n agosto de
2024, el medio digital Vorágine reveló en una investigación que la
fábrica de Coca-Cola en La Calera, cerca de Bogotá, extraía a diario
cerca de 279.000 litros de agua, mientras que las 422 familias del
sector soportaban racionamientos de agua debido a la sequía. La
concesión, que la fábrica explota desde 1984, le permite extraer hoy
hasta 1,65 millones de metros cúbicos al año (el consumo promedio de
6.898 viviendas) por un valor ínfimo: cerca de 0,9 centavos de dólar
por metro cúbico.
Alfred Ballesteros, director de la Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR) —entidad encargada de administrar el agua en ese departamento colombiano—, dijo que abriría una investigación a la multinacional por presuntamente acaparar el recurso y que evaluaría si debía reformular la concesión. “Es la norma. Es claro que el uso prioritario debe ser para el consumo humano y no para actividades industriales”, señaló días después de la publicación del reportaje de Vorágine.
Pero el de La Calera con Coca-Cola no es un caso aislado. Para esta investigación obtuvimos datos que permiten afirmar que la desigualdad en la distribución del agua es un problema estructural: en Colombia, donde cada vez son más frecuentes los racionamientos, las empresas de agua, cervezas, gaseosas y comestibles ultraprocesados –importantes consumidores de este recurso– pagan muy poco por extraer los grandes volúmenes de agua que necesitan para sus plantas industriales.
De las cuatros economías más grandes de América Latina, Colombia tiene la tarifa industrial más baja de agua. Según el decreto que regula esta cifra, para 2023, el precio de la tasa de utilización del recurso oscila entre 10,59 pesos (US$ 0,002) y 109,83 pesos (US$ 0,02) por metro cúbico. La cifra varía de acuerdo con factores ambientales y sociales de la cuenca, pero su compleja fórmula exige que el metro cúbico no supere los US$ 0,022, mucho menos que en México (US$ 0,99 en promedio) o que algunos estados de Brasil (0,036 dólares en promedio).
Identificamos 80 concesiones para las fábricas de agua embotellada, cervezas y comestibles ultraprocesados en Colombia que, en total, tienen permitido extraer 1.904 litros de agua por segundo. Eso equivale al 11% de lo que consume una ciudad como Bogotá y sus municipios aledaños que concentran una población de 10 millones de habitantes y que, desde abril de 2024, sufren racionamientos intermitentes del servicio por el bajo nivel de los embalses.
Concesiones de agua para industrias de ultraprocedados
En 48 de las 80 concesiones de las que logramos obtener la tarifa de agua, las empresas pagaron en 2023 un precio promedio de 42,65 pesos por metro cúbico (US$ 0,01). El economista Guillermo Rudas estima que, en promedio, la tarifa por metro cúbico para la industria ronda los 36 pesos (US$ 0,008) en el país. Para efectos prácticos, casi gratis.
“Si a uno le cuesta el agua, uno cuida la forma de usarla. Si no le cuesta, no le importa que haya desperdicio ni ineficiencia en el uso, porque es un recurso prácticamente gratuito”, asegura Rudas. Y reitera que “la tasa de utilización de agua (TUA) en Colombia tiende a cero”.
A su juicio, esto incide en que las industrias consuman más agua. Así, mientras Coca-Cola en La Calera tiene permiso de extraer poco más de un millón y medio de metros cúbicos al año, a 50 kilómetros al norte, en Sesquilé, su competidora Postobón puede legalmente aprovechar hasta 11 millones al año en dos concesiones en el río Bogotá que recibió en 2015 y 2018.
Esta última comentó a través de un escrito que esos permisos “fueron otorgados bajo cumplimiento de todos los parámetros de la normativa vigente y, por demás, con todas las obligaciones contraídas cumplidas a cabalidad”. Postobón añadió que el valor pagado por la industria en 2023 fue de 45,75 pesos colombianos (US$ 0,10) por metro cúbico de agua subterránea y que el recurso tomado de esos puntos concesionados “representa el 0,08% con respecto al consumo total del acueducto en la ciudad de Bogotá”.
