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Mayoría oficialista rechaza propuesta para garantizar independencia del próximo titular de Derechos Humanos; activistas denuncian retroceso del organismo en manos de titulares afines al gobierno
La experiencia que han vivido en los últimos años con titulares de la Procuraduría de los Derechos Humanos enfocados en una carrera política, lleva a víctimas y representantes de organizaciones de la sociedad civil a pedir al Congreso del Estado que la próxima ombudsperson garantice la imparcialidad, la cercanía con la ciudadanía y no con los grupos de poder o autoridades a las que debe investigar, además de que tenga prácticas en el trato diario con víctimas.
Sin embargo, el “criterio de imparcialidad" quedó fuera de la evaluación con el voto mayoritario que tiene el PAN en la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables en el Congreso del Estado, responsable de llevar el proceso de revisión, evaluación y selección de perfiles para la designación de la persona titular de la PRODHEG.
Luego de aplazar por semanas la definición de criterios que la comisión tomará para evaluar a 14 aspirantes y que las tres personas que cuenten con las calificaciones más altas sean consideradas para la terna, el PAN consideró innecesario establecer en la valoración requisitos como la independencia y la imparcialidad, dejando de lado las opiniones de víctimas y organizaciones sociales que les pidieron de manera directa ponderar estos principios.
Para la fracción panista, que cuenta con 3 de los 5 integrantes de la comisión, la independencia y la imparcialidad se garantizan con la autonomía de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato establecida en Ley.
"En opinión del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, la naturaleza autónoma de la institución es el principal instrumento que debe garantizar la independencia de sus determinaciones. La autonomía y la independencia responden a un sistema constitucional y a un sistema legal que es la que le sirve de base. Frágil institución sería aquella cuya independencia no esté configurada sobre un sistema integral de protección de derechos humanos", sostuvo la panista Ana María Esquivel Arrona, integrante de la comisión.
Pero en los hechos, la PRODHEG ha estado sometida a intereses de los grupos de poder, principalmente durante el periodo que estuvo al frente del organismo el militante panista Vicente Esqueda Méndez.
Por ejemplo, durante el tiempo que estuvo como responsable de la PRODHEG, Esqueda Méndez protegió a Carlos Zamarripa Aguirre y Alvar Cabeza de Vaca, dúo a cargo de la seguridad durante los últimos 12 años, periodo en el que se disparó la violencia y la inseguridad. Aunque las quejas fueron al alza, el panista emitió escasas recomendaciones que evitó dirigir a los titulares de la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, lo que le valió para contar con el aval para convertirse en magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa.
Con Vicente Esqueda como procurador también se documentó la reducción en el número de recomendaciones a todas las instituciones públicas, pero el principal beneficiado fue el ex fiscal general, Carlos Zamarripa Aguirre, protegido por los gobiernos panistas hasta que, obligada por la presión y para conservar para el PAN el gobierno estatal, Libia García prometió que el polémico fiscal se iría. La salida de Zamarripa se concretó el 31 de diciembre pasado con una pensión de más de 100 mil pesos mensuales.
Además, la PRODHEG ha servido durante los últimos años como agencia de colocación para militantes panistas y sus aliados políticos. El caso más reciente fue el intercambio de favores entre el PAN y el PVEM de cara a la designación de Gerardo Vázquez Alatriste como nuevo fiscal general. El PVEM propuso a Vázquez, al que de origen se señaló como el candidato de la gobernadora para el puesto, mientras en Derechos Humanos se contrató a Vanessa Sánchez Córdero, ex diputada del PVEM, como investigadora.
La morenista Plásida Calzada Velázquez, presidenta de la comisión de Derechos Humanos, llevó la propuesta de incorporar como criterio de evaluación la independencia e imparcialidad que pueden ofrecer cada uno de los 14 perfiles, pero con el voto de la mayoría panista no prosperó la sugerencia.
Los cinco criterios a evaluar por la comisión son: la idoneidad académica y profesional al cargo; el planteamiento y exposición de su plan de trabajo; la trayectoria en la defensa de los derechos humanos; la respuesta a preguntas y casos prácticos de la sociedad civil y la evaluación de consistencia.
Activistas reclaman rezago con Vicente Esqueda y piden imparcialidad
El paso de personajes ligados a la cúpula panista no se limita al último titular. Gustavo Rodríguez Junquera estuvo de 2008 a 2016 en el cargo, apenas terminó su encargo en Derechos Humanos fue nombrado por el entonces gobernador, Miguel Márquez Márquez, como secretario de Gobierno en la recta final de su sexenio. Del Ejecutivo, brincó al Poder Judicial como magistrado en materia penal, cargo que ocupa actualmente.
