalde Alejandro Navarro, según una fuente del Ayuntamiento y ocurre en todas las áreas de la administración pública, como en la Tesorería en donde se les piden explicaciones a las funcionarias sobre sus peticiones.
La denuncia se expuso en una sesión del Ayuntamiento, en la que la regidora de Morena, Estefanía Porras Barajas, señaló al personal del área de Función Edilicia de no atender las solicitudes de información, al menos en lo relacionado a dictámenes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional. Este mismo señalamiento lo hizo la regidora priista Patricia Preciado Puga.
Pero el bloqueo y el ocultamiento de información no sólo ocurre en esta comisión. La regidora de Morena Paloma Robles Lacayo aseguró que ha realizado al menos 25 solicitudes a distintas áreas municipales, las cuales no se le han respondido o demoran meses en tener contestación.
En algunos casos, cuando hay respuesta se les cuestiona a las funcionarias para qué requieren esos datos, lo que excede las facultades de las áreas por la ley no señala que deben justificarlo.
Otro ejemplo de la opacidad en la administración municipal que ha impuesto el Partido Acción Nacional (PAN) que tiene mayoría, fue la respuesta que se dio a una demanda presentada por un ciudadano en contra de la designación de consejeros del Simapag, de la cual no se informó a todos los integrantes del Ayuntamiento.
La síndica Stefany Marlene Martínez Armendáriz respondió a la queja y luego se justificó con el argumento de que es representante legal del cabildo. La ley la reconoce como tal, pero no señala facultades discrecionales.
Al menos las dos regidoras de Morena ya contemplan presentar denuncias por violencia política, esto por la obstaculización en el desempeño de sus funciones. Navarro acumula al menos cinco denuncias por violencia política en razón de género, por una de las cuales se ordenó su registro al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género. Al final esta sentencia fue revocada por la Sala Regional.
Falta de información y obstaculización de la función
No es algo que esté ocurriendo de forma reciente, algunas regidoras de oposición aseguran que la falta de información ha sido reiterada desde el arranque de la administración municipal.
En sesión de Ayuntamiento, la regidora del PRI Patricia Preciado Puga hizo la denuncia sobre la falta de información relacionada con un dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional sobre modificaciones al presupuesto originalmente aprobado para el año para dirigir recursos al Fondo de Mejoramiento y Descentralización Ambiental.
La modificación presupuestal tendría por objetivo la compra de compactadoras para el servicio de limpia. La regidora justificó su voto en contra pues dijo que solicitó información a la comisión para poder conocer todos los detalles de los movimientos y no le fue entregada. Pero refirió que la falta de información ha sido reiterada en esta comisión y todos sus dictámenes.
Esta comisión es presidida por la regidora del PAN, Mariel Padilla Rangel y también la integran: Stefany Marlene Martínez Armendáriz, Patricia Preciado Puga, Estefanía Porras Barajas y Ana Cecilia González De Silva.
La regidora de Morena Estefanía Porras Barajas también hizo un pronunciamiento en el mismo sentido y criticó que algunos de sus compañeros sí tengan acceso a información que otros solicitaron y no les fue otorgada.
Previo a su intervención, los regidores del PAN, Marco Antonio Campos Briones y Cecilia Pöhls Covarrubias, dieron postura a favor del dictamen con datos técnicos, supuestamente obtenidos por análisis propios.
“El tema de los dictámenes siempre presentan deficiencias respecto a un análisis del impacto jurídico, en el caso de Hacienda el impacto presupuestal y hacendario, de las modificaciones que se van a realizar, siempre o en el 80% de las sesiones en el caso de Hacienda que fue de donde emanaba el dictamen, está presente la tesorera y nos platica cuáles son los impactos, cuál es el origen de las solicitudes de las áreas, pero las justificaciones que quedan al final del día como evidencias legales y formales del quehacer de la administración pública son escuetas”, explicó la regidora morenista Estefanía Porras.
“...he recibido oficios en donde dicen necesitamos una transferencia de tantos miles de pesos para esta partida y ya, no hay más detalles de por qué es necesario para esas áreas, por qué el presupuesto ejercido no ha sido suficiente, en qué se destinó”, agregó.
