uando Brasil
adoptó en 1997 la Política Nacional de Recursos Hídricos (también
conocida como la Ley de Aguas), no solo marcó un hito sobre la gestión
acuífera, sino que dejó bien claro que el agua no es gratis. Pero casi
30 años después, al menos una de las cinco principales empresas de
ultraprocesados que operan en ese país no paga por el agua que
utiliza. Mientras tanto, las otras cuatro grandes gozan de tarifas
bajas gracias a la presión que han ejercido —junto a otros sectores
industriales— sobre los comités que fijan los precios del agua en cada
cuenca.
Construimos un mapa de la localización de las sedes de las cinco mayores empresas de ultraprocesados de Brasil —Coca-Cola, Nestlé, PepsiCo, Mondelez y Kellanova (antes Kellogg)-– para determinar los cuerpos de agua de los que extraen el recurso que requieren. De acuerdo con los datos obtenidos, la multinacional Kellanova extrae agua de una cuenca por la que no paga ni un real por ello.
En ocho estados brasileños, estas empresas extraen unos 25,7 millones de metros cúbicos de agua al año. Coca-Cola encabeza la lista con 14,8 millones de metros cúbicos, seguida de Nestlé con 9,3 millones y PepsiCo con 1,6 millones. Las principales industrias de ultraprocesados en Brasil captan un volumen de agua que podría abastecer a 1,4 millones de personas al año. Y no se limitan a lo que tienen concesionado pues, por ejemplo, pobladores de Brumadinho, en la región metropolitana de Belo Horizonte, han denunciado que la planta de Coca-Cola en Itabirito explota manantiales de la región, lo que ha afectado el suministro de agua en varias comunidades.
Pudimos documentar, tras revisar las actas del Comité de la Cuenca Hidrográfica de Alto Iguazú y los Afluentes del Alto Ribeira (Coaliar, por sus siglas en portugués) entre los años 2006 y 2017, que el sector industrial ha utilizado su influencia para esquivar el cobro por el agua que utiliza u obtener tarifas preferenciales.
La Ley de Aguas replanteó el manejo del recurso hídrico en Brasil, y lo hizo a partir de un movimiento social que, debido a las sequías, exigió un empleo responsable desde las propias cuencas. Pero la normativa ha tenido una aplicación tortuosa, de lo que han sacado provecho los grandes usuarios.
La norma ordenaba crear en cada cuenca hidrográfica un comité de gestión de la misma. La idea era permitir que entes públicos, organizaciones locales y empresas privadas se sentaran en la misma mesa a negociar cómo gestionar el agua en su cuenca hidrográfica para evitar la escasez del líquido, y también para acordar cuánto pagar por ella.
Pero la realidad es que casi tres décadas más tarde, en la mayor parte del territorio aún no se cobra por un recurso que ya escasea, y esto porque en muchas partes no existen los comités o nunca se pusieron de acuerdo sobre cuánto cobrar. De acuerdo con datos oficiales obtenidos para esta investigación, actualmente hay registrados 233 comités federales y estadales. Pero, de ese total, apenas un tercio (75 comités) cobran por el agua.
De las 144 concesiones de uso de agua de industrias de comestibles ultraprocesados y bebidas azucaradas que recopilamos, 43 están en zonas donde el comité no fijó una tarifa. Eso representa más de cinco millones de metros cúbicos al año por los que este sector deja de pagar. En todo caso, esto no necesariamente significa que el agua utilizada por esas industrias sea gratuita porque puede haber casos como el de Coca-Cola, en Itabirito, donde hay acuerdos fuera de la regulación.
Hay varias razones por las cuales una cuenca no cobra por el agua en Brasil. Pero demuestran que ese diseño legal que intentó dar espacio a lo participativo, al final abrió la posibilidad de que sectores del sector privado retrasaran los debates sobre el manejo del agua y el precio por su uso.
El comité Coaliar, que cubre parte del estado de Paraná, sirve de ejemplo de cómo las industrias de ultraprocesados influyen para bajar el precio por el agua que usan. Creado en 2007, el gobierno estatal pidió suspender las discusiones de esa instancia sobre la tarifa del agua durante cuatro años.
Nunca se aclaró el motivo de ese aplazamiento. Pero las actas del comité revisadas para este reportaje revelan que cuando el gobierno, la sociedad civil y la industria iniciaron las conversaciones, empresas como Coca-Cola, PepsiCo y Mondelez lograron tarifas preferenciales para el agua que utilizan en sus operaciones.
Conversamos con un antiguo representante de una de las industrias de ultraprocesados ante la Coaliar, quien pidió no ser identificado. Admitió que el sector industrial intentó mantener las tarifas de agua lo más bajas posible porque consideraba “injusto” que el gobierno cobrara por un recurso “que es de todos” , mientras las industrias deben gastar dinero para extraerlo.
"Coca-Cola, por ejemplo, toma agua de la tierra, pero se la da a beber a la gente. Que sea buena o no, es otra historia. Ya existe legislación para el uso prioritario del agua para el abastecimiento de la población y de los animales. Si esto no se logra es porque la agencia ambiental es precaria", dijo la fuente.
