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Amparo federal y rectificación del municipio frenan tiradero industrial en Aldama
Fallo judicial ordena a autoridades prohibir construcción y operación del sitio de disposición final en Irapuato; movilización de habitantes obliga a municipio a conservar uso agrícola de su territorio
La jueza federal Karla María Macías Lovera concedió la suspensión definitiva a Aldama y comunidades en el juicio de amparo 585/2020-V y un nuevo documento en el caso, firmado por el presidente municipal de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, niega al Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato (IPLANEG) su solicitud de modificar el uso de suelo de la región para urbanizarla.
La movilización de pobladores de Aldama y otras más de diez comunidades que serían afectadas por el relleno sanitario de 62 hectáreas de Promotora Ambiental de la Laguna (PASA) ha sido pieza clave en el blindaje físico y jurídico de sus territorios.
En menos de un mes, el Juzgado Noveno de Distrito del Estado de Guanajuato aceptó la demanda de amparo y emitió dicho fallo judicial favorable al Ejido Jaripitío, en el que demandan a Ricardo Ortiz Gutiérrez, al Ayuntamiento de Irapuato y otras autoridades de orden estatal y federal por no consultar a las poblaciones afectadas por el proyecto.
El auto judicial con fecha del 08 de octubre de 2020 obliga a la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) y al gobierno de municipal de la ciudad fresera a respetar la legislación en materia ambiental prohibiendo la construcción y operación del vertedero.
SMAOT debe prohibir relleno
El sitio de disposición final fue autorizado por la administración municipal de Ricardo Ortiz Gutiérrez y la SMAOT desde los años 2018 y 2019, respectivamente. Sin embargo, durante todo este tiempo las poblaciones afectadas no fueron informadas del proyecto, a pesar del riesgo que un megaproyecto de este tipo significa para la salud humana y el medio ambiente.
La oposición al relleno para "residuos de manejo especial" de PASA comenzó el 08 de agosto de 2020, cuando el alcalde Ortiz Gutiérrez se presentó a celebrar un acto de asistencia social en Aldama en el que entregó cobijas, catres y despensas a damnificados por la crecida del arroyo El Zarco. En dicho acto, y de entonces a la fecha, tras una serie de movilizaciones y protestas, habitantes de la zona se opusieron abiertamente al megaproyecto sin ser escuchados por las autoridades. Fue gracias a una publicación anónima de Facebook que se enteraron que el vertedero sería instalado justo a sus espaldas.
El actual fallo definitivo tuvo lugar a diez días de una suspensión provisional que también fue concedida a favor de Aldama. La nueva resolución del juicio de amparo 585/2020-V obliga a la SMAOT que preside María Isabel Ortiz Mantilla, como autoridad responsable, a ordenar "a la persona moral Promotora Ambiental de la Laguna, sociedad anónima de capital variable, que suspenda todo acto tendiente a la ejecución del proyecto referido".
Que no se permita —reza el auto firmado por Macías Lovera— "la construcción, operación o desarrollo del proyecto de 'relleno sanitario o tiradero municipal' en el predio rústico 'El Varal', ubicado en la comunidad de Aldama, Municipio de Irapuato, Guanajuato, destinado para la disposición final de residuos sólidos urbanos municipales".
Demandan autoridades de los tres niveles de gobierno
El juicio de amparo fue aceptado por el Juzgado el 24 de septiembre; dos días después de que Lorenzo Vázquez Villafaña (presidente), Jovita Cedeño Mosqueda (secretaria) y Rosendo Solórzano Barajas (tesorero) del Comisariado Ejidal de Jaripitío, demandaran a las autoridades competentes en el municipio de Irapuato, en el estado de Guanajuato y la federación.
Son el presidente municipal de Irapuato, Ortiz Gutiérrez, el síndico y el Ayuntamiento los principales sujetos de la demanda, por haber omitido la realización de un plebiscito, referéndum o consulta, tal y como está asentado en el artículo 117 de la Constitución Política de Guanajuato.
Aunado a ello, la Dirección General de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Irapuato por expedir un permiso de uso de suelo a PASA desde el 20 de abril de 2018 que dio pie a que la SMAOT otorgará una autorización de impacto ambiental sustentada en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) MIA-IRA-047-59669/2018.
En el auto se demandan, también, a dos órganos federales: al Delegado Federal en Guanajuato de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) por no emitir de oficiosamente recomendaciones al gobierno de Ortiz Gutiérrez para vigilar a las autoridades ambientales y al Delegado Federal en Guanajuato de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) por ser omiso en la verificación del cumplimiento de las leyes ambientales que contravenía el relleno sanitario.
La participación de los ejidatarios de Jaripitío en favor de las más de diez comunidades rurales afectadas y los más de 10 mil guanajuatenses que se oponen al basurero de PASA está respaldada por la Ley de Amparo, ya que de construirse el relleno, sus tierras ejidales y los territorios a la redonda quedarían dañados para siempre. De tal forma, la suspensión concedida por la jueza Macías Lovera señala que el artículo 131 de la Ley de Amparo considera que es suficiente con que el Ejido demuestre "indiciariamente" que el daño será irremediable para otorgar la medida cautelar de un amparo:
"Basta que el quejoso acredite de manera indiciaria el daño inmanente e irreparable a su pretensión en caso de que se le niegue, así como interés social que justifique su otorgamiento [...]", señala la ley.
Se acreditan omisiones de autoridades
Tras la aceptación de la demanda del ejido, hubo una primer negación de la suspensión definitiva por falta de pruebas sobre los actos reclamados a las autoridades. Sin embargo, de acuerdo con Karla Macías, en sus informes previos Ricardo Ortiz Gutiérrez y el resto del Ayuntamiento de Irapuato negaron la existencia de alguna ley o norma que los obligue a consultar a las comunidades afectadas por el relleno por medio de una consulta pública ciudadana.