El río acarrea grandes problemas de contaminación, y en 2024 ha estado varios meses con niveles por debajo del promedio en su cauce alto, de acuerdo con las mediciones de la CAR. Por esto y su alta demanda, esta Corporación se ha negado a entregar 2.000 litros por segundo adicionales que pide el Acueducto de Bogotá para ampliar su planta de tratamiento Tibitoc y paliar el problema de abastecimiento de agua potable en la capital.
De los datos de las concesiones a las que pudo acceder CONNECTAS, Postobón tiene la mayor cantidad de agua concesionada (13,54 millones de metros cúbicos al año), seguida por Bavaria (9,37 millones), Compañía Nacional de Chocolates (6,66 millones), Nestlé (4,94 millones) y Alpina (2,06 millones). Postobón respondió que consume 2,07 litros de agua por cada litro de bebida que produce, y que en 2023 fue capaz de reducir su consumo de agua en 1,7% a través de innovaciones en sus procesos productivos. “Eso equivale al consumo de 20.000 personas en un año”, resalta la industria
En principio, las Corporaciones Autónomas –que manejan las cuencas hidrográficas– entregan estas concesiones teniendo en cuenta no afectar el caudal mínimo que necesita la cuenca. Pero los volúmenes permitidos no siempre se ajustan cuando bajan las lluvias.
Tal como ocurre en La Calera, los habitantes de La Ceja (departamento de Antioquia) enfrentan, desde hace algo menos de un año, un racionamiento nocturno de agua debido a la disminución de los caudales por el fenómeno de El Niño. Allí opera la productora de embutidos Zenú, que pertenece al Grupo Nutresa, y tiene permiso para extraer 2,25 millones de metros cúbicos al año. Por los 24.313 metros cúbicos al mes que declaró extraer su fábrica en esa localidad pagó 736.000 pesos colombianos (US$ 169,3).
A modo de referencia, una persona en Bogotá, Medellín o Cali paga en promedio 4.791 pesos (US$ 1,1) por metro cúbico de agua que, ciertamente, tiene un costo adicional porque pasa por un proceso de potabilización y suministro por acueducto. En contraste, a la fábrica de Zenú, en La Ceja, le cuesta 30 pesos (US$ 0,006) extraer un metro cúbico, mientras que a Coca-Cola, en La Calera, le sale en 47 pesos (US$ 0,01) y a la cervecería de Bavaria, en el Valle del Cauca, 10 pesos (US$ 0,002).
En ocasiones, las sumas que pagan las empresas por sus operaciones no compensan el efecto sobre los caudales. El caso más extremo es el de la fábrica de Coca-Cola en Cali (Valle del Cauca), que en 2016 pagó solo 4.000 pesos (US$ 0,95 dólares) por la concesión de agua subterránea. En ese momento, el contralor de esa ciudad para la época, Ricardo Rivera Ardila, lamentó que el gobierno regional ni siquiera supiera cuántos metros cúbicos de agua gastaba la empresa. “Tiene permiso y no hay un control para medir la cantidad que está sacando, si la está usando solamente para embotellar”, señaló.
Para esta investigación CONNECTAS solicitó al Departamento Administrativo de Gestión Ambiental (Dagma) información sobre si se había ajustado esa tarifa, pero al momento de publicar este reportaje, todavía no había obtenido respuesta.
Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Medio Ambiente de Colombia, señala que el país no siempre tuvo tarifas de agua tan bajas. En los años setentas, Colombia fue pionero en América Latina al expedir un marco regulatorio sobre el uso de los recursos naturales. Las normas establecieron una tasa por uso de agua que debía incluir el valor de mantenimiento de la cuenca. Si bien no estaba regulado el precio exacto, eso llevaba a que las corporaciones autónomas regionales tuvieran herramientas legales para establecer uno adecuado para cuidar los ríos. Según Rodríguez, en algunas de ellas el precio podía ser hasta 10 veces más alto del actual.