El ex representante ante la Coaliar admite que “a todos los sectores les interesa pagar lo menos posible” y que “el monto que se paga anualmente es bajo”. En general, la tarifa por metro cúbico de agua de aguas superficiales y pozos subterráneos en la región Coaliar es ligeramente más barata que el promedio en otras cuencas donde ambas industrias también tienen presencia: 0,01 reales por metro cúbico para aguas superficiales, y 0,2 reales por metro cúbico para la extracción de pozos. Los recibos oficiales que revisamos señalan que Coca-Cola pagó 12.760 reales (equivalentes a US $2.200) en 2022, Pepsico pagó 4.521 reales en 2022 (US $796) y Mondelez 1.090 reales en 2022 (unos US$ 188).
Las empresas han ejercido una influencia inocultable en los pocos comités que operan. Edson de Oliveira Vieira, ingeniero agrónomo especializado en gestión de recursos hídricos, fue miembro del Consejo de Recursos Hídricos de Minas Gerais y la Cuenca Hidrográfica de Río Verde Grande. Sostiene que si la economía de una zona es impulsada por industrias de ultraprocesados o por la ganadería, los comités se formarán a partir de las necesidades de esos sectores y operarán bajo su influencia.
Oliveira Vieira destaca que esto no representa una irregularidad porque la Ley de Aguas permite participar en los Comités a los poderes económicos. El problema está en la capacidad de lobby de las empresas para establecer la participación que tendrán dentro de los comités y, por ende, la influencia que ejercerán en los mismos. “Muchas veces el poder económico se anticipa y establece el número de representantes para cada sector. (...) Permite que un comité se desvíe de la representación, porque el estatuto de ese comité es el que establece el número de miembros que la integrarán, y ese estatuto se decide en una plenaria”, explica.
El ex miembro del comité afirma que “el peso de las industrias dentro de un comité va a ser utilizado para que el agua que utilizan no tenga un precio alto”. Relata lo que él mismo vivió: aunque las tarifas son propuestas con criterios técnicos, la discusión y decisión obedece a intereses particulares. Oliveira Vieira recuerda que la negociación en el comité de Minas Gerais y Río Verde Grande duró un año y medio y que fue tan desgastante que, al final, en 2017, “el sector decidió cobrar lo mínimo que el gobierno del estado exigía”: 0,01 reales (US$ 0,001) por metro cúbico por la captación superficial de agua y 0,02 reales (US$ 0,003) para la extracción subterránea.
No obstante, el tema de la tarifa es apenas uno de los elementos que inciden en la gestión del agua en Brasil. Fuentes de los comités y expertos señalaron que muchas empresas de ultraprocesados “no tienen un control preciso sobre cuánto extraen de los pozos” y esto es un gran problema porque el monto que pagan las industrias por el uso del agua se calcula con base en lo que las mismas empresas declaran, sin que en la práctica nadie lo controle.
“La empresa es la que llena los papeles”, explica Cintia Maria Ribas, representante por la Universidad Positivo de Curitiba ante el Coaliar, sobre la forma en que las industrias declaran qué tanta agua utilizan para sus operaciones.
A la autodeclaración debería seguir el monitoreo de las instituciones del Estado sobre las aguas subterráneas, pero “suelen ser procesos muy caros”, admite. “No conozco ningún lugar que realice este tipo de seguimiento”, indica. La experta y representante ante el Coaliar señala que Brasil cuenta con herramientas institucionales bastante sólidas en comparación con otros países sudamericanos, pero no las utiliza.
Los protocolos de seguimiento de una cuenca se activan cuando hay problemas. “Si en algún lugar el lago se está secando y está cerca de un gran desarrollo con una gran concesión para extraer agua, por ejemplo, ahí ven dónde y quién lo causó. Pero es algo que tarda en aparecer”, explica.
Esa falta de monitoreo sobre el agua utilizada no solo afecta a Brasil. Pudimos corroborar que en Colombia y México se repite la situación: las industrias de ultraprocesados declaran cuánta agua utilizaron en determinado periodo y pagan por lo que reportan.
Las consecuencias son a largo plazo. “Una zona a recuperar necesita 20, 30 años de mantenimiento de plantaciones de árboles, para ver si algo ha cambiado en los manantiales, en la calidad del agua. Este no es un producto en el que presionas un botón y obtienes un resultado instantáneo”, resalta la experta.
Es por eso que en derecho ambiental existe el llamado principio precautorio. Si existe una sospecha de daño al medio ambiente, la falta de información exacta no puede ser excusa para no tomar las medidas necesarias. Y la falta de agua no es un escenario lejano en Brasil. En 2023 una sequía inédita afectó a 20 ciudades, causó la muerte masiva de peces y afectó el tránsito de las embarcaciones de los ríos principales de la Amazonía, por los que se transportan millones de brasileños. Y, pese a la menor deforestación, aumentaron los incendios forestales.
El cambio climático empeoró directamente esta sequía. El World Weather Attribution documentó en un estudio que el aumento de temperaturas debido a las emisiones producidas por la quema de combustibles fósiles y la deforestación a nivel mundial multiplicó la probabilidad de una sequía tan extrema como esa, la peor en 120 años.
Con esa tendencia en aumento, se vuelve obvia la necesidad de controlar quién utiliza el agua y cuánto paga por ella. Mientras la lupa sobre el uso del recurso hídrico suele estar en el sector agrícola, la industria de alimentos ultraprocesados y las embotelladoras parecen ejercer impunemente su influencia a la hora de fijar tarifas, en unos comités creados precisamente para proteger las cuencas hidrográficas.