"Tales negativas se encuentran desvirtuadas, pues, prima facie, las autoridades responsables sí tienen la obligación de garantizar la participación ciudadana de sus gobernados, en los asuntos que verse sobre la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2, fracción X, 145 y 146, fracciones I y VI, de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato", consignó la jueza.
"Por tanto, —dice Macías Lovera— se tienen desvirtuadas las negativas referidas, y como ciertas las omisiones que se les reclaman a las autoridades en cuestión".
Por su parte la Dirección General de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Irapuato y la SMAOT aceptaron haber emitido un permiso de uso de suelo y la autorización de impacto ambiental a PASA. Dichos documentos fueron expedidos en documentos públicos con valor probatorio pleno y, por ello, "se tiene demostrada la existencia de los actos y omisiones reclamadas a las autoridades". Ambos documentos han sido publicados en el portal de POPLab.
Relleno vulnera derechos humanos básicos
Son tres los derechos humanos básicos que se vulneran con la construcción del relleno sanitario de PASA y que la suspensión otorgada considera como sustento para la resolución: derecho a la participación democrática, derecho a la salud y derecho a un medio ambiente sano.
Debido a que el lugar donde se pretendía construir el relleno es un "área natural protegida y de recarga de acuíferos, el cual colinda con un pozo de extracción de agua agrícola" es que el fallo surte efecto con base en la legislación ambiental. La zona, además, es un lugar de fauna endémica y de existencia de arroyos y ríos que "alimentan los acuíferos de la microcuenca de la zona de la comunidad de Aldama".
Por añadidura, en la resolución se contemplan distintos instrumentos legales y pactos internacionales a los cuales México está adscrito debiendo ajustar su marco normativo y a los que también las autoridades de Irapuato y Guanajuato deben ceñirse.
A estos, el proyecto de relleno atenta directamente: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo San Salvador, la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (1972) y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992).
En Guanajuato la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente estipula que es obligación del gobernador, presidentes municipales, ayuntamientos, así como de la SMAOT y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), preservar ecosistemas, proteger el equilibrio ecológico de los mismos y prevenirlos de toda afectación. Está ley estaría siendo transgredida igualmente por el proyecto de PASA.
Lo mismo para con las personas y su relación con el medio ambiente que les rodea: las autoridades de Guanajuato y sus municipios deben coordinarse para prevenir la contaminación y deterioro de los ecosistemas de los que dependen el bienestar de las y los ciudadanos del estado. La ley obliga al Estado a consultar a las personas por proyectos que atenten contra ellos.
Principio de precaución e interés legítimo
El Juzgado Noveno de Distrito del Estado de Guanajuato señala que "hasta este momento, en este expediente no se cuenta con datos que permitan concluir que las autoridades responsables respetaron el derecho del ejido quejoso a ser consultado con motivo de la realización del relleno sanitario" con base en la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato.
Además —dice el incidente de suspensión— "tampoco hay constancia alguna en la que se aprecie que la persona moral tercera interesada, en favor de la cual se otorgó permiso de uso de suelo aludido, cuente con el referido permiso de construcción".
Con base en el principio de precaución que se sustenta en experiencias del pasado, se señala que, de permitirse la construcción y operación del relleno, "podrían afectarse los derechos a la salud y a un medio ambiente sano de los integrantes del ejido quejoso, sin habérseles respetado su derecho a participar en el procedimiento".
Se acredita, pues, el interés legítimo del ejido, por encontrarse asentado en el predio El Varal donde se llevarían a cabo las obras del relleno. Por lo tanto, "la ejecución de los actos reclamados —señala Macías— causan perjuicio de difícil reparación al quejoso". Se concede, entonces, la suspensión definitiva, ya que la ejecución de estas obras "implican actividades que son consideradas por la legislación como riesgosas".
Movilización frena urbanización de territorio
Un nuevo documento firmado por Ricardo Ortiz Gutiérrez pide al IPLANEG no modificar para fines de "uso mixto" (habitacional y comercial) la Unidad de Gestión Ambiental y Territorial UGAT 401 dentro de la actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de Irapuato, donde quedan asentadas Aldama, el Ejido Jaripitío y otras de las comunidades que se verían afectadas por el relleno de PASA.
El oficio nombrado como "Solicitud Dictamen de Congruencia PMDUOET Irapuato", dirigido al director general del instituto estatal, Juan Pablo Luna Mercado, señala que "derivado del complemento del análisis técnico y de diversas manifestaciones de inconformidad por parte de la ciudadanía habitante de la misma localidad se determina que la zona persista con uso del suelo Agrícola conforme a la predominancia de la UGAT ".
La negativa se enmarca dentro de una resolución con fecha del 10 de septiembre de 2020 que dicta que "la zona es considerada predominantemente agrícola y se busca contener el crecimiento de la zona urbana" y pide emitir un dictamen en "congruencia y vinculación con la planeación nacional y estatal".
Cronología de publicaciones
13 de agosto de 2020 | Resistencia de pobladores de Aldama a relleno privado autorizado a escondidas por SMAOT y Ricardo Ortiz
31 de agosto de 2020 | Mucha Secretaría, poca transparencia ambiental: SMAOT autoriza tiradero de desechos a oscuritas
05 de septiembre de 2020 | Habitantes de Aldama protestan contra relleno sanitario en Irapuato; bloquean carriles de carretera federal
19 de septiembre de 2020 | Relleno de Aldama en la opacidad: habitantes pagan por MIA, pero siguen sin conocerla
01 de octubre de 2020 | Amparo refuerza movilización de Aldama: juez suspende relleno
12 de octubre de 2020, 09:09
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