as industrias de ultraprocesados de las cuatro economías más grandes de América Latina tienen permisos para consumir unos 258,27 millones de metros cúbicos de agua al año, lo que equivale a la mitad de lo que gasta una metrópolis como Bogotá, con sus casi ocho millones de habitantes. Como otros sectores, esas plantas usan agua en cantidades enormes, así que operar en zonas con buenos accesos a acuíferos es un factor determinante para ellas.
Hay varias condiciones que permiten a las empresas extraer agua en zonas donde incluso la gente debe sufrir programas de racionamiento. Y hacerlo a un bajísimo valor –a veces gratis–, a través de explotaciones intensivas de cuencas hidrográficas. Pero la principal es la laxitud de unas leyes que no contemplan el valor real de conservar esas cuencas.
La duración de los permisos de agua también favorece al sector industrial. Ninguno de esos países llega al extremo del caso chileno, donde el derecho de explotación del recurso es indefinido. Pero las concesiones de agua en Brasil duran hasta 35 años renovables, Argentina y México 30 años prorrogables por otros 30, y en Colombia la mayoría de los permisos se otorgan por 10 años, prorrogables hasta por 50.
Las industrias de ultraprocesados tienen ventajas, en volúmenes y tarifas, que muchas veces, pero no siempre, retribuyen a la población. CONNECTAS investigó cuánto pagan decenas de empresas de ultraprocesados en cientos de puntos de extracción en tres de las cuatro economías más grandes de la región. Y encontró una importante disparidad en lo que se paga por metro cúbico.
En México las 888 concesiones geolocalizadas deben pagar un promedio de US$ 0,99 por metro cúbico, según la tarifa establecida por la Ley Federal de Derechos. Mientras tanto, en Colombia las 48 concesiones de las que obtuvimos las tarifas pagan, en promedio, cien veces menos: un centavo de dólar (US$ 0,01) por el mismo volúmen. En Brasil, el valor establecido en varias regiones es similar. Pero allá solo en 13 de los 26 estados se cobra por las concesiones de agua. En los otros, el agua es gratis. Eso lleva a que en 43 concesiones de fábricas de ultraprocesados no se cobre por el recurso, y que al menos 5,5 millones de metros cúbicos se extraigan al año a precio cero.
De Argentina solo obtuvimos el dato tarifario de la provincia de Mendoza (donde las industrias pagan 1.200 pesos argentinos –US$ 1,18 a la tasa de cambio del 2 de diciembre de 2024– por cada metro cúbico). El resto de las administraciones provinciales no había respondido nuestras preguntas al momento de esta publicación.
Calcular los precios de extracción de agua en América Latina no es fácil, pues la mayoría de lugares estiman con base en varios factores, como el nivel de abundancia o escasez de una cuenca. Pero, en general, todo parte de una tarifa fija a la que se aplican cargos adicionales por volumen. México, por ejemplo, define las tarifas con base en los niveles de riesgo hídrico que presente una determinada región. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) decide el costo zonificado por cuenca según el nivel de disponibilidad: a menos agua, más deben pagar los usuarios.
Un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indica que es poco común que en el subcontinente se utilicen otras herramientas, como las tarifas estacionales. El BID resalta que esa estructura permite a las empresas prestadoras del servicio “cobrar un precio unitario superior durante la temporada de pico de demanda y menor durante la temporada baja. De este modo, este tipo de tarifas son de utilidad en los casos en los que exista variabilidad estacional en la disponibilidad del recurso hídrico”. En América Latina solo aplica ese mecanismo Chile, que registra un nivel de estrés hídrico extremo.
Iván Benumea, coordinador del Programa de Justicia Fiscal (Fundar) cree que la zonificación tarifaria aplicada en México es de poco provecho. Al final, las empresas tienen permitido utilizar el pago de su permiso de explotación de agua para declarar menos impuesto sobre la renta. “Hoy tú puedes decirle a la autoridad tributaria que ese pago por una concesión de agua es un costo de producción, lo cual modifica la base (sobre la cual se calcula el impuesto a la renta)”, explica.
Por eso, Benumea propone aumentar el impuesto a la renta a las empresas que producen ultraprocesados o bebidas azucaradas. “Dañan la salud de la población y, además, usan bienes públicos como el agua para producir sus productos”, señala.