Pero, como recuerda Rodríguez, durante el gobierno de Álvaro Uribe, en una audiencia pública, los arroceros del departamento de Tolima le dijeron al presidente que la tasa era muy alta y él ordenó bajarla mediante una resolución.
A raíz de eso, en 2004, la TUA quedó con un valor fijo por metro cúbico establecido anualmente por el Ministerio de Ambiente. La fórmula establece una “tarifa mínima” que se ajusta según condiciones de la fuente, como el índice de escasez, el costo de su mantenimiento y las condiciones socioeconómicas de la región. Pero en la práctica, estas variables suman muy poco e, incluso, algunas veces disminuyen el valor de la tarifa mínima. Un año después, el Ministerio emitió un nuevo decreto que volvía progresiva la aplicación de las fórmulas, lo que al final redujo considerablemente el valor pagado por las concesiones de agua en varios departamentos.
Rudas recuerda que antes “las corporaciones de Boyacá, Valle del Cauca, e incluso en Cundinamarca, cobraban la TUA con base en el Código de Recursos del Inderena (el antiguo Instituto Nacional de Recursos Naturales)”, que data de 1973. Agrega que la tarifa era de 80 pesos (que en la época equivalía a US$ 3,3) por metro cúbico. En 1993, la reglamentación de la Ley 99 estableció una tarifa de 50 centavos (equivalentes a US$ 0,0006 en ese año). “En la práctica, la reglamentación de ese artículo significó el desmonte de una ley que venía de 1973”, explica el experto.
Según la norma, lo recaudado de esa tarifa debe servir exclusivamente para conservar y recuperar las cuencas hídricas que administra la respectiva corporación autónoma regional (CAR). Pero hoy, por sus bajos valores, no alcanza a cubrir los costos de ese mantenimiento. Rudas afirma que la TUA terminó convertida en un instrumento del que las CAR se quejan, pues en muchos casos resulta más costoso el proceso de liquidar, cobrar y recaudar la tasa, que lo que reciben por esta tarifa.
Luego de las regulaciones del gobierno de Uribe, hubo intentos por subir la tasa. En 2016, senadores del Partido Verde presentaron un proyecto de ley que pretendía establecer unos mínimos más altos ( 30 pesos para usuarios industriales, equivalentes a unos US$ 0,006), pero la iniciativa terminó archivada.
Para Santiago Salinas, experto en derecho ambiental del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, en Colombia hay la “falsa ilusión de abundancia de agua que permite que las regulaciones para controlar el uso y la contaminación sean sistemáticamente aplazadas y que no se les dé un grado de urgencia a las disposiciones protectoras de la gestión comunitaria del agua o incluso del agua directamente como recurso”.
Quienes abogan por repartir en forma más equitativa el recurso hídrico señalan que las grandes industrias pueden aportar más para la conservación de las cuencas. Sostienen que las industrias de ultraprocesados le sacan una rentabilidad tan grande a la explotación del recurso, que incluso si pagaran la tarifa máxima que permite la ley, su factura del agua no representaría más del 1 % de sus utilidades.
Solo Nutresa, el grupo económico al que pertenecen Zenú y otras marcas de alimentos, registró utilidades netas en 2022 por 882.976 millones de pesos (US$ 203,2 millones), según la Superintendencia de Sociedades. Entre tanto Postobón –que incluye a Pepsico y Gaseosas Lux – sumó más de 150.000 millones (US$ 34,5 millones) en ganancias. Por su parte, Coca-Cola reportó ante la Superintendencia de Sociedades unas ganancias –antes de impuestos– de 10.000 a 20.000 millones de pesos (US$ 2,4 millones a 4,7 millones ) por año.