Cuando terminó su doble periodo como procurador de Derechos Humanos, Gustavo Rodríguez promovió a un colaborador como sucesor: Raúl Montero de Alba (2016-2020), quien mantuvo un perfil más bien gris en la PRODHEG, aunque sí emitió recomendaciones como la dirigida a Alvar Cabeza de Vaca y Carlos Zamarripa Aguirre por el asesinato del joven migrante Leonardo Reyes Cayente.
En la resolución se reconoce que los elementos del grupo táctico de las Fuerzas de Seguridad Pública dispararon al Leo Reyes y lo dejaron morir, pero evitó que el expediente incluyera el término de "ejecución extrajudicial", a la Fiscalía de Carlos Zamarripa se le recomendó por retrasar el acceso a la justicia de la familia, al resistirse a investigar a los elementos de la policía estatal.
Raúl Montero de Alba renunció a la posibilidad de postularse para un segundo periodo al frente de la PRODHEG y en 2020 el Congreso del Estado inició con la revisión de perfiles para elegir un nuevo procurador.
Resultado de un proceso opaco y en el que obtuvo las peores calificaciones, la mayoría panista en el Congreso se impuso y designó en diciembre de ese 2020 a Vicente Esqueda Méndez, primer militante del PAN como procurador de los Derechos Humanos.
Esqueda Méndez recibió las peores críticas de activistas durante el encuentro que tuvieron representantes de organizaciones de la sociedad civil con diputados de la comisión de Derechos Humandos, donde también coincidieron en la necesidad de que la próxima persona titular garantice la imparcialidad en sus resoluciones.
"Por las características del anterior titular de la Procuraduría se dio un rezago importante en el avance en materia de Derechos Humanos... Se requiere que la persona titular tenga compromiso social más allá del sueldo y el horario", dijo Juan Silverio Ramírez Urbina, del Colectivo SERES AC, organización que promueve el respeto a los derechos humanos de la comunidad LGBT+.
El representante del Colectivo SERES pidió a los diputados no solo revisar la capacidad técnica de las personas aspirantes, sino el compromiso pleno con el respeto a la dignidad de todas las personas.
"Que tenga el sentido de justicia, objetividad, imparcialidad, que no coloque banderas, sino que tienda la mano", fueron las características que enunció Araceli Almanza, de la Fundación Carlos Eduardo Almanza AC, sobre la nueva persona titular de la PRODHEG.
Karla Martínez, buscadora integrante del colectivo Hasta Encontrarte, pidió que para confiar en el proceso de designación no se privilegien los intereses políticos ni arreglos a puerta cerrada, sino que la designación salga como resultado de una evaluación justa, objetiva y abierta al escrutinio público.
"Debe ser un perfil con experiencia en el trabajo con grupos históricamente vulnerables, que tenga capacidad para actuar con autonomía frente a las presiones políticas, firmeza en la defensa de los derechos humanos sin importar quién sea el responsable de las violaciones, capacidad para escuchar y atender las necesidades y emociones de las víctimas".
La buscadora irapuatense también pidió que sea una persona que comprenda la lucha que han iniciado familiares de personas desaparecidas, que escuche las historias y actúe con empatía.
Ante la experiencia de la imposición de la mayoría panista, el representante de la organización Desarrollo Humano y Sexualidad, Arturo Álvarez, sugirió que "no sea una persona que sea designada por dedazo", sino que se demuestre su empatía y que trabaje por la promoción de los Derechos Humanos.
Las críticas a Vicente Esqueda llegaron, incluso, de organizaciones ligadas al PAN, como el colectivo Rubí Apoyar, que dirige Rubí Araujo, primera regidora trans en el estado postulada por el PRD y quien apoyó las campañas de Acción Nacional en la elección pasada y forma parte del Comité estatal del partido.
"A lo largo de los años vemos que los compromisos en materia de derechos humanos han ido creciendo, pero el procurador pasado nos quedó mucho a deber".
14 perfiles de aspirantes a la PRODHEG
De las 14 personas que aspiran a la titularidad de la PRODHEG, algunos perfiles tienen cercanía a los grupos de poder: Eliseo Hernández Campos, actual encargado de despacho de la Procuraduría y militante del PAN, se quedó en el cargo desde mediados de junio, cuando Vicente Esqueda renunció al cargo para irse como magistrado del TJA.