Mientras tanto, en Argentina la gestión política del agua está descentralizada y unos comités regionales otorgan los permisos de explotación acuífera y monitorean sus cumplimientos. El Departamento de Irrigación de Mendoza (DGI) indica que en esa provincia se revisa el precio del agua cada año y que los cambios dependen de la situación hídrica que presentan los ríos Mendoza, Tunuyán Superior e Inferior, Diamante y Atuel. Pero que también se vinculan con “la necesidad de sustentar los costos del organismo administrador”, como señala Fabio Lorenzo, director de gestión ambiental del departamento.
En ocasiones también pesan las razones políticas de los órganos reguladores e instancias regionales, así como la presión y el cabildeo que ejercen algunas industrias. Por ejemplo, en Brasil el precio del agua se calcula en comités por cuenca hidrográfica, controlados muchas veces por las empresas de la actividad industrial predominante en la región.
En ese país, la Política Nacional de Recursos Hídricos –también conocida como Ley de Aguas– tiene una ejecución pobre. La norma ordena crear por cada cuenca hidrográfica un comité encargado de fijar las tarifas en forma concertada con representantes gubernamentales, sociales y económicos de la región. Pero en las casi tres décadas de vigencia de la norma, no se han instalado todos los comités y estos no siempre han llegado a acuerdos sobre el precio del agua. Así que buena parte del territorio brasileño no cobra por el recurso porque nunca se ha fijado la tarifa.
De acuerdo con datos oficiales que obtuvimos para esta investigación, actualmente hay registrados 233 comités federales y estadales. Pero de ese total, apenas 75 cobran por usar el agua. Por ejemplo, al menos 43 fábricas –como la de Kellanova (antigua Kellogg´s) en Santa Catarina o Coca-Cola en Mato Grosso— que operan en regiones donde nunca se instaló un comité, no pagan ni un centavo.
Gabriela Canindé, experta en gestión ambiental, señala que las autoridades deberían revisar periódicamente el estado de las cuencas para determinar sus disponibilidades y ajustar las tarifas en caso de que sea necesario. Pero, como asegura, “puede que se esté usando mucha más agua y eso no se está revisando”.
Mientras tanto, en Colombia, expertos advierten que el precio del agua es demasiado bajo para la ganancia que obtienen las empresas de ultraprocesados. El experto Guillermo Rudas pone como ejemplo el caso de la empresa Coca-Cola que, por vender “agua con aditivos”, declara ganancias de al menos US$ 2,4 millones al año cuando paga apenas US$ 482 por la explotación del recurso hídrico.
El sector de ultraprocesados se defiende y aclara que retribuye el uso intensivo del agua mediante programas de responsabilidad social que buscan hacer más sostenibles sus prácticas. Sus informes de sostenibilidad muestran que estos programas priorizan la gestión hídrica, sobre todo en el monitoreo y protección de las cuencas, reposición del agua, reforestación y programas de educación ambiental y prevención sanitaria.
Coca-Cola ha enfocado buena parte de su esfuerzo en producir sus refrescos con menos agua. La empresa espera en seis años usar un litro de agua por cada litro de bebida producida cuando, en 2022, según datos de la propia empresa, tenía que gastar 1,44 litros.
En Argentina, la empresa ejecutó un programa para mejorar la eficiencia hídrica en las zonas agrícolas. Se trata de un software llamado Kilimo, que utiliza datos e inteligencia artificial para pronosticar la demanda de las cosechas y recomendar los volúmenes de irrigación en la agricultura.
Pero no solo Coca-Cola participa en estas iniciativas: Ambev, Danone, Pepsico, Postobón y Maltería y Cervecería Quilmes tienen sus programas de responsabilidad social con los que amortiguan su impacto en las regiones donde operan. Esas empresas también participan en los fondos de agua, donde las empresas embotelladoras y de ultraprocesados se centran en planificar los programas de recuperación hídrica, mientras que su ejecución corre por cuenta de las autoridades locales.
Aunque es un trabajo colaborativo entre el sector público y el privado, la información es poco transparente. CONNECTAS solicitó información a varias industrias de ultraprocesados, así como al BID, sobre la gestión de los programas y los recursos, pero no obtuvo respuesta. Solo Postobón respondió que ha participado en la recuperación de 24.484 hectáreas de bosques claves para la generación hídrica, además de iniciativas puntuales en 10 comunidades para garantizar el acceso al agua.