Buscamos a estas empresas para conocer información sobre su consumo de agua y su pago correspondiente, y para que nos dieran su punto de vista respecto al manejo del recurso en el país. Coca-Cola declinó participar “por tiempos internos”. Nutresa no había contestado hasta el cierre de esta publicación.
Por supuesto, el problema de las concesiones no es exclusivo de las industrias de comestibles ultraprocesados. De hecho, están lejos de ser los mayores consumidores de agua en Colombia. Las grandes industrias agrícolas gastan mucho más y, de acuerdo con el marco tarifario legal, pagan menos por metro cúbico: un 30% de la tarifa que pagan las empresas por otros usos. Las concesiones más grandes en el país van a la agricultura, especialmente a grandes fincas de monocultivos, como el arroz o la caña de azúcar, de donde salen productos básicos de la dieta nacional, y también las materias primas que utilizan algunas industrias de ultraprocesados.
En Colombia, mucha agua está en pocas manos. Sandra Brown y María Cecilia Roa muestran, en un análisis que realizaron en 2015, que de 27.876 concesiones revisadas, un 1,1 % de estas tienen permitido explotar más de la mitad del agua concesionada. El estudio indica que hay más desigualdad en la distribución del agua que en la de la tierra, que ya es alarmante y ha provocado conflictos en la nación sudamericana durante décadas.
Por ello, expertos consultados para esta investigación coinciden que las autoridades deben hacer una revisión general de las tarifas en Colombia. La congresista Julia Miranda, exdirectora de Parques Nacionales, tiene muy claro que la tasa de uso de agua “es muy baja, pero para modificarla se requiere de una decisión del Ministerio de Ambiente, por medio de actos administrativos, lo que afectaría a todos los usuarios”. Desde su punto de vista, “casi que vale más el procedimiento para cobrar la tasa de uso de agua que lo que terminan pagando los concesionarios”.
Mauricio López, director de Pacto Global Colombia y vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), coincide. “La pregunta es si se les podría cobrar más (a las empresas) y mi respuesta es que hay espacio para subir. Creo que son tan bajas que ante cualquier subida no pasa nada. Por decir algo (...) usted le podría subir el 70 %, porque eso no representa mucho en el producto final. Obviamente, hay que hacer el estudio de costos”, explica.
Las primeras afectadas por la baja TUA son las 34 corporaciones autónomas regionales. Según el informe Visión panorámica de las fuentes de financiación del Sistema Nacional Ambiental, los ingresos por el cobro del uso del agua representan menos del 10%, frente a otros recaudos correspondientes al impuesto predial y las tasas retributivas que pagan sectores como el hidroeléctrico y el minero.
Eso implica que a las CAR no les alcanzan los recursos para la verdadera finalidad legal del cobro de uso de agua: mantener y recuperar las cuencas hidrográficas. A modo de ejemplo, Javier Parra Bedoya, exdirector de una de ellas, cuenta que “para tener una referencia, el presupuesto de Cornare en 2023 estuvo alrededor de los 106 mil millones de pesos y los ingresos asociados al uso del recurso hídrico, estaban del orden de los 1.500 millones de pesos. O sea, es un valor muy pequeño, no más del 1,5%. Son instrumentos económicos que están descompensados”.
No obstante, el director de la Asociación Colombiana de las CAR (Asocars), Yesid González Duque, argumenta que las tarifas “están bien concebidas”, aunque ciertamente podría generarse un espacio para que las empresas que más agua usan y más rentabilidad le sacan, paguen más y así poder invertir en la conservación del recurso hídrico.
Pero mientras eso no pase, las CAR seguirán obligadas a hacer malabares para recuperar los cauces y revisar la equidad de los volúmenes concesionados. Entre tanto, miles de colombianos deben acostumbrarse a los racionamientos causados por la sequía. Un fenómeno cada vez más recurrente.