Sobre la falta de información también se pronunció el regidor del PRI, Ángel Araujo Betanzos y su compañera de Movimiento Ciudadano, Liliana Preciado Zárate.
El artículo 79 de la Ley Orgánica Municipal en sus incisos 7 y 8 señalan que son atribuciones de los regidores: solicitar y obtener del tesorero, la información relativa a la Hacienda Pública, al ejercicio del presupuesto y al patrimonio municipal y solicitar y obtener de los demás titulares de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
Burla alcalde obligaciones y pide a compañeras investigar por su cuenta
Según el alcalde, los regidores tienen la obligación de investigar por su cuenta y medios la información relacionada con la administración municipal, aunque la legislación es clara respecto a la responsabilidad de proveer información suficiente para la toma de decisiones del ayuntamiento.
Durante la discusión sobre la falta de información, Alejandro Navarro pidió incluso a las regidoras que recurrieran a la Unidad de Transparencia para solicitar la información que requirieran. Además trató de exhibir a sus compañeros, porque supuestamente no se preparaban sobre los temas sometidos a discusión en dictámenes.
“No es facultad que la Comisión de Hacienda arme el dictamen como ustedes lo desean, sin embargo, sí creo que sí es importante ¿cuánto gana un regidor 40 o 50 mil pesos? ¿cuánto gano yo 130? no sé, pero con el con el sueldo que ganamos aquí sí creo que es importante que le destinemos la mayor parte de nuestro tiempo…en este tema yo creo que el 100% de nuestro tiempo lo tenemos que utilizar en estar enfocados en lo que pasa en el Gobierno municipal”, dijo el presidente municipal.
Insistió en saber de regidores de todos los partidos que hacen uso de la Plataforma de Acceso a la Información y convocó a su compañeros a hacer los mismo.
“Yo he sabido de regidores de todos los partidos que hacen uso de la plataforma de acceso a la información, que están enfocados, están viendo, estar revisando, yo los convocó a todos a que sigamos haciendo lo mismo”, agregó.
El Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Guanajuato refiere en su artículo 30 como responsabilidad de las áreas municipales “proporcionar la información que el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, la Contraloría Municipal, el titular de la dependencia de su adscripción, órganos externos de fiscalización y cualquier otro órgano de control, soliciten en el ejercicio de sus atribuciones, cumpliendo con diligencia las recomendaciones, observaciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los mismos”.
Pero esto no se ha cumplido en el caso de la regidora Paloma Robles Lacayo, quien también denunció que desde que comenzó su función ha realizado al menos 25 solicitudes de información a la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, a la Tesorería Municipal y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Solo de está última es la que ha emitido respuestas, en los otros dos casos nunca ha obtenido respuesta o se le otorgan negativas.
“He enviado 25 oficios para solicitar información sobre distintos aspectos de la administración pública municipal y si acaso han sido contestados 10, todos con retraso, algunos con deficiencias y otro negativas”, dijo.
La funcionaria consideró que se está obstaculizando el cumplimiento de su función y advirtió que está integrando un expediente para presentar denuncias formales por este motivo. Cuestionó al alcalde por la negativa a informar y éste se negó a aceptar su pregunta.
Práctica Función Edilicia sordera administrativa
La Dirección de la Función Edilicia está incumpliendo sus atribuciones al no proporcionar la información necesaria en la integración de dictámenes de comisiones, realizando dictámenes incompletos y asesorando a los ediles, acusó la regidora Estefanía Porras.
Y es que dijo que además de que omiten entregar la información que se les solicita como apoyos técnicos en comisiones, en el acompañamiento jurídico generalmente sólo apoyan a ediles del Partido Acción Nacional.
El artículo 36 del reglamento interno de la administración municipal señala como atribuciones de la Función Edilicia proporcionar apoyo técnico reglamentario y jurídico al ayuntamiento en el desempeño de sus funciones, auxiliar el enlace entre los miembros del Ayuntamiento y las dependencias y entidades y también apoyar a los integrantes del ayuntamiento y a las dependencias en la elaboración, revisión, análisis y discusión de las propuestas de acuerdo o iniciativas normativas que pretendan presentar ante el pleno.
Actualmente, el encargado del área es Alexander Medina y le acompañan en esta función: Fernando Israel Oliva, Rodrigo Stefano León, José Israel Olvera y Alejandro García García.