Margarita López Maciel y Karla Alejandra Escárcega Robledo vienen de la Universidad de Guanajuato. La primera fue responsable del área de Derechos Humanos de la Universidad de Guanajuato en el periodo final de Luis Felipe Guerrero Agripino, cuando se intentó reprimir el derecho a la manifestación de estudiantes inconformes con el proceso que terminó en la designación de la rectora Claudia Susana Gómez López.
Karla Alejandra Escárcega tiene como credenciales las cartas de postulación que le dieron autoridades a las que tendría que investigar si llegan quejas a la PRODHEG: José de Jesús Quezada, fiscal especializado en investigación de delitos de alto impacto de la Fiscalía General del Estado; Héctor Tinajero Muñoz, presidente del Poder Judicial del Estado, y otros magistrados y jueces; de la oficina de síndicos y regidores del municipio de Salamanca; autoridades de la Universidad de Guanajuato, entre otros.
A Escárcega se le recuerda porque participó junto a su entonces jefe, el rector general Luis Felipe Guerrero Agripino, en el allanamiento al periódico Correo para protestar en contra de las publicaciones hechas por el medio de comunicación. Por esa irrupción en las oficinas del diario, la PRODHEG de Vicente Esqueda emitió varias recomendaciones a la UG.
Víctor Aguirre Armenta es actualmente el subsecretario de Promoción de los Derechos Humanos en el gobierno municipal de León que encabeza la panista Alejandra Gutiérrez Campos. Se desempeñó como subprocurador de los Derechos Humanos en la PRODHEG durante las gestiones de Gustavo Rodríguez Junquera y Raúl Montero de Alba.
Uno de los perfiles que se ha señalado como posible finalista a la PRODHEG es el de Elisa Jaime Rangel. Su último cargo público fue como consejera del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (SIMAPAG), también es docente en la Universidad de Guanajuato y fue magistrada del Poder Judicial, sin que existan antecedentes académicos o laborales enfocados en la promoción y defensa de los derechos humanos.
La exconsejera electoral de Guanajuato, Sandra Liliana Prieto de León llegó a la etapa de entrevistas en busca de convertirse en la próxima titular de la PRODHEG, aunque de ser designada por el Congreso, este nombramiento se encuadraría en un delito electoral.
La Ley General en Delitos Electorales establece sanciones de hasta 800 días de multa a quienes después de tener un cargo electoral, ya sea en los organismos locales o federales, reciben un nombramiento por parte del Ejecutivo y Legislativo "cuya elección hayan calificado o participado". Sandra Liliana Prieto era consejera electoral cuando se eligió a la actual Legislatura que ahora tiene la responsabilidad de nombrar a la persona titular de la PRODHEG.
Otra funcionaria electoral que busca ser la próxima procuradora de Derechos Humanos es Isis Nevai Albarrán Garcia, quien actualmente se desempeña como jefa de la Unidad de Investigación y Capacitación del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato (TEEG).
Sergio Jaime Rochín del Rincón es el comisionado de Atención Integral a Víctimas en el Estado desde finales de 2020, su encargo termina en octubre próximo. Él llegó con cartas de recomendación de colectivos de búsqueda, principales víctimas a las que atiende desde la Comisión.
Funcionarios en activo de la PRODHEG también se postularon: Karla Gabriela Alcaraz Olvera, subprocuradora de la región B de Irapuato; Efraín Alcalá Chávez, director de la unidad de investigación del organismo; además de Diana Hernández Mejía y Ana Wendy Muñoz Gómez, quienes son agentes investigadoras de la subprocuraduría de la región A.
El abogado que ofrece consultorías jurídicas en Irapuato, Sergio Gustavo Barquín Carmona, es otro de los aspirantes que cumplieron con la fase de entrevistas.
Impulsada por la Plataforma por la Paz y la Justicia y la Universidad Iberoamericana se postuló la abogada María de los Ángeles Márquez Carrión, con experiencia en litigio estratégico por la defensa de los derechos humanos. Ella formó parte del equipo legal que consiguió la sentencia de 50 años privados de la libertad para el feminicida de Milagros Monserrat.
La evaluación que tendrán que hacer cada uno de los cinco integrantes de la comisión de Derechos Humanos (Plásida Calzada y Miriam Reyes del grupo parlamentario de Morena, y Ana Esquivel, Jesús Hernández y José Salvador Tovar del PAN), tendrá que concretarse antes del 21 de febrero, fecha límite que tiene la comisión para conformar la terna con los perfiles mejor evaluados.
Se tiene proyectado que en la sesión del 24 de febrero, el Pleno del Congreso designe a la nueva persona titular de la PRODHEG.
16 de febrero de 2025, 12:58
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