El titular del área era Edgar Alberto González López, pero hace algunos meses solicitó licencia al cargo y actualmente hay un encargado de despacho; ambos fueron designados por el alcalde Alejandro Navarro.
La regidora de Morena consideró que la dirección es una área institucional que debería auxiliar a todos los síndicos y regidores, pero enfoca su acompañamiento al alcalde y a los ediles de Acción Nacional solamente.
“La administración es la que nos debe de proveer de información suficiente, no es un capricho mío que los dictamen estén elaborados de manera más robusta”.
La regidora afirmó que hay ocasiones que reciben dictámenes de solo cinco cuartillas, por ejemplo en la Comisión de Hacienda.
“Podemos buscar por todas las plataformas de transparencia, en libros de texto, en periódicos, en las fuentes que ustedes quieren, pero es su obligación (municipal) que el cuerpo edilicio cuente con información y las mismas condiciones para emitir un voto”, subrayó.
Niega tesorera información a ediles
Porras Barajas aseguró que en la Comisión de Hacienda y en reiteradas ocasiones solicitó información, ya que la tesorera Irma Mandujano García sólo ofrece explicaciones breves en los diferentes asuntos.
En esta misma comisión, solicitó una comparecencia que nunca fue programada por la Dirección de Función Edilicia.
También a esta misma funcionaria se le han hecho solicitudes de información y en la mayoría de ellas la niega, aunque la Ley Orgánica reconoce el derecho de los regidores a solicitar información a la tesorería y a otras áreas municipales.
“Solicite hace un mes todos los apoyos sociales, comprobantes fiscales quería saber como se estaba gastando esa partida, tenemos que cumplir con indicadores cuando menos debemos apoyar a 12 beneficiarios por mes, quería revisarlo tenemos la obligación de revisar los recursos públicos y la respuesta que recibo de la tesorera municipal es cuestionarme para qué quiero la información y básicamente contestar que cuando quiera pedir algo se lo pida a la Secretaría de Ayuntamiento”, explicó.
La Ley Orgánica otorga a los regidores la facultad de solicitar y obtener del tesorero, la información relativa a la Hacienda Pública, al ejercicio del presupuesto y al patrimonio municipal.
De esta manera, la regidora morenista consideró que la tesorera municipal impone exigencias que van más allá de la ley e incumpliendo la normativa de forma deliberada.
Tanto la regidora Estefanía Porras como Paloma Robles consideran presentar denuncias por violencia política ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, esto por la obstaculización de la función pública.
Ambas han documentado las negativas de información y consideran incluso probable que pueda configurarse la violencia política en razón de género, pues este bloqueo es una práctica que podría estarse dando de forma dirigida a regidoras de oposición.
Síndica panista omite informar sobre demanda
Otro ejemplo de la opacidad en el Gobierno Municipal lo dio la síndica Stefany Marlene Martínez Armendáriz, quien respondió la demanda presentada ante el Tribunal de Justicia Administrativa realizada por un ciudadano que participó en el proceso de designación de consejeros del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (Simapag), pero sin informar sobre el asunto a los integrantes del Ayuntamiento.
La demanda contra el nombramiento de consejeros del órgano operado fue presentada por David Ernesto Arellano Salazar, en contra de la Secretaría de Ayuntamiento. Regidores de oposición tuvieron conocimiento sobre el asunto y cuestionaron a la regidora sobre el tema.
Martínez Armendáriz justificó que entre sus atribuciones como síndica está la representación legal del Ayuntamiento en demandas presentadas contra esta autoridad.
El artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal le otorga efectivamente este derecho, pero no señala facultades discrecionales respecto a los procesos. De hecho, el artículo 9-1 de la misma legislación obliga a los síndicos y a todos los funcionarios municipales a garantizar la implementación de Gobierno Abierto.
Este artículo señala que “se regirá por los principios de transparencia de la información, rendición de cuentas, evaluación al desempeño del Ayuntamiento, participación ciudadana y uso de tecnologías de la información”. También señala que el Ayuntamiento debe impulsar, mediante la expedición de los reglamentos respectivos, la implementación de mejores prácticas de transparencia.
9 de agosto de 2022, 07:50
